Un grupo de ciudadanos se moviliza contra los jueces Samuel Silvero y Mario Brítez, y piden que sean removidos de sus funciones por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), en Asunción, ante indicios de mal desempeño de sus funciones en Salto del Guairá, denunciados en febrero pasado. De igual manera, ciudadanos indignados, comerciantes e integrantes del colegio de Abogados de Salto del Guairá se manifestaron ayer frente al Poder Judicial en Salto del Guairá, departamento de Canindeyú.
Hoy se conocerá si ambos magistrados son destituidos de sus cargos luego de publicaciones de GEN y el diario La Nación. “Lo que nosotros pedimos es la remoción de ambos magistrados. Hay suficientes elementos sobre hechos punibles muy graves que han ocurrido en la jurisdicción de ambos”, expresó el abogado Jaime Giménez, en contacto con La Nación.
Silvero fue denunciado por los abogados Jaime Gómez y Gabriela Nohedi Villalba Amaral por haber actuado de forma irregular en la causa caratulada “Ministerio Público contra Bruno José da Costa Amaral y otros, sobre supuesto hecho punible de lavado de dinero y asociación criminal”.
Mientras que al juez Brítez lo denunció el abogado Carlos Fleitas Duarte, quien criticó su actuación en los procesos caratulados “Manfred Peters sobe estafa y otros”, “Regulación de Honorarios del abogado Carlos Fleitas en el expediente de Agropecuaria SA sobre Mensura”, “Regulación de honorarios de Carlos Fleitas en el expediente de Americana SA sobre mensura”, y otros.
“Son publicaciones que salieron, vinimos a movilizarnos y pedimos solamente que se haga cumplir la Ley y pedimos sanción para los magistrados por el mal desempeño de sus funciones. Salió en el orden del día que hoy estaría analizando la situación jurídica de los magistrados”, expresó Giménez.
En febrero pasado, además se ordenó realizar una auditoría integral a los juzgados de los magistrados Silvero y Brítez ante la fuerte sospecha de que ambos podrían haber amasado fortuna gracias al cargo que ocupan.
La decisión se dio a raíz de la publicación del Grupo Nación sobre la denuncia del Colegio de Abogados de Canindeyú, que sostiene que existen fuertes elementos que hacen sospechar que varios jueces se enriquecieron en sus cargos. La expectativa de pena va hasta 5 años de pena.