Mediante el acuerdo firmado entre el Ministerio de Justicia y la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Asunción se podrá investigar las causas procesales de las Personas Privadas de Libertad (PPL), de tal forma a descomprimir el hacinamiento en las penitenciarías del país.
En el convenio establece el modo de trabajo, con un esquema donde el MJ operará a través de la Unidad de Seguimiento a la Situación Procesal y el Departamento de Enlace Interinstitucional.
En ese sentido, la UNA pondrá a disposición profesionales designados por el consultorio jurídico, en coordinación con las cátedras afines de Derecho Procesal Penal, Técnica de Litigación Adversarial, entre otras
El convenio fue firmado por la ministra de Justicia, Cecilia Pérez y el decano de la Facultad de Derecho, Raúl Torres Kirmser, quienes coincidieron en el valor de la alianza con beneficios para los dos sectores, donde se apunta a una mayor celeridad en el seguimiento de las causas procesales para las PPL, además de dar la oportunidad a estudiantes de Derecho a que apliquen los conocimientos técnicos adquiridos desde la academia.
Según informó la ministra Cecilia Pérez, existen más de 15.000 personas privadas de libertad, de las cuales solo 5.000 tienen defensa pública, por lo que prevé que con este convenio dicha situación tome un nuevo rumbo.
La coordinación, monitoreo y evaluación de las actividades se realizarán en las dependencias designadas por las instituciones, quienes supervisarán a los grupos de estudiantes de la carrera de Derecho de todas las sedes en que se implementarán los trabajos de seguimiento procesal de las PPL en situación de vulnerabilidad.
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Corte Suprema y Defensa Pública acuerdan instalar oficina de atención en la Plaza de la Justicia
La Corte Suprema de Justicia y el Ministerio de la Defensa Pública (MDP) suscribieron este lunes un acuerdo interinstitucional para habilitar un punto de atención en la Plaza de la Justicia de Asunción, con el propósito de facilitar el acceso a los defensores públicos a las personas que acuden al Palacio de Justicia.
El documento fue firmado por el presidente de la máxima instancia judicial, Alberto Martínez Simón, y el defensor general, Javier Dejesús Esquivel González. Participaron los ministros de la Corte Suprema de Justicia, Luis María Benítez Riera, y César Diesel.
Mediante este convenio, la Corte Suprema de Justicia concede un espacio físico al Ministerio de la Defensa Pública para la instalación de una oficina destinada a brindar asistencia y orientación jurídica, especialmente a personas en situación de vulnerabilidad.
Por su parte, el defensor general destacó que la iniciativa permitirá acercar los servicios de la Defensa Pública a quienes concurren a la sede judicial, evitando desplazamientos innecesarios y facilitando el contacto directo con los profesionales de la institución.
“Vamos a tratar de estar un poco más cerca, brindar asistencia y orientación. Eso va a significar que la gente no pierda su tiempo buscando a qué oficina o dependencia tiene que ir para tramitar sus casos”, expresó.
Asimismo, explicó que la ubicación del futuro punto de atención responde a la necesidad de ofrecer un servicio más accesible a las personas que requieren acompañamiento y orientación jurídica durante sus gestiones judiciales. Con esta iniciativa, ambas instituciones avanzan en la cooperación interinstitucional para facilitar el acceso a la justicia, mediante la futura puesta en funcionamiento de un espacio que permitirá a la ciudadanía contar con atención de la Defensa Pública en el entorno inmediato del Palacio de Justicia.
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Convocan a estudiantes de Derecho para 40 vacancias laborales en el área de cobranzas
La Asociación Nacional Republicana (ANR) ofrece nuevas oportunidades laborales en el sector privado para estudiantes universitarios que deseen crecer profesionalmente y salir adelante.
La convocatoria es para este jueves 5 de noviembre en horario de 9:00 a 12:00 en la Junta de Gobierno, sobre 25 de Mayo y Tacuarí. Está dirigida a estudiantes de Derecho interesados en el área de cobranzas. Esto, incluye cobranzas tempranas, cobranzas medias, cobranzas prejudiciales y judiciales.
