La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia hizo lugar al recurso de casación y revocó la condena de los campesinos sentenciados por la masacre en Curuguaty. Se trata de los jueces Cristóbal Sánchez, Emiliano Rolón Fernández y Arnaldo Martínez Prieto, quienes votaron por la nulidad de la sentencia.
El abogado de los campesinos, Jorge Bogarín González, presentó el recurso extraordinario de casación, y manifestó que se hizo justicia a tres años de la lectura de la sentencia a los 11 campesinos. “Estamos felices, satisfechos. Esto es un triunfo de la justicia, la justicia tiene un rostro humano. Estas personas no deben estar ni un minuto más en la cárcel", expresó Bogarín en la 650 AM.
Bogarín no descartó que ahora los campesinos accionen contra el Estado. Señaló que la misma Constitución Nacional contempla en ciertos casos solicitar un resarcimiento monetario por los años que estuvieron en la cárcel.
Rolón y Martínez Prieto además refirieron para que no se vuelva a realizar un nuevo juicio oral y público. En tanto que el juez Sánchez votó por la absolución y que se vuelva a hacer otro juicio.
Rolón argumentó que el problema principal fue la falta de fundamentación de los fallos y que se basaba en la falta de justificación de la responsabilidad penal.
Cuatro continúan en prisión
Con esta decisión recuperan su libertad Rubén Villalba, condenado a 30 años de cárcel más 5 de medidas de seguridad, Luis Olmedo Paredes, condenado a 20 años, Néstor Castro y Arnaldo Quintana, sentenciados a 18 años. Los cuatro permanecen en la penitenciaría de Tacumbú.
Mientras que ya obtuvieron libertad ambulatoria María Fani Olmedo y Dolores López Peralta, sentenciadas a 6 años de pena, Felipe Benítez Balmori, Juan Carlos Tillería, Alcides Ramírez y Adalberto Castro, condenados a 4 años y Lucía Agüero, condenada a 6 años.
La masacre de Curuguaty ocurrió el 15 de junio de 2012, en Marina Cué, donde el enfrentamiento dejó a 11 campesinos y 6 policías muertos. El hecho se dio en un operativo de desalojo en las tierras que supuestamente estaban a nombre de Blas N. Riquelme, pero que el Estado reclamaba como suya.
El caso derivó en un juicio político al presidente de la República de aquel entonces, Fernando Lugo, quien fue destituido como jefe de Estado.