El presidente de la Cámara de Anunciantes del Paraguay (CAP), Carlos Jorge Biedermann, manifestó que la prejudicialidad administrativa es una garantía para el ciudadano contribuyente porque permite hacer efectiva la garantía constitucional de la presunción de inocencia y no está de acuerdo con su derogación.

Sostuvo que todos somos inocentes hasta que se demuestre fehacientemente la culpabilidad, por lo que por falsas acusaciones se podría causar daños morales y económicos irreparables.

“Creemos que una solución es controlar el cumplimiento de los plazos legales y mejorar el sistema judicial, de manera a ofrecer garantías de objetividad, transparencia y eficiencia a todos los ciudadanos en general y a los contribuyentes en particular”, dijo Biedermann.

Para la CAP, la administración tributaria no puede delegar la competencia de definir si existen hechos o faltas que ameriten el inicio de un proceso penal. También comentó que en caso de que se estableciera un resarcimiento económico por una acusación falsa, eso casi nunca repara el daño moral o el daño a la imagen o reputación del afectado.

La CAP no está de acuerdo con la derogación de la prejudicialidad administrativa ya que se dejaría de lado al ciudadano particular o corporativo a merced de acusadores, que podrían imputar y afectar gravemente sin el debido proceso legal, de acuerdo a un comunicado emitido por el ente.