Por Rocío Gómez. (rocio.gomez@gruponacion.com.py)
Debido a la denuncia de atropello y desaparición de personas del pueblo indígena Avá Guaraní, el fiscal Vicente Rodríguez visitó ayer la comunidad Tacuara’i, del distrito Corpus Cristhi, departamento de Canindeyú.
El fiscal sostuvo que no se puede corroborar si se trató de un desalojo de forma violenta por disparos de armas o si fue un abandono de tierras de forma pacífica. Alegó que no se encontraron cartuchos, pero que “hay chozas y otras pruebas de que los indígenas estaban dentro del predio”.
El sábado, la propietaria paraguaya Karina Riveros contrató a una escribana para constar que ningún indígena se encontraba en el lugar. Rodríguez acota que “la estancia está en la frontera seca, por lo que es viable que brasileños podrían haber perpetrado el supuesto ataque.”
Lo llamativo del caso es la falta de pruebas audiovisuales del ataque. “Necesitamos videos que prueben el desalojo”, sostiene la fiscalía. Además, al preguntar a los nativos por los heridos del supuesto ataque, para brindarles asistencia o traslado, el fiscal explicó que “ellos no acudieron al centro asistencial, y no se encontraban” allí para ser asistidos.
Respecto a los desaparecidos, el Ministerio Público libró oficios, a la Policía Nacional y delegando al fiscal para buscar a las personas desaparecidas. Sobre el menor Vladimir López, que se encontraría entre los desaparecidos, solo se sabe el nombre, los nativos no tienen ni fotos ni el nombre de la madre o de la hermana con la que vive.
Las denuncias
El fiscal constató la denuncia por supuesta desaparición de dos personas avá guaraní, Ellos son Vicente Oliveira Larrea, de 34 años de edad, y Pablino Oliveira Benítez, de 32 años de edad. La denuncia fue realizada por la madre de ambos, Lidia Benítez.
También fue transcripta y presentada la denuncia de Silvia Recalde García, perteneciente al pueblo Avá Guaraní, por supuesto hecho de atropello y disparo de arma de fuego, hecho ocurrido el sábado 11 de noviembre.
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La formalización de tierras, una llave para reducir la pobreza y dinamizar la economía
La seguridad jurídica sobre la propiedad puede impulsar la inversión, facilitar el acceso al crédito y mejorar los ingresos fiscales. Hugo Jiménez, asesor de la UGP, plantea la necesidad de modernizar el sistema de administración de tierras en Paraguay para transformar activos en oportunidades de desarrollo.
Propiedad y desarrollo económico. La pobreza no se limita a la falta de ingresos, también comprende dificultades para acceder a vivienda, salud, educación y condiciones de vida dignas. En este contexto, la formalización de los derechos de propiedad representa una herramienta para mejorar las oportunidades económicas, especialmente en países donde una parte importante de los activos permanece fuera de los registros oficiales.
Para Hugo Jiménez, asesor de la Unión de Gremios de la Producción (UGP), contar con títulos de propiedad permite que los bienes puedan convertirse en capital, respaldar inversiones y facilitar el acceso al financiamiento.
“Los derechos de propiedad no tan solo son fundamentales para reducir la pobreza sino, además, son instrumentos efectivos para crear riqueza”, sostiene.
El economista peruano Hernando de Soto, citado por Jiménez, plantea que muchas personas en países en desarrollo poseen viviendas y tierras, pero carecen de documentación que permita utilizarlas como garantía para préstamos o inversiones. Esta situación limita su capacidad de mejorar sus activos y generar nuevas actividades económicas.
Paraguay y el desafío de ordenar la tierra. El Índice Internacional de Derechos de Propiedad 2025 ubica a Paraguay en el puesto 90 de 126 países, con una puntuación de 4,138 sobre 10. El resultado refleja desafíos en materia de seguridad jurídica y administración de los bienes.
Jiménez considera que el país necesita avanzar hacia un sistema integral de administración de tierras que permita actualizar los registros, reducir las dificultades en el mercado inmobiliario y mejorar el ordenamiento territorial.
La creación del Registro Unificado Nacional (RUN), que reúne las funciones de registros públicos, catastro y agrimensura, representa una oportunidad para corregir inconsistencias históricas en los inventarios.
“En los registros de tierras aún están anotadas superficies a nombre de instituciones y empresas que hoy son asiento de colonias enteras o propiedades privadas”, advierte.
El impacto en el agro y los municipios. La regularización de la tenencia tiene implicancias directas para el sector agropecuario. La falta de títulos limita las posibilidades de acceder a financiamiento, invertir en infraestructura y desarrollar plenamente el potencial productivo de los establecimientos.
A esto se suma la situación de miles de familias en asentamientos urbanos y periurbanos, cuyos terrenos carecen de documentación formal, dificultando mejoras en viviendas, servicios sanitarios y acceso al agua segura.
El problema también alcanza a instituciones públicas. Según Jiménez, más de un millar de locales de salud y educación no cuentan con títulos de propiedad, una condición que restringe las inversiones en infraestructura.
