Hoy, el reajuste se define exclusivamente en función de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

El Poder Ejecutivo impulsará la modifi­cación de la fórmula de cálculo del salario mínimo en Paraguay, con el objetivo de reflejar de manera más precisa el costo de vida real de los trabajadores. La pro­puesta será analizada en la primera quincena de abril junto al Consejo Nacional de Salarios Mínimos (Conasam), según adelantó el viceminis­tro de Trabajo, César Segovia.

En la actualidad, el reajuste del salario mínimo se define exclusivamente en función de la variación del Índice de Pre­cios al Consumidor (IPC). Sin embargo, desde el Ministerio del Trabajo consideran que este indicador, si bien es útil para la política monetaria, no captura de forma adecuada el impacto real del encareci­miento de bienes esenciales en el bolsillo de los trabaja­dores.

“El IPC es una herramienta válida, pero mide una canasta muy amplia que no necesaria­mente refleja lo que consume el trabajador en su día a día”, explicó Segovia a la 780 AM. En ese sentido, señaló que se analiza incorporar nuevas variables a la fórmula, con el acompañamiento técnico de la Organización Internacio­nal del Trabajo (OIT).

Actualmente, el salario mínimo en Paraguay, vigente desde el 1 de julio de 2025, es de G. 2.899.048 mensuales para trabajadores del sector privado, con un jornal diario de G. 111.502.

Entre las alternativas en discusión figura la posibilidad de combinar el IPC con otros indicadores, como el creci­miento del producto interno bruto (PIB) o incluso índi­ces vinculados al costo de alimentos. La intención es construir un mecanismo más representativo que per­mita ajustes salariales más acordes a la realidad econó­mica.

El viceministro ejemplificó que, en un escenario donde el PIB crece 6,6 % y la infla­ción se ubica en torno al 3 %, un esquema que priorice el mayor de estos indicadores podría derivar en incremen­tos salariales superiores a los actuales. “Se podría plantear que se utilice el índice que más favorezca a un reajuste ordenado”, indicó. No obs­tante, subrayó que cualquier modificación deberá surgir del consenso entre trabaja­dores y empleadores, en el marco de la mesa tripartita del Conasam. La convocato­ria prevista en este mes de abril, buscará avanzar en un proyecto unificado que eventualmente derive en un cambio legislativo.

El Poder Ejecutivo impulsará la modificación de la fórmula de cálculo del salario mínimo en Paraguay, con el objetivo de reflejar de manera más precisa el costo de vida real de los trabajadores.

La propuesta será analizada en la primera quincena de abril junto al Consejo Nacional de Salarios Mínimos (Conasam), según adelantó el viceministro de Trabajo, César Segovia.

Actualmente, el reajuste del salario mínimo se define exclusivamente en función de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Sin embargo, desde el Ministerio del Trabajo consideran que este indicador, si bien es útil para la política monetaria, no captura de forma adecuada el impacto real del encarecimiento de bienes esenciales en el bolsillo de los trabajadores.

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“El IPC es una herramienta válida, pero mide una canasta muy amplia que no necesariamente refleja lo que consume el trabajador en su día a día”, explicó Segovia a la 780 AM. En ese sentido, señaló que se analiza incorporar nuevas variables a la fórmula, con el acompañamiento técnico de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Entre las alternativas en discusión figura la posibilidad de combinar el IPC con otros indicadores, como el crecimiento del producto interno bruto (PIB) o incluso índices vinculados al costo de alimentos. La intención es construir un mecanismo más representativo que permita ajustes salariales más acordes a la realidad económica.

El viceministro ejemplificó que, en un escenario donde el PIB crece 6,6 % y la inflación se ubica en torno al 3 %, un esquema que priorice el mayor de estos indicadores podría derivar en incrementos salariales superiores a los actuales. “Se podría plantear que se utilice el índice que más favorezca a un reajuste ordenado”, indicó.

No obstante, subrayó que cualquier modificación deberá surgir del consenso entre trabajadores y empleadores, en el marco de la mesa tripartita del Conasam. La convocatoria prevista para abril buscará avanzar en un proyecto unificado que eventualmente derive en un cambio legislativo.

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El vicepresidente Pedro Alliana señaló que, conforme a su método de trabajo, y al cargo que ocupa, lo que hace es escuchar a la gente todas sus inquietudes y transmitirle luego al presidente de la República. Confirmó que sí le hizo llegar algunos reclamos y conversó con él sobre la necesidad de cambios en el Gabinete.

Durante el lanzamiento de la precandidatura a la Intendencia de Camilo Pérez, este jueves por la noche, el segundo del Ejecutivo fue abordado por varios trabajadores de prensa que le realizaron diversas consultas.

Entre ellas, aclaró que fueron varias las ocasiones en que tuvo oportunidad de conversar con el jefe de Estado, a quien le hizo llegar todos los cuestionamientos, tanto de forma pública y de frente, como también lo hizo durante la reunión de ministros.

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Señaló que su planteamiento lo hizo mirando hacia el 2028, buscando continuar con el modelo de gestión, y si para ello es necesaria una mirada más política de la gestión, y que esto mismo ya lo había dicho en su momento al presidente Santiago Peña.

“No solo fue un descargo con el que queríamos llamar la atención del público, o de los correligionarios, sino era algo que yo realmente sentía que se tenían que hacer algunos cambios dentro del Gabinete. Le dije al presidente de la República en privado, lo dije en una reunión de ministros y lo dije también en público. Así es que yo voy a seguir trabajando de esta misma manera y bueno, estoy seguro de que la dirigencia también valora ese trabajo", comentó.

