Ramón González Daher y su hijo Fernando González Karjallo, ya abandonaron la sede del Ministerio Público para trasladarse a bordo de una patrullera hasta el Palacio de Justicia para la audiencia de imposición de medidas. Será ante el Juez Humberto Otazú, que decidirá si otorga prisión preventiva o medidas alternativas, en el marco de la causa por usura y lavado de dinero, informó Universo 970 AM.

El padre está imputado por lavado de dinero y usura, mientras que su hijo fue procesado por lavado de dinero. Jorge Bogarín, el abogado de González Daher, señaló que solicitará que el acusado no vaya a la cárcel. “Vamos a pedir la libertad ambulatoria o prisión domiciliaria. En principio estamos hablando de dos denuncias concretas, una de Gs. 500 millones y otra de Gs. 20 mil millones”, expresó Bogarín.

Por su parte, el fiscal Osmar Legal aseguró que no existen cambios en cuanto al pedido de prisión preventiva para González Daher luego de su declaración indagatoria. Aseguró que la decisión de enviar o no a prisión depende exclusivamente del juez.

Agregó que cuentan con dos denuncias concretas, una por Gs. 500 millones y otra por Gs. 20 mil millones que iniciaron la investigación contra González Daher. "La Fiscalía teme que los procesados si quedan en libertad puedan negociar y llegar a un acuerdo entre las partes. No es arraigo sino la obstrucción investigativa lo que podría existir. Pensamos que habrían más víctimas”, manifestó Legal.

El hombre se retiró de su domicilio esta madrugada para ir hasta su oficina, donde analizó cómo enfrentar la acusación en su contra. La audiencia estaba marcada para las 07:00 de esta mañana en la Unidad de Delitos Económicos de la Fiscalía. Sin embargo, llegó pasadas las 12:00 del mediodía.

González Daher está acusado de manejar, en un caso, Gs. 500 millones cobrando porcentajes de intereses que rondan el 100%, cuando el Banco Central del Paraguay (BCP) determina un límite de 40%, por lo que sobrepasa el límite para realizar prestamos. Las víctimas de usura serían 280 personas, varias habrían perdido sus casas para compensar las prestaciones del imputado. “Tenemos la sospecha que estaba inyectando dinero mediante actos ilícitos como usura”, declaró Legal.