Un amplio precedente de negocios ilegales que mantenía la familia asesinada Rojas-Rodas, salió a relucir tras una investigación realizada por un medio de comunicación.

El programa emitido por canal 9, relató una serie de episodios delictivos en los que se vieron involucrados los integrantes de la nombrada familia, víctimas del quíntuple homicidio. Desde el 2008 soportan procesos judiciales como estafas, extorsión, posesión de drogas, apropiación, maltrato físico e incluso sicariato.

Elva Graciela Rodas y Julio Rojas vivieron durante varios años en una casa ubicada en Fernando de la Mora Zona Sur. En 1992 nació Dalma, quien pasó parte de su infancia en la nombrada vivienda familiar. Estudió en un conocido colegio privado y su madre tenía un lavadero sobre la calle Panchito López y Leopardi.

En el 2005, mediante una publicación periodística se menciona que Elba Graciela Rodas fue sancionada por no tener licencia ambiental, del lavadero “Punto de Servicios”, con el pago de una multa equivalente a 20 jornales mínimos.

Años más tarde la adicción de Rojas por el juego hizo que la situación comenzará a complicarse. El equipo periodístico C9N se acercó al nombrado lavadero donde los propietarios comentaron que hace 13 años, Rodas y Rojas abandonaron el local, lo que derivó en un conflicto.

Fueron falsificados varios documentos por ambos, en un intento de quedarse con la propiedad. Atilio Servían dueño la propiedad donde fungía el lavadero, sostuvo que la pareja debía 10 meses de alquiler y le exigió que paguen su cuenta. Indicó que llegaron a un acuerdo de pagarle por lo que habían invertido y que luego se fueron del lugar. Situación que golpeó económicamente a la familia Rojas Rodas, lo que los llevó al mundo delictivo.

“La gran estafa”

Elva Rodas frecuentaba los puestos de peajes, donde anotaba datos de los vehículos que transitaban por el lugar, como números de chapas. Según el ex fiscal Pablo Duarte, la señora Rodas se presentaba con una tarjeta que decía que la misma era ‘asistente fiscal’ de Arnaldo Giuzzio.

“Rodas anotaba los números de chapas y Rojas se constituía en el Registro del Automotor, accedía a los datos personales y él producía documentos para iniciar una demanda en el fuero civil. En total 30 camiones llegaron a apropiarse de esta manera y vendían al mejor postor”, recordó el ex fiscal.

En el 2008, aparece una denuncia contra Elva por el hecho punible contra la propiedad, ocurrido en Villa del Rosario. La causa se tramitó en el juzgado del exfiscal Narciso Ferreira. A finales de ese año, Julio Rojas realizó una maniobra quedándose con una propiedad familiar ubicada en la calle América de Zárate Isla, de la ciudad de Luque. En el lugar construyeron una majestuosa casa.

En febrero del 2009, Elva Rodas fue nuevamente denunciada por producción de documentos falsos no auténticos y uso de documentos de contenido falso. El caso cayó en manos del entonces fiscal Pablo Duarte, quien imputó a la pareja. Utilizando el mismo sistema, la pareja se apoderó de varios vehículos lo que derivó en un allanamiento de su domicilio.

Su modus operandi era conseguir cédulas de identidad extraviadas y falsificar las firmas de estas personas. En ese entonces cuando allanaron la casa, los agentes encontraron más de mil cédulas de identidad. El ex fiscal comentó además que Elva Rodas era adicta a las drogas.

La pareja también se habría apropiado de unas 30 hectáreas que pertenecía a una anciana en Luque, a metros de la casa donde residían. Según el relato de un testigo anónimo, explicó que la señora era de avanzada edad y le hicieron firmar un documento. Luego falleció, por lo que se quedaron con todos los terrenos. Como consecuencia de este hecho, la familia recibió varias amenazas de muerte y tuvieron que trasladarse temporalmente de vivienda. También en el 2009 aparece una causa, donde Elva Rodas era acusada por posesión de drogas.

En el año 2010, Elva, Julio y Dalma fueron a vivir a un edificio ubicado en la ciudad de Itá, donde actualmente funciona el Ministerio Público de la nombrada ciudad. Un día Julio Rojas, recibe a un conocido narcotraficante Carlos Portillo, quien fuera asesinado hace unos años. El mismo lo habría visitado porque Rojas incumplió con “un acuerdo” al que habían llegado.

Cambio de modus operandi

Luego de unos años, la familia conseguía cédulas que se perdían en los supermercados y con eso sacaban celulares de última gama, causándole un gran daño a los dueños de las cédulas extraviadas.

Ya en el 2011, volvieron a su domicilio de Luque. Según la investigación, la familia estaba conformada por Elva Rodas, como la cabeza del grupo criminal, le seguían Rojas y Dalma. Esta última era utilizada por sus padres para “carnada”. La misma vivía sometida y contra su voluntad hacia todo lo que le decía su madre. Luego Dalma se relacionó con Ever Barrios, padre de su primer hijo.

En el 2012, de acuerdo a Barrios, un día cuando iba de camino a un supermercado de Luque fue interceptado por policías y lo detuvieron. Hasta allí llegaron Elva y Rodas, quienes le dijeron que “no mencione nada”. El hombre no sabía lo que estaba pasando.

En una audiencia de imposición de medidas supo que su propia suegra lo denunció por coacción sexual. Llamativamente, el juez destituido Alberto Sosa terminó decretando la prisión domiciliaria de Ever Barrios en la residencia de la familia Rojas-Rodas. El objetivo de Elva Rodas era valerse del arresto domiciliario, para utilizarlo en sus andanzas delictivas.

En enero del 2013, la pareja Rodas-Rojas habría planeado un golpe utilizando documentos falsos, intentaron retirar dinero de una banco de Itá. Allí fueron detenidos Dalma Rojas, Ever Barrios, Roberto Ruíz Díaz y David Alegre. Posteriormente imputados por tentativa de estafa por el ex fiscal Humberto Houdin. Fueron recluidos en la penitenciaría de Tacumbú por un periodo de 9 meses.

Sin embargo, Dalma no fue a la cárcel, porque en ese entonces ya le tenía a su primer hijo de 3 a 4 meses y fingió otro embarazo. En el 2014, Ever Barrios salió de prisión y decidió apartarse de la familia Rojas-Rodas. Luego, Dalma se relaciona con Bruno Marabel, con quien mantenía también una relación complicada.

Años después pasaron a vivir en la casona ubicada en el Microcentro de Asunción, específicamente sobre Oliva y Montevideo, donde la familia terminó de la peor manera. Fueron asesinados y enterrados en dicho domicilio. Bruno Marabel es el principal sospechoso del quíntuple homicidio.