A través del decreto Nro. 1.682, el presidente Mario Abdo Benítez concedió el indultó a personas privadas de su libertad, que fueron condenadas por diferentes instituciones penitenciarias del Ministerio de Justicia.

Se trata de Mirna Elisa Ávalos, quien guarda reclusión en el Buen Pastor por homicidio doloso y María Vicenta Cáceres quien cumple condena en el penal Juana de Lara por tráfico de estupefacientes. Juan Abreu Álvarez, recluido en la cárcel de Coronel Oviedo por tráfico de drogas y Robert Miranda López, quien guarda en Villarrica por homicidio doloso.

El artículo 238 inciso 10 de la Constitución Nacional faculta al presidente de la República a conceder el indulto con informe previo elaborado por la Corte Suprema de Justicia que informa sobre la situación de las personas privadas de su libertad que pueden ser beneficiadas.

Se encomienda al Ministerio implementar trabajos de apoyo y seguimiento para los beneficiados por el indulto. El objetivo del mismo es efectivizar los fines constitucionales de protección a la sociedad y garantizar la readaptación de los indultados.