Un presunto caso de homicidio se registró en la madrugada de este domingo, alrededor de las 01:30, en un inquilinato del barrio Paisajes del Sur de la ciudad de Obligado, Itapúa, donde un joven perdió la vida tras recibir un disparo en el pecho.

La víctima fatal fue identificada como Óscar Fabián Giménez Galeano (24), quien sufrió una herida en el tórax que le provocó la muerte de manera instantánea. El mismo residía en el inquilinato donde ocurrió el hecho.

Según informe de la Comisaría 13°, fue sindicado como supuesto autor del disparo Fabián Aranda Morínigo (28), oriundo de la ciudad de Bella Vista. Se desempeñaba como guardia de seguridad de una cantera.

El mismo fue localizado y aprehendido tras un rastrillaje en la zona, luego de darse a la fuga. Posteriormente fue trasladado a la sede de la Comisaría 1ª de Encarnación.

Patricia Noemí Castro Ramírez (23), pareja de la víctima, dijo a los intervinientes que ambos hombres se encontraban compartiendo cuando escuchó un disparo. Al salir a verificar, encontró a su pareja tendida en el suelo ensangrentado y al presunto autor huyendo del lugar.

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Tras ser alertados, los policías llegaron al lugar y encontraron a la víctima tendida en el suelo ya sin signos de vida. Durante el procedimiento, los agentes incautaron una escopeta recortada calibre 12 marca Warnig, que habría sido utilizada en el hecho.

Intervinieron agentes del Departamento de Criminalística. El médico forense Lucas Galeano diagnosticó como probable causa de muerte traumatismo penetrante de tórax por disparo de arma de fuego.

El detenido manifestó al portal digital Resumen Informativo que reaccionó disparando supuestamente en defensa propia. ”Yo sólo me defendí porque nos amenazó con machete y le pegué dos tiros”, relató.

El procedimiento fue comunicado al agente fiscal Héctor Garay, quien dispuso la entrega del cuerpo a los familiares, mientras que el detenido quedó a disposición de la Fiscalía para las investigaciones correspondientes.

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Una sociedad democrática­mente madura piensa más allá de los liderazgos políticos coyunturales. De los cerra­dos fanatismos y los egoísmos excluyen­tes. Supera con ánimo de grandeza los discursos cargados de odios y resen­timientos, para instalar un lenguaje que contribuya a la construcción de un futuro compartido, sin anular la diver­sidad ni las naturales diferencias. Se trata de administrar las crisis y los con­flictos con intención de resolverlos y no para utilizarlos como armas en contra de los adversarios. Y, consecuentemente, la clase política reflexiona y actúa por encima de sus cerrados intereses para dedicar sus esfuerzos a la búsqueda incesante del bien común, es decir, el bienestar general a partir de un Estado servidor del pueblo libre, garante de la libertad y de la justicia social.

Un Estado que sea capaz de allanar el camino hacia el progreso individual y colectivo derri­bando injustas y perversas estructu­ras que sabotean el derecho a una vida de mejor calidad de todos los habitan­tes de un país. Parece tan simple de comprender. Y beneficioso para todos, incluso para aquellos que transitan por la otra vereda en su condición de oposi­tores a un determinado gobierno. Pero de manera alguna debe entenderse que para la concreción de esas condiciones necesarias para el crecimiento econó­mico equitativo y el desarrollo humano sostenido habría que transigir ante la deshonestidad y ser tolerantes con la corrupción. Eso sería condenar a nuestra sociedad a la anomia o desintegración moral, sin reglas ni normas que respetar.

Lo complicado resulta poner en práctica este imprescindible manual de conviven­cia a raíz de unos espíritus que no logran desarmar su belicosidad y que no conocen otra estrategia política que la confronta­ción permanente de manera de desgas­tar y anular al contendor por la vía rápida de la impugnación infame, la propaganda inmoral y el relato sesgado de la realidad para manipularla en propio beneficio, en un innegable atentado contra la ética y sinceridad intelectual.

No se razona, se actúa desplegando las pasiones más bajas y atávicos instintos de destrucción, la eli­minación del otro mediante gigantescas campañas de repetidas mentiras y bien calculadas distorsiones de los hechos –incluso de aquellos que pueden compro­barse fácilmente– con la vileza de quie­nes aspiran el poder sin considerar los medios ni medir las consecuencias para los demás.

