El proyecto de la ley de empleo parcial busca formalizar a un gran sector que trabaja medio tiempo e incluirles dentro del seguro social del Instituto de Previsión Social (IPS). Alrededor de 129.000 personas serían las beneficiadas con la propuesta.
La directora general de Seguridad Social del Ministerio del Trabajo, Mónica Recalde, expresó que las personas que trabajan hasta 32 horas a la semana también deben poseer un contrato escrito y percibir un salario conforme a las horas trabajadas.
Afirman que el empleo parcial se puede denominar a toda prestación de servicios que dure entre 16 a 32 horas semanales. Superado este tiempo, se considerará relación laboral de tiempo completo.
Vacaciones y licencias
De esta manera se busca que los trabajadores a tiempo parcial tengan derecho al seguro social administrado por IPS, además de otros beneficios como vacaciones, licencias, permiso por maternidad, lactancia y paternidad.
"Queremos formalizar a un gran sector que está trabajando de forma part-time y este proyecto lo que hace es darle un marco general y regulatorio con todas las garantías del Código Laboral, también la ley de maternidad y lactancia materna”, afirmó Recalde, en contacto con La Unión R800 AM.
Recalde refirió que el Código Laboral ya estipula el pago por horas trabajadas. Sin embargo, con este nuevo planteamiento se busca incorporar el seguro social, con los mismos beneficios que recibe todo empleado que trabaja ocho horas como mínimo.
Jóvenes, en su mayoría
Según datos del Ministerio del Trabajo, unos 129.000 personas realizan trabajos de medio tiempo, de las cuales el 56 % corresponde a jóvenes de entre 15 a 29 años, mientras que el 42% específicamente a mujeres.
El lanzamiento del anteproyecto de ley fue realizado ayer lunes en la sede de la Unión Industrial Paraguaya (UIP).
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Mercado laboral registra su menor tasa de desocupación para un segundo trimestre, según el MTESS
El mercado laboral mostró un comportamiento positivo durante el segundo trimestre del 2026, con un crecimiento de la fuerza de trabajo y un incremento aún mayor de la ocupación, de acuerdo con el reporte del segundo semestre publicado por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS).
La fuerza de trabajo aumentó en 86.346 personas frente al mismo trimestre del 2025 y en 24.120 personas respecto al primer trimestre del 2026. La expansión de la oferta laboral estuvo acompañada por un mayor dinamismo en la generación de puestos laborales.
La población ocupada aumentó en más de 114 mil personas en comparación interanual y en más de 62 mil frente al trimestre anterior. Como resultado, la cantidad de desocupados disminuyó en 28 mil personas en términos interanuales y en 38 mil en la comparación intertrimestral.
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Desocupación en su menor nivel
En este contexto, la tasa de desocupación se ubicó en 4,1 % en el segundo trimestre del 2026, el valor más bajo registrado para un segundo trimestre en toda la serie. La evolución de los últimos diez años muestra una reducción sostenida de este indicador, asociada a un mayor dinamismo de la demanda laboral frente al crecimiento de la fuerza de trabajo.
Sector privado impulsa el empleo
El crecimiento de la ocupación se reflejó en casi todas las categorías, con excepción de los familiares no remunerados. La mayor variación se registró entre los trabajadores por cuenta propia, con más de 44 mil nuevos ocupados, seguido por los empleados privados, con más de 31 mil, los empleadores, con 29 mil, y los empleados públicos, con 9 mil nuevos ocupados.
Por actividad económica, el comercio, restaurantes y hoteles encabezó la generación de puestos de trabajo, con aproximadamente 73 mil nuevas ocupaciones. Le siguieron los servicios comunales, sociales y personales, con cerca de 50 mil ocupaciones adicionales, y la construcción, con alrededor de 21 mil.
En contrapartida, algunas actividades registraron reducciones interanuales en la ocupación. Las industrias manufactureras disminuyeron en 8 mil ocupaciones, mientras que finanzas, seguros e inmuebles y agricultura, ganadería, caza y pesca registraron una reducción de 14 mil ocupaciones cada una.
Baja la informalidad y aumenta el empleo formal
La tasa de informalidad mostró una tendencia descendente frente al segundo trimestre de 2025, tanto entre el total de ocupados no agrícolas como entre los empleados y obreros del sector privado. En este último grupo, la tasa pasó de 59,2% a 56,9%, lo que representa una reducción de 2,3 puntos porcentuales.
