CIE presentó los componentes fabricados por la compañía, consistentes en el sistema de regulación de potencia de una turbina de la Central Hidroeléctrica de Yacyretá. El hecho es un hito tecnológico y de ingeniería para el país.

El Consorcio de Ingeniería Electromecánica- CIE, firma enteramente nacional presentó oficialmente las piezas diseñadas y fabricadas por la firma, que forma parte del proceso de rehabilitación de seis turbinas de la represa binacional, en el marco de contratos adjudicados al Consorcio Argentino-Paraguayo para Yacyretá (CAPY), tras una licitación internacional.

El acto, del cual participó el presidente de la República, Santiago Peña, fue con el objetivo de mostrar lo que el Paraguay es capaz de construir, especialmente en materia de transferencia tecnológica e ingeniería avanzada.

El mandatario destacó el valor simbólico y técnico de esta producción nacional. “Hoy venimos a testificar una historia que nos llena de orgullo: una empresa paraguaya que se proyecta desde Luque hacia el mundo, con un nivel de precisión, valor agregado y proyección internacional del trabajo realizado por CIE”, expresó.

El presidente de CIE, Eduardo Borgognon, mencionó que esta obra es un hito para la empresa y en la industria nacional, al tratarse de un componente de tal magnitud con mano de obra paraguaya, en una empresa de capital paraguayo.

“El Paraguay lo tenemos que construir los paraguayos. Está bien que abramos las puertas al mundo, pero también tenemos que mostrar que existen empresas como CIE, capaces de asumir proyectos de gran envergadura”, exclamó.

Recordó que hasta hace unos años se hablaba de proyectos de 10 o 20 millones de dólares, y hoy son cientos de millones, para lo cual CIE está preparado para ser parte de ese nuevo Paraguay industrial, remarcó.

A su vez, el gerente general de la compañía, Francisco Rivas, explicó que el componente fabricado es un distribuidor hidráulico, parte fundamental de la turbina de la hidroeléctrica Yacyretá, cuya función es canalizar la energía, transformándola primero en energía mecánica (cinética) y luego en energía eléctrica.

“Con esta presentación, queremos mostrar ese Paraguay que sueña, ese Paraguay que cree que realmente se pueden hacer cosas buenas acá, con su capacidad de producción, con su gente y con tecnología de primer nivel”, indicó.

El proceso de fabricación duró unos 21 meses, con la adquisición de la materia prima, que es una aleación especial comprada en países tecnológicamente avanzados. Esto pasa por un control de calidad en origen, incluyendo inspección radiográfica.

Se procede al trazado, corte, deformación plástica, ensamblaje a nivel local en el área de montaje y soldadura, y, por último, el mecanizado de precisión, clave para soportar al caudaloso río Paraná. El componente completo pesa aproximadamente 350 toneladas, incluyendo piezas de 130, 70 y 200 toneladas que luego se ensamblan como un solo conjunto dentro del pozo de la turbina.

Durante el proyecto trabajaron alrededor de 140 personas, desde el inicio hasta la etapa actual, el trabajo aún no concluye, pues ahora se debe desmontar el componente, trasladarlo al sitio, desarmar la turbina existente y reinstalar todo con las nuevas piezas.

Antes de fin de año, la Policía Nacional incorporará cáma­ras corporales a sus agentes y mejorará la dotación de las patrulleras, como parte de un proyecto para equipar a las fuerzas de seguridad interna del país.

El equipamiento tam­bién incluirá la compra de cámaras corporales (bod­ycam) para que los agen­tes en la primera línea de acción registren sus actua­ciones para garantía de los ciudadanos y respeto a los derechos humanos, con­forme al plan impulsado por el Gobierno a través del Ministerio del Interior.

Con el uso de la tecnología se busca grabar los distin­tos operativos que realizan de manera diaria y que ayu­darían en transparentar la labor de los uniformados. De acuerdo con el plan, las cámaras serán destinadas al uso de los policías que están en la primera línea y del Grupo Lince, para grabar sus actuaciones y así garan­tizar a los ciudadanos res­pecto a los derechos huma­nos.