Como el camino escogido está pavimen­tado de torcidas intenciones, una vez en el poder se dedican a lo que mejor saben: aprovecharse de los recursos del Tesoro desviándolos hacia sus dominios parti­culares, engordando, de paso, a familia­res y a su entorno más inmediato. Ese desmadre en la cúpula habilita directa­mente a los demás funcionarios, incluso a los del más bajo nivel, a proceder con el mismo comportamiento, es decir, desa­tar una descarada carrera de corrupción cultivada y abonada por un alto grado de impunidad.

Entre la descripción ideal que pintamos al inicio de nuestro editorial y la situa­ción real que acabamos de enumerar se abre un territorio propicio para oportu­nistas, acomodados y cínicos, quienes sin la menor vergüenza pueden cambiar de discurso y de posición con mayor celeri­dad que sus cotidianas vestimentas. Son los mercenarios de la política que se pre­sentan con la aureola de los redentores de la patria, cuando que son los responsables sin atenuantes de la caótica situación eco­nómica y social que hemos heredado de la anterior administración, la que tuvo en el Poder Ejecutivo a Mario Abdo Benítez, rodeado de una larga lista de delincuentes que secuestraron al Estado durante los trágicos días de la pandemia ocasionada por el covid-19 para dedicarse al despil­farro, el latrocinio y el alevoso desvío de los préstamos que fueron contraídos para mitigar el dolor de nuestro pueblo y que concluyó con el desgraciado número de 20.000 fallecidos. Muertes, seguiremos repitiendo hasta el hartazgo, que pudie­ron ser evitadas con honestidad, patrio­tismo, empatía y sensibilidad humana.

Como el manto del crimen sin castigo les sigue protegiendo, actualmente se consi­deran aptos para pontificar sobre hon­radez administrativa y gestión eficaz, cuando que fueron el mayor desastre, especialmente en materia de corrupción, de toda la transición democrática. Esta­mos convencidos de que el largo brazo de la Justicia alguna vez hará su trabajo correctamente. Nada es para siempre. Ni las mentiras, ni la hipocresía, ni la impu­nidad. Ni los fariseos que hoy pretenden vestirse de santos.

Este viernes, Víctor Cassanova, abogado del adolescente que fue agredido por un taxista en el barrio Trinidad de la ciudad de Asunción, padre de una joven a la que acompañó, confirmó que su cliente debe realizarse otra tomografía por posibles coágulos. Solicitó que el hombre sea imputado por lesión grave y omisión de auxilio.

El abogado de la familia explicó que su cliente no tiene relación con la joven y aclaró que tampoco son compañeros, sino que se conocen y por eso la acompañó. Actualmente, el adolescente se encuentra con el rostro hinchado y su salud es delicada, reveló.

“Hoy se debe repetir la tomografía, porque se podrían formar coágulos a consecuencia de los golpes. Más allá de los golpes físicos, está traumado, se enteró que el taxista estaba en sede de la Fiscalía y se encerró en el baño”, apuntó Cassanova en entrevista con la 1020 AM.

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Agregó que el taxista Joel Reyes no está detenido, pero que desde su representación apunta a que la caratula del caso sea por lesión grave y omisión de auxilio. Reveló que el hombre ya intentó agredir a su cliente el año pasado.

La víctima ya se presentó a declarar ante la fiscal Mirtha Rivas, que está investigando el terrible caso.“La hipótesis que manejamos es que la chica venía de otro lado, estaba llegando tarde y el papá le estaba esperando para reclamarle. Hay que aclarar que ella no es compañera de este adolescente, ni tampoco tienen alguna relación”, reiteró el abogado.

Por último, contó que en la fecha el taxista se presentó en la Fiscalía para hacer una denuncia contra el adolescente de 17 años por supuesto abuso sexual contra su hija.

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Desde el primer día de su mandato habíamos recomendado al presidente Santiago Peña la urgente necesidad de realizar una rigurosa y exhaustiva auditoría en todos los organismos que caen bajo la jurisdicción legal y competencia administrativa del Poder Ejecutivo: ministerios, secretarías, entes autónomos, autárquicos y descentralizados del Estado, como así también de las dos entidades binacionales que tiene nuestro país en condominio: Itaipú, con Brasil, y Yacyretá, con Argentina.

