Dos agentes militares de la Armada Paraguaya quedaron aprehendidos luego ser filmados, presuntamente, solicitando coima a una embarcación mientras realizaban patrullaje en aguas del río Paraguay. Los uniformados están privados de su libertad en la cárcel militar de Viñas Cué.

De acuerdo a la denuncia, el suboficial ayudante Arturo Mariano Martínez Pérez y el suboficial tercero Santiago Lezcano Estigarribia fueron detenidos por un supuesto pedido de coima en aguas del río Paraguay.

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La detención se materializó luego de la publicación de un video donde se puede observar a ambos militares conversando con una persona que estaba en una embarcación. Las imágenes revelan que uno de los agentes recibe presumiblemente billetes de dinero. Tras un intercambio de palabras, ambos militares se retiraron del lugar.

Los hechos sucedieron en las inmediaciones del destacamento naval y la Prefectura en Zanja Hū.

El ministro de Defensa, Óscar González, aseguró que no van a apañar este tipo de acciones y se están realizando las diligencias para el esclarecimiento. Los aprehendidos están a disposición del juez de Instrucción Militar, capitán Cipriano Moral Torres, quien ordenó que ambos permanezcan en libre comunicación en la mencionada cárcel militar.

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El empresario Enrique Vázquez García declaró en sede del Ministerio Publico en el marco de la investigación penal por los hechos de cohecho pasivo y tráfico de influencias que investiga la Fiscalía sobre Miguel Prieto y varios de sus leales.

Vázquez García fue contundente ante los fiscales Silvio Corbeta y Verónica Valdez y ratificó que los audios dados a conocer a la opinión pública sobre la coima que se tuvo que pagar por la adjudicación de la Costanera Ñane Renda de Ciudad del Este. Asimismo, mencionó cómo operaban los leales del actual intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, para poder cobrar el resto de la coima por la obra que se realizó.

El apoderado de la firma Ñande Ypoty, Vázquez García, fue contundente al declarar sobre su relación con Diego Zárate. “Hice un contrato privado para formar el Consorcio Ñande Ypoty, yo me encargué de la empresa como titular y representante legal, llegué a un acuerdo a través de su unipersonal. El señor Diego Zarate no tenía contacto con la gente de la Municipalidad de Ciudad del Este. La única persona que tuvo contacto con la gente de CDE fui yo, funcionarios, entre otros. Lo que sé y me consta es que el Sr. Diego Marciano Zárate era tío o pariente del actual intendente Luis Yd, de Encarnación”.

Agregó el testigo: “Llegué a conversar pocas veces con el intendente de Ciudad del Este, unas 5o 6 veces, siempre dependía de sus secretarios, sobre temas de logística, tema de obras, planos, problemas con la gente de la Dirección de obras, entre otras cuestiones más respecto a la ejecución de la obra. De cuestión de dinero nunca hablé con él, sino con sus secretarios: Pedro Acuña y Víctor Lugo, y en una sola oportunidad el señor Hugo Benítez, quien fue a buscar una sola vez la plata, junto con los dos precitados”.

Acotó que “el primer pago que le hice a Pedro Acuña y Víctor Lugo, y en una sola oportunidad el señor Hugo Benítez, fue por el solo hecho de adjudicarme con la obra que fue de G. 650 millones y para ello fuimos hasta la ciudad de Encarnación para obtener el dinero, en esa ocasión conseguí un préstamo con Diego Marciano Zárate quien actuó de garante. Él saco la plata, desconozco de dónde, me prestó el dinero, me hizo firmar un pagaré y le di la plata a Pedro Acuña y Víctor Lugo, y Hugo Benítez” refirió Vázquez.

También declaró ante los fiscales que “luego hubo un segundo pago, que corresponde al anticipo de la primera orden de pago, me pidieron G. 550 millones para los concejales, que supuestamente le correspondían G. 50 millones a cada uno, ese dinero solo le entregue al señor Víctor Lugo. Ese cheque correspondía al primer pago por el inicio de la obra, el cual lo cobré en Banco Continental, Avda. km 4 y Lugo me esperó afuera y le entregué el dinero. Víctor Lugo me prometió que iban a dar más obras de las cuales iba tener supuestamente una ganancia, que por el momento no me preocupara. Apenas ni comenzada la obra ya me sacaron en total G. 1.200 millones después me cobraron el 10 % por cada orden de pago”, manifestó el testigo.

Del mismo modo, siguió diciendo Vázquez que “Lugo y Acuña, me sacaban el 10 % de cada certificado de obra, yo me iba al Banco y ellos me esperaban afuera del Banco Continental, y luego les entregaba a ellos ese dinero. Hasta que llegó un momento que no terminé de cobrar la obra, no cobré G. 2.000 millones por la Costanera Nane Renda, es decir, ellos me siguen debiendo”.

En otra parte de la declaración, Vázquez señalo que “justo en ese momento, se dio la filtración de los audios donde yo contaba todo lo que pasé, entonces todos ellos se enojaron conmigo. Todos estos eventos ocurrieron después de la filtración de los audios, el intendente Miguel Prieto en su despacho, haciéndome sacar el celular previamente, me lanzó improperios, me insultó, incluso me agredió físicamente con empujones, me maltrató, me dijo hijo de puta, te voy a reventar, yo estaba sentado frente a él, esa fue la última vez que lo vi”.

