Richard Pereira, de 25 años, quedó parapléjico tras recibir un balazo de parte de un policía, en un procedimiento irregular ocurrido el 13 de agosto del 2016, en las calles 24 Proyectadas y Pa’i Pérez del barrio Roberto L. Petit de Asunción.
Un Tribunal de Sentencia, conformado por Fabián Weisensee, Juan Mendoza y Laura Ocampo, fijó para mayo de 2019 la realización del juicio oral y público del sub oficial Jhonie Osvaldo Orihuela y el comisario Jorge Zárate, procesados como presuntos responsables del hecho.
Orihuela se encuentra imputado por homicidio doloso en grado de tentativa y por hecho punible de lesión grave. La fiscal del caso, Pamela Pérez, solicitó 25 años de cárcel para el sub oficial Orihuela, acusado de efectuar el disparo que sufrió el joven. Para Zárate solicitó 5 años de prisión. El comisario está en libertad.
"Creo que es chicanería y alguna mano negra que hay por ahí. Mientras tenemos que seguir pagando las consecuencias y esperando que llegue la justicia", expresó Ramón Pereira, padre de la víctima, en Unicanal.
El abogado querellante, Jorge Bogarín, adelantó que apelará la convocatoria a juicio. "No puede ser si la Ley dice como máximo un mes, entonces tengamos que esperar un año", expresó Bogarín, en contacto con la 780 AM.
Circuito cerrado
La agente refirió que cuenta con evidencias que indican que los uniformados modificaron la escena del crimen al llevar todo lo que en ese lugar sucedió.
Inclusive señaló que los policías plantaron evidencias falsas, al colocar un arma que no funcionaba en la mano de la víctima, para poder contar con una coartada de supuesta reacción policial ante una amenaza. Una cámara de circuito cerrado captó la escena donde el uniformado dispara al joven.
El abogado no descartó la posibilidad de llegar hasta la Corte Suprema de Justicia, sino hay respuestas en el Tribunal de Apelación.
El Tribunal que juzgará a los dos policías indicó que por sobrecarga de trabajo se convocó recién para el 2019 la audiencia.
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Maradona fue manipulado durante su internación domiciliaria, dice su exterapeuta
Un acompañante terapéutico que asistió a Diego Maradona semanas antes de su muerte declaró que el entorno del astro del fútbol ejercía “manipulación” para condicionar con quién hablaba durante su internación domiciliaria, en el juicio que se sigue en Argentina por su muerte en 2020. “Había manipulación, vi manipulación telefónica”, dijo ayer martes Carlos Cottaro, que acompañó a Maradona en parte de la internación domiciliaria que precedió la muerte del ídolo en 2020.
Cottaro señaló que el secretario de Maradona, Maximiliano Pomargo, condicionaba “si las hijas lo podían ver o no”. “Le sonaban los teléfonos a Diego y los agarraban y la comunicación no pasaba”, dijo Cottaro en referencia a Pomargo y sus asistentes. Pomargo no está imputado en el juicio por la muerte del ídolo, que busca responsabilidades en siete profesionales de la salud que atendieron al exfutbolista durante la internación domiciliaria, de la que se cuestiona tanto la pertinencia como las condiciones.
En coincidencia con otros testigos, Cottaro señaló que la casa donde estuvo internado Maradona tras someterse a una neurocirugía estaba sucia y carecía de elementos médicos esenciales. Maradona había sido operado el 3 de noviembre de 2020 por un hematoma subdural. Días después fue trasladado a una casa en Tigre, al norte de Buenos Aires, donde murió el 25 de noviembre a los 60 años por un edema pulmonar y un paro cardiorrespiratorio.
En la audiencia del martes, declararon además tres imputados, entre ellos el médico clínico Pedro Di Spagna, que lo hizo por primera vez. Di Spagna, que visitó a Maradona en dos oportunidades en su casa, dijo que fue la representante de la empresa de medicina privada quien le pidió que ya no volviese para el seguimiento del paciente.
Médicos, enfermeros y un psicólogo parte de ese equipo de salud enfrentan una acusación de homicidio con dolo eventual, una figura que implica que eran conscientes de que su accionar podía causar la muerte del exfutbolista.
Además del equipo de siete profesionales de la salud, una octava persona, una enfermera, será juzgada aparte. Los implicados enfrentan penas de hasta 25 años de prisión. Todos claman inocencia. El proceso se realiza en dos audiencias semanales y se espera que se extienda al menos hasta julio.
Fuente: AFP.
