Durante una reunión mantenida entre la Ministra Cecilia Pérez y el Ministro de Justicia y Seguridad Pública de Brasil, Sergio Moro se intercambiaron experiencias y conocimientos que contribuirán a mejorar la seguridad del sistema penitenciario paraguayo. El encuentro se realizó en la sede del Ministerio de Justicia del vecino país.
En la ocasión también hubo un intercambio sobre los diferentes grupos criminales que se encuentran dentro del sistema penitenciario.
“Ratificamos la cooperación en materia de lucha contra el crimen organizado, y la demarcación de líneas puntuales en acciones contra el PCC y los demás grupos que operan en nuestros centros penitenciarios”, puntualizó la Ministra Cecilia Pérez al momento de agregar que, durante la reunión, el Ministro Moro manifestó el Apoyo al Gobierno del Presidente Abdo y a los proyectos del Ministerio de Justicia.
Acompañaron a la Ministra Pérez el asesor en Geopolítica y Asuntos Internacionales del Ministerio del Interior Rubén Melgarejo Lanzoni y el Coordinador de la unidad de seguridad, información e inteligencia penitenciaria, Comisario Mario Quiñonez.
Además del Ministro Sergio Moro, por el lado brasileño participaron el Director General de la Policía Federal, Maurício Valeixo, Director del Departamento Penitencial Nacional, Fabiano Bordignon, la Directora del Departamento de Recuperación de activos, Erika Marena, la Asesora especial Internacional Georgia Diogo, y el Jefe de la División de lucha contra ilícitos transnacionales Eric Sogocio.
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Piden a la Justicia que inicie proceso de quiebra del Grupo Vázquez
Los abogados Marcial Bordas, Federico Campos López Moreira y José Acosta Cazal, representantes legales de los empresarios Gustavo Adolfo Gamarra Montefusco y María Carolina Morínigo de Gamarra, pidieron al Juzgado Civil y Comercial de Asunción que se declare la quiebra del Grupo Vázquez S.A.E.
Los accionantes alegan que la firma incumplió una deuda derivada de un contrato de inversión y un pagaré suscritos el 14 de diciembre de 2020. De acuerdo con el escrito, la sociedad fue intimada judicialmente a pagar G. 5.570 millones, pero no cumplió, pese a que el 5 de noviembre de 2026 se ordenó iniciar el juicio ejecutivo y librar el mandamiento de intimación de pago y embargo.
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Los demandantes mencionan que el Grupo Vázquez perdió la capacidad de atender regularmente sus obligaciones y vinculan esa situación con el deterioro de su liquidez, la crisis de Ueno Bank y las restricciones sobre sus bienes y cuentas dispuestas en sede penal. El Grupo Vázquez (a través de su cabecera Grupo Vázquez S.A.E.) está integrado por entre 28 y 39 firmas.
El juez en lo civil y comercial de Asunción Heinrich Von Lucken Gamarra es quien deberá estudiar si corresponde hacer lugar al pedido presentado por los accionantes.
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Justicia ordena suspensión total de la causa penal que afectaba a Ana Kim y directivos
La jueza Cinthia María Garcete Urunaga hizo lugar a la cuestión prejudicial y ordenó la suspensión total del proceso penal contra Elizabeth Kim Jang, Ana Kim Jang, Namjun Kwon, Alexis Florentín Gauto y Antonio Ramón Galeano Vega.
El caso tiene que ver con una supuesta retención de dinero por el rescate de acciones, aunque este pago se encuentra en pleno juicio civil de cobro de guaraníes, según expediente n.º 135/2026)
En efecto, el juzgado de garantías n.º 5 de Ciudad del Este frenó el avance del proceso penal hasta que se resuelvan las controversias civiles y comerciales que sustentan las acusaciones y cuyos antecedentes la Fiscalía utilizó como elementos de convicción sin siquiera realizar diligencias previas, con total desconocimiento de los afectados.
Para la defensa, el fallo deja al descubierto una actuación arbitraria por parte de la Fiscalía, que imputó apresuradamente delitos graves por un conflicto entre socios que ya se estaba tramitando en el fuero civil y comercial.
En vez de esperar a que la justicia civil defina si las deudas existen o si las asambleas son válidas, el Ministerio Público se apuró a armar una causa penal sobre hechos que todavía estaban en plena discusión comercial.
A esto se sumó la postura de la querella, que, según cuestionó la defensa, abusó de sus derechos procesales al pretender usar la vía criminal como un método de presión para doblarles el brazo a los imputados y cobrar por la fuerza lo que debe resolverse en el ámbito mercantil.
La resolución dejó en claro tres puntos clave:
Apropiación y deuda pendiente de definición: se acusaba una supuesta retención de dinero por el rescate de acciones, pero ese pago está en pleno juicio civil de cobro de guaraníes (Expte. N.º 135/2026). Si un juez civil todavía no determinó si existe la deuda o cuánto se debe, esa definición resulta necesaria para evaluar la acusación penal por apropiación.
