La Junta Municipal de Asunción, en sesión ordinaria y por voto a favor de mayoría de concejales, aprobó este miércoles el permiso correspondiente para dar “luz verde” al inicio de las obras del Corredor Vial del Jardín Botánico.
El proyecto ahora pasa al Ejecutivo Municipal, a cargo del intendente Mario Ferreiro, para su acuerdo correspondiente.
Así confirmó Óscar “Nenecho” Rodríguez, presidente del legislativo municipal capitalino, en comunicación radial con la 970 AM.
“Hemos decidido votar a favor de la ciudadanía. Es una obra que necesitamos”, dijo el edil de extracción colorada.
Rodríguez aclaró que en la franja prevista para la construcción del corredor, no se encuentran árboles frondosos que puedan ser derribados.
Agregó que lo importante es que, en modo de compensación de las áreas que serán intervenidas, el Jardín Botánico recibirá 32 hectáreas de espacio verde.
“Hace tiempo el Jardín Botánico viene desmembrándose y es la primera vez que se realizará está compensación”, dijo el titular de la Junta.
Corredor, obra impostergable
La Municipalidad de Asunción utilizó sus redes sociales para brindar mayor información acerca de las obras del Corredor Vial Botánico y la realización de dos viaductos en la zona del Jardín Botánico y señalan que las ejecuciones se dan en el marco de una obra impostergable para la Ciudad de Asunción.
En el material audiovisual, el intendente de Asunción, Mario Ferreiro, se refirió a las obras y dijo que se habla de 2 viaductos, uno de 400 metros y otro de 1300 que afectan 1,6 hectáreas del Botánico. “Mucho se trabajó, como hace 2 años se viene trabajando, buscando todas las soluciones. Por una parte, buscar la modificación de la ordenanza que regula el Jardín Botánico, eso permitirá aplicar el convenio que tenemos con el MOPC, que es una mitigación donde entran las 32 hectáreas de las Fuerzas Armadas y una cantidad de obras y mejoras, tanto adentro del Botánico como fuera de él” expuso.
Mencionó además la importancia de la certeza y no la promesa de la transferencia o la cesión por un tiempo determinado que suele de ser de 30 o 40 años de un terreno que es del Estado.