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Condenan a cuatro años de cárcel al hijo de la princesa de Noruega por violación
Un tribunal de Oslo condenó este lunes a cuatro años de prisión a Marius Borg Hoiby, hijo de la princesa heredera de Noruega, tras declararlo culpable de dos violaciones y absolverlo de otras dos, en un caso que ha vapuleado a la monarquía del país nórdico. Además de las dos violaciones —una de ellas cometida en 2018 en la residencia oficial de su madre y del príncipe heredero—, la condena incluye maltrato repetido contra una expareja, amenazas e infracciones de tráfico.
Hoiby, de 29 años, hijo de una relación anterior de Mette-Marit antes de casarse con el príncipe Haakon, se enfrentaba a 40 cargos y a una pena máxima de 16 años de prisión. Sin cargo oficial ni profesión fija, siempre negó las acusaciones más graves, las violaciones a cuatro mujeres que no podían resistirse, así como el maltrato repetido a una expareja.
Por motivos de salud no especificados, Hoiby, en prisión preventiva desde febrero, no estuvo presente durante la lectura del veredicto, que siguió por videoconferencia desde la cárcel. La fiscalía había solicitado siete años y siete meses de prisión, mientras que la defensa pedía su absolución en los cargos de violación y una pena de año y medio por otros delitos.
Hoiby había reconocido algunos cargos, como el transporte de 3,5 kg de marihuana, lesiones físicas y amenazas.
El juicio, celebrado entre el 3 de febrero y el 19 de marzo, expuso a la luz pública la vida de excesos del joven, que saltó a la esfera pública con solo tres años debido al romance entre Mette-Marit y Haakon.
“Soy conocido sobre todo como el hijo de mi madre, no por otra cosa. Por eso he tenido una necesidad extrema de reconocimiento toda mi vida”, declaró el segundo día del juicio. “Y eso se ha traducido en mucho sexo, muchas drogas y mucho alcohol”, añadió.
“Régimen de terror”
Según la acusación, las violaciones se cometieron entre 2018 y 2024 tras fiestas en las que Hoiby había consumido alcohol y estupefacientes.
En cada caso, tras las relaciones sexuales consentidas, se habrían producido otros actos ilegales cuando las jóvenes parecían estar dormidas.
El debate judicial se centró en el estado de conciencia de las presuntas víctimas y en lo que Hoiby podía percibir en el momento de los hechos. En su alegato, el fiscal Sturla Henriksbo describió a un acusado “que se cree que todo le está permitido”.
A pesar de sus explicaciones confusas y sus lagunas de memoria, Hoiby insistió en que no tenía “por costumbre mantener relaciones sexuales con mujeres que duermen”.
También denunció la presión mediática, que, según él, lo había convertido en “un monstruo”, “objeto del odio de toda Noruega”.
El caso salió a la luz el 4 de agosto de 2024, cuando Hoiby fue detenido por supuestamente haber agredido a su pareja la noche anterior en un barrio rico de Oslo. La prensa publicó entonces una foto de un cuchillo clavado en una pared y una lámpara rota en el suelo. Otra mujer, la influencer Nora Haukland, afirmó más tarde haber sufrido también violencia física y psicológica, un “régimen de terror”, según la acusación.
Durante el juicio, Hoiby reconoció que los celos podían hacerle perder el control. Fue al analizar sus teléfonos y ordenadores cuando los investigadores encontraron vídeos que, según ellos, documentaban las violaciones.
Aunque Hoiby no forma parte oficialmente de la familia real, este caso ha contribuido a debilitar el apoyo de la opinión pública a la monarquía noruega, que, no obstante, sigue siendo relativamente alto.
Este caso se suma a otros escándalos, como las recientes revelaciones sobre la correspondencia mantenida entre Mette-Marit y el delincuente sexual Jeffrey Epstein entre 2011 y 2014, cuando el financiero estadounidense ya había sido condenado por solicitar servicios de prostitución a una menor.
La princesa, de 52 años y afectada por una enfermedad pulmonar incurable, ha visto cómo su estado de salud se deterioraba notablemente en los últimos meses, hasta el punto de que los médicos la han incluido en una lista de espera para un trasplante.
Fuente: AFP.
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Juicio de Boidanich: testigos ratificaron plazos legítimos y sin filtraciones
Este miércoles prosiguió el juicio oral contra el exministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Óscar Boidanich, quien está siendo juzgado por la presunta frustración de le ejecución y persecución penal por supuestamente no alertar operaciones del empresario Darío Messer, entre los años 2017 y 2018. En esta jornada se realizó la producción de documentos, dando continuidad con este proceso judicial.
“En su mayoría es información interna de la Secretaría de Lavado de Dinero en aquel entonces, los procedimientos que se llevaron adelante y también, cómo el caso en sí está construido por el Ministerio Público a partir del ejercicio de funciones, también toda una serie de actos normativos que denotan quien ejercía qué función y en qué época”, detalló el abogado Claudio Lovera, defensor de Boidanich, al programa “Arriba hoy” de GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
El juicio prosigue ya con las pruebas documentales, ya que los 11 testigos ya cumplieron con las declaraciones ante el Tribunal de Sentencia en el marco de esta causa. De acuerdo con el abogado, en estas declaraciones se confirma que la argumentación de la fiscalía contra el exministro de la Seprelad no se ajusta a los hechos.