Estafa y lesión de confianza sujetas a la decisión civil: todo el reclamo por las asambleas y la distribución de acciones se está juzgando en la demanda de nulidad civil (Expte. N.º 150/2026). Si la justicia civil confirma que los actos de la empresa fueron legales, esa decisión incidirá directamente en el sustento de las acusaciones penales.
Protección a los imputados: la resolución bloqueó cualquier intento de citar a los imputados para imponerles medidas cautelares o restricciones a su libertad mientras la causa penal siga suspendida. Para la defensa, resultaba absurdo querer aplicar medidas coercitivas sobre hechos cuya validez ni siquiera está definida en el fuero correspondiente.
Al final, hasta la propia Fiscalía terminó aceptando la suspensión ante los argumentos presentados por la defensa. Para el equipo jurídico de los afectados, esta resolución no solo frena un manoseo penal injustificado, sino que rectifica un procedimiento torcido y recuerda que la justicia penal no está para resolver peleas comerciales ni para prestarse al juego de querellas abusivas.
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Pobladores de Nueva Asunción se movilizaron para exigir justicia por Sara Prieto
Los familiares y ciudadanos de Nueva Asunción, departamento de Presidente Hayes, se manifestaron para exigir justicia por Sara Prieto, presunta víctima de feminicidio. De acuerdo con la denuncia pública, el caso pretende ser catalogado como un suicidio; motivo por el cual la justicia ya ordenó la libertad del principal sospechoso del suceso. Asimismo, la comunidad critica la supuesta protección política brindada a la pareja de la víctima.
A pocas horas de realizarse el sepelio de la joven de 18 años, sus familiares, amigos y vecinos se autoconvocaron para exigir que su muerte no quede impune ni se archive bajo la carátula de suicidio. La indignación popular estalló al confirmarse la liberación de Carlos Walter Mencía, pareja de la víctima y principal sospechoso de haber perpetrado el crimen.
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La joven fue encontrada sin vida en el baño de la vivienda que compartía con Mencía. La investigación preliminar revela que el cuerpo presenta hematomas y marcas de agresiones físicas que encendieron las alarmas de los peritos. Pese a estas evidencias y al historial de maltratos relatado por la familia, la justicia dispuso la libertad del sospechoso en tiempo récord, lo que generó el repudio generalizado de la comunidad.
Guillermo Prieto y María Estigarribia, padres de la víctima, encabezaron la movilización sumidos en el dolor por la falta de justicia, pero adelantaron que seguirán con sus reclamos en memoria de su hija.
El padre hizo un llamado desesperado a las autoridades judiciales para que la causa no quede en el oparei. Prieto aseguró que la Fiscalía cuenta con elementos suficientes en su poder, incluyendo capturas de pantalla, audios de WhatsApp y mensajes de texto que evidencian las amenazas y los constantes episodios de violencia de género a los que era sometida la joven.
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Justicia realizó transferencia de G. 25.000 millones y USD 11 millones a la Senabico que fueron comisados a RDG
El Juzgado de Ejecución Penal Especializado en Crimen Organizado y Delitos Económicos N.º 1 de la Capital, a cargo de la jueza Sandra Kirchhofer, realizó este viernes 30 de octubre la entrega de certificados de depósito de ahorro (CDA) correspondientes a dos entidades bancarias, en el marco de la causa por lavado de dinero que involucra a Ramón González Daher y a su hijo. Como parte de esta actuación, la magistrada confirmó la transferencia de fondos a la cuenta de la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico).
La jueza precisó que la transferencia de fondos comprendió G. 25.000 millones y USD 11 millones. Detalló que, en relación con la suma en moneda nacional, se entregaron seis certificados de depósito como parte de las medidas de ejecución patrimonial dispuestas por el juzgado.
Kirchhofer calificó esta actuación como histórica para la Justicia paraguaya por la magnitud de los recursos involucrados y su vinculación con una causa emblemática en materia de lavado de dinero. Asimismo, señaló que el caso figura en los registros del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat).
Al referirse al alcance de la ejecución del comiso, la jueza manifestó: “Esta es una muestra de que la Justicia no solo impone sanciones de penas privativas de libertad, sino que también privamos de los beneficios del delito, tanto económicos como patrimoniales, a las personas que fueron condenadas por determinados hechos punibles”.
La magistrada destacó que la entrega de los certificados no constituyó únicamente un acto protocolar, sino el resultado de varios años de trabajo del juzgado a su cargo para dar cumplimiento a las decisiones judiciales relacionadas con la recuperación de bienes.
En ese sentido, expresó su expectativa de que estos recursos sean administrados por el Estado de manera responsable, transparente y eficiente, en beneficio de la sociedad. Finalmente, informó que aún quedan 15 certificados de depósito pendientes de transferencia y presentación ante el juzgado en el marco de la misma causa.
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