La Corte Suprema de Justicia resolvió anular la sentencia contra los 11 campesinos del caso Curuguaty, ocurrida el 15 de junio de 2012, donde fallecieron 11 campesinos y 6 policías en un intento de desalojo.
De esta manera, los 11 condenados por la masacre de Curuguaty son absueltos por la Sala Penal de la Corte por el voto de sus tres miembros. “Deben salir libres”, afirmó el camarista Emiliano Rolón. Los integrantes del tribunal refirieron que no se logró demostrar la culpabilidad de los acusados de los crímenes atribuidos.
Además, Rolón expresó que no se realizará un nuevo juicio, por lo que los campesinos quedan libres. “En términos sencillos, estas personas condenadas en forma indebida van a recuperar inmediatamente su libertad. Es una decisión histórica del tribunal", expresó Jorge Bogarín, abogado de los campesinos, en contacto con la 780 AM.
Los cuatro campesinos que cumplen condena en la penitenciaría de Tacumbú, Rubén Villalba, Luis Olmedo Paredes, Arnaldo Quintana Paredes y Néstor Castro Benítez, recuperarán la libertad. El resto de los condenados absueltos son María Fani Olmedo, Dolores López Peralta, Felipe Benítez Balmori, Juan Carlos Tillería, Alcides Ramírez, Adalberto Castro y Lucía Agüero.
La masacre de Curuguaty ocurrió el 15 de junio de 2012, en Marina Cué, donde el enfrentamiento dejó a 11 campesinos y 6 policías muertos. El hecho se dio en un operativo de desalojo en las tierras que supuestamente estaban a nombre de Blas N. Riquelme, pero que el Estado reclamaba como suya.
El caso derivó en un juicio político al presidente de la República de aquel entonces, Fernando Lugo, quien fue destituido como jefe de Estado.
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Caen dos hombres que serían parte de un grupo que invadió una estancia y se enfrentó con policías
Dos hombres fueron detenidos por efectivos del Departamento de Investigaciones de Canindeyú luego de ser identificados como parte de un grupo que habría ingresado a una estancia ubicada en el distrito de Jasy Cañy, en donde quemaron un retiro y tomaron como rehén a los trabajadores.
Según el informe policial, los detenidos serían Saturnino García González, de 26 años, y Miguel Barrios, de 47 años, este último cuenta con antecedentes por invasión, coacción grave e intento de homicidio.
Ambos hombres fueron detenidos durante un rastrillaje ejecutado por dispositivos policiales que habían acudido a la zona tras el pedido de ayuda del propietario de la estancia.
Andrés Dure, de 77 años, propietario de la estancia “San Rafael”, denunció que aproximadamente 15 personas habían ingresado a su propiedad y empezaron a quemar la vivienda de los peones y lograron mantenerlos retenidos durante varias horas hasta que llegaron las fuerzas del orden, a quienes enfrentaron con disparos y piedras, para posteriormente darse a la fuga.
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“Estos sujetos fueron plenamente identificados; los mismos fueron detenidos cuando intentaban huir, y serían parte de este grupo de supuestos campesinos que aparentemente querían invadir la propiedad. Nosotros, tras el enfrentamiento, pusimos un perímetro de control y fue ahí que logramos dar con ellos”, explicó el comisario José Delgado, jefe de investigaciones de Canindeyú en conversación con el periodista Juan Alcaraz.
Del poder de los detenidos fueron incautados 11 cartuchos sin percutir de calibre .22, 7 cartuchos de calibre 7.62, y 1 cartucho de calibre 30, además de teléfonos celulares, pasamontañas y armas blancas, entre otros enseres personales. Los hombres fueron puestos a disposición del Ministerio Público.
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Prófugo 8 años por matar a golpes a una mujer, fue condenado a 22 años de cárcel
- Ciudad del Este. Agencia Regional
Un hombre que estuvo prófugo por ocho años, después de haber matado a golpes a su expareja y dejar sin su madre a dos niños, finalmente fue condenado a 22 años de cárcel.
Se trata de Mario Martínez Vera, quién teniendo antecedente por violencia familiar, había podido huir y permanecer oculto durante tantos años. La víctima fue Marisa Jara González.
El agente fiscal, Fidel Godoy, fue quien defendió la acusación y en el juicio oral del pasado 30 de abril, exactamente la misma fecha, pero 9 años después del hecho, el tribunal integrado por los jueces Emilia Santos, Milciades Ovelar y Flavia Lorena Recalde, encontró al acusado culpable de homicidio doloso agravado.
Los hechos se remontan al 30 de abril de 2016, cuando Martínez Vera, a bordo de su vehículo Nissan, modelo Serena, interceptó a la mujer en el municipio de San Alberto, mientras ella se dirigía al mercado.
Mediante amenazas, la obligó a subir al auto y la trasladó hasta una zona rural de Minga Porã, donde la golpeó brutalmente en la cabeza, causándole la muerte.
El cuerpo sin vida de la mujer fue encontrado dos días después, el 2 de mayo de 2016, en una plantación de soja en la colonia 5ta. Línea, cerca del límite con el distrito de San Alberto.
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Según el médico forense interviniente en aquella ocasión, doctor Eric Hugo Zapata, la muerte se produjo por “traumatismo de cráneo encefálico gravísimo, con hundimiento y fractura de huesos temporal y parietooccipital, producido por elemento contundente”.
