El exintendente de Asunción, Mario Ferreiro, se presentó en la Fiscalía donde solicitó una audiencia con la fiscal general, Sandra Quiñónez, luego que su abogado, Guillermo Ferreiro, divulgara audios que supuestamente revelaban un plan para sacarlo de la Municipalidad.

“Hay una necesidad de golpear fuerte o masacrar. Si nos van a masacrar en términos jurídicos tenemos abogados para defendernos. Camilo siempre amenazó con liquidarme", expresó Ferreiro, exintendente de Asunción a su llegada a la sede central del Ministerio Público sobre la calle Chile en Asunción.

Ferreiro incluso afirmó que teme por su vida y la de su familia, ya que en los materiales afirma que se escucha supuestamente a Camilo Soares referirse sobre una supuesta “operación masacre”. Considera que todo esto formó parte de una estrategia política.

“La operación masacre es una determinación que asusta. Ahora acaban de escaparse 75 especialistas en masacres, yo tengo hijos menores, una mujer que cuida mí casa y a mis hijos, tengo una vida social y familiar que no tiene ninguna protección especial”, expresó.

El abogado del ex jefe comunal manifestó que cuen­tan con pruebas contunden­tes que estarían involucrando aparentemente a Camilo Soares dentro de un plan para lograr llevar a cabo la destitu­ción y la imputación de Ferreiro.

“En vista a los audios difundidos por mi abogado, que son de público conocimiento y comprometen seriamente el actuar de la Fiscalía, solicito con carácter urgente, audiencia con la señora Fiscal General en la brevedad posible”, dice el documento presentado por Ferreiro.

Ferreiro está imputado por los cargos de coacción, coacción grave, lesión de confianza y trá­fico de influencias. El ex jefe comunal manifestó que continúa dispuesto a acompañar la investigación.

El Ministerio Público a partir de la imputación tendrá seis meses para presentar una acusación contra el comunicador, quien es inves­tigado por una supuesta apertura de caja paralela en la administra­ción municipal de Asunción.

Ferreiro debe comparecer una vez al mes ante un juez asignado, tiene la prohibi­ción de salir del país, de comunicarse con los demás procesados por esta causa y el ingreso a la sede comunal.

Primeramente, la Fiscalía se apoyó en una denuncia donde se hace referencia a un grupo de Telegram llamado “Asado de fin de semana”, donde estaban algu­nos funcionarios municipales. Supuestamente, allí se negociaban la recaudaciones paralelas y Ferreiro habría estado en conocimiento de ello.

Se denunció que a través de ese mecanismo aparentemente pedían coimas a empresas que competían en licitaciones para que­darse con las adjudicaciones.