El Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), resolvió en la fecha cancelar el proceso de compra de máquinas de votación que estaba en curso. En su lugar, se llevará adelante una nueva convocatoria de licitación, esta vez para el arrendamiento de los equipos, lo que implica un cambio en el modelo de contratación, conforme a la resolución 759/2025.

Al respecto, el senador Dionisio Amarilla celebró la oportuna decisión, atendiendo a la serie de irregularidades que pone en tela de juicio este proceso licitatorio.

“En aras de la prudencia, veo con buenos ojos que se haya cancelado el llamado y que la Justicia baraje otras alternativas. Un segundo llamado, tal vez con esas exigencias que no se tuvo en esta primera. O bien el arrendamiento que le ahorrará al Estado paraguayo en corto plazo una suma significativa”, resaltó.

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Amarilla señaló que si se compraban las máquinas que podrían con el tiempo quedar obsoletas, el Estado se tendría que descenbolsar 100 millones de dólares. En cambio, con el arrendamiento, indicó que no cree que supere los 25 millones de dólares.

En ese sentido, destacó que gracias al trabajo oportuno de la comisión de Asuntos Electorales, se pudo conocer que el llamado a licitación para la compra de los equipos tendía a terminar en esta situación, atendiendo a que resultaba casi inexplicable que los profesionales de la Justicia Electoral no hayan previsto las certificaciones internacionales vinculadas a la compra de estas máquinas.

“Tantos eran los cuestionamientos que se hacían a este llamado, que nosotros no podemos poner en tela de juicio el sentido de la voluntad popular. Un solo voto escrutado no tiene que quedar en tela de juicio y si en el ámbito de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas eso estaba protestado y no terminaban de protestar los procesos administrativos del TSJE, el sentido común decía que iba a terminar de esta manera”, comentó.

Asimismo, el legislador liberal cuestionó la apresurada y mala interpretación que se hizo a la resolución de declaración que emitió el Senado de la Nación, que exhortaba a la Justicia Electoral, justamente a suspender la compra, atendiendo a esta serie de cuestionamientos que obstruía el avance del proceso licitatorio.

Remarcó que más allá de todo, lo que se tiene que velar es en construir institucionalidad de la República del Paraguay, procurando que las instituciones del Estado ganen musculatura. “Se robustezcan y sobre todas las cosas en el campo electoral contar con legitimidad el origen de las autoridades, lo cual es trascendente, importante e innegociable”, acotó.

Finalmente, enfatizó la plena confianza hacia los ministros del TSJE, ya que ellos no forman parte del proceso de elaboración y evaluación de los pliegos de bases y condiciones de las licitaciones.

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Un Tribunal de Sentencia resolvió la condena a cuatro años de cárcel de una mujer de 32 años que no denunció el abuso sexual de su hija de seis años por parte de su padrastro y pareja de la condenada. Durante el proceso, la niña fue contagiada de una enfermedad de transmisión sexual.

La agente fiscal Julia González Medina, de la Unidad Especializada en Hechos Punibles contra Niños y Adolescentes de Ciudad del Este, había pedido una condena de cuatro años de prisión para la madre de la menor, por su complicidad en el abuso registrado contra su hija.

“La acusada fue encontrada culpable de violación del deber del cuidado y frustración de la persecución y ejecución penal por no denunciar el abuso sexual de su hija”, expresaron desde el Ministerio Público. Según el informe, el abuso fue cometido por el padrastro de la niña, y quien además la contagió con sífilis (VDRL).

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Durante el juicio se presentaron pruebas que demostraron que la madre violó gravemente su deber legal de cuidar a su hija. Además, de que pese a las lesiones graves y el dolor intenso que sufría la niña no permitió que recibiera la atención médica.

La pequeña fue llevada al Hospital Regional de Ciudad del Este, donde una pediatra informó a la mujer sobre la sospecha de abuso sexual y se activó el protocolo. Pero la madre huyó del hospital con la víctima, impidiendo el procedimiento y el tratamiento médico.

Cuando el estado de la menor empeoró, acudió a otro centro asistencial, donde la médica de turno también confirmó la sospecha de abuso y las lesiones. Se dio aviso a las autoridades, pero la mujer intentó huir nuevamente, todo para proteger a su pareja.

