Los fiscales Monalisa Muñoz y Jorge Romero, de la Fiscalía de la Niñez y la Adolescencia, se constituyeron ayer en zona de la Terminal de Ómnibus de Asunción, específicamente en inmediaciones de la escuela María Felicidad González, para constatar una denuncia sobre la presencia de niños de pueblos originarios en situación de calle que inhalan cola de zapatero, según constató un equipo de La Nación, que recorrió la zona los días 26 y 27 de junio.

La fiscala Muñoz afirmó que se trata de un tema muy complejo, pues no siempre son los mismos niños. Agregó que pidieron a la comuna capitalina que verifique el estado de un predio baldío que está ubicado al lado de la institución educativa.

El procedimiento se efectuó en forma conjunta con funcionarios de la Dirección de Derechos Étnicos del Ministerio Público, quienes sugirieron conversar y de brindar asistencia, pero mencionaron que no pueden ser obligados, porque están amparados por su derecho consuetudinario.

Al constituirse en el sitio, los fiscales constataron la situación de calle de 27 niños, de los cuales varios de ellos se encontraban bajo efecto de drogas y no pudieron ser rescatados debido a que estaban con sus padres, que se encontraban en estado etílico.

Según un boletín del Ministerio Público, el hecho de estar con sus progenitores, ampara a los niños por normas de derecho consuetudinario de rango constitucional, al ser precisamente miembros de pueblos originarios. Además, dicho amparo está regido bajo sanciones internacionales.

El informe señala que los menores de edad fueron asistidos e inspeccionados por médicos del Ministerio de Salud Pública, para constatar el estado en que se encuentran. Por último, el fiscal Jorge Romero conversó con los padres, que según datos manejados por los agentes de la Policía Nacional, son los adultos quienes proveerían las sustancias ilícitas a los niños y adolescentes.

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