La Corte Suprema de Justicia resolvió anular la sentencia contra los 11 campesinos del caso Curuguaty, ocurrida el 15 de junio de 2012, donde fallecieron 11 campesinos y 6 policías en un intento de desalojo.
De esta manera, los 11 condenados por la masacre de Curuguaty son absueltos por la Sala Penal de la Corte por el voto de sus tres miembros. “Deben salir libres”, afirmó el camarista Emiliano Rolón. Los integrantes del tribunal refirieron que no se logró demostrar la culpabilidad de los acusados de los crímenes atribuidos.
Además, Rolón expresó que no se realizará un nuevo juicio, por lo que los campesinos quedan libres. “En términos sencillos, estas personas condenadas en forma indebida van a recuperar inmediatamente su libertad. Es una decisión histórica del tribunal", expresó Jorge Bogarín, abogado de los campesinos, en contacto con la 780 AM.
Los cuatro campesinos que cumplen condena en la penitenciaría de Tacumbú, Rubén Villalba, Luis Olmedo Paredes, Arnaldo Quintana Paredes y Néstor Castro Benítez, recuperarán la libertad. El resto de los condenados absueltos son María Fani Olmedo, Dolores López Peralta, Felipe Benítez Balmori, Juan Carlos Tillería, Alcides Ramírez, Adalberto Castro y Lucía Agüero.
La masacre de Curuguaty ocurrió el 15 de junio de 2012, en Marina Cué, donde el enfrentamiento dejó a 11 campesinos y 6 policías muertos. El hecho se dio en un operativo de desalojo en las tierras que supuestamente estaban a nombre de Blas N. Riquelme, pero que el Estado reclamaba como suya.
El caso derivó en un juicio político al presidente de la República de aquel entonces, Fernando Lugo, quien fue destituido como jefe de Estado.
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Caso Ronaldinho: Dalia López es condenada a dos años de prisión con suspensión de la pena
La empresaria Dalia López admitió judicialmente la falsificación de los pasaportes que involucraron al exfutbolista Ronaldinho Gaúcho y su hermano, y fue condenada a dos años de prisión. Aunque fue condenada, la ejecución de la pena quedó suspendida y la justicia ordenó retirar la tobillera electrónica que portaba desde su captura.
López se acogió a un procedimiento abreviado en el que reconoció los hechos de producción de documentos no auténticos en el caso Ronaldinho. Los fiscales Cristian Ortiz, Juan Sandoval y José Martín Morínigo dieron luz verde al planteamiento de la defensa técnica, ejercida por los abogados Cristóbal Cáceres Frutos, Víctor Dante Gulino y Álvaro Cáceres.
Finalmente, la empresaria Dalia López Troche fue condenada a dos años de prisión con suspensión a prueba de la ejecución de la pena por el juez penal de Garantías Francisco Acevedo. Además, se ordenó el retiro de su tobillera electrónica y le impuso millonarias donaciones a instituciones de salud.
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Se dispuso el cumplimiento de:
- Entrega de un total de USD 110.000 y G. 200 millones distribuidos en distintas fundaciones e instituciones como el Instituto Nacional del Cáncer (Incan), el Hospital San Pablo, hogares de niños, entre otros.
- Prohibición de salir del país sin autorización judicial, comparecencia trimestral ante el juzgado y obligación de comunicar cualquier cambio de domicilio por el lapso de dos años.
- El magistrado ordenó el cese de las medidas cautelares y el retiro de la tobillera electrónica que utilizaba bajo arresto domiciliario.
Antecedentes
El escándalo estalló en marzo de 2020, cuando Ronaldinho y su hermano fueron detenidos en Paraguay por usar pasaportes falsificados. En ese momento, el Ministerio Público identificó a Dalia López como la líder de la red delictiva que adulteraba los documentos.
López permaneció prófuga hasta que fue capturada por la policía en Asunción en abril de 2026. Tras recibir arresto domiciliario con tobillera electrónica bajo una millonaria fianza, el proceso cerró el 6 de noviembre y admitió su culpabilidad en un juicio abreviado que le otorgó una pena suspendida.
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Congreso destituye a Santiago Peña
Santiago Peña fue destituido este viernes de su cargo de presidente de la República, por voto nominal y por unanimidad en el juicio político por mal desempeño de funciones al que fue sometido en el Senado.
Tras un largo debate, los senadores declararon culpable a Peña del mal desempeño de sus funciones por su responsabilidad en la crisis financiera desencadena por la resolución de ueno bank, por parte del Banco Central del Paraguay (BCP), el martes 3 de noviembre, afectando a más de millones de paraguayos.
La destitución se produce luego de dos días de debate parlamentario, en las que los fiscales acusadores expusieron sus cuestionamientos a la gestión presidencial y sus presuntos vínculos con las irregularidades financieras investigadas en ueno bank y empresas relacionadas con el Grupo Vázquez.
Los abogados que ejercieron la defensa del exmandatario intervinieron, tras escuchar los alegatos finales de los fiscales acusadores. Cuestionaron que el libelo acusatorio no tuvo pruebas contra el gobernante, acusado de mal desempeño de funciones y señalaron que el enjuiciamiento tuvo tinte político.
Peña presentó su renuncia a la presidencia el jueves 5 de noviembre de 2026, en medio de una grave crisis política y financiera provocada por la intervención y cierre del intervenido ueno bank.
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Los fiscales acusadores -designados por la Cámara Baja- fueron Rocío Vallejo (Partido Patria Querida); Raúl Benítez (independiente); Mauricio Espínola (ANR -Añetete); Carlos Núñez Salinas (ANR - Fuerza Republicana), y los liberales Rodrigo Blanco, Adrián “Billy” Vaesken, Luis “Freddy” Franco, y Pedro Gómez.
