El expresidente Mario Abdo Benítez criticó al Estado por las deudas con los proveedores, pero “olvidó” que gran parte de la deuda con las vialeras y farmacéuticas corresponden a su administración. Así, volvió a poner en el centro del debate su gestión y la pesada herencia que dejó para las finanzas del Estado y la credibilidad institucional.

Abdo Benítez contó con abundancia de recursos en momentos clave, pero cuyos usos y resultados hoy siguen siendo cuestionados.

Durante la pandemia, Paraguay accedió a un volumen inédito de financiamiento. Se aprobó una ley de emergencia con un préstamo internacional de USD 1.600 millones. Sin embargo, se destaparon diversas irregularidades en la ejecución de esos fondos.

Mientras los hospitales denunciaban carencias básicas, se denunciaban compras fallidas de insumos médicos, irregularidades en procesos licitatorios y sobrecostos, con casos conocidos como insumos chinos, agua tónica y tapabocas de oro.

La serie de falencias durante la pandemia del covid-19 consta en un informe de la Contraloría General de la República, específicamente en la Memoria Anual 2021.

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En paralelo, Abdo Benítez impulsó la obra pública, particularmente el rubro vial. El expresidente siempre se jacta de los 4.000 kilómetros de asfalto que hizo, pero olvida mencionar que empresas vinculadas a su entorno, Aldia SA y Createc SA.E, tuvieron una acumulación de ganancias de USD 45 millones entre el 2018 y el 2023. Esto, sin que se vea reflejado en su manifestación patrimonial ante Contraloría

Informes publicados señalan una fuerte concentración de contratos y posibles direccionamientos y abren interrogantes sobre conflictos de interés y uso de la función pública para beneficio privado.

El frente fiscal es, quizás, el punto más difícil de defender. Al cierre de su administración quedó al descubierto una deuda no reconocida de aproximadamente USD 600 millones con proveedores del Estado, incluyendo farmacéuticas y constructoras. Este pasivo, que no había sido plenamente transparentado, condicionó de inmediato al gobierno siguiente y obligó a reordenar pagos urgentes en sectores sensibles como la salud.

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A esto se suma una deuda de G. 22.000 millones en el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH), específicamente dentro del programa Fonavis, según denunció la administración posterior en agosto de 2023. Además, se reportaron deudas adicionales con la Ande y Essap por aproximadamente G. 25.000 millones.

También el fuerte incremento de la deuda pública, que alcanzó los USD 15.565 millones hacia agosto de 2023, representando cerca del 35 % del PIB. Si bien parte de este endeudamiento se justificó en el contexto de la pandemia, el cuestionamiento central radica en la calidad del gasto y en la falta de resultados proporcionales a los recursos comprometidos.

Otros cuestionamientos a la administración Abdo Benítez son el auge narco tras la liberación de los puertos, la destrucción del Metrobús, su proceso en Seychelles, la mansión que construyó en pandemia.

Es por ello que hoy, cuando el expresidente opina sobre la situación del país, los datos de su gestión reaparecen como un recordatorio incómodo: antes que un problema del presente, muchas de las dificultades actuales tienen origen en su gobierno. Esta es la pesada herencia de Mario Abdo Benítez.

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La Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (Aneaes) emitió un comunicado para manifestar una “profunda preocupación institucional” respecto a la Resolución n.° 2/2026 del Consejo Nacional de Educación Superior (Cones), que establece el Sistema de Habilitación de Carreras de Medicina. “Este hecho configura una situación de omisión y potencial apropiación de funciones, que debilita el marco normativo vigente y genera ambigüedad en la delimitación de competencias dentro del sistema de educación superior”, puntualiza.

“La misma introduce un esquema que, en la práctica, avanza sobre funciones técnicas exclusivas de la Aneaes, al incorporar conceptos, metodologías e instrumentos vinculados a la evaluación de la calidad, sin la debida articulación institucional”, señala el primer punto señalado por el ente educativo, aclarando que no se emite juicio sobre las carreras de medicina recientemente habilitadas.

En el segundo punto, especifica: “En cuanto al impacto en los procesos de aseguramiento de la calidad, la Aneaes advierte que la implementación de un sistema de habilitación provisoria genera confusión respecto a la aplicación de instrumentos ya existentes y verificados como la evaluación diagnóstica de la Agencia y compromete seriamente:

a. La verificación de condiciones mínimas indispensables, como los campos de práctica clínica.

b. La coherencia de los criterios técnicos aplicados en la evaluación de carreras, programas e instituciones, establecidos en el Sistema de Evaluación de la Calidad de la Educación Superior por Fases en el marco del Modelo Nacional.

c. La eficacia de los mecanismos de control y mejora continua. Asimismo, la habilitación de carreras en estas condiciones podría generar hechos consumados, limitando la capacidad de intervención posterior de la Aneaes y reduciendo el margen real de corrección ante eventuales deficiencias”.

