El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) informó que están realizando el seguimiento de las recomendaciones del Programa Piloto de Prevención de la Pena Anticipada, desarrollado el pasado año en Itapúa y Alto Paraná, con alcances a Canindeyú.

Explicaron que esta situación afecta a personas que se hallan en prisión preventiva más tiempo del máximo legal permitido y ya estarían purgando pena sin haber llegado a juicio.

Según el informe el programa detectó 15 casos en los centros penitenciarios de Itapúa y 28 casos en Alto Paraná. “Es el resultado del relevamiento, la revisión y el cruzamiento de datos con el Juzgado de Ejecución Penal y el Ministerio de la Defensa Pública. El MNP elevó un informe al respecto con las recomendaciones sobre cada caso, a las respectivas circunscripciones judiciales”.

El comisionado José Antonio Galeano, coordinador del programa del MNP, desarrolló una agenda de diálogo con autoridades judiciales, acompañado por el asesor jurídico de la institución, Hugo Valiente.

En Itapúa, el MNP se reunió con el presidente de la Circunscripción Judicial, Rodolfo Mongelós Arce; y la jueza de Ejecución Penal, Laura Benítez. Así también con el coordinador del Ministerio de la Defensa Pública, Robert Acuña, y la defensora Eli Rocío Molas, con quienes coordinaron estrategias de apoyo en los casos de defendidos que se hallan en situación de pena anticipada.

Para los casos de Alto Paraná, en encuentro fue con el presidente de la Circunscripción Judicial, Isidro González; la jueza penal de garantías del sexto turno de Ciudad del Este, Cintia Garcete; y los jueces de ejecución penal, Lilian Benítez y Aldo Moreira.

Así también, el MNP se reunió con la coordinadora del Ministerio de la Defensa Pública, Margarita Martínez; y con el fiscal delegado para las circunscripciones de Itapúa, Alto Paraná y Canindeyu, Edgar Moreno.

En relación a las personas privadas de libertad en Ciudad del Este cuyos casos se hallan en la circunscripción de Canindeyú, el MNP dialogó con el presidente de la circunscripción judicial, Gustavo Britez, y la jueza de ejecución penal, Arminda Alfonso. En iguales términos se conversó con la defensora pública Luz Torres, del MDP en Salto del Guairá.

Las reuniones permitieron observar el proceso de implementación de la nueva ley que modifica el artículo 245 del Código Procesal Penal sobre las medidas sustitutivas a la prisión preventiva.