La población ocupada no agrícola registró un incremento interanual de 128.745 personas. En términos absolutos, los ocupados formales aumentaron en 57.435 personas a nivel país, mientras que el empleo formal privado explicó una parte sustantiva de este crecimiento, con 46.461 nuevos empleos formales, aproximadamente el 80 % del incremento total de la ocupación formal. En paralelo, los registros administrativos del Instituto de Previsión Social (IPS) muestran que los trabajadores cotizantes del régimen general pasaron de 799.354 en junio de 2025 a 848.280 en junio de 2026, un aumento de 48.926 empleados formales.
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Impulsan volver al cambio de horario por el impacto en estudiantes y trabajadores
La discusión sobre el horario oficial del país volvió a instalarse en el Congreso, esta vez con un fuerte componente social. En la Cámara de Diputados se planteó tratar en un plazo de 15 días un proyecto de ley que busca dejar sin efecto el horario único vigente y restablecer el sistema de dos cambios anuales, con horario de verano e invierno.
La propuesta surge en medio de cuestionamientos de diversos sectores ante una realidad que se hace especialmente visible durante los meses más fríos del año: miles de estudiantes y trabajadores deben iniciar sus actividades antes del amanecer.
Actualmente, durante el invierno el sol aparece cerca de las 7:40. Esto obliga a numerosos niños, adolescentes y trabajadores a trasladarse en plena oscuridad y bajo temperaturas bajas, una situación que, según los impulsores del proyecto, afecta principalmente a quienes viven en zonas rurales o periféricas.
En estos sectores, donde el alumbrado público suele ser escaso y las opciones de transporte son limitadas, el trayecto hacia escuelas, colegios y lugares de trabajo representa un desafío adicional. La preocupación no se limita a la comodidad, sino también a la seguridad de quienes deben recorrer largas distancias a pie o esperar medios de transporte antes de la salida del sol.
La iniciativa propone fijar el horario de verano en UTC-3, adelantando los relojes el primer domingo de octubre, y retornar al horario de invierno UTC-4 el cuarto domingo de marzo.
El debate también llegó al Senado, donde se presentó un proyecto de características similares. Entre los argumentos expuestos se menciona que, independientemente del huso horario adoptado, durante el invierno la duración de la luz solar es inferior a 11 horas, por lo que la discusión se centra en cómo distribuir mejor esas horas de claridad dentro de la rutina diaria de la población.
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También se cuestionan algunas de las medidas alternativas planteadas para enfrentar el problema, como retrasar el ingreso a clases hasta las 8:00. Según sostienen, esa posibilidad resultaría difícil de aplicar en instituciones educativas con doble o triple turno, ya que obligaría a extender las actividades hasta altas horas de la noche.
A ello se suma el impacto que tendría sobre miles de familias cuyos horarios laborales comienzan a las 7:00. Para muchos padres, modificar el horario escolar implicaría reorganizar completamente la logística cotidiana de traslado y cuidado de los hijos.
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Conasam definirá este miércoles propuesta de aumento del salario mínimo
El Consejo Nacional de Salarios Mínimos (Conasam) se prepara para una reunión clave este miércoles, para remitir al Poder Ejecutivo la recomendación oficial sobre el reajuste del salario mínimo que regirá desde el 1 de julio.
“Tenemos previsto ya emitir una recomendación”, señaló a la 1080 AM el presidente de Conasam y director del Trabajo, Jorge Rivas, y destacó que las discusiones continúan entre representantes de trabajadores, empleadores y el gobierno para alcanzar una posición consensuada.
“Cada uno viene a defender una posición. Estamos dialogando para llegar a una recomendación justa para todos”, afirmó.
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Como ocurre cada año, el reajuste salarial debe definirse durante junio para su entrada en vigencia a partir del primer día de julio. El principal punto de debate gira en torno al mecanismo de cálculo que será considerado para la actualización.
Si se aplica exclusivamente la fórmula vigente basada en la inflación acumulada de los últimos doce meses, estimada en 2,4 %, el salario mínimo tendría un incremento de G. 69.577. De esta manera, pasaría de los actuales G. 2.899.048 a G. 2.968.625.