Así que si tenés conocimiento de leyes, habilidades de negociación y ganas de trabajar, esta oportunidad puede ser para vos. “No se necesita experiencia previa, porque van a ser capacitados una vez que sean llamados”, explicó Enrique López Arce a La Nación/Nación Media.
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El director de Empleos de la ANR mencionó que el objetivo es cubrir 40 vacancias para cuatro empresas tercerizadas del sector bancario, financiero y comercial. Añadió que no es necesario llevar currículum vitae, porque en el lugar se les prepara. Tampoco hay límites de edad.
Pueden postularse desde los primeros cursos hasta los que están a punto de terminar la carrera. “A los de primeros años, se les da la negociación con el cliente y los de los últimos años ya se encargan de la parte prejudicial y judicial”, precisó el director.
Se ofrece salario fijo desde el mínimo legal, comisiones sin techo, experiencia en el sector privado. “El promedio sería de G. 10.000.000 en comisiones de acuerdo a la cantidad de cobros que se vaya haciendo”, aclaró Arce.
Entre los requisitos, se pide a los postulantes buena dicción, conocimiento de leyes, buena presencia y deseos de progresar. Por otro lado, Arce puntualizó que desde la Junta de Gobierno no se hace ningún tipo de distinción religiosa ni ideológica.
“Estamos abiertos a todos y queremos dar oportunidad a la gente que va a la universidad, recalcando como dice Horacio Cartes: que la educación es el camino”, subrayó.
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Un estudio busca mejorar la salud y la rehabilitación en penitenciarías
El proyecto, liderado por el doctor Juan Martens del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) y financiado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) a través de PROCIENCIA, cuenta con una inversión de G. 2.200 millones y se desarrolla en tres penitenciarías.
La iniciativa integra salud física, salud mental y criminología para generar evidencia que contribuya a mejorar la gestión penitenciaria y los procesos de reintegración social.
La investigación se desarrollará en las penitenciarías de Tacumbú, Emboscada y Coronel Oviedo, establecimientos que concentran el 39 % de la población penitenciaria del país. La propuesta busca generar información útil para orientar decisiones institucionales, mejorar los servicios sanitarios y fortalecer los procesos de rehabilitación y reintegración social.
Para ello, articula tres componentes: salud física, salud mental y criminología.
En el área de salud física, el proyecto contempla acciones de detección temprana y manejo de enfermedades crónicas no transmisibles, como diabetes, hipertensión arterial y enfermedades cardiovasculares. También prevé evaluaciones nutricionales, elaboración de menús equilibrados y medidas de prevención de enfermedades infectocontagiosas, además de acciones vinculadas al Programa Ampliado de Inmunización (PAI).
RESPONDER A DESAFÍOS
Durante la presentación, el D.Sc. Benjamín Barán, ministro presidente del Conacyt, señaló que los proyectos multicéntricos representan una oportunidad para poner el conocimiento científico al servicio de la ciudadanía y responder a desafíos concretos del país.
Así también, destacó que la inversión en ciencia, tecnología e innovación contribuye a formar investigadores, fortalecer las instituciones y producir conocimiento sobre la realidad paraguaya. Asimismo, señaló que los proyectos estratégicos de mayor duración y con recursos específicos amplían las oportunidades para desarrollar investigaciones con capacidad de incidir en distintos ámbitos de la sociedad.
El doctor Víctor Ríos Ojeda, ministro de la Corte Suprema de Justicia y consejero del Conacyt por las Universidades Públicas, expresó la disposición institucional de acompañar esta iniciativa y otras propuestas científicas que involucren a investigadores, universidades y magistrados.
A su vez, el doctor Alberto Joaquín Martínez Simón, presidente de la Corte Suprema de Justicia, expresó el interés institucional en acompañar el desarrollo de la investigación científica.
Por su parte, el doctor Roque Orrego, presidente del INECIP, destacó la importancia de que la investigación y el fortalecimiento institucional cuenten con financiamiento público nacional. El apoyo estatal, en este caso, permite desarrollar un trabajo conjunto orientado a mejorar las capacidades de las instituciones paraguayas.
