El defensor del Pueblo, Miguel Godoy, presentó hoy la denuncia penal por “Omisión de Auxilio”contra la Comisión de Salud de Jaguarete Forest, al Ministerio Público, para que investigue la falta de provisión de una ambulancia a la familia de una beba de tres meses de edad, que finalmente falleció por insuficiencia respiratoria en razón de la demora en la atención.
En tal sentido, la Defensoría urge el pedido de autopsia para recabar elementos a efectos de ampliar la denuncia a “Homicidio Culposo”. Asimismo se solicitó que la investigación del hecho punible sea trasladada a la Capital del país atendiendo a la complejidad del caso y a la disponibilidad de mayores recursos logísticos y materiales para el esclarecimiento de lo denunciado.
De acuerdo a los antecedentes, el Dr. Juan Carlos Portillo, director de Servicios Generales del Ministerio de Salud, abrió una investigación preliminar que está en curso. Además había solicitado que la Justicia investigue el caso específico de Santa Rosa del Aguaray, donde se produjo el hecho lamentable, la muerte de una bebé de tres meses porque la Unidad de Salud Familiar de Yaguareté Forest se negó a prestar la ambulancia de dicha localidad para trasladar a la menor a un lugar de mayor complejidad, porque supuestamente no tenía chofer.
Dejanos tu comentario
Ya suman siete candidatos para la Defensoría del Pueblo
Ya suman siete candidatos que aspiran a ocupar el cargo de defensor general del Pueblo, en reemplazo de Rafael Ávila, cuyo mandato vence el próximo 10 de noviembre. El plazo de inscripciones inició el pasado 27 de julio y se extenderá hasta el 10 de agosto del 2026.
La lista de candidatos para la defensoría general se encuentra conformada por Federico Génez, Isidro Miño, Alejandro Magno Castillo, Álex Benítez, Alicia Alvarenga, Gilberto Maldonado y Mónica Alejandra Villalba Cabral. Los mismos también pujan por ocupar la defensoría adjunta.
El defensor del Pueblo es nombrado por mayoría de dos tercios de la Cámara de Diputados, de una terna propuesta por la Cámara de Senadores. Dura cinco años en sus funciones, coincidente con el período del Congreso Nacional y podrá ser reelecto.
Lea también: Rumbo a las presidenciales: “Estoy muy sólido para ganar en el 2028”, afirmó Alliana
De conformidad con el artículo 278 de la Constitución Nacional, quienes aspiren al cargo de defensor del Pueblo deberán reunir los mismos requisitos exigidos para ser diputado. Esta exigencia también se aplica para el cargo de defensor del Pueblo Adjunto, conforme a lo establecido en el artículo 11 de la Ley n.° 631/1995.
La Carta Magna refiere que para ser elegido defensor del Pueblo se requiere la nacionalidad paraguaya, ser mayor de veinticinco años de edad y estar en pleno goce de los derechos civiles y políticos.
El defensor del Pueblo goza de inamovilidad y solo cesa en sus funciones por las siguientes causas: renuncia, presentada ante la Cámara de Diputados; expiración de mandato; muerte o incapacidad de hecho sobreviniente declarada por la Corte Suprema de Justicia; haber cumplido la edad de 75 años; y juicio político en los términos establecidos por la Constitución Nacional.
Dejanos tu comentario
Bolivia: Defensoría, Iglesia y grupo de DD. HH. llaman al diálogo a manifestantes
La Defensoría del Pueblo, la Iglesia Católica y un grupo de defensores de derechos humanos en Bolivia pidieron ayer domingo establecer un diálogo entre el gobierno y los trabajadores, que exigen con fuertes protestas la renuncia del presidente centroderechista Rodrigo Paz. En un comunicado conjunto, también pidieron esclarecer la supuesta muerte de una persona, denunciada por manifestantes y negada por el gobierno, durante un operativo el sábado con policías y militares que chocaron con los huelguistas para abrir carreteras tomadas al sur de La Paz, sede del gobierno.
Los cortes en las principales vías de acceso a la ciudad altiplánica han agudizado la escasez de alimentos, medicinas y combustibles, mientras Bolivia atraviesa su peor crisis económica en cuatro décadas. Desde inicios de mayo, campesinos, obreros, mineros, maestros y transportistas arrinconan al gobierno de Rodrigo Paz, quien lleva seis meses en el cargo.