Reconoció que hay cosas por corregir y darle una mirada más política. “Hay que darle una mirada más política a la gestión, y esto no lo estoy diciendo hoy al presidente Peña, ya le había dicho a él, y es lo que nosotros vamos a seguir seguramente proponiendo”, acotó.

Por otra parte, el vicepresidente Alliana habló de la idea de la candidatura a la Presidencia 2028. Remarcó que aún no es el momento, que ahora está concentrado en las elecciones municipales de este año en las que se apunta a lograr la mayor cantidad de intendencias coloradas.

Aseguró que llegado el momento, lo estará analizando de forma personal, con su familia, y de ser necesario hablará con la dirigencia del movimiento Honor Colorado, para saber si aún lo consideran como el mejor candidato.

No obstante, indicó que de ser necesario mandará incluso a hacer una encuesta no para el público, sino para él poder tomar una decisión de aceptar o no la propuesta de la candidatura a la Presidencia.

“Yo no tengo miedo a los desafíos, estoy seguro de que gracias al trabajo que realicé siempre, en los cargos que me tocó ocupar, gracias al Partido Colorado, yo creo que la dirigencia del partido se siente muy identificada conmigo. Voy a tratar de cumplir la promesa que asumí. Voy a mirar todo esto que ocurre en estas elecciones municipales, pero por supuesto, yo no descarto la posibilidad de salir cuando pueda, salir a trabajar y a acompañar a nuestros candidatos", enfatizó.

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Uno de los temas en la agenda pública financiera más impor­tante y necesaria de las últimas décadas en nuestro país es la reforma del sistema previsional que admi­nistra las jubilaciones y pensiones del sec­tor estatal que, como sabemos, funciona bajo un esquema de reparto, por el cual los aportes de los trabajadores activos finan­cian a los jubilados en el presente.

Sucedió que con el correr de los años, se fue perdiendo el necesario equilibrio entre los aportes y los haberes correspondien­tes. En todo el sistema de las cajas fisca­les se empezó a gastar más de lo que se recaudaba. Las causas son varias y desde el Poder Ejecutivo presidido por Santiago Peña, tal situación fue considerada como una amenaza no solo para las finanzas públicas sino que también para la misma economía.

Fue por ello que desde el Ejecutivo y por medio del Ministerio de Economía y Finanzas se remitió un proyecto de ley sobre el tema en cuestión, modificando diversas situaciones. El desequilibrio entre los ingresos y gastos es un hecho irrebatible a la fecha y está afectando a las arcas estatales vía impositiva que, ya el año pasado, llegó a trepar a más de cuatro­cientos millones de dólares.

En atención a esta situación, el gobierno del presidente Santiago Peña consideró pertinente realizar cambios en la edad de jubilación, la tasa de sustitución o de retorno y la edad de retiro oficial y otros. El proyecto original del Ejecutivo contaba con los elementos necesarios para evitar males mayores e iniciar las transformacio­nes subsiguientes en tiempo y forma dado que, de no hacerlas, se estaría poniendo en riesgo la estabilidad financiera del país desde el mismo Presupuesto de Gastos de la Nación.

El Ejecutivo tomó cartas en el asunto y llevó a cabo su tarea de iniciativa legisla­tiva –que por cierto– también es de com­petencia del Congreso. Más allá de esta observación, el gobierno del presidente Peña es el primero que aceptó el desafío de enfrentar el problema, aun sabiendo que ello le podría ocasionar algunos cos­tos de malas interpretaciones y antojadi­zos “argumentos” en contrario. Esto es, el gobierno actual rechazó seguir pateando el problema para adelante.

Dejar de lado un problema para que otros lo enfrenten en ningún modo está bien. Por el contrario, es de destacar que la labor de todo buen gobierno es velar no solo por los intereses del erario, sino que también y especialmente por la población. En efecto, el Ejecutivo nacional había observado que según pasaban los años y sin cambios en este sector de las cajas fiscales, el pro­blema se volvía mayúsculo hasta conver­tido en amenaza.

Había que hacer algo. Y se hizo. El Ejecu­tivo vía Ministerio de Economía y Finan­zas remitió al Congreso el proyecto de ley para evitar mayores males. Fue así que en Diputados básicamente se trató el docu­mento del Ejecutivo, aprobándose cam­bios sustanciales como, por ejemplo: que la edad de jubilación sea general para todos, esto es, desde los cincuenta y siete (57) años; la tasa de sustitución de no menos del setenta y cinco (75) por ciento y no más del ochenta y cinco (85) por ciento y se tome en cuenta los últimos diez (10) años como base del cálculo y otros como la de los hijos que ya no podrían contar con la pensión, pero sí el cónyuge correspondiente.

A lo expresado agregamos que el aporte estatal sería gradual e iría del 1 al cinco (5) por ciento y no más. De este modo, se venía un cambio importante que, y como ya dijimos en otro momento en este espa­cio, se convertía en un paso nunca antes realizado. Ningún gobierno se había ani­mado a velar por los intereses del pue­blo. Y decimos esto de modo enfático y sin rodeos, dado que algunos venían propo­niendo como “solución” al problema subir los impuestos a los contribuyentes para corregir el problema de unos pocos.

Sobre esto último el Poder Ejecutivo desde un comienzo manifestó su rotunda nega­tiva de subir los tributos para así con­graciarse con un grupo de personas que, sabiendo que tienen el derecho de peticio­nar a las autoridades, empero, no tienen derecho alguno a que otros les paguen sus haberes.

Cambiar algo que está mal para ir a otras transformaciones de fondo es el camino acertado y prudente. En la Caja Fiscal, en consecuencia, la iniciativa legislativa del Ejecutivo es la que debe primar en su tra­tamiento en el Congreso porque conviene a todos, a los sectores involucrados y a la ciudadanía en general.