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“La declaración de los testigos lo que denota es una tramitación normal para lo que es un informe de inteligencia financiera, no hay ningún tipo de violación de plazos, y siempre insisto en el punto fundamental, no existió ningún tipo de filtración de información por parte de la Secretaría. Eso se acredita con el caso que las personas que eran objetos de inteligencia financiera no intentaron siquiera realizar ningún tipo de movimiento respecto a su patrimonio”, refirió.
Indicó que los testigos explicaron “cada uno de los pasos dentro de estas etapas que finalmente se culmina en un informe de inteligencia financiera, por ejemplo, el área de asesoría jurídica y el tiempo en el cual la asesoría analizó el borrador de informe y emitió su dictamen, y su dictamen con recomendaciones de profundización de ciertos aspectos antes de tomar la decisión final de remitir al Ministerio Público”.
Agregó que “el plazo en el cual la fiscalía no encuentra irregularidad alguna y es un tema interesante de destacar, la fiscalía cuando hace referencia a Óscar Boidanich denuncia un plazo entre junio del 2017 y abril del 2018, pero dentro de esos plazos fueron pasando varias etapas y varias áreas, como por ejemplo, la dirección de Asuntos Jurídicos que entre ese borrador y otros borradores de informes y otras tareas de la dirección llevó un trabajo de casi 5 meses”.
Ateniendo a todas estas informaciones, “eso la fiscalía no observa como irregular, entonces tampoco se le puede adjudicar a Óscar Boidanich y posteriormente a plazos que están relacionados a los meses de enero a febrero, marzo y abril, en los cuales Boidanich tampoco estaba ejerciendo la función de secretario ejecutivo”.
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Caso Giuzzio: declaración de Marcus Vinicius se posterga por 10 días
La declaración de Marcus Vinicius Espíndola Marqués de Padua, en el marco del juicio contra Arnaldo Giuzzio, fue reprogramada para el jueves 25 de junio a las 8:00, a pedido de las autoridades del Brasil, donde el presunto narcotraficante brasileño está detenido desde febrero de 2022. La audiencia testifical estaba prevista este miércoles, en la continuidad del proceso contra el exministro del Interior del gobierno de Mario Abdo Benítez, acusado por cohecho pasivo agravado (soborno) al recibir supuestos beneficios y favores de Marcus Vinicius mientras buscaba convertirse en proveedor del Estado de equipo y servicios de blindaje.
Las autoridades brasileñas remitieron una nota solicitando un plazo de 10 días al Tribunal de Sentencia conformado por Adriana Planás, Mathías Garcete y Yolanda Morel, reportó el periodista de judiciales Aldo Insfrán para el programa “Arriba hoy” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media. No obstante, el juicio de este miércoles prosiguió con la presentación de pruebas documentales por parte del Ministerio Público, representado por la agente fiscal Verónica Valdez.
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De acuerdo a la nota remitida por las autoridades brasileñas, no pueden llegar hasta la penitenciaría donde se encuentra recluido Marcus Vinicius. Por su parte, la fiscal del caso Verónica Valdéz informó también que el fiscal de Asuntos Internacionales, Manuel Doldán, se comunicó con las autoridades brasileñas quienes ratificaron el pedido de un plazo de 10 días para garantizar la declaración de Marcus Vinicius.
Uno de los episodios más citados por la acusación es el viaje realizado por Giuzzio y su familia a Brasil a finales de 2021, utilizando una camioneta propiedad de una empresa vinculada a Vinicius. Para los fiscales, este hecho constituye un indicio claro de los beneficios indebidos que recibió el entonces ministro.
Los investigadores afirman que existía una relación directa y frecuente entre ambos, respaldada por mensajes de WhatsApp, reuniones personales y otros elementos documentales presentados durante el juicio oral. En este contexto, Marcus Vinicius fue citado a declarar, para aportar en la relación que mantuvo con el exministro abdista.
En esta causa, la fiscal Verónica Valdez confirmó el lunes pasado que el Ministerio Público pudo acceder hace pocos días a un equipo con capacidad suficiente para revisar más de 13.000 páginas de la extracción de chats del narco brasileño Lindomar Reges Furtado (socio de Marcus Vinicius), quien en 2022 escapó del Paraná Country Club de Hernandarias, fue capturado en Río de Janeiro en febrero de 2025 y condenado a 37 años de cárcel por tráfico de drogas, en mayo de 2026.