Este domingo, madres de los tres estudiantes que fueron arrollados por un automóvil en la ciudad de Capiatá informaron que uno de los chicos se encuentra grave y en terapia intensiva del Hospital de Trauma, en Asunción. Exigen que el conductor de 70 años se haga responsable de los gastos, ya que aparentemente solo se quedó a auxiliar y nunca más apareció.

Según el reporte policial, el hecho se registró el pasado 13 de mayo, cerca de las 18:00, cuando los estudiantes ya salieron del colegio Raúl Peña y estaban esperando para cruzar la calle, pero fueron arrollados por un auto de la marca Toyota, modelo Funcargo, de color dorado. Todo quedó grabado en imágenes de cámaras de seguridad.

En el vídeo socializado se observa cómo los estudiantes estaban al costado de la ruta, pero fueron impactados por el rodado que circulaba a alta velocidad. Dos de ellos salieron despedidos y uno de ellos fue lanzado varios metros, lo que le causó un traumatismo de cráneo grave.

Lea también: Anuncian lluvias dispersas y descenso gradual de temperatura

“El chico despertó y se sometió a otra cirugía, desde ahí le dieron otras 48 horas de evolución en terapia. Está grave porque presenta un coágulo en la cabeza por un traumatismo de cráneo y no sabemos cómo va a reaccionar o si va a quedar bien tras este accidente”, manifestó Fabi Cheretti en entrevista con la 180 AM.

Agregó que el hombre aparentemente estaba bajos los efectos de un medicamento fuerte y que eso le hizo perder la noción mientras conducía. Todos los estudiantes presentaron algún tipo de fractura, pero uno de ellos recibió el impacto a la altura de la cabeza lo que hace que su pronóstico sea reservado.

“Queremos que esta persona se haga responsable de todos los gastos que conlleva estar internado. Ese día se bajó y auxilió a los chicos, se hizo responsable de los primeros gastos, pero después ya desapareció. Sus familiares se lavan las manos prácticamente. Es único hijo el chico que está internado”, puntualizó Cheretti.

Te puede interesar: ¡Tragedia! Un automovilista bajó para arrancar mandarinas y murió atropellado

Una jueza de Ecuador fue asesinada a tiros cerca de la frontera con Perú en medio de un estado de excepción declarado por el gobierno en su lucha contra el crimen organizado, informaron autoridades ayer martes. La violencia no cede pese a las políticas de mano dura impuestas por el presidente Daniel Noboa como estados de excepción, toques de queda nocturnos y el despliegue permanente de militares en las calles.

Lady Pachar, de 41 años, fue baleada el lunes por dos sicarios en motocicleta en la ciudad de Machala (suroeste), cuando se movilizaba en un vehículo sin sus dos guardaespaldas, según la policía. Una fuente policial dijo el martes a la AFP que la jueza, quien había recibido amenazas en 2025, fue asesinada al parecer en represalia por la liberación de miembros de una banda.

Ana María Jaramillo, secretaria de la Comisión Académica del Colegio de Abogados de El Oro, aseguró que los jueces y fiscales quedan en riesgo cuando el gobierno revela las identidades de aquellos que considera corruptos o indulgentes con los criminales. Que “no sea irresponsable en dejar en evidencia a los jueces y juezas que administran justicia, sino que más bien les de la protección necesaria y suficiente para que puedan actuar con imparcialidad”, añadió.

Machala es capital de la provincia costera de El Oro, fronteriza con Perú, el segundo país con más narcocultivos del mundo después de Colombia. Vecino de ambas naciones, Ecuador se ha convertido en el centro de operaciones de bandas criminales que sacan la droga por el Pacífico y se lucran internamente de otros delitos como la extorsión.

Con el respaldo del gobierno de Donald Trump, Noboa intenta frenar la violencia desde que llegó al poder en 2023. Pero las organizaciones criminales han convertido a Ecuador en el país más violento de Suramérica con 51 asesinatos por cada 100.000 habitantes en 2025, según Insight Crime. El Oro, con más de 700.000 habitantes, registró 720 homicidios el año pasado, según Jaramillo.