Martínez Vera y Jara González habían mantenido una relación de más de ocho años, de la cual nació un hijo, que en el momento del homicidio tenía 5 años. Tras la ruptura, el hombre comenzó una nueva relación con una adolescente de 15 años, mientras que Mariza también había iniciado otra relación de pareja.
Sin embargo, el acusado no aceptaba la separación y comenzó a hostigar a su expareja, quien rechazó sus intentos de reconciliación. Durante el juicio, entre las pruebas relevantes que presentó la Fiscalía en contra del acusado estaba la prenda de vestir de la víctima encontrada en el inquilinato donde residía el hoy condenado.
Además, Martínez Vera huyó del lugar tras el hallazgo del cadáver y se llevó consigo al hijo menor. El tribunal consideró estos hechos como elementos claves para dictar la condena. Al igual que la persistente violencia y el hostigamiento hacia la mujer, sumados a su fuga.
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Ratifican condena de funcionario judicial que ayudó a Ramón González Daher
La Cámara de Apelación confirmó la sentencia condenatoria para Damián Cáceres González, quien fue encontrado culpable por los hechos punibles de acceso indebido a sistemas informáticos, alteración de datos, frustración a la persecución y ejecución penal, así como por la realización del hecho por un funcionario público por adulterar el sistema informático para favorecer al condenado Ramón González Daher.
El tribunal de sentencia había condenado a 2 años y 6 seis meses de pena privativa de libertad que la pasará a cumplir en la penitenciaría habilitada por Institutos Penitenciarios para dicho cumplimiento una vez que quede firme la sentencia. Es decir, la defensa del condenado puede recurrir a la Corte Suprema de Justicia.
Cáceres González, quien ocupó el cargo de “Registrador III” en el Juzgado Penal de Garantías n.° 1 del Poder Judicial de la ciudad de Luque, fue acusado y sentenciado tras desvincular (cambiar datos) a la agente fiscal Sandra Ledesma del expediente n.° 16-1-2-2-2021-8496 denominado “Ramón Mario González Daher s/ Denuncia Falsa”, tramitado en el Juzgado Penal de Garantías n.° 1, a cargo de la jueza Jennifer Natalia Ynsfrán Morán, en el sitio web www.csi.gov.py/portal sustituyéndola por el agente fiscal Jalil Amir Rachid en el expediente judicial mencionado.
Para ello utilizó el usuario perteneciente a Mayra Andrea Irala Delvalle, funcionaria con el cargo “Oficial de Secretaría II”, compañera de trabajo del mismo, quien había dejado abierto su usuario en la computadora utilizada por Damián Cáceres en la secretaria del mismo Juzgado Penal de Garantías n.° 1 del Poder Judicial de la referida localidad.
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La corte brasileña concede prisión domiciliaria “humanitaria” al expresidente Collor
- Fuente: AFP
Un juez de la corte suprema de Brasil concedió este jueves prisión domiciliaria “humanitaria” al expresidente Fernando Collor de Mello, encarcelado desde la semana pasada por corrupción y diagnosticado con Parkinson, según un fallo del máximo tribunal.
El exmandatario (1990-1992) de 75 años fue detenido hace una semana por una condena de 2023, en un proceso derivado de la megacausa Lava Jato en el que se le culpó de recibir 20 millones de reales (unos 3,5 millones de dólares al cambio actual) en sobornos cuando era senador entre 2010 y 2014, para facilitar contratos entre una constructora y una exfilial de la petrolera estatal Petrobras.
“Su grave situación de salud, (...) su edad y la necesidad de tratamiento específico admiten la concesión de prisión domiciliaria humanitaria” para aplicarse “con urgencia”, expresó en su fallo el juez de la corte Alexandre de Moraes, quien había ordenado el arresto de Collor.
El exmandatario deberá usar una tobillera electrónica y se mantiene la suspensión de su pasaporte.
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La corte ratificó días atrás la condena a ocho años y 10 meses de cárcel contra el expresidente, primer gobernante electo por sufragio universal en Brasil tras la dictadura militar (1964-1985).
Collor pasó su detención en la cárcel Baldomero Cavalcanti de Oliveira, en la ciudad de Maceió (noreste), en un ala especial y en celda individual por su condición de exmandatario.
Su defensa había pedido prisión domiciliaria “humanitaria” ya que Collor sufre “comorbilidades graves que incluyen enfermedad de Parkinson, apnea de sueño grave y trastorno afectivo bipolar”.
Con un discurso inconformista, Collor generó grandes expectativas al llegar al poder en 1990 como el presidente más joven de la historia del país, bajo la promesa de una reforma profunda de la vida política y social de Brasil.
El apodado “cazador de marajás”, como llamaba a funcionarios de altos sueldos, renunció sin embargo a la presidencia en 1992, en medio de un juicio político abierto por el Congreso luego de que un hermano de Collor acusara al gobierno por corrupción.
Desde el fin de la dictadura militar, cuatro de los siete ocupantes del palacio presidencial de Planalto fueron condenados, encarcelados o destituidos por distintos motivos.
El expresidente de extrema derecha Jair Bolsonaro (2019-2022) está actualmente a las puertas de un juicio por un presunto intento de golpe de Estado en 2022, tras su derrota en las elecciones presidenciales de ese año.