Con el fin de promover la reinserción social efectiva y bajo un enfoque de derechos humanos, el Ministerio de la Defensa Pública, a cargo del defensor general Javier Dejesús Esquivel González, junto con un grupo de referentes sociales, impulsan una iniciativa estratégica destinada a la creación de la Asociación de Personas Pospenitenciarias.

La propuesta busca articular respuestas sostenibles frente a desafíos estructurales del sistema, como la estigmatización, las barreras de acceso al empleo y la fragilidad de las redes de contención, factores determinantes en los índices de reincidencia.

De manera simultánea y complementaria, se apoya la conformación de un Hub de Empresas, Fundaciones y Organizaciones de la Sociedad Civil. Esta plataforma se concibe como un espacio de articulación público-privada diseñado para generar oportunidades de empleo digno, formación técnica y medición de impacto social.

Actualmente, la iniciativa transita una fase preconstructiva, priorizando el diálogo institucional y la cooperación multisectorial para asegurar un modelo de gestión replicable y alineado a los estándares nacionales e internacionales de protección de derechos.

Desde la organización promotora enfatizaron que “la reinserción social no es solo una cuestión individual, sino una responsabilidad colectiva indispensable para fortalecer la cohesión social y la seguridad ciudadana”.

Aproximadamente 30 adolescentes que están en conflicto con la ley penal iniciaron este martes el taller profesional de panadería en O’Hara Gastronomía – Escuela Integral Gastronómica.

Desde la Corte Suprema de Justicia indicaron que la capacitación está a cargo de la profesora Teresita O’Hara y el objetivo radica en contribuir a la reinserción social de los participantes a través del aprendizaje de un oficio y la promoción de la cultura del trabajo.

“Los jueces en lo Penal Adolescente, Liz Paola Mongelós y Matías Garcete Piris, realizaron la apertura oficial del taller, que se desarrollará durante tres meses. El espacio formativo fue declarado de interés institucional por la Corte”, aclararon.

Te puede interesar: Ande analiza alternativas de cobro de deuda histórica con el MEC

Durante la presentación, el juez Penal Adolescente, Matías Garcete Piris, explicó que el taller busca generar un proceso de reeducación que permita a los participantes reconocer oportunidades y desarrollar herramientas para su vida cotidiana, además de adquirir capacidades que puedan convertirse en una fuente de sustento para ellos y sus familias.

Su colega, la jueza Liz Paola Mongelós destacó el enfoque de justicia restaurativa y recordó la finalidad educativa de estas actividades, que buscan articular acciones con las víctimas y priorizar los procesos formativos.

Durante el inicio del taller recordaron que el programa educativo es proveído por el Sinafocal, en el marco de políticas públicas del Ministerio de Trabajo. Para facilitar la participación, se cubrirán los costos de traslado en transporte público de los adolescentes.

Por su parte, la viceministra de Empleo y Seguridad Social, Verónica López, sostuvo que se ofreció una charla de motivación para los presentes, resaltando las oportunidades que ofrece la formación. Señaló que la certificación permitirá acceder a empleos formales y reiteró el acompañamiento del Ministerio de Trabajo a estas iniciativas.

Leé también: Este miércoles la Red Búho 2 amplía el servicio nocturno conectando Asunción con Limpio

Ciudad del Este. Agencia Regional.

Con el apoyo del Servicio Nacional de Promoción Profesional (Snpp) se ejecuta un proyecto de reinserción social de jóvenes privados de libertad del Centro Educativo de Ciudad del Este, que consiste en la creación de un anillo verde en el perímetro de seguridad de la institución. Para eso están siendo capacitados en horticultura y plantas medicinales.

El 80 % del perímetro ya está cubierto de verduras como parte del proyecto, según el director regional del SNPP, Jaime Zorrilla. El plan es que los jóvenes tengan un oficio para la producción de huertas y plantas medicinales. El proyecto prevé también trabajar con los jóvenes en venta y comercialización, siendo parte de eso la realización de su propia feria en el Centro Educativo, según Zorrilla.

Se trata de que los menores privados de libertad tengan un oficio, estén ocupados y con la comercialización puedan obtener algún ingreso económico, que les ayude a continuar sus vidas en libertad, con alguna herramienta que les sostenga, refirió el director regional del SNPP.