Fuente: AFP.

El vicepresidente de la República, Pedro Alliana, afirmó que el Gobierno es el más interesado en el esclarecimiento del crimen del fiscal Marcelo Pecci, en coincidencia con el cuarto aniversario de su fallecimiento ocurrido en la isla Barú, en las cercanías de Cartagena de Indias, Colombia.

Desde el Poder Ejecutivo se apoya la labor del Ministerio Público, que investiga el luctuoso suceso ocurrido el 10 de mayo de 2022.

“Realmente es lamentable lo que ocurrió con el fiscal Pecci, no le deseamos no solamente a un agente fiscal sino a una persona que siempre ha luchado por la Justicia y por la verdad, no le deseamos eso a ningún paraguayo ni a ningún ciudadano extranjero”, señaló a la 1020 AM.

Te puede interesar: Culmina hoy período de simulacros del sistema TREP

Aseguró que “desde el comienzo” de las investigaciones, el Gobierno “ha dado todas las herramientas y somos los más interesados en que esto se esclarezca”.

“Desde acá damos todo nuestro apoyo y nuestra fuerza y que realmente se puedan acelerar los procesos”, añadió.

Recordó que el crimen sucedió en el exterior y a veces también son lentas las diligencias en el país donde ocurrió. “Pero desde acá todo nuestro apoyo para el Ministerio Público. Nosotros siempre hemos demostrado nuestra predisposición y todo nuestro apoyo para la Fiscalía, no depende del Poder Ejecutivo, pero nosotros en las herramientas que podamos darles estamos abiertos”, sostuvo.

Leé también: Alliana oficializa que se realizará el tradicional desfile militar por las fiestas patrias

Una mujer denunció hechos de acoso y agresión contra un estudiante del centro educativo María Luisa Gómez de Franco de Ñemby. El adolescente, que posee una discapacidad del 79 %, retraso motor y epilepsia, viene sufriendo hechos sistemáticos de violencia, según expresiones de la denunciante.

Ante la falta de respuestas de parte de la institución, la familia decidió hacer público un video, a través de redes sociales, de una agresión física al joven, a fin de exigir justicia y protección. Además, adjuntaron la denuncia formal y el diagnóstico médico.

“Mi hermano tiene una capacidad cognitiva de un niño de 7 años y no sabe defenderse. Es víctima de burlas y discriminación constante por su forma de caminar y hablar“, relató María Isabel Martínez en su cuenta de Facebook.

Además, cuestionó la inacción de las autoridades educativas: “No se activó el protocolo correspondiente porque, según la directora, no hacía falta”, dijo.

Te puede interesar: Países del Mercosur buscan fortalecer sistema de salud con acuerdos conjuntos

La denuncia fue presentada por acoso y agresión escolar, asegurando que el joven viene sufriendo reiterados hechos de acoso, discriminación y violencia física, ocurridos dentro del recinto escolar.

“Desde hace tiempo viene siendo víctima de burlas, hostigamiento verbal y discriminación por parte de otros estudiantes, quienes se refieren a él de manera denigrante, atacando su manera de caminar y de hablar, utilizando insultos como ‘gay’, ‘pu..’, entre otros términos”, señaló.

Los hechos habían sido comunicados previamente; sin embargo, no se han tomado medidas para proteger su integridad. “No se activó el protocolo correspondiente, porque según la directora no hacía falta”, aseguró. La situación escaló a un nivel más agresivo durante el desarrollo de las clases del miércoles, por lo que expusieron la situación ante la opinión pública buscando justicia.

“Mi hermano ha sido agredido físicamente de manera brutal, lo cual constituye un acto de violencia grave dentro del ámbito escolar. Esta situación, no solamente vulnera sus derechos, también evidencia una falta de control y de intervención por parte de la institución”, resaltó.

Leé más: Concepción: nueva amenaza de tiroteo en institución educativa movilizó a la policía