Sostuvo que “luego de esos eventos en la Municipalidad dije ya no doy más, me retiré de la obra, ahí me obligaron la contadora María Angélica Orué, Pedro Acuña, Víctor Lugo, entre otros, a firmar un poder a Horacio Daniel Fleitas Branda, quien era conocido de ellos, a quien autoricé mediante poder en nombre del Consorcio Ñande Ypoty a cobrar el resto del dinero, también me obligaron a dar mi factura por el monto total, pero quien terminó cobrando el resto fue el citado apoderado Horacio Daniel Fleitas Branda. En pocas palabras, ellos sí llegaron a efectivizar el dinero quien llegó a cobrar cerca de G.1.100 millones, yo no pude hacerlo porque me vi forzado a firmar el poder a este señor” expresó Vázquez García.

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El exministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, recurrió al tribunal de Apelación insistiendo en apartar a los jueces de sentencia Adriana Planás y Mathias Garcete, quienes deben juzgar al acusado por supuesto cohecho pasivo agravado por recibir favores del supuesto narcotraficante detenido en Brasil, Marcus Vinicius Espíndola Marqués de Padua.

Asimismo, la defensa del acusado, no contenta con una nueva chicana, recusó a los camaristas Andrea Vera y Arnulfo Arias, demostrando una actitud obstruccionista en el presente proceso, por lo que se podría ya aplicar la sanción disciplinaria para Giuzzio y su abogado. Ahora el caso deberá ser estudiado por la sala penal de la Corte Suprema de Justicia, que tendrá que destrabar el presente proceso penal de Giuzzio para que se pueda desarrollar el juicio oral.

En principio, el tribunal de sentencia integrado por Planás, Garcete y Yolanda Morel, fijó para el 23 de abril el juicio oral y público, pero se suspenderá atendiendo a las nuevas chicanas presentadas por Giuzzio.

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La acusación contra Giuzzio fue presentada el 16 de agosto del 2023, por los fiscales Anti­corrupción Diego Arzamen­dia y Jorge Arce, quienes argumentan que el también exministro de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) tenía pleno conocimiento de las intenciones de Marcus Vinicius, de obtener contratos con el Estado para­guayo, concretamente con el Ministerio del Interior, que Giuzzio lideraba hasta febrero del 2022.

El Ministerio Público construyó su hipótesis conforme a supues­tas conversaciones vía What­sApp que fueron anexadas a la documentación de la causa, concluyendo que dichas evi­dencias exponen que hubo más de un encuentro entre Giuzzio y Marcus Vinicius. Entre las pruebas presentadas por los agentes se menciona también que Giuzzio usó una camio­neta del capo narco para vacacionar en Brasil entre diciembre de 2021 y enero de 2022.

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El juicio oral y público contra el exministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, inició este martes 4 de marzo, pese a las múltiples acciones dilatorias presentadas por su defensa. El Ministerio Público lo investigó por cohecho pasivo agravado (coima), luego de reunir múltiples elementos que lo vinculan con el narcotraficante brasileño, Marcus Vinicius Espíndola Marques de Padua.

A lo largo del 2024, Giuzzio presentó una serie de chicanas con el objeto de posponer el juicio, hasta la fecha, el abogado que encabeza su defensa, el también exministro Emilio Fuster, no ha presentado elementos que desacrediten la acusación de la Fiscalía y las acciones planteadas solo apuntaban a seguir posponiendo el inicio de la audiencia.

Esta misma estrategia se repitió antes del inicio del juicio, cuando su defensa solicitó la suspensión por un plazo de 10 días, argumentando que el pedido de declaración para que pueda declarar Vinicius no había sido aprobado, lo cual fue rechazado por el tribunal de sentencia integrado por Adriana Planas, Yolanda Morel y Mathías Garcete.

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En el pedido de posposición de la audiencia también se fundamentó en que Giuzzio no cuenta con los recursos económicos para solventar los gastos de un traductor, y ante este hecho, el Tribunal de Sentencia fue categórico al manifestar que si el exministro carece del dinero necesario, se solicitará a la Corte Suprema de Justicia que designe un perito matriculado.

De esta forma, las artimañas de Giuzzio quedaron deshechas ante la firmeza del Tribunal y se dio inicio al juicio, en el que el agente del Ministerio Público, Jorge Arce, realizó el pedido de incluir como elementos probatorios los datos extraídos del sindicado narcotraficante, Lindomar Regis Furtado, quien fue detenido en Brasil en enero de este año. Cabe mencionar que Lindomar está vinculado al esquema delictivo de Vinicius.

Esta solicitud de la Fiscalía nace de la sospecha de la propia institución en que además Giuzzio habría recibido también regalos de parte de Reges Furtado, a cambio de información que facilitaron su huida del Paraná Country Club en el 2016, lo cual será analizado por el Tribunal en la próxima audiencia, marcada para el 14 de febrero.

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El Ministerio Público inició una investigación de oficio contra Giuzzio luego de que publicaciones periodísticas, entre ellas la de la Unidad de Investigación de Nación Media, revelara los favores realizados por Marcus Vinicus a Giuzzio. El narcotraficante brasileño le había prestado su camioneta para que el entonces ministro del gobierno de Mario Abdo, vaya de vacaciones al Brasil con su familia.

Este favor hacia Giuzzio respondía a la intención de Vinicius de que sus empresas sean las adjudicadas en una licitación realizada por el Ministerio del Interior, cartera que lideraba Giuzzio en ese momento. La Fiscalía construyó su hipótesis conforme a supues­tas conversaciones vía What­sApp que fueron anexadas a la documentación de la causa, concluyendo que dichas evi­dencias exponen que hubo más de un encuentro entre Giuzzio y Espíndola Marques de Padua.