Este lunes, el Ministerio de Justicia presentó las necesidades penitenciarias existentes al titular de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), por la cual decidieron trabajar para mejorar los establecimientos penitenciarios del país al tratarse de una emergencia que afecta al Estado.
“La Entidad Binacional trabajará de manera coordinada con el Ministerio deJusticia para responder las necesidades del sistema penitenciario”, indicó la ministra de justicia, Cecilia Pérez.
Resaltó que pudo reunirse con el director paraguayo de la Eby, Nicanor Duarte Frutos, a quien informó acerca del manejo de las cárceles del territorio nacional y la necesidad de optimizar todo el sistema penitenciario para el bien del país.
“Nosotros estamos en una emergencia penitenciaria y ello constituye un problema de Estado, no solo del Gobierno. De ahí la necesidad de trabajar para poder salir de esta situación. Le expliqué la necesidad de un apoyo para poder optimizar el actual sistema”, aclaró.
Cabe mencionar que en el marco de la Ley N° 6365 que declara en Situación de Emergencia todos los Establecimientos penitenciarios del Territorio de la República, actualmente se están construyendo dos penitenciarías en Emboscada y una en Minga Guazú.
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Paraguay avanza hacia un sistema carcelario con estándares internacionales
El Ministerio de Justicia avanza en la implementación del nuevo modelo de gestión penitenciaria, que busca dejar atrás el hacinamiento, el desorden y la violencia que históricamente caracterizaron al sistema carcelario. Así lo afirmó el ministro Rodrigo Nicora, quien destacó la transformación estructural y operativa que ya se aplica en los centros penitenciarios de Emboscada y Minga Guazú, considerados los más modernos del país.
“Tenemos un modelo nuevo, el modelo paraguayo, con una gestión mucho más ordenada, planificada y enfocada en la reinserción social”, expresó Nicora, al tiempo de precisar que los nuevos recintos están divididos en ocho módulos independientes, con capacidad para 1.237 personas cada uno. “El que está en el módulo uno no sabe quién está en el otro, porque están completamente separados y clasificados por nivel de peligrosidad”, explicó.
Nicora sostuvo que Paraguay está migrando gradualmente hacia un modelo que toma como referencia experiencias exitosas de países como Brasil y Argentina, adaptadas a las necesidades locales, además de guiarse por los estándares establecidos en los acuerdos de los que nuestro país forma parte. Como parte de este proceso, también destacó la creación de un Instituto Técnico Superior para la formación profesional de agentes penitenciarios, avalado por el Ministerio de Educación.
El ministro subrayó que estos centros de alta seguridad albergan únicamente a personas ya condenadas, como medida para evitar el hacinamiento. Además, los internos participan en programas de reinserción social dentro de un entorno controlado y tecnológicamente vigilado. “Las penitenciarías están equipadas con más de 400 cámaras con inteligencia artificial y reconocimiento facial, lo que permite un monitoreo constante y preciso del flujo de personas. Se activan alarmas ante movimientos irregulares”, detalló a la 650 AM.
Otro cambio clave es la implementación obligatoria de uniformes, regida por la resolución n.° 479. Esta medida, lejos de ser simbólica, responde a criterios de seguridad y control interno. “Cada color de uniforme identifica a qué módulo pertenece cada persona privada de libertad, y las cámaras están configuradas para reconocer tanto los colores como los rostros”, indicó.
A esto añadió, “lo que estamos haciendo es subir la vara. Nuestro objetivo es que este modelo quede instalado como legado, con estándares más altos, más orden y más humanidad en el sistema penitenciario”, concluyó el ministro.
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Reclusos de nuevas penitenciarías deberán usar uniformes
Este jueves, desde el Ministerio de Justicia informaron que en los nuevos centros penitenciarios las Personas Privadas de su Libertad (PPL), deberán llevar uniformes obligatorios para que pueden ser distinguidas dentro de la población. Los colores de los trajes serán amarillo y rojo.
Según informó el ministro Rodrigo Nicora, se trata de una medida que busca dar mayor seguridad, equidad y orden dentro de estos penales como avanzar a la modernización del sistema penitenciario. Además, aclaró que el uso de estos uniformes será de carácter obligatorio.
“Seguimos construyendo un sistema penitenciario más justo, humano y eficiente con la implementación del uso obligatorio de uniformes en los nuevos centros penitenciarios de Minga Guazú y “Martín Mendoza” de Emboscada“, expresaron desde la institución.
