La fiscal Alejandra Savorgnan refirió que los militares imputados ofrecieron consumir bebida alcohólica a la niña de 13 años, quien fue abusada sexualmente en la sede de la Armada Paraguaya ubicada en Sajonia. “Algunos tomaron y le dieron de tomar a ella también, pero no en grado de abuso, digamos”, expresó la fiscal.
La agente fiscal refirió que continúan varias diligencias como la extracción de datos de teléfonos celulares y de circuitos cerrados. El Ministerio Público no descarta llamar a más uniformados que podrían estar involucrados en el hecho. Hasta el momento son 13 militares imputados por abuso sexual en niños y permanecen recluidos en Viñas Cué.
El hecho ocurrió el pasado 6 de agosto, pero el caso recién tomó estado público durante este fin de semana. La niña conocía a uno de los uniformados, que bajo engaños le habría hecho ingresar a la sede de la Armada Paraguaya, donde fue sometida por el grupo de militares.
Los suboficiales y marinos imputados por abuso sexual en niños son Miguel Ángel Vargas, Heriberto Chávez, Rafael Martínez Brítez, Cristian Asunción Saucedo, Édgar Coronel de León, Ronaldo Arrúa, José Cáceres Tintel, Héctor Morel, Jonathan Valenzuela, José Ferreira, Marcos Delfino Figueredo, Carlos Machuca y Ángel Insaurralde Benítez.
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Militares y policías se acoplarán el miércoles a la movilización docente en Asunción
El presidente de la Asociación de Suboficiales Retirados, Carlos Silvero, indicó que se sumarán este miércoles 111 de marzo a la movilización de los docentes en Asunción, en el marco del tratamiento de la reforma de la caja fiscal en la Cámara de Senadores, para custodiar los derechos adquiridos del sector.
“El 99 % de los líderes de las fuerzas públicas, militares y policías decidimos acompañar la manifestación pacífica, el día de mañana, en Asunción y también en otros puntos del país. Vamos a marcar presencia. Nos plantamos en el hecho de mantener nuestros derechos adquiridos”, refirió el representante gremial, este martes, al programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
El pasado 25 de febrero, las fuerzas públicas presentaron a la mesa técnica del Senado, impulsada por la Comisión de Hacienda y Presupuesto a cargo de Silvio Ovelar, cuatro peticiones específicas para su estudio. En la contrapropuesta peticionaron modificar la edad mínima, la tasa de sustitución, entre otros puntos que fueron aprobados por Díputados.
Los uniformados solicitan a los senadores la incorporación de una cláusula de protección que establezca un período de 10 años para el personal de la Policía Nacional y de 15 años para las Fuerzas Armadas, como base para el reconocimiento de los derechos adquiridos por el personal activo.
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En la contrapropuesta también plantearon que no sean derogados los artículos de la Ley 7280/2024, referente a la reforma de la Policía Nacional, con el objetivo de proteger los beneficios para pensionados y herederos en casos de fallecimiento en actos de servicio, enfrentamientos, incapacidad o accidentes derivados del cumplimiento del deber.
Requieren revertir la versión aprobada por Diputados, que limita a 3 años el beneficio para las pensionadas. Asimismo, propusieron ajustes técnicos en lo relativo a la devolución de aportes con la finalidad de garantizar un sistema más equitativo.
La propuesta consensuada con las organizaciones de la Policía Nacional, los círculos y clubes de las Fuerzas Armadas y suboficiales fija la jubilación en el 100 % para el personal activo que cumpla con 35 años de servicio y 55 años de edad. Para la jubilación extraordinaria plantean que sea a partir de 20 años de aporte, con el 50 % de la jubilación. Aclararon que no se oponen al incremento de los porcentajes de aporte, siempre que se preserve la integridad de los beneficios establecidos.
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Esposa de Marset amenazó a militares en su traslado: “No saben las consecuencias de esto”
Este jueves, se dio a conocer como actuó Gianina García, pareja del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, durante su traslado al penal de mujeres Martín Mendoza de Emboscada, ocasión en la que amenazó de muerte a los militares que participaron del procedimiento. Además, de que su pareja tomaría represalias y se arrepentirían del cambio.
El documento fue emitido por la Suprema Corte de Justicia Militar y remitida a la jueza Rosarito Montanía. En este relatan la situación por la que pasaron funcionarios militares la semana previa y el mismo día de la ejecución del traslado de García, en el que la tensión subió y fueron amenazados de muerte.
El informe señala con detalles todo lo que se vivió entre el 16 al 20 de febrero dentro del penal militar de Viñas Cué. En ese periodo, la mujer recibió la visita de su abogado Balbino Garcete en dos ocasiones y consultó con la psiquiatra Lilian Ovelar. La familia no la visitó y se tenía un ambiente tenso, indica.
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El 20 de febrero, día del traslado, la situación se desbordó cuando García vio que los militares se preparaban para la ejecución de la orden y opuso resistencia, amenazando a los uniformados y serían víctimas de represalias por parte de Sebastián Marset.
“Están cometiendo un gran error, ustedes no saben las consecuencias de esto, se van a arrepentir y los voy a mandar matar a todos, mi esposo tomará represalias y habrá consecuencias”, fueron las palabras de la mujer, según el documento firmado por el coronel Luis Vega de la Dirección de Justicia Militar.
La mala conducta se viene repitiendo desde el año pasado, una de las situaciones fue el 1 de diciembre cuando la mujer amenazó con suicidarse y luego rompió todas las cámaras de seguridad de su celda. Gianina García Troche está imputada en el marco del operativo a Ultranza Py porque habría colaborado con el esquema de lavado de dinero producto del narcotráfico.
