El presidente de la Asociación Rural del Paraguay (ARP9, Luis Villasanti, manifestó este martes que varios referentes del gremio están preocupados por la falta se seguridad y la violencia generada en el campo por los denominados “sintierras”.

“Uno no puede vivir con custodias policiales para trabajar. Yo creo que una vez por todas tenemos que aplicar las leyes y respetar la Constitución”, dijo el presidente de la Rural, en entrevista con Unicanal.

Sostuvo que es imposible “agarrar y decir” que un productor va a cultivar y que necesita custodia para evitar hechos de violencia en sus propiedades. Destacó que el trabajo está garantizado por la Constitución Nacional.

Indicó que es realmente preocupante la situación en el campo con las invasiones a propiedades privadas, quema de tractores y otras cuestiones. Lamentó que se estén recurriendo a custodias policiales para poder trabajar, siendo que es un derecho garantizado por la Carta Magna.

“No quisiera decir que en el Paraguay necesitamos custodios para poder trabajar. Hay que aplicar las leyes, la Constitución, que es bien clara, y el respeto irrestricto a la propiedad privada. La violación a la propiedad privada tiene que tener sus consecuencias penales, así como tiene quien roba o mata”, agregó.

Este martes unos productores denunciaron que un grupo denominados “Sin tierras” quemaron sus maquinarias agrícolas. Ocurrió en el distrito de Yhú, departamento de Caaguazú. Algunos atacantes fueron identificados y detenidos. Los afectados alquilan la propiedad para poder cultivar.

Las denuncias también se dan del lado de las nucleaciones campesinas. El 2 de octubre, campesinos denunciaron disparos por parte de colonos brasileños en la zona de la 3ª Línea Pindo’i, Tembiaporã, departamento de Caaguazú. Lugareños, ante la presencia policial los colonos amenazaron con desalojarlos y cuando los uniformados se retiraron los brasileños dispararon contra los sintierras. Esta versión fue confirmada por el comisario Matías Morel, jefe de Seguridad Departamental. En total, son 15 los campesinos que ocuparon la propiedad en reclamo de tierras, según dio a entender el intendente de Tembiaporá, Sotero Cáceres Fernández, ya que el inmueble pertenecería al Indert.

Al día siguiente, el Defensor del Pueblo, Miguel Godoy, presentó una denuncia ante el supuesto desalojo en la sede central del Ministerio Público. “De acuerdo a las imágenes que observamos y que pudimos constatar, denunciamos coacción grave, coacción, usurpación de funciones públicas y contra la Ley n.º 4036/10 de armas de fuego”, expresó Godoy.

En respuesta, el ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor, manifestó -ya el 15 de octubre- que la Policía Nacional no participó del desalojo. A su criterio, los uniformados no efectuaron los operativos y lo que hubo fue un enfrentamiento entre colonos y campesinos.