Fue presentado un informe en el que se abordan cifras alarmantes del embarazo adolescente además de las consecuencias socioeconómicas en el Paraguay.

Se trata del estudio “Consecuencias socioeconómicas el embarazo adolescente en Paraguay” - MILENA 1.0, que se presentó esta mañana y el cual estima el impacto económico y social del embarazo y de la maternidad adolescente en los años 2017 y 2018, por el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA).

Al respecto, Mirtha Rivarola, oficial a cargo del UNFPA Paraguay, indicó que esta publicación muestra todo lo que significa el costo del embarazo en adolescentes. “Las evidencias que se presentan en el estudio nos interpela a tomar acción de manera urgente para cumplir con la promesa de que ninguna niña, ninguna adolescente quede atrás y de esa manera también estaremos cumpliendo con los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) que van a ser refrendados en Nairobi en esta semana” sostuvo.

En Paraguay, la mitad de las niñas y adolescentes de -entre 10 y 19 años- que tuvieron hijos, sólo tiene educación primaria, un 46 % tiene la secundaria, 3,7 % terciaria; 2,6 % universitaria y el solo el 1,1 % llega al posgrado.

Señalan que a pesar de los avances en el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, nuestra región presenta la segunda tasa de fecundidad adolescente más alta del mundo. Dos de cada tres nacimientos ocurren en los países del Cono Sur y Paraguay es el que ostenta la más alta tasa de fecundidad adolescente en la subregión: 72 nacimientos por 1.000 mujeres entre 15 a 19 años.

El embarazo adolescente y la maternidad temprana impactan en las vidas de niñas y adolescentes, en sus familias y en las futuras generaciones, y contribuyen a sedimentar las inequidades sociales, de género, sanitarias y económicas. El 5 % de las adolescentes entre 15 a 19 años que viven en situación de pobreza han tenido al menos un hijo o hija antes de los 15 años, este porcentaje se duplica en adolescentes indígenas y es 0 en adolescentes del quintil más favorecido, lo que nos habla del estrecho vínculo entre esta problemática y la desigualdad social.

El embarazo de niñas y adolescentes es el rostro de la desigualdad en Paraguay. Este estudio demuestra que, además, representa una gran pérdida económica para el país y nos alienta a que se tomen medidas urgentes para prevenirlo y garantizar que niñas y adolescentes tengan vidas plenas y felices.

Cada año los servicios públicos de salud de Paraguay destinan unos 6,7 millones de dólares para atender embarazos y partos de adolescentes. En el año 2018 se atendieron 12.231 partos de adolescentes entre 10 y 19 años (el 16,5% del total de partos de todas las edades durante ese año) en los establecimientos de salud del MSPyBS.

Con un costo promedio ponderado de 3,08 millones de guaraníes (USD 548) por cada embarazo esto incluye cuidados prenatales y durante el parto, complicaciones obstétricas y las atenciones al recién nacido–. El gasto total por parte del MSPyBS ascendió a 37,68 mil millones de guaraníes (USD 6,7 millones). Esto equivale al 0,0132% del PIB de 2018, y al 0,9% del presupuesto ejecutado por esta cartera de Estado durante ese mismo año. Este cálculo representa un piso del gasto por embarazo, porque los datos oficiales no revelan costos asociados, como asistencia psicológica, transporte, medicamentos u otros, que son asumidos por la embarazada o sus familiares.

Por otra parte, el estudio plantea ¿cuánto costaría prevenir un embarazo adolescente y evitar esas pérdidas para la mujer y para el Estado Paraguayo? Supongamos que se incorpora en Paraguay una política que permite a toda adolescente que lo decida, acceder a un método anticonceptivo moderno reversible de larga duración. Consideremos, entonces, que esa política se centrará en aumentar la oferta, del Dispositivo Intrauterino (DIU o T de Cobre) y del implante subdérmico de levonorgestrel. Ambos permitirían que una adolescente de 15 años esté protegida frente a embarazos no intencionales hasta ser mayor de edad o hasta concluir sus estudios secundarios.

Adquiridos a través de la plataforma de compras de UNFPA (www.UNFPA Procurement.org) cada DIU cuesta USD 0,32 y cada implante subdérmico de levonorgestrel USD 8,5. Si comparamos el costo directo de adquirir cada uno de estos métodos de larga duración, con el costo médico que representa para el Estado atender a las adolescentes embarazadas (USD 548), verificamos que por cada adolescente con hijos atendida se hubiera podido cubrir a 1.713 adolescentes con DIU o a 64 con implantes de levonorgestrel.

En tanto que la propuesta del UNFPA aborda 10 puntos.

1. Fortalecer los servicios de salud integral para adolescentes, basados en estándares de calidad, incluyendo la oferta de orientación y de anticoncepción, en particular de los métodos anticonceptivos modernos de larga duración y el protocolo de atención en caso de abuso sexual.

2. Sensibilizar, capacitar y entrenar a las y los profesionales de salud en la oferta libre e informada de anticonceptivos para adolescentes, reduciendo las barreras culturales y económicas de acceso.

3. Consolidar la educación sexual integral (ESI) dentro y fuera de la escuela, basada en evidencias, con enfoque de derechos, y adecuada al grado de desarrollo de adolescentes, involucrando a las familias y a las comunidades, y con un sistema de información que permita medir el alcance de las acciones.

4. Sensibilizar, capacitar y entrenar a docentes en los contenidos de educación sexual integral.

5. Desarrollar esfuerzos combinados de ESI, con turnos protegidos en los servicios de salud para adolescentes que busquen consejería y oferta de anticonceptivos.

6. Utilizar las nuevas tecnologías a fin de promover el acceso de personas adolescentes a información sobre prevención de abuso sexual, anticonceptivos, servicios de salud sexual y reproductiva (turnos, localización, ubicación y horarios de atención), y adónde acudir en caso de abuso sexual.

7. Implementar campañas de comunicación dirigidas tanto a adolescentes como a la población en general para prevenir el embarazo adolescente y desnaturalizar el abuso sexual.

8. Incorporar dispositivos innovadores para promover el acceso de adolescentes a los anticonceptivos, como las unidades móviles de atención en salud sexual y reproductiva que hacen rondas con circuitos y horarios previamente establecidos y conocidos y también dispensadores de preservativos.

9. Fortalecer el sistema de información que permita el monitoreo y evaluación de la política identificando la cantidad de adolescentes que han sido protegidas en cada servicio y localidad, cuál es su nivel de adherencia al uso de cada método. Así como el número de embarazos adolescentes no intencionales, y cuánto se gasta y cuánto se ahorra con la política.

10. Ampliar el alcance y cobertura efectiva de las instituciones intervinientes en la ruta intersectorial de atención integral de víctimas de abuso sexual.