Sin embargo, las centrales obreras sostienen que ese ajuste resulta insuficiente frente al encarecimiento del costo de vida y plantean un aumento mucho más significativo. La propuesta sindical apunta a una suba del 20 %, equivalente a G. 647.021 adicionales sobre el salario vigente.
La diferencia entre ambas posiciones marca el principal desafío para la Conasam en las horas previas a la definición. Mientras los trabajadores insisten en una recomposición más amplia del ingreso, el sector empresarial advierte sobre los efectos que un incremento elevado podría tener sobre los costos laborales y la generación de empleo.
Una vez emitida la recomendación, la decisión final quedará en manos del presidente de la República, Santiago Peña, quien deberá analizar la propuesta y oficializar el nuevo monto mediante decreto.
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OIT adopta convenio inédito para proteger a trabajadores de plataformas digitales
La Organización Internacional del Trabajo (OIT), un organismo de la ONU, adoptó ayer viernes el primer acuerdo en el mundo sobre la protección de los trabajadores a tiempo parcial de las plataformas digitales. En 2023 el Banco Mundial estimó que había hasta 435 millones de trabajadores de plataformas digitales (gig online) en el mundo, que en gran medida han quedado fuera de las protecciones laborales.
El crecimiento de estas plataformas durante las últimas décadas ha abierto nuevos mercados para las empresas y creado oportunidades de empleo e ingresos, “ofreciendo cierta flexibilidad a algunos trabajadores y caracterizándose por bajas barreras de entrada”, según la OIT. Pero las condiciones a veces dejan que desear, ya que están reguladas por contratos de prestación de servicios o autónomos, en vez de ser asalariados de las empresas.
Las compañías que están detrás de las aplicaciones controlan el trabajo por encargo mediante algoritmos que asignan tareas, fijan la remuneración, evalúan el desempeño e incluso despiden a los trabajadores. Esto les permite, en muchos casos, ignorar aspectos como los requisitos de salario mínimo, la seguridad en el lugar de trabajo y el acceso a la seguridad social.
El acuerdo de la OIT tiene como objetivo ampliar las protecciones laborales a millones de personas en todo el mundo que trabajan a través de plataformas digitales, en ámbitos como el reparto de comida y los servicios de transporte. Según el texto, se aplica a todos independientemente de su situación laboral.
“Exigir responsabilidades”
El convenio marca “un punto de inflexión para los trabajadores de plataformas”, afirmó Lena Simet, asesora principal de justicia económica de Human Rights Watch, que siguió las negociaciones. Establecería “la primera norma mundial para proteger sus derechos y exigir responsabilidades a las plataformas de trabajo digitales”, señaló.
El convenio fue adoptado en la 114ª Conferencia Internacional del Trabajo, celebrada en Ginebra. “Delegados, ¿puedo entonces considerar que la conferencia adopta el convenio en su totalidad? Adoptado”, declaró el presidente de la conferencia, Juan Castillo, mientras hacía sonar el mazo.
El texto fue aprobado por 406 votos a favor, 8 en contra y 36 abstenciones. Entre los países que votaron en contra figuran Estados Unidos y Nueva Zelanda, mientras que Argentina, Bangladesh, Reino Unido, India, Rusia y Chile están entre los que se abstuvieron.
Países como India, Bangladés y Estados Unidos estimaron que el convenio debía aplicarse de manera flexible. El representante de India llamó a preservar “la flexibilidad de los Estados miembros para diseñar y adaptar políticas en función de su contexto socioeconómico y de su desarrollo tecnológico”.
“Esto es especialmente importante para apoyar el crecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas y de las start-ups”, precisó. Estados Unidos recomendó “prudencia respecto a la adopción de regulaciones vinculantes en sectores de la economía en rápida transformación”. Esto es válido para las plataformas “donde normas demasiado rígidas obstaculizan la innovación y perjudican a los trabajadores a los que se supone deben ayudar”, señaló el representante estadounidense.
El texto pide a los Estados miembros que adopten medidas para garantizar derechos fundamentales, como “la libertad de asociación”, la negociación colectiva, “la eliminación de toda forma de trabajo forzoso u obligatorio” y “la abolición efectiva del trabajo infantil”. La OIT es única en el sistema de las Naciones Unidas, ya que sus 187 Estados miembros están representados por igual por gobiernos, empleadores y trabajadores.
Fuente: AFP.