Se trata Juan Gabriel Cano Cabañas, quien supuestamente solicitaba beneficios económicos a profesionales abogados para agilizar la búsqueda de expedientes. Foto: Gentileza.
Detienen a funcionario que aparentemente coimeaba para “desaparecer” documentos
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Una comitiva fiscal-policial detuvieron a funcionario de la bóveda del Poder Judicial de Ciudad del Este, que aparentemente coimeaba para hacer desaparecer expedientes.
Se trata Juan Gabriel Cano Cabañas, quien supuestamente solicitaba beneficios económicos a profesionales abogados para agilizar la búsqueda de expedientes. Fue detenido este jueves luego de ser denunciado por cohecho pasivo, porque supuestamente les cobraba a los abogados a cambio de esconder o buscar documentos de distintas causas.
El mismo cumplía funciones en la bóveda del Poder Judicial y fue denunciado por los propios miembros del Consejo de Administración de la VI Circunscripción Judicial de Alto Paraná, magistrados Juana Bertha Ávalos, Juliana Giménez Portillo y Efrén Giménez Vázquez.
El operativo que tuvo lugar en la mañana de este jueves 13 de febrero, estuvo encabezado por el fiscal Alcides Giménez Zorrilla, quien procedió a la detención preventiva del funcionario.
La acción se presentó luego de una nota remitida por la jefa de Sección de Archivo, Lic. Victoria Zorrilla, comunicando a las autoridades judiciales sobre las quejas verbales que realizaban los profesionales del foro en contra del funcionario Juan Cano. Supuestamente el citado venía pidiendo incentivo económico para agilizar la búsqueda de expedientes judiciales, que son solicitados por los juzgados.
Cano Cabañas soporta un sumario administrativo anterior por presuntas irregularidades cometidas en el desempeño de sus funciones. El sospechado será imputado en las próximas horas por el supuesto hecho punible de cohecho pasivo, atendiendo que se requisaron varias evidencias en su contra, según adelantó el fiscal Alcides Giménez.
El juez de Delitos Económicos Humberto Otazú otorgó medidas alternativas a la prisión a la fiscala suspendida en sus funciones Gloria Rojas, imputada por un presunto pedido de coima en la investigación del feminicidio de la adolescente María Fernanda Benítez, ocurrido en Coronel Oviedo.
La resolución se dio a conocer luego de la audiencia de imposición de medidas. Otazú impuso a la imputada la prohibición de salir del país, la prohibición de acercarse o comunicarse por cualquier medio con el denunciante y la de acceder a las instalaciones de la Fiscalía de Coronel Oviedo. Igualmente, se le impuso una fianza real por la suma de G. 200 millones y se la intimó por un plazo de 20 días hábiles para que comparezca la propietaria del inmueble ofrecido para aceptar la caución.
De acuerdo con el acta de imputación, la fiscala le planteó a uno de los procesados gestionar una salida procesal a través de un abogado.
EL JEM retiró los fueros a la fiscala Gloria Rojas, imputada por cohecho pasivo por pedir dinero para beneficiar a un procesado en el caso del feminicidio de María Fernanda, ocurrido en Coronel Oviedo. Foto: Archivo
JEM retiró los fueros a fiscala imputada por coima en caso feminicidio de María Fernanda
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El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) retiró los fueros a la agente fiscal de Coronel Oviedo, Gloria Mabel Rojas, para que la misma pueda enfrentar el proceso penal que tiene por cohecho pasivo agravado o pedido de coima en el caso en el que se investiga el feminicidio de María Fernanda.
El órgano juzgador de magistrados solicitó a la Corte Suprema de Justicia la suspensión en sus funciones de la mencionada agente fiscal.
El actual presidente del JEM, César Garay, indicó que por oficio número 368 del 15 de diciembre, el juez penal de Garantías, Humberto Otazu, informó lo resuelto por providencia de la misma fecha, dictada en la causa caratulada “Juan Carlos Bedolla Fleitas s/ tráfico de influencias” por la que remitió los antecedentes al JEM.