En el ámbito municipal, la actualización de catastros constituye otro desafío. El asesor señala que seis de cada diez municipios no tienen catastros actualizados, lo que limita la identificación de inmuebles y reduce el potencial de recaudación del impuesto inmobiliario.
Con las nuevas autoridades municipales ya asumidas, el especialista considera prioritario avanzar en esta tarea para fortalecer los ingresos locales y mejorar la planificación territorial.
“La formalización de la propiedad, no solo ofrece seguridad jurídica, sino que también puede convertirse en una herramienta para ampliar las inversiones, mejorar la productividad y generar condiciones para un desarrollo económico más inclusivo”, concluye Jiménez.
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Paraguay expondrá su experiencia de titulación campesina en reunión del Mercosur
Las décadas de paciencia, sacrificio y trabajo honesto de las familias rurales del Paraguay alcanzan un reconocimiento histórico que cruza las fronteras, para participar de la Reunión Especializada sobre Agricultura Familiar del Mercosur (REAF). Mediante una invitación al titular del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) Francisco Ruíz Díaz, para participar como actor central en su XLV Sesión Ordinaria, a celebrarse en Montevideo, Uruguay.
El objetivo de la invitación formal es para compartir los avances en titulación y acceso a la tierra con el Instituto Nacional de Colonización del Uruguay. De este modo, la lucha campesina paraguaya llega al Mercosur, bajo el lema “El derecho al arraigo”, que se convierte en referente regional.
Este encuentro bilateral y regional tiene como propósito primordial articular políticas públicas de acceso a la tierra e intercambiar experiencias de titulación campesina entre el Indert y el histórico Instituto Nacional de Colonización (INC) del Uruguay, situando el protagonismo del productor rural paraguayo en el corazón de la agenda regional.
La tierra no es mercancía, es dignidad
Al respecto, Ruíz Díaz explicó que, durante más de un siglo, el modelo extractivo y la discrecionalidad mantuvieron al labriego humilde bajo el signo de la precariedad y la amenaza constante del desalojo. Hoy, el proceso de titulación masiva y regularización jurídica que lidera el Indert demuestra que el Estado ha retomado su rol moral irrenunciable: ser el padre protector que abriga, defiende y devuelve la tranquilidad al hogar campesino.
Destacó que este llamado del Mercosur no representa una simple formalidad diplomática de oficina; sino que encarna el triunfo de la palabra empeñada frente al viejo régimen de la incertidumbre:
- El campesino como constructor de soberanía: La comunidad internacional está siguiendo con atención el rostro de los miles de familias que hoy cuentan con un título definitivo que nadie les podrá arrebatar.
- Certeza jurídica contra los privilegios del pasado: Frente a quienes intentan desacreditar la dignificación rural tildándola de espectáculo, la región reconoce que en Paraguay se está derribando el peaje burocrático para erigir un verdadero escudo legal para los más humildes.
- El arraigo definitivo: La propiedad de la chacra deja de ser una dádiva de los grupos extractivos para consolidarse como una deuda histórica saldada con quienes alimentan y sostienen a la patria.
“La tierra no es un papel negociable al antojo de los poderosos: es el hogar sagrado de nuestros hijos y la raíz de nuestra identidad. Que los pueblos hermanos del Mercosur convoquen hoy al Paraguay para dialogar sobre nuestras políticas agrarias es la victoria moral de cada campesino que jamás bajó los brazos”, destacó el titular de la cartera rural.
Asimismo, resaltó que la presencia paraguaya en Montevideo sellará el compromiso de no dar un solo paso atrás en la defensa de la agricultura campesina, demostrando que cuando la autoridad asume con coraje su deber de cuidar a su gente, la justicia y la paz social se vuelven una realidad inquebrantable.
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Pindó sostiene que el arraigo de familias no otorga derechos de propiedad sobre las tierras
Desde la Agroganadera Pindó S.A. niegan haber promovido un amparo judicial y aclaran que el arraigo de las familias asentadas en el inmueble no constituye un título de propiedad.
La empresa pidió respetar los derechos de los propietarios y señaló que continúan las acciones judiciales iniciadas hace más de 14 años, en medio de investigaciones por actividades vinculadas al cultivo y procesamiento de marihuana en sectores del establecimiento.
En comunicación con La Nación/Nación Media, la abogada Margarita Colmán, representante legal de la Agroganadera Pindó S.A, explicó la situación jurídica del inmueble y los procedimientos judiciales actualmente en curso.
Teniendo en cuenta las recientes declaraciones públicas de representantes del asentamiento Primero de Marzo, quienes solicitaron al Gobierno la legalización de las tierras ocupadas en Estancia Pindó invocando el arraigo de más de 450 familias.
En ese sentido, mencionó que la empresa desmiente categóricamente haber promovido una acción de amparo ante el Juzgado de Katueté o cualquier otro órgano jurisdiccional, contrariamente a lo manifestado por uno de los abogados entrevistados.
