Luego de un extenso debate, la Cámara de Diputados aprobó, con modificaciones, y devolvió al senado el proyecto de ley “Que modifica el artículo 10 de la ley N° 5407/2015, del Trabajo Doméstico”.

El proyecto pretende que las domésticas ganen el salario mínimo legal, atendiendo que la legislación actual establece que las domésticas perciban el equivalente al 60% del salario base. Sin embargo, el dictamen de las comisiones de Legislación y Justicia y Trabajo de Diputados propone elevar el salario del 60% al 70%.

Durante el debate, el diputado Sebastián Villarejo, vocero de la comisión de Legislación y Codificación, explicó que se debe tener en cuenta la implicancia real del documento remitido por Cámara Alta, que según señaló alentará la informalidad y generará un efecto negativo.

Según Villarejo no se puede legislar pensando en personal doméstico asunceno o de familias en posición social alta, sino también pensar en todo el global de las 250 mil trabajadoras domésticas.

Indicó que aprobar el 100%, podría poner en infracción obligatoria a miles de empleadores y generar un efecto social contrario al que se busca, por lo que considera prudente establecer un piso del 70% del salario mínimo.

Raúl Latorre, titular de la comisión de Justicia, tildó de “fundamental” no perjudicar a quienes se pretende ayudar con esta ley. Recordó que gran porcentaje de estos trabajadores se encuentran en casas de familias que no superan los tres salarios mínimos de ingreso y que se debe contemplar la posición de ambas partes.

“Si aprobamos la versión de Senadores corremos riesgo de que gran parte de los trabajadores domésticos pierda su trabajo o el índice de informalidad suba aún más. Con el último aumento porcentual se dio la salida de 17 mil trabajadores del sistema provisional y ahora la pregunta es si la familia paraguaya puede solventar este incremento”, indicó.

En contrapartida a lo argumentado, varios congresistas alegaron que se trata de una reivindicación justa para un sector vulnerable, señalaron que los trabajadores del hogar piden lo que todos los ciudadanos tienen derecho que es el salario mínimo.

Sin embargo, pese a los argumentos, el pedido de aprobación sin modificaciones fue rechazado por 36 votos, con lo que el documento vuelve al Senado.