La tecnología también implica el uso de inteligen­cia artificial para el análi­sis de imágenes e identifi­car acciones sospechosas para su notificación inme­diata a agentes policiales y del Grupo Lince.

Como un plan piloto, la Comandancia de la Poli­cía ya había adquirido cien cámaras corporales que estaban siendo utiliza­das desde hace unos años por los agentes durante los eventos deportivos y por efectivos del Grupo Lince. Uno de los agentes que uti­liza las cámaras corpora­les es José Giménez, quien tomó la decisión personal de incorporar esta herra­mienta a su labor en zonas peligrosas de la ciudad de Asunción.

La Entidad Binacional Yacyretá (EBY) obtuvo una sentencia favorable en un juicio civil por daños y perjuicios que representaba una amenaza financiera significativa para la institución. Así lo confirmó Eduardo González, asesor jurídico de la entidad, quien detalló que la demanda ascendía a G. 9.047 millones (unos USD 1,2 millones al tipo de cambio actual) y fue desestimada por caducidad procesal.

“Pudimos concluir un juicio más en contra de la entidad y, por otro lado, como otro resultado positivo, evitamos realizar cualquier pago por situaciones en las que no hay el por qué para plantear acciones de este tipo y esto desalienta a que se planteen juicios similares”, expresó ante la 650 AM.

La demanda fue presentada en 2022 y fue consecuencia de un ingreso clandestino de personas a zonas restringidas en el área de la represa, quienes intentaban realizar una pesca furtiva. A pesar de las advertencias del personal de seguridad, los intrusos no se retiraron y hubo una supuesta represión, lo cual derivó en esta acción legal contra la entidad, según explicó González.

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El equipo jurídico de Yacyretá respondió la demanda en tiempo y forma, sostuvo el abogado, y finalmente el caso fue cerrado sin que la EBY deba pagar suma alguna, debido a la falta de impulso procesal por parte de los demandantes. González remarcó que la actual administración asumió la conducción de la entidad en un momento económico complejo, y que desde entonces se han logrado importantes avances tanto en el ordenamiento interno como en la defensa legal.

“En apenas dos meses del año pasado, con una reestructuración del área jurídica, logramos sentencias favorables por un valor cercano a los USD 114 millones en los ámbitos civil y laboral, y este año creo que vamos a tener un resultado muy positivo también. Tenemos un norte bien determinado, que es la defensa de los intereses de una de las empresas más importantes del país”, detalló.

Finalmente, afirmó que gracias a una política de racionalización financiera, la expectativa positiva en torno al cumplimiento del acuerdo por parte de Argentina y una firme defensa institucional, Yacyretá podrá salir del “momento complicado” en el que todavía permanece. “Somos una empresa estratégica para el país”, concluyó.

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La Entidad Binacional Yacyretá (EBY) logró frenar una demanda que preten­día un desembolso de más de G. 9.000 millones, tras la declaración de caducidad del caso por parte del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del vigé­simo turno de Asunción. La medida beneficia directa­mente a la institución, que ya no deberá enfrentar el pago reclamado por los deman­dantes.

La acción judicial fue iniciada en abril de 2022 por José Luis Duarte Machuca y Mario Alberto Duarte, quienes exi­gían una indemnización por supuestos daños y perjuicios. Según alegaron, fueron agre­didos por personal de seguri­dad de la EBY mientras pesca­ban en el río Paraná.

La representación legal de Yacyretá, a cargo de los aboga­dos Alfredo González y Mar­celo Codas Fontanilla –bajo la coordinación del Dr. Silvino Benítez y del jefe de Asesoría Jurídica, Dr. Eduardo Gonzá­lez–, solicitó en junio de ese mismo año la intervención en el proceso y presentó la con­testación a la demanda.

Durante el desarrollo del jui­cio, la EBY impugnó la admi­sión de pruebas presentadas por los demandantes, argu­mentando que fueron ofre­cidas fuera de plazo. El Tri­bunal de Apelación dio la razón a la defensa y revocó la resolución que admitía dichas pruebas, devolviendo el expediente al juzgado de origen. Sin embargo, los actores no cumplieron con el procedimiento requerido para la notificación formal del “cúmplase”, lo que derivó en la declaración de caduci­dad del proceso el pasado 5 de mayo de 2025.