ALCANCES
El proyecto se alinea con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo Paraguay 2030 y plantea la generación de evidencia como un recurso para fortalecer las políticas públicas. Su alcance no se limita a la atención de necesidades inmediatas, sino que también busca dejar capacidades instaladas en los equipos e instituciones que participan en su ejecución.
La iniciativa incorpora igualmente la salud de los funcionarios penitenciarios. Según explicó el doctor Juan Martens, líder de la investigación, ya se iniciaron evaluaciones integrales de salud al personal en la penitenciaría de Coronel Oviedo.
TECNOLOGÍA E INFORMACIÓN PARA MEJORAR LA GESTIÓN
Otro de los ejes del proyecto es la adecuación e implementación del Sistema de Información Hospitalaria (HIS) en el ámbito penitenciario. La herramienta permitirá organizar la información sanitaria de manera segura y actualizada, además de facilitar la articulación con los sistemas de salud pública del Paraguay.
Durante la presentación, el doctor Juan Martens señaló que uno de los objetivos es avanzar hacia un sistema que permita consultar el historial de las personas privadas de libertad, incluida su trayectoria sanitaria, por parte de los actores autorizados. Contar con información organizada puede facilitar el seguimiento de los casos y aportar elementos para la toma de decisiones.
La incorporación de tecnología se complementa con el fortalecimiento de los procedimientos institucionales. De esta manera, la investigación busca que los datos generados puedan utilizarse para mejorar la atención y la coordinación entre los servicios involucrados.
UNA ALIANZA ENTRE CIENCIA E INSTITUCIONES PÚBLICAS
El proyecto es ejecutado por el INECIP y reúne a instituciones académicas y organismos públicos con experiencia en salud, educación en contextos de encierro, epidemiología, políticas alimentarias y gestión penitenciaria.
Participan la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Asunción (UNA), la Facultad de Ciencias de la Salud y la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Caaguazú (UNCA), la Universidad Nacional de Pilar (UNP), la Universidad Sudamericana, el Ministerio de Justicia y el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP).
La articulación entre estas instituciones permite reunir conocimientos de distintas disciplinas para abordar un problema que no depende de un solo organismo.
La investigación busca, además, aprovechar la experiencia acumulada de los equipos académicos y ponerla al servicio de las necesidades del sistema penitenciario.
La iniciativa busca contribuir al desistimiento criminal, entendido como el proceso mediante el cual una persona se aleja de la actividad delictiva, a través de mejores herramientas de evaluación, atención sanitaria y gestión penitenciaria.
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La UNA retoma actividades presenciales, tras amenaza de ataque armado
La Universidad Nacional de Asunción (UNA) anunció el retorno de las actividades presenciales este lunes, 19 de octubre, tanto académicas como administrativas, tras la suspensión decretada el viernes pasado como medida de seguridad ante una amenaza de presunto ataque armado.
La medida fue adoptada luego de una minuciosa inspección de la Policía Nacional y alcanza al campus de San Lorenzo, así como a las distintas facultades, unidades académicas e institutos de la universidad.
Los procedimientos de inspección, barrido y verificación de la infraestructura estuvieron a cargo de las Fuerzas Operativas Policiales Especiales (FOPE), con apoyo de unidades caninas. Tras finalizar los trabajos, las autoridades de seguridad dieron por concluida la revisión de los espacios universitarios.
No obstante, la UNA mantendrá un esquema de prevención y vigilancia en coordinación con la Policía Nacional. El operativo incluye controles en los accesos. Para el efecto, se ruega a docentes, funcionarios y alumnos portar su documento de identidad y su cédula universitaria digital.
A la par, se mantendrá la presencia preventiva de agentes y se realizarán patrullajes dentro del predio y en zonas aledañas. Asimismo, se llevan a cabo tareas de seguimiento digital y ciberinformático a cargo del Departamento Especializado en la Investigación del Cibercrimen. En ese sentido, los investigadores ya tendrían identificados a los sospechosos de haber lanzado la amenaza.
La UNA insta a la comunidad educativa a colaborar con los controles de ingreso y mantener la calma mientras continúan las medidas de resguardo.
Con esta disposición, la institución busca garantizar la continuidad de las actividades presenciales y reforzar las condiciones de seguridad para toda la comunidad universitaria.
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