El proceso del juicio político que derivó a la destitución de Peña tuvo cinco sesiones extraordinarias desarrolladas en ambas Cámaras del Congreso.
La primera se realizó ayer jueves con el juramento del Tribunal juzgador y la presentación de la acusación; la segunda se realizó hoy viernes con la defensa del Santiago Peña a través de sus dos abogados, Ricardo Preda y Adolfo Ferreiro; durante la tercera sesión se desarrolló la evaluación de las pruebas presentadas por los diputados; la cuarta, la presentación de los alegatos finales. En la quinta sesión y la última se decidió la destitución del presidente Peña, con 44 votos en forma unánime.
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Condenan a 10 años de prisión a violador sistemático de una adolescente
- Rocío Gómez. Corresponsal en Itapúa.
Un hombre fue condenado a 10 años de pena privativa de libertad tras ser hallado culpable del hecho punible de coacción sexual y violación ocurrido en Mayor Otaño, departamento de Itapúa.
La causa fue representada por el Ministerio Público, a cargo del agente fiscal Luis Caballero, de la Fiscalía Zonal de Mayor Otaño.
Según lo demostrado en el juicio, todo ocurrió en el entorno familiar, ya que el condenado era cuñado de la adolescente.
En el momento del hecho, la joven se encontraba conviviendo con su padre y sus hermanos pequeños. Por su parte, la madre de la menor se había trasladado temporalmente a otra zona o localidad para cumplir con sus obligaciones laborales.
El hombre aprovechaba los momentos en que el padre no se encontraba en la casa para ir hasta el domicilio y someterla sexualmente.
Los hechos comenzaron cuando la víctima tenía 14 años y continuaron en varias oportunidades hasta que cumplió 15 años, momento en que se realizó la denuncia. Además, la amenazaba con un arma de fuego, advirtiéndole que si contaba lo sucedido le haría algo a ella, a su hermana, quien era la esposa del condenado, y a su sobrino, hijo del sujeto.
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Durante el juicio oral, la declaración de la adolescente confirmó lo que ya había manifestado anteriormente ante el Ministerio Público.
Con esas pruebas, el Tribunal de Sentencia, integrado por las juezas penales Marcela Escobar Lapierre, en carácter de presidencia, Raquel García Rivarol y Nilda Caballero, dictaminó la condena de 10 años de prisión.
Se trata de un paso importante para la adolescente como su entorno. Deja un mensaje sobre la importancia de denunciar y acompañar a las víctimas durante el proceso para que puedan acceder a justicia y protección tras sufrir hecho punible de coacción sexual y violación.
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Paraguay expondrá su experiencia de titulación campesina en reunión del Mercosur
Las décadas de paciencia, sacrificio y trabajo honesto de las familias rurales del Paraguay alcanzan un reconocimiento histórico que cruza las fronteras, para participar de la Reunión Especializada sobre Agricultura Familiar del Mercosur (REAF). Mediante una invitación al titular del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) Francisco Ruíz Díaz, para participar como actor central en su XLV Sesión Ordinaria, a celebrarse en Montevideo, Uruguay.
El objetivo de la invitación formal es para compartir los avances en titulación y acceso a la tierra con el Instituto Nacional de Colonización del Uruguay. De este modo, la lucha campesina paraguaya llega al Mercosur, bajo el lema “El derecho al arraigo”, que se convierte en referente regional.
Este encuentro bilateral y regional tiene como propósito primordial articular políticas públicas de acceso a la tierra e intercambiar experiencias de titulación campesina entre el Indert y el histórico Instituto Nacional de Colonización (INC) del Uruguay, situando el protagonismo del productor rural paraguayo en el corazón de la agenda regional.
La tierra no es mercancía, es dignidad
Al respecto, Ruíz Díaz explicó que, durante más de un siglo, el modelo extractivo y la discrecionalidad mantuvieron al labriego humilde bajo el signo de la precariedad y la amenaza constante del desalojo. Hoy, el proceso de titulación masiva y regularización jurídica que lidera el Indert demuestra que el Estado ha retomado su rol moral irrenunciable: ser el padre protector que abriga, defiende y devuelve la tranquilidad al hogar campesino.
Destacó que este llamado del Mercosur no representa una simple formalidad diplomática de oficina; sino que encarna el triunfo de la palabra empeñada frente al viejo régimen de la incertidumbre:
- El campesino como constructor de soberanía: La comunidad internacional está siguiendo con atención el rostro de los miles de familias que hoy cuentan con un título definitivo que nadie les podrá arrebatar.
- Certeza jurídica contra los privilegios del pasado: Frente a quienes intentan desacreditar la dignificación rural tildándola de espectáculo, la región reconoce que en Paraguay se está derribando el peaje burocrático para erigir un verdadero escudo legal para los más humildes.
- El arraigo definitivo: La propiedad de la chacra deja de ser una dádiva de los grupos extractivos para consolidarse como una deuda histórica saldada con quienes alimentan y sostienen a la patria.
“La tierra no es un papel negociable al antojo de los poderosos: es el hogar sagrado de nuestros hijos y la raíz de nuestra identidad. Que los pueblos hermanos del Mercosur convoquen hoy al Paraguay para dialogar sobre nuestras políticas agrarias es la victoria moral de cada campesino que jamás bajó los brazos”, destacó el titular de la cartera rural.
Asimismo, resaltó que la presencia paraguaya en Montevideo sellará el compromiso de no dar un solo paso atrás en la defensa de la agricultura campesina, demostrando que cuando la autoridad asume con coraje su deber de cuidar a su gente, la justicia y la paz social se vuelven una realidad inquebrantable.