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El Gobierno moviliza a militares y policías para frenar la delincuencia extremista
El Ejecutivo decidió utilizar las fuerzas públicas de manera conjunta y coordinada para hacer frente a algunos casos de secuestro y otros tipos de violencia que se dieron en sitios ubicados entre los departamentos de Caaguazú y Canindeyú. La intervención unificada de las fuerzas militares y policiales ayudará a dar más fuerza al operativo y aumentará la seguridad pública en las zonas con problemas.
El propósito es garantizar la tranquilidad de la ciudadanía y eliminar cualquier tipo de delincuencia que intente romper el bienestar de la gente que trabaja y quiere progresar mediante su esfuerzo cotidiano.
Se habló de que el que secuestró al ciudadano Almir de Brun da Silva sería el grupo armado que en años pasados realizó varios secuestros y crímenes con el fin de amedrentar al Gobierno y proponer otra conducción política. Luego de más de un lustro vuelve a aparecer con la misma siniestra intención de secuestrar, matar y hacer daño a la ciudadanía sin importarles nada más que sus tétricos propósitos criminales con supuesta intención política.
Fuentes del Poder Ejecutivo señalaron que el Consejo de Defensa Nacional (Codena) decidió que intervengan las fuerzas públicas para eliminar los problemas de seguridad existentes a fin de que vuelva todo a la normalidad.
El titular del Codena, Cibar Benítez, explicó que es necesario que los elementos de las fuerzas militares actúen en forma coordinada con sectores de otras instituciones estatales en las zonas geográficas que están fuera de los departamentos en que se estableció anteriormente la actuación de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC). Porque la intención es que las Fuerzas Armadas hagan su tarea de seguridad donde exista la amenaza. “No podríamos quedarnos como institución nacional atada a unos límites internos territoriales, siendo nosotros una República unitaria. Ahí donde haya amenaza van a estar elementos de las Fuerzas Armadas, limitadas por supuesto y por algo específico”, anunció el directivo de Codena.
El ministro del Interior, Enrique Riera, indicó que se trata de hacer una flexibilización del poder de fuego del Estado ante la amenaza que puede existir en el territorio nacional. Explicó que la determinación que se ha tomado obedece a una orden del presidente de la República, Santiago Peña, que decidió hacerlo para concretar mayores medidas de seguridad. Por ello se decidió establecer lugares de control de documentos de vehículos y de personas, los retenes, para que se pueda sentir la presencia del Estado.
Que el Gobierno se ocupe de poner el máximo de cuidado militar y policial para combatir a los delincuentes que pretenden socavar la tranquilidad de la gente con secuestros y otros delitos es una buena señal. Y una decisión muy oportuna, porque como país en plena tarea por el crecimiento económico y el bienestar de su gente no debe tolerar a la locura criminal de los que con el secuestro y otros comportamientos de gran violencia quieren ir contra el derecho a la vida, la tranquilidad de la ciudadanía y la seguridad de las personas.
Nadie, ninguna agrupación, partido político o nucleación cívica puede utilizar la violencia para imponer sus puntos de vista o hacer valer sus intenciones. Son actitudes criminales que solo adoptan los delincuentes que, usando algunas ideas poco razonables, quieren imponer posiciones cuestionables y posturas políticas que ya no funcionan ni para engañar a los más ingenuos.
El Paraguay, en toda su historia, ya ha sufrido bastante por la incursión de criminales disfrazados de gente pacífica que han querido imponer posiciones políticas que solo sirvieron para el fracaso. No se puede soportar el secuestro, el robo, la agresión de cualquier tipo, o la muerte de seres humanos para aceptar ciertas posiciones ideológicas o políticas.
El que mata, aunque use la ropa o la bandera que se le ocurra, es un asesino. Como el que roba, con el pretexto o la explicación que fuere, es un simple ladrón. Ambos merecen el rechazo y el castigo que les corresponde de acuerdo con las disposiciones legales. Lo que está mal no se puede aceptar y debe ser rechazado y combatido con energía.
Por ello la ciudadanía tiene que acompañar la postura asumida por el Gobierno nacional contra la delincuencia y la criminalidad. Lo importante es que se persiga a los que quieren hacer daño y se apoye a quienes procuran el bienestar de las personas.
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Medallas a militares por misión en la ONU
La Ceremonia de Entrega de Medallas por término de misión distinguió a oficiales superiores de las Fuerzas Armadas de la Nación que cumplieron funciones como observadores internacionales en la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia (UNVMC), en reconocimiento a su desempeño en el ámbito internacional.
Durante el acto fueron condecorados el teniente coronel DCEM Israel Ananías Medina Vera y la mayor Evelin Elizabeth Araújo Reyes, quienes recibieron la distinción por su profesionalismo, compromiso y destacada labor en representación de la República del Paraguay. La ceremonia resaltó el valor del servicio prestado en escenarios multilaterales.
Las autoridades destacaron que la participación en este tipo de misiones fortalece la proyección internacional del país, además de consolidar la experiencia operativa y diplomática del personal militar en contextos de cooperación global.
La actividad reafirma el compromiso de las Fuerzas Armadas de la Nación con los principios de paz, seguridad y cooperación internacional, en el marco de iniciativas impulsadas por organismos multilaterales como la Organización de las Naciones Unidas, consolidando la presencia paraguaya en operaciones de verificación y apoyo a la estabilidad regional.