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Explicaron que mediante la resolución ministerial n.º 479. que dispone que cada PPL recibe un kit completo con uniformes diferenciados según régimen, estos son: amarillo para los de régimen convencional y rojo para los de régimen cerrado especial.
“La entrega de planificación escalonada continuará hasta superar más de 1.200 reclusos en ambos penales. Esta medida fortalece la seguridad, promueve la equidad y dignifica la vida intramuros”, aclararon.
La actividad de entrega de uniformes estuvo acompañada por autoridades de la institución esta tuvo el apoyo de UNOPS Paraguay, en el marco de un plan que busca cubrir a toda la población penitenciaria de los nuevos centros.
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Confían en que fallo judicial a favor de la EBY desalentará acciones similares
La Entidad Binacional Yacyretá (EBY) obtuvo una sentencia favorable en un juicio civil por daños y perjuicios que representaba una amenaza financiera significativa para la institución. Así lo confirmó Eduardo González, asesor jurídico de la entidad, quien detalló que la demanda ascendía a G. 9.047 millones (unos USD 1,2 millones al tipo de cambio actual) y fue desestimada por caducidad procesal.
“Pudimos concluir un juicio más en contra de la entidad y, por otro lado, como otro resultado positivo, evitamos realizar cualquier pago por situaciones en las que no hay el por qué para plantear acciones de este tipo y esto desalienta a que se planteen juicios similares”, expresó ante la 650 AM.
La demanda fue presentada en 2022 y fue consecuencia de un ingreso clandestino de personas a zonas restringidas en el área de la represa, quienes intentaban realizar una pesca furtiva. A pesar de las advertencias del personal de seguridad, los intrusos no se retiraron y hubo una supuesta represión, lo cual derivó en esta acción legal contra la entidad, según explicó González.
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El equipo jurídico de Yacyretá respondió la demanda en tiempo y forma, sostuvo el abogado, y finalmente el caso fue cerrado sin que la EBY deba pagar suma alguna, debido a la falta de impulso procesal por parte de los demandantes. González remarcó que la actual administración asumió la conducción de la entidad en un momento económico complejo, y que desde entonces se han logrado importantes avances tanto en el ordenamiento interno como en la defensa legal.
“En apenas dos meses del año pasado, con una reestructuración del área jurídica, logramos sentencias favorables por un valor cercano a los USD 114 millones en los ámbitos civil y laboral, y este año creo que vamos a tener un resultado muy positivo también. Tenemos un norte bien determinado, que es la defensa de los intereses de una de las empresas más importantes del país”, detalló.
Finalmente, afirmó que gracias a una política de racionalización financiera, la expectativa positiva en torno al cumplimiento del acuerdo por parte de Argentina y una firme defensa institucional, Yacyretá podrá salir del “momento complicado” en el que todavía permanece. “Somos una empresa estratégica para el país”, concluyó.
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Yacyretá evita un millonario pago
La Entidad Binacional Yacyretá (EBY) logró frenar una demanda que pretendía un desembolso de más de G. 9.000 millones, tras la declaración de caducidad del caso por parte del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del vigésimo turno de Asunción. La medida beneficia directamente a la institución, que ya no deberá enfrentar el pago reclamado por los demandantes.
La acción judicial fue iniciada en abril de 2022 por José Luis Duarte Machuca y Mario Alberto Duarte, quienes exigían una indemnización por supuestos daños y perjuicios. Según alegaron, fueron agredidos por personal de seguridad de la EBY mientras pescaban en el río Paraná.
La representación legal de Yacyretá, a cargo de los abogados Alfredo González y Marcelo Codas Fontanilla –bajo la coordinación del Dr. Silvino Benítez y del jefe de Asesoría Jurídica, Dr. Eduardo González–, solicitó en junio de ese mismo año la intervención en el proceso y presentó la contestación a la demanda.
Durante el desarrollo del juicio, la EBY impugnó la admisión de pruebas presentadas por los demandantes, argumentando que fueron ofrecidas fuera de plazo. El Tribunal de Apelación dio la razón a la defensa y revocó la resolución que admitía dichas pruebas, devolviendo el expediente al juzgado de origen. Sin embargo, los actores no cumplieron con el procedimiento requerido para la notificación formal del “cúmplase”, lo que derivó en la declaración de caducidad del proceso el pasado 5 de mayo de 2025.