“La Aneaes es, conforme a la Ley n.° 2072/2003, la única institución encargada de evaluar y acreditar la calidad de la educación superior en el país. Por lo tanto, se considera grave que la citada resolución utilice conceptos tales como: “control de calidad”, “seguimiento”, “verificación técnica”, “mejora continua”, los cuales constituyen atribuciones propias, exclusivas y legalmente asignadas a la Aneaes, los cuales son conceptos ligados a los procesos de acreditación y no así a los procesos de habilitación”, dice el tercer punto

Continúa: “La omisión del rol de la Aneaes en este proceso configura un escenario de exclusión tácita que expone al país a un riesgo reputacional a nivel regional, especialmente en el marco de los compromisos asumidos en organismos internacionales como la Red de Agencias Nacionales de Acreditación (RANA), que administra el sistema ARCU-SUR, donde Paraguay tiene la presidencia pro-témpore”.

Finalmente, el quinto punto señala: “Esta resolución duplica funciones y crea una carga burocrática múltiple que generará confusión para las Instituciones de Educación Superior. Esto tendrá efectos que van en contra de la racionalización del gasto público que impulsa el Gobierno Nacional en esta coyuntura”.

La Aneaes reafirma “su mandato legal como organismo responsable de la evaluación y acreditación de la calidad de la educación superior, y en ese marco la necesidad de respetar y fortalecer la institucionalidad vigente. Reitera su disposición a la articulación entre las instituciones responsables del aseguramiento de la calidad de la educación superior en un marco de claridad de competencias y respeto a las normativas vigentes”.

La celeridad que aplica (como debe ser) la Contraloría General de la República en la investigación de casos de corrupción y en el estudio de bienes correspondientes a algunas autoridades es simplemente extraordinaria, al punto de que en ciertas ocasiones hasta sorprende con algunas filtraciones en plena etapa preliminar de conclusiones. Sin embargo, existen auditorías que llevan años en los cajones de sus oficinas, curiosamente dilatadas y sin mayores explicaciones por parte del ente de control.

Nadie sabe respon­der, y desde el ente tampoco pueden explicar por qué la Contra­loría General de la Repú­blica (CGR) actúa con una velocidad tal en la investi­gación de ciertas denuncias de corrupción que atañen a la agenda de determinados medios de comunicación. Sin embargo, otras denun­cias con los mismos vicios de irregularidades, pero que no son temas de tapa de un sector de la prensa, son tra­tadas con una reserva y len­titud particulares.

Hemos visto en los últi­mos meses que esos temas de agenda mediática gene­ran la reacción inmediata de la Contraloría que, en cuestión de semanas, hicie­ron sacudir a algunas auto­ridades con la filtración de datos preliminares de estu­dios de correspondencia de bienes. Pero en otros casos el reloj no camina y el silen­cio esconde rigurosamente los avances que pudieran darse o, simplemente, existe un manifiesto desinterés por parte del ente de control.

En 2023 comenzaron a sal­tar una serie de datos de investigación con relación a la fortuna amasada por el exintendente de Villa Elisa, hoy gobernador de Central, Ricardo Estigarribia. El his­torial de Ricardo, como el de su hermano Sergio Estiga­rribia, actual intendente de esta ciudad, está minado de denuncias de corrupción y de un crecimiento patri­monial extraordinario en el que toda su familia expe­rimentó un ascenso econó­mico sin asidero, al punto de que la madre de los herma­nos pasó de humilde modista de barrio a accionista en una sociedad conformada con USD 1 millón en efectivo.

Nuestro medio publicó una serie de maniobras y casos de desfalco en la munici­palidad mediante contra­taciones directas adjudi­cadas a familiares del clan Estigarribia. Concejales de la Municipalidad de Villa Elisa han presionado por una auditoría que, pese a un análisis de gastos de ape­nas seis meses iniciado en noviembre del 2024, al año y medio no ha reportado ningún resultado. Mientras tanto, el negocio continuó con adjudicaciones directas a operadores, excajeros de tránsito, cuñados, etc.

En noviembre de 2024, la Contraloría también inició un estudio de correspon­dencia de bienes a los her­manos Estigarribia. “Está en etapa de conclusión” es la reiterada respuesta que nuestro medio recibe cada vez que consulta a la Con­traloría por la investigación.

El caso del clan Pereira de Encarnación es aún más alevoso. El 13 de diciem­bre de 2022, hace tres años y tres meses, el Ministe­rio Público solicitó un exa­men de correspondencia al clan de los hermanos Javier Pereira Rieve (actual gober­nador de Itapúa) y Carlos Pereira Rieve (actual dipu­tado por Itapúa).

La investigación se requi­rió en el marco de una causa abierta a ambos y a su fami­lia por supuesto enriqueci­miento ilícito, posiblemente vinculado al narcotráfico, tráfico de armas, contra­bando, ordeño de combus­tible, entre otros hechos.

Hasta ahora la CGR no emi­tió dictamen con relación al gobernador. Fuentes de la institución hablan de un alevoso blanqueo en el caso de Carlos Pereira Rieve, pese al meteórico ascenso econó­mico del diputado liberal desde que ingresó a la fun­ción pública. De una silla, una mesa y una computadora que sumaban una inversión inicial de G. 50 millones en una empresa, en un tiempo récord de dos años cons­tituía otra firma con una inyección de G. 4.150 millo­nes. Tampoco hay respuesta de la Contraloría con rela­ción al clan Pereira Rieve de Encarnación.