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La Comisión Especial de Investigación sobre Abusos de las Telefonías e Internet, encabezada por el senador Dionisio Amarilla, se encuentra abocada a recabar la mayor cantidad de denuncias ciudadanas para buscar una solución a los numerosos problemas.

En tal efecto, Amarilla compartió a través de sus redes sociales el código QR para que cualquier ciudadano que se sienta víctima de abuso por parte de estas empresas, pueda dejar su denuncia a la comisión. Igualmente, aquellos que tengan algún tipo de inconveniente con las prestadoras de servicio de televisión por cable.

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En comunicación con La Nación/Nación Media, señaló que a través de ese código QR se podrá acceder a un formulario donde de manera sencilla podrán llenar los datos y la queja correspondiente. En la primera reunión estuvieron tomando notas de denuncias sobre saldos que no duran a los usuarios de prepagas, señal ya sea de internet o de telefonía que no llega en la calidad de lo que deberían recibir.

Indicó que también tienen conocimiento de reclamos que se realizan a través de los sistemas de asteriscos o marcación rápida que no son atendidos, largo tiempo de espera ante los call center, variación en el costo de la factura sin consentimiento del cliente, dificultad para abandonar los planes de servicio, generación de gastos administrativos, por pocos días de retraso en las facturas.

“Estamos observando una cantidad de denuncias contra las proveedoras de servicio de telefonía e internet. Así como quejas de lentitud en el servicio, señales que caen constantemente y sin embargo, las facturas llegan puntuales al mismo mes por el mismo monto, no se descuentan ni las horas, ni los días que no se ha prestado el servicio. Aparentemente es tremendo el abuso que comenten las compañías y prestadoras de servicio”, precisó.

El legislador explicó que el fin de esta comisión no es castigar a las empresas, sino que, una vez que clasifiquen todas las denuncias recibidas, analizarán el marco legal a fin de detectar sobre qué legislación se están amparando para abusar con sus contratos.

“De seguro ellos se están amparando en algunas letras, y si hay alguna ley seguramente vamos a ver para corregir y si no las hay, debemos generar una legislación que permita corregir todas estas situaciones mencionadas”, comentó.

Asimismo, dijo que tienen un plazo de 180 días en la comisión para llevar adelante el estudio. Estarán solicitando más informes a la Conatel, a la gente de Sedeco. Igualmente, estarán invitando a las compañías telefónicas y prestadoras de servicio.

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La madre de una niña de 11 años, quien habría sido víctima de abuso sexual por parte de su tío y el novio de su niñera, exige a las autoridades celeridad en el tratamiento del caso y los procesos investigativos, incluyendo una prueba de VIH, ya que la niña podría haber sido contagiada con la enfermedad.

Según dijo la madre al portal Luque Noticias, el abuso se habría dado en la vivienda de la niñera, donde dejaba a su hija mientras salía a trabajar. Aparentemente, el tío de la víctima iba hasta el lugar de visita y, como era familiar, no levantaba sospechas.

Igualmente, el segundo hombre, pareja de la niñera, habría aprovechado la estadía de la niña en el lugar por varias horas para amenazarla y abusar de la misma.

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Ahora, la principal preocupación de la madre radica en el hecho de que su hermano estaría siguiendo un tratamiento por VIH y que tras el abuso aún no se puede descartar que la niña también haya sido contagiada. La Fiscalía ordenó la prueba médica el martes y mañana se contará con el resultado.

Uno de los sindicados, identificado como Édgar Ramón Domínguez Duarte, ya fue detenido por agentes de la Comisaría 29.ª Tarumandy y se procedió a su imputación por abuso sexual en niños. El mismo sería la pareja de la niñera.

En tanto que el segundo implicado en el caso, que sería el familiar de la niña, continúa prófugo, pero aún no se ha librado la orden de captura en su contra. La madre de la víctima aseguró que recibe amenazas por parte de los familiares de uno de los implicados y que, a pesar de solicitar protección para ella y su hija, aún no ha recibido respuesta del Ministerio Público.

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