Son 19 personas entre 15 y 18 años las que están trabajando y capacitándose en horticultura en el centro Educativo de Ciudad del Este, tres veces por semana en horas de la mañana, según la ingeniera agrónoma Diana Ovelar, quien es la instructora del proyecto de producción hortícola.

Puede interesarle: Conductor de plataforma rechazó viaje de una niña de 9 años sin acompañamiento de un adulto

“Son muy guapos, colaboran para la realización de las clases prácticas, escuchan mis indicaciones y las van poniendo en práctica, los menores de edad se muestran entusiasmados”, manifestó la instructora. Informó que el curso para “Productor Hortícola” tiene una carga horaria de 150 horas.

La ingeniera Ovelar detalló el trabajo contando que realizan preparación de suelo, siembra, abonado, fertilización, encalado y transplante. Aparte de la producción de hortalizas, están comenzando con la producción de plantas aromáticas para venta en masetas, con el objetivo de una posibilidad de emprendimiento en el citado rubro para generar ingresos, refirió.

La profesional dejó en claro que todo el trabajo es siempre con el acompañamiento de cuatro educadores (guardias), además del director del Centro Educativo de Ciudad del Este, Juan Carlos Orrego. Confirmó que se está trabajando en el desarrollo de una feria, quizás en noviembre, para la venta de la producción resultante del trabajo de los jóvenes.

Puede interesarle: Alianza entre industrias y el SNPP permite capacitación y contratos inmediatos

El ministro de la Niñez y Adolescencia, Walter Gutiérrez, anunció que el Poder Ejecutivo se encuentran analizando la posibilidad de implementar dentro del sistema penal paraguayo la prisión permanente revisable, una alternativa que sí permite la Constitución y que difiere sustancialmente de propuestas que se encuentran actualmente dentro del Congreso.

“Estoy de acuerdo con que se puede incorporar la prisión permanente revisable, y lo estamos debatiendo en el Poder Ejecutivo, incluso en este debate está participando una eminencia del derecho como es la exministra de la Corte Suprema de Justicia, Alicia Pucheta, estamos hablando y viendo que si se hace bien, se puede. La prisión permanente revisable no es cadena perpetua, porque la cadena perpetua es inconstitucional en el Paraguay”, explicó.

En este sentido, el secretario de Estado detalló las diferencias entre ambas figuras. Cuando se habla de cadena perpetua, no hay posibilidad de que el individuo pueda reintegrarse a la sociedad, en cambio, con la prisión permanente revisable sí es posible, pero está sujeto a constantes análisis que determinen si realmente la persona está en condiciones de reinsertarse o si es mejor que continúe privado de su libertad.

Lea también: Ministros defienden proyecto que permite ensamblaje de productos de origen extranjero

“Por ejemplo, si se le condena a una persona por 30 años en el marco de la prisión permanente revisable, cuando se cumplan los 30 años, lo que va a suceder es que un equipo especializado va a hacer un análisis profundo desde lo psicológico, psiquiátrico, socioambiental y otras aristas, verá si al momento del cumplimiento se encuentra en condiciones de ser reinsertado, si no es un peligro, recién ahí se le inserta”, añadió.

Gutiérrez señaló que esto no va en contra de lo que establece la Constitución, que en su artículo n.° 20 sobre el objeto de las penas habla de dos puntos, de la reinserción de la persona privada de libertad, pero también de la protección a la sociedad. “Acá uno no cae en una contradicción porque le estás dando la posibilidad de que pueda ser reinsertado, pero ponés como condicionante que le tenés que proteger a la sociedad, es equilibrar los dos pilares que están dentro de la Constitución”, sostuvo.

Esta propuesta en análisis difiere del proyecto presentado por el diputado Rubén Rubin, que estipula la posibilidad de elevar penas, llegando incluso a superar los 90 años. El ministro fue enfático ante la 1020 AM que la iniciativa del legislador, si bien fue presentada como una prisión permanente revisable, no lo es.

Le puede interesar: Contundente: Europa no registra decomisos de cocaína paraguaya en 2025

“No lo digo solamente como ministro ni parte del Poder Ejecutivo, sino como profesional del derecho, tengo un doctorado y soy del área constitucional. Así como está planteada la propuesta, es inconstitucional. A lo que se presentó se le dio el nombre de prisión permanente revisable, pero no es, no se compadece de esa figura, es como querer llamarle gato al caballo”, aseveró.