Lanzamos este consejo acompañado de la advertencia de lo que podría ocurrir en el futuro próximo, atendiendo a la experiencia que hemos recogido durante toda la transición democrática, observando cuidadosamente el comportamiento político desde nuestro puesto de escudriñador de la realidad, en el centro justo del periodismo.

Varias lecciones hemos recibido a lo largo de estos años respecto al poco o nulo interés que suelen demostrar las nuevas autoridades en torno al manejo de los recursos del Estado en el periodo anterior.

La más importante es que, si los comprobados actos de corrupción quedasen impunes, habría una abierta invitación a reincidir en tales delitos. Y lo segundo, tal como lo señalamos en editoriales de hace más de dos años, quienes abusaron de su poder para enriquecerse a costa del Estado o fueron cómplices directos de la malversación y/o despilfarro de recursos del Tesoro volverán a la palestra política para dictar cátedras sobre ética, moral y honestidad pública.

En estos momentos está ocurriendo exactamente como habíamos anunciado que pasaría después: los ladrones del erario público están exhibiendo un cinismo increíble, que ya ha superado todos los límites del asombro ciudadano.

La hipocresía está en el podio del descaro, que aumenta de proporciones con la contribución de aquellas cadenas mediáticas que fueron –y siguen siendo– aliadas del mandatario probablemente más corrupto de los últimos 35 años: Mario Abdo Benítez (2018-2023). Y su brazo ejecutor para aprovecharse del cargo y aumentar su patrimonio de manera ilícita fue el entonces ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Arnoldo Wiens.

Ambos, actualmente, pontifican sobre transparencia y denuncian supuestas corrupciones, cuando que en sus tiempos de ejercicio del poder dejaron morir a cerca de 20.000 paraguayos durante la pandemia provocada por el covid-19.

Y todo por la angurria de engordar sus bolsillos, mientras que en los hospitales faltaban medicamentos, insumos, camas de terapia intensiva y hasta oxígeno, creando un cuadro dantesco de pacientes que fallecían en el suelo de los pasillos de los nosocomios.

Cuando Abdo Benítez era presidente y Wiens su ministro de Obras Públicas se construyeron, según sus propias declaraciones, más kilómetros de rutas que en toda la historia de los anteriores y sucesivos gobiernos. Aunque nadie, hasta hoy, se dispuso a investigar si esas cifras son reales y correctas.

Lo único real es que las privilegiadas constructoras vialeras que ganaban todas las licitaciones compraban el asfalto con exclusividad de la empresa del exmandatario. Cuando un alto funcionario denunció que uno de los parientes políticos del que fuera jefe de Estado estaba permanentemente detrás de una licitación, no encontró mejor solución que echar al funcionario que había sido leal a su conciencia y al Estado, pero “infiel” para los atracadores de los recursos públicos.

¿Y la pasarela de oro, mal hecha, inútil y sobrefacturada? Esas son las explicaciones que le deben al pueblo estos dos personajes que hoy pretenden presentarse en sociedad con el manto blanco de los impolutos, cuando que tienen la túnica completamente manchada de corrupción.

Corrupción que hemos denunciado en su momento con documentos y evidencias fidedignas que respaldaban fehacientemente el resultado de nuestras investigaciones.

Pero vayamos directamente al expastor evangélico Arnoldo Wiens, quien, en un acto de herejía, abandonó su apostolado –que, por lo visto, nunca fue por convicción– para involucrarse en política.

Si hubiera venido para limpiar los escombros y desechar las viejas prácticas de la actividad partidaria (se afilió a la Asociación Nacional Republicana), habría sido un gesto digno de aplaudir y emular. Pero no, pues se alió con la peor escoria del coloradismo: los herederos bastardos e impunes de la dictadura del general Alfredo Stroessner.

Y no se diga que los descendientes no tienen la responsabilidad de las atrocidades y perversiones cometidas por sus padres, porque el propio Marito –antes, durante y después de su mandato– se pasó reivindicando a quien durante 35 años sometió al Paraguay a las más cruentas y despiadadas brutalidades. Una persona de esa calaña debería –al menos– inhibirse hasta del derecho a criticar al adversario.

Lo dicho al principio: es hora de iniciar o concluir –si ya están en curso– las distintas auditorías en todas las instituciones dependientes del Poder Ejecutivo que fueron administradas por el gobierno anterior. El mejor legado de honestidad e integridad que puede dejar Santiago Peña para la posteridad es que los graves crímenes contra el Estado jamás queden impunes. Será justicia.