Luego de que el Ministerio del Interior, Euclides Acevedo, anunció que personal del Grupo Lince utilizarán máscaras para no mostrar sus rostros y que igualmente no usarán portanombre. Desde el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) expresaron que esto va en contra de la normativa internacional de derechos humanos y las garantías constitucionales.

“Las iniciativas planteadas van en contra de la normativa internacional, las recomendaciones de los organismos internacionales de derechos humanos, las garantías constitucionales y en contra de la propia reglamentación de la Policía Nacional referente al uso de la fuerza”, expresaron.

Aseguraron que los agentes deben cumplir con la normativa nacional e internacional referente a los procesos de aprehensión, al respeto de los derechos humanos. “Además debe implementar medidas que prevengan situaciones de torturas y tratos crueles inhumanos o degradantes”.

Recordaron que la policía no tiene potestad para retener o demorar para identificar a las personas o por cualquier otro motivo que implique una aprehensión en virtud a lo dispuesto expresamente en el artículo 239 del Código Procesal Penal: “ninguna persona puede ser detenida ni arrestada sin orden escrita de una autoridad competente, salvo caso de ser sorprendida en flagrante comisión de delito que mereciese pena corporal o cuando la misma se haya fugado de un establecimiento penal”.

“Así también a que toda persona sometida a cualquier forma de detención o prisión debe ser tratada humanamente y con el respeto debido o la dignidad inherente al ser humano, entre otros principios”, ratificaron.

Durante el servicio, el policía uniformado siempre deberá ser identificado como tal, para lo cual debe llevar puesto su uniforme reglamentario. En el bolsillo de la camisa, claramente visible y fácilmente legible, llevará su nombre. El policía debe portar siempre su identificación oficial que lo acredite como miembro de la Policía Nacional.

La no identificación del personal policial es una clara medida de regresión en materia de protección de los derechos humanos de las personas aprehendidas/detenidas, de prevención de la tortura y propicia la impunidad hechos de torturas y tratos crueles inhumanos o degradantes.