En dicho oficio se indica que la agente fiscal Silvia González Lester fue quien peticionó al juez de la causa que comunique al Jurado la imputación por cohecho pasivo agravado.
“En el acta de imputación se señalan suficientes elementos de sospechas, declaraciones testimoniales, videos, incluso copias autenticadas de billetes que sustentan la presunta participación de la imputada en el hecho punible de cohecho pasivo agravado”, manifestó el presidente del órgano, César Garay.
Ahora el juez Otazú podrá admitir la imputación y fijar la fecha para el desarrollo de la audiencia de imposición de medidas cautelares, donde se definirá si la imputada será beneficiada con medidas alternativas a la prisión.
Chats de Lalo Gomes: imputan al exdiputado Orlando Arévalos y a dos exjuezas por coima
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Los fiscales Francisco Cabrera, Verónica Valdez y Luis Piñánez presentaron imputación contra el exdiputado y exintegrante del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados Orlando Arévalo por cohecho pasivo agravado en calidad de autor.
Asimismo, se presentó imputación contra Guido Díaz y las ex juezas Carmen Silva y Ana Aguirre. Todos ellos están en los chats filtrados de Eulalio Lalo Gomes y se menciona de intercambio de dinero para salvar de investigaciones en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM).
La fiscalía pidió la prisión preventiva para los imputados Arévalo y Díaz, argumentando peligro de fuga y obstrucción a la investigación. La causa penal fue sorteada y cayó en el juzgado del juez Humberto Otazú, quien tendrá a su cargo determinar si la imputación cumple con los requerimientos para su admisión y posterior audiencia de imposición de medidas.
En la audiencia de imposición de medidas cautelares se definirá si el exdiputado va a estar privado de libertad o será beneficiado con medidas alternativas a la prisión.
De acuerdo al acta de imputación, Guido Díaz Frutos habría actuado de intermediario con Lalo Gomes. Díaz habría sido cómplice del ex presidente del JEM Orlando Arévalo, quien habría aceptado un beneficio indebido a cambio de influir en una resolución judicial.
Asimismo, el entonces parlamentario habría cometido un acto de soborno, consistente en aceptar dinero a cambio de realizar un acto contrario a sus deberes como funcionario público, específicamente en la Causa Nº 11/2024 sobre reivindicación de inmuebles.
Fiscalía investiga pedido de coima de G. 30 millones para “solucionar” un caso judicial
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La agente fiscal Marlene González realizó una entrega vigilada en el marco de la investigación por el presunto hecho punible de cohecho pasivo agravado y tráfico de influencias, que involucraría a un funcionario del Ministerio Público y un abogado.
La orden de allanamiento fue solicitada en atención a las investigaciones iniciadas por lo cual fueron intervenidas las oficinas de un estudio jurídico, ubicado en la localidad de Coronel Oviedo. La operación tuvo como resultado la detención de un abogado tras una entrega vigilada de G. 30 millones.
De acuerdo a los hechos narrados en la denuncia, en fecha 19 de noviembre de 2025, la víctima señaló un supuesto pedido indebido de sumas de dinero por parte de un funcionario del Ministerio Público y un abogado defensor quien actúa de intermediario, con el fin de beneficiarlo con una salida procesal menos gravosa en una causa penal en la que se encuentra imputado y actualmente acusado.
El denunciante se comunicó con el abogado a través de una conocida suya, y mediante ella le indicó el monto que él debía entregar, que era de G. 25 millones, más G. 1 millón para ofrecimiento de donación. Posteriormente, en fecha 20 de noviembre de 2025, el abogado informó sobre el incremento de G. 5 millones, más, totalizando la suma de G. 30 millones para ofrecimiento como donación, suma de dinero que debía entregar al intermediario.
En consecuencia, la representante del Ministerio Público requirió la orden de allanamiento de las oficinas en busca de elementos y la detención del investigado.