En el 2018 se registraron 121 casos, lo que indica que sigue siendo alta la discriminación y las acciones violentas hacia las personas LGTBI.

Rohendu es el servicio gratuito de atención telefónica para LGTBI impulsado y sostenido desde 2013 por Aireana, grupo por los derechos de las lesbianas. Las líneas gratuitas son 0800 110 108 y (0981) 110-108 que son atendidas por diferentes profesionales y las mismas están habilitadas de lunes a viernes en el horario de 13:00 a 20:00. Una vez recogida la denuncia, el procedimiento de atención en los casos necesarios, cuenta con el acompañamiento de abogadas.

En el 2018, se registraron 121 casos en el servicio, la discriminación y acciones violentas dentro de las familias siguen siendo el factor que más se repite en la vida de las personas LGBT en Paraguay, además de las denuncias relacionadas con discriminación en ámbito del trabajo, donde las mujeres no se sienten seguras de denunciar las situaciones que las afectan.

Explicaron que una de las causas es el aumento de los discursos de odio desde el Estado, municipios y hasta las mismas cámaras del Congreso, que buscan imponer sus creencias a través de resoluciones conservadoras en contra de la perspectiva de género y la identidad sexual. Sin embargo, llegan solicitudes de ayuda o pedidos de información por parte de funcionarias/os, con preocupación por la falta de herramientas que tienen para afrontar el trato a personas LGBT.

Indicaron que el objetivo principal de Rohendu es brindar un servicio de atención y asesoramiento a personas en casos de discriminación por orientación sexual e identidad o expresión de género, en un marco de absoluta confidencialidad y garantizando el acompañamiento de profesionales en los casos que requieren denuncias ante instituciones públicas o privadas. También asesora, da información, orienta sobre temas de derechos LGTBI.

Desde sus inicios Rohendu se ha posicionado de manera empática para acompañar a las personas con denuncias de discriminación que en otros ámbitos no son tomadas en cuenta o generan represalias en contra de las víctimas, ámbitos como el de las instituciones públicas, que deberían garantizar universalidad de derechos: ministerios, secretarías, la fiscalía y la policía nacional.