Demandas en el ámbito judicial y acciones varias en el departamento de Alto Paraná se están llevando a cabo para esclarecer y eventualmente “conseguir sanciones contra las autoridades de Hernandarias que avalaron la agresión de la que fuimos objeto en ocasión de la marcha que organizó la comunidad LGTBI”, expusieron a La Nación, Emilio Martínez, Francesca Galatti, Kimberly Ayala y Martín Vera.

Expusieron también la sospecha de que “el “sabanazo”, la reaccionaria manifestación de ese grupo de Hernandarias, fue algo organizado y solventando con fondos públicos, pedimos a la justicia que investigue porque es grave”, apuntaron.

La idea es realizar un festival el próximo sábado 26 de octubre en Ciudad del Este para solidarizarse con los agredidos y “dejar en claro el derecho a la diversidad que está consagrado en la Constitución”, expuso Martínez recordando que las resoluciones del intendente de Hernandarias, Rubén Rojas, “son claramente inconstitucionales, no se puede prohibir una marcha, no se puede alentar la violencia desde el poder”, apuntó.

En la oportunidad se pondrán a disposición servicios de atención a la gente concertados con los ministerio de Salud (MSP) y del Interior (MI), servicios médicos y de cedulación, principalmente buscando ir hacia la comunidad con “un mensaje de convivencia, respeto y tolerancia”, expusieron.

Las activistas trans Galatti y Ayala criticaron el accionar de la policía que “en todo momento se paró como para proteger a los agresores de nosotros que estamos haciendo una manifestación pacífica. No movieron un dedo para atajar los piedrazos, los honditazos y los ataques cuerpo a cuerpo que sufrimos en la jornada”, comentaron.

Apoyados por la organización Somos Gay realizaron en la semana una serie de presentaciones y mesas de debate público en el que “dejamos en claro que lo que necesitamos todes en el país es exigir a las autoridades que haya salud, educación, vivienda, no estar peléandonos por la opción sexual del prójimo”.