En agosto de 2023, la Con­traloría también inició un examen de correspondencia al expresidente de la Repú­blica Mario Abdo Benítez. En julio de 2024 detectó que las denuncias periodísticas eran ciertas y que las empre­sas del exmandatario gana­ron 70 veces más durante su gobierno, pero las utili­dades fueron redirecciona­das a fondos de reserva, lo cual hasta hoy día fue confir­mado, y la conclusión quedó varada hace un año y medio.

La investigación patrimonial al exministro de la Secre­taría Nacional Antidro­gas (Senad) y del Interior Arnaldo Giuzzio es otro caso que no convence. Después de conocerse que el secre­tario del gobierno de Abdo compró una propiedad que declaró por G. 1.200 millones en un año duro de la pande­mia (2020), la Contraloría no halló ninguna irregularidad, pese a que las inversiones de Giuzzio superaban sus ingre­sos y a que las cuotas del prés­tamo consignado para justifi­car la adquisición, junto con sus gastos, eran mayores a lo que él percibía como funcio­nario estatal.

Los integrantes de la Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Cámara de Senadores, liderada por Silvio “Beto Ovelar”, reciben este miércoles a los representes del sector docente, con la finalidad de escuchar sus inquietudes y contrapropuestas al proyecto de reforma de la Caja Fiscal que ya cuenta con media sanción de Diputados y conformar una mesa técnica.

“Queremos establecer una mesa de trabajo, entendemos nosotros que esta primera reunión servirá para diseñar el itinerario hasta el 25 de marzo, fecha en que será tratado el proyecto”, dijo Ovelar.

Luego de varias suspensiones por chicanas, este miércoles finalmente inició el juicio oral y público contra el exministro abdista Arnaldo Giuzzio, acusado por cohecho pasivo agravado, a raíz de sus supuestos vínculos con Marcus Vinicius Espíndola Marqués de Padua, sindicado como narcotraficante brasileño.

El extitular de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) y del Ministerio del Interior, durante el gobierno de Mario Abdo Benítez, llegó hasta la sede del Poder Judicial acompañado por su nueva abogada y exfiscal, Gilvi Quiñónez. El juicio oral y público está fijado ante el Tribunal de Sentencia, presidido por Adriana Planás.

Para la Iglesia católica, este miércoles es muy especial, ya que marca el inicio de la Cuaresma, un tiempo de reflexión y amor, camino a la Semana Santa. El papa León XIV en su mensaje para los feligreses pidió que a partir de ahora sea momento de saber escuchar y ayunar, para llegar a la conversión.

Desde le Arzobispado de Asunción recordaron que con el “Miércoles de Ceniza” se comienza el camino de la Cuaresma, un tiempo de gracia que la iglesia regala para volver a Dios con todo el corazón. Se convierte en un tiempo propicio para reflexionar y permitir que Dios transforme el corazón de quienes lo siguen.

Desde la Capasu expresaron su preocupación por la escasez y el encarecimiento del tomate. Si bien se prevé un evento de compra-venta directa, creen que la importación es una válvula reguladora.

Gustavo Lezcano, presidente de Capasu, comentó que conversaron con el ministro de Agricultura, Carlos Giménez, a quien le plantearon la preocupación del sector por la falta y la escasez de tomate que disparan los precios.

Una delegación de empresarios e inversionistas brasileños visitó Paraguay en el marco de una misión exploratoria orientada a conocer oportunidades de negocios, innovación y cooperación internacional vinculadas al ecosistema digital del país, según informó el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic).

El viceministro de Tecnologías, Klaus Pistilli, dio la bienvenida a la comitiva y destacó que Paraguay presenta condiciones favorables para el desarrollo tecnológico, resaltando el potencial del país en innovación, economía digital y atracción de inversiones en el sector.

El fiscal Ever Ariel García confirmó que la investigación por la muerte del exdirector de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac), Félix Kanazawa (62), se centra ahora en el análisis de los teléfonos celulares del principal imputado, el militar Remigio Llano (25), con el objetivo de determinar el móvil del homicidio y establecer si existía una relación previa entre ambos.

En entrevista con el programa “Arriba hoy” de canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media, el agente del Ministerio Público explicó que la causa ingresó inicialmente como desaparición de persona el sábado, fue derivada a la unidad especializada en secuestros por precaución y, al descartarse esa hipótesis, retornó a su unidad el lunes. Con los elementos reunidos, el martes se formuló imputación por homicidio doloso contra un militar, con pedido de prisión preventiva.

La Contraloría General de la República inició un examen de correspondencia patrimonial sobre los bienes de Édgar Abdón Colmán Miranda, exministro de la Juventud durante el gobierno de Mario Abdo Benítez, tras obsequiar una lujosa camioneta a su esposa.

El director de Declaraciones Juradas de la CGR, Armindo Torres, explicó que el procedimiento tendrá una duración aproximada de tres meses, ya que se analizará la documentación correspondiente a dos años de gestión, período en el que Colmán ocupó el cargo, entre junio de 2021 y agosto de 2023.