“Las acciones civiles y penales impulsadas por los propietarios se iniciaron a raíz de la ocupación de sus inmuebles, hace aproximadamente catorce años, y continúan sustanciándose ante los órganos jurisdiccionales competentes, junto con las investigaciones que permanecen abiertas”, remarcó Colmán.
Arraigo no implica propiedad
De acuerdo a las declaraciones de los ocupantes y sus representantes, ellos fundamentan su pedido de legalización del asentamiento, en la permanencia de las familias durante casi quince años, así como en la existencia de escuelas, capillas, servicios básicos y actividades agrícolas y ganaderas en el lugar.
Sin embargo, la abogada Colman explicó que para la empresa se ratifica que estas condiciones no otorgan automáticamente derechos de propiedad sobre tierras de terceros y recuerda que el artículo 109 de la Constitución Nacional garantiza la inviolabilidad de la propiedad privada.
“Cualquier iniciativa estatal destinada a regularizar la situación territorial debe respetar los derechos de los propietarios y los procedimientos constitucionales y legales aplicables. La ocupación prolongada, la construcción de infraestructura y el desarrollo de actividades productivas no confieren automáticamente derechos de dominio sobre tierras pertenecientes a terceros”, remarcó.
Causa se elevó a juicio oral
Por otra parte, la abogada Colmán recordó que el Juzgado Penal de Garantías de Curuguaty dispuso elevar a juicio oral y público la causa contra Jorge Mercado Méndez, señalado por la Fiscalía como uno de los principales dirigentes de la ocupación. La decisión fue adoptada mediante el Auto Interlocutorio N.º 720, del 14 de octubre de 2026.
El magistrado rechazó los cinco incidentes presentados por la defensa y admitió las acusaciones por presunta invasión de inmueble ajeno, asociación criminal y detentación ilegal de arma de fuego.
La responsabilidad penal del acusado deberá determinarse durante el juicio, con respeto a la presunción de inocencia y al debido proceso.
Hallazgos de la Senad
La representante legal de la Agroganadera Pindó S.A. recordó además, los procedimientos realizados por la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), con cooperación de organismos de seguridad nacionales e internacionales. Indicó que en varios procedimientos, detectaron actividades vinculadas con la producción y el procesamiento de marihuana en sectores de Estancia Pindó, en medio de la prolongada controversia por la ocupación de los inmuebles.
Señaló que durante las intervenciones oficiales hallaron plantaciones ilícitas, campamentos presuntamente utilizados para actividades de narcotráfico y un laboratorio de procesamiento de marihuana de alta concentración. Sostuvo que estos antecedentes requieren investigaciones rigurosas para identificar a los responsables y esclarecer posibles conexiones con la comercialización internacional de drogas.
“La existencia de actividades ilícitas detectadas en sectores del establecimiento no permite atribuir responsabilidad penal colectiva a las familias residentes, pero exige que las autoridades identifiquen a las personas y organizaciones efectivamente involucradas”.
Finalmente, indicó que para la Agroganadera Pindó S.A., la ocupación prolongada no puede sustituir los mecanismos legales ni desconocer los títulos de propiedad. Sostiene que el Estado debe atender las necesidades sociales de las familias, garantizar la seguridad pública, investigar los hechos punibles y proteger los derechos constitucionales de los propietarios.
“La asistencia social es una obligación pública; la legalización de tierras privadas, en cambio, requiere un fundamento jurídico válido y el respeto de las garantías constitucionales. Desde Pindó reafirmamos la confianza en la administración de justicia y su decisión de continuar ejerciendo las acciones legales que correspondan para obtener la protección efectiva de sus derechos y el esclarecimiento de los hechos investigados”, concluyó.
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Indert impulsa plan piloto para agilizar titulación de tierras en Alto Paraná
El presidente del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), Francisco Ruiz Díaz, y la gerente general de la institución, Romina Velázquez, presentaron en el departamento de Alto Paraná un proyecto piloto para simplificar trámites de aprobación de comisiones vecinales de fomento para coadyuvar en la tarea de titulación.
Desde el ente agrario explicaron que la medida surge como un método innovador para la solución de conflictos sociales, fortaleciendo de esta manera la participación comunitaria en los procesos de regularización de tierras.
“Con este objetivo, la institución lanzó un proyecto piloto de democracia participativa en las colonias, alineado con la Constitución Nacional y el Estatuto Agrario. La iniciativa busca agilizar la titulación masiva de inmuebles rurales y disminuir los conflictos por su tenencia”, señala un comunicado institucional.
Simplificar los procesos de titulación
Es así que el economista Francisco Ruiz Díaz lideró el fin de semana una jornada de trabajo -en la comunidad Tavapy, en el departamento de Alto Paraná- que involucró a otros integrantes de su equipo técnico.
Durante el encuentro, se coordinaron las acciones para dar participación activa a los pobladores en las tareas del Barrido Predial Masivo (BPM).
Las autoridades aclararon que mediante la cooperación directa de las comisiones vecinales, la entidad estatal apunta a desburocratizar los procesos y acelerar la entrega de títulos de propiedad en las distintas colonias del país.