Tras reclamar aumentos salariales, combustibles de calidad y la estabilización de la economía, varios sectores pasaron a exigir su dimisión. “Reiteramos nuestra exhortación a los actores involucrados a concretar espacios de diálogo por el bien común”, dijeron en un comunicado conjunto la Defensoría, la Iglesia y la civil Asamblea Permanente de Derechos Humanos.
También demandaron “el esclarecimiento urgente, independiente y transparente de los hechos ocurridos (el sábado), en particular aquellos vinculados a personas heridas, un fallecido y denuncias de vulneraciones a los derechos humanos”.
El gobierno boliviano ha denunciado ante la OEA que las movilizaciones tienen el objetivo de “alterar el orden democrático”. Acusa al expresidente Evo Morales (2006-2019), prófugo por un caso de presunta trata de una menor, de instigarlas.
Fuente: AFP.
Dejanos tu comentario
Defensoría tramitó 1.087 amparos para compra de medicamentos
La Defensoría del Pueblo informó que dio trámite a 1087 expedientes hasta octubre de este año, consistentes en amparos judiciales principalmente para la compra de medicamentos, así como para acceso a implantes y otros insumos, con un alto porcentaje de resultados favorables, con 953 casos aprobados para garantizar tratamientos de alto costo o de difícil acceso en el país.
Además, se rechazaron 32 amparos por falta de documentación, 2 apelados por el Ministerio de Salud Pública y 2 desestimados. Actualmente, están pendientes en el Poder Judicial 62 expedientes y en proceso de presentación se encuentran 36. Los medicamentos más solicitados y requeridos son los utilizados para el tratamiento contra la artritis, para osteoporosis y enfermedades autoinmunes, entre otros.
También se tramitaron solicitudes para la adquisición de implantes cocleares con kit quirúrgico pediátrico por vía judicial. La Defensoría del Pueblo acompaña a los solicitantes durante todo el proceso legal, facilitando el acceso a su derecho a la salud cuando los recursos propios o institucionales resultan insuficientes.
El organismo estatal difundió una lista de los 24 medicamentos más solicitados vía amparos, hasta el 14 de octubre de 2025, que incluye: Etanercept, Teriparatida, Rituximab, Upadacitinib, Infliximab, Denosumab, Belimumab, Adalimumab, Inclisiran, Tofacitinib, Nintedanib, Golimumab, Venetoclax, Carbonato de Sevelamer, Eltrombopag, entre otros, describiendo el tipo de enfermedad en que se aplica cada uno.
Lea más: Corredor Las Residentas avanza con obras de alcantarillado en Luque
Dejanos tu comentario
Abogado de defensor del Pueblo afirma que no existió desacato judicial
El abogado Pedro Santacruz Acosta, representante legal del defensor del Pueblo Rafael Ávila, imputado por desacato a una orden judicial desacreditó y criticó la imputación presentada por el Ministerio Público. Esto, atendiendo a que sí se cumplió con la resolución del Tribunal de Cuentas que ordenó la reposición de la funcionaria Nidia Pintos como directora en una dependencia de la citada institución.
Santacruz Acosta indicó que le sorprende de sobremanera la imputación del Ministerio Público porque no existe fundamento legal, debido a que se “dio cumplimiento a la resolución judicial de medida cautelar que dispuso la reincorporación en el cargo y la Defensoría del Pueblo hizo lugar a dicha orden judicial”.
Asimismo, el referido profesional del derecho señaló que “desde octubre del 2024 se cumplió con la orden judicial de reincorporación de la funcionaria y de esa determinación se comunicó al Ministerio Público vía nota”.
Agregó que la Fiscalía pidió informes en noviembre y diciembre del 2024. Y, en febrero y abril de este año se dio cumplimiento a la reposición y la respuesta de la Defensoría del Pueblo mediante escrito donde se dejó constancia que se cumplió con la orden judicial, “por eso sorprende la imputación porque no existe incumplimiento de ninguna determinación judicial”.
Añadió que el defensor del Pueblo, de inmediato acató la resolución judicial y por ende “no existe hecho punible porque al respetar la determinación del Tribunal de Cuentas no existe hecho punible”.
Agregó que esperan que la jueza penal de garantía de la capital Diana Carvallo devuelva nuevamente la imputación a la fiscala Mercedes Vera para que analice objetivamente el caso.