María Concepción Ramírez cumple tres meses recluida en el Buen Pastor sin que haya pruebas del “crimen” por la que se le acusa. Supuestamente, le arrojó “ácido” a su expareja, durante una pelea en la que ella asegura que solamente se defendió. A pesar de que está comprobado que nunca hubo ácido, el Ministerio Público y el Juzgado de Caacupé se niegan a atender los reclamos judiciales de esta mujer.

“Me quitaron mi libertad. Me quitaron mis hijos.. me quitaron mis cosas, prácticamente arruinaron mi reputación acá”, dice María Concepción y llora. Está tensa. Nerviosa. Pero sobre todo, dolida. No entiende, hasta ahora, cómo puede ser que está presa en el Buen Pastor por el sólo hecho de haberse defendido de su agresor. Su abogada, Mirta Fernández, no duda en afirmar que el caso de María Concepción es una muestra más de la ineficiencia judicial, pero sobre todo, de cómo el sistema es injusto con las personas pobres, y María Concepción, mujer de 33 años, madre de tres hijos, limpiadora y cocinera de profesión, es una de ellas.

El 11 de enero de este año, María Concepción tuvo una pelea con su pareja, Ángel López Rodríguez, en su casa. No era la primera vez que había violencia entre ellos. “Siempre me pegaba, o casi siempre. Solía dejarme la cara todo con moretones, pero yo decía que me golpeaba o que mi hijo me tiró con el zapato, siempre inventaba cualquier cosa”, recuerda María. Pero en esta oportunidad, María Concepción señala que se defendió con un balde que estaba cargado con agua y lavandina. “Él me empujó y ahí le derramé lo que tenía. Después ya me encerré en el baño, no sé realmente si le afectó la piel o algo”, dice.

Ese mismo 11 de enero, una mujer de nombre Carmen Fariña –actual pareja de Ángel López- denunció a María Concepción ante la comisaría Primera de Caacupé por violencia familiar contra el hombre. Supuestamente, Ángel López sufrió quemaduras en el cuerpo porque el líquido que le derramó María “parecía” ácido. Hasta hoy, la abogada Fernández no logra que el Juzgado de Caacupé autorice una Junta Médica para comprobar que Ángel López no sufrió ningún tipo de quemadura en el cuerpo.

“Yo después de eso me fui a la Comisaría como para hacer una nueva denuncia contra él (su esposo) por violencia, pero en la Comisaría no me recibieron la denuncia. Dijeron que ya había una orden de captura en contra mía”, relata María Concepción. En su declaración testifical, Ángel López dice que no era la primera vez que María Concepción lo agredía. Lo que no dice López es que la mujer le había reclamado por las cosas que él había empeñado de la casa. Artículos que ella había comprado con el esfuerzo de su trabajo. Este reclamo que hizo María Concepción fue el que originó la pelea que posteriormente terminó en su detención. Fue el inicio de su infierno.

La penitenciaría de Buen Pastor o cárcel de mujeres alberga a unas 470 reclusas. Su capacidad está prácticamente rebasada desde hace muchos años, por lo que en el 2015, el Ministerio de Justicia decidió su clausura. Trasladaron a las presas en otras dependencias, para que haya una mejor distribución. Hasta el 2016, apenas el 37% de las detenidas en este lugar tenía condena. El resto, compuesto por mujeres pobres, todavía debe esperar que alguien se apiade de ellas.

Al igual que Tacumbú para los hombres, Buen Pastor es el principal centro de reclusión para mujeres en Paraguay. Si bien no hay cifras exactas al respecto, una gran parte de la población penal femenina está privada de su libertad por posesión de drogas o por haber estado involucrada en microtráfico de estupefacientes. Además, hasta el año pasado 30 de las internas de este Penal vivían con sus hijos o hijas en la cárcel, ya que no tenían en donde dejarlos. La vida, para estos niños, es el encierro.

La sala en donde está María con su abogada es una pieza húmeda y tiene un pequeño cartel, hecho a computadora, que dice “sala de abogados, no almorzar aquí”, en el pabellón de entradas al Buen Pastor. Un ventilador trata de sofocar el calor del lugar. Hay tres mesas blancas de oficina, pero sólo dos están en condiciones de ser usadas. Afuera, unas reclusas juegan vóley, otras se reúnen en minúsculos grupos y toman tereré. La temperatura ronda los 33 grados y el calor en este lugar de paredes altas y pabellones que crean como un cerco gigante es agobiante. María se sienta en una de las sillas de la sala de abogados. Se muestra tímida. Si depende de ella, no accedería a esta entrevista, pero es como que ya no tiene de otra. Si depende de ella, hoy estaría con sus hijos, que tienen 14, 10 y 6 años. Ella considera que esta nota es la única manera de que su historia pueda ser atendida en forma.

“Acá vivo bien, de alguna manera. Estoy estudiando manualidades y trabajo también en eso, ganando una pequeña plata. No es mucho, pero me sirve para algunos gastos o ir juntando”, dice María Concepción. Está recluida sin condena. Su caso no avanza porque simplemente no se puede hacer una diligencia de que una Junta Médica confirme que no hubo agresión a su marido, como él había denunciado. Sin embargo, dicho procedimiento no se puede hacer desde hace dos meses, a pesar de reiterados pedidos.

“El caso de María Concepción viene a demostrar la crueldad y el ensañamiento del sistema judicial con una mujer. Con una mujer que además es pobre”, dice la doctora Mirta Fernández, abogada de María Concepción que tomó su caso hace dos meses y no encuentra respuesta jurídica que pueda justificar lo que pasa con su defendida.

“La imputación de María Concepción se basa en supuesta violencia familiar y lesión grave. Paradójico cuando ella fue víctima muchos años de violencia, y lo otro directamente nunca se probó. Por eso venimos insistiendo para que se haga la junta médica que pruebe que no hay lesión, ni leve ni mucho menos grave en el cuerpo de esta persona” dice Fernández, en referencia de López, la expareja de María Concepción.

El agente fiscal que firmó la imputación y pedido de prisión preventiva en el grado de “violencia familiar y lesión grave” contra María Concepción es Gustavo Sosa, quien entonces estaba en el cargo de interino de Zunilda González de Martínez en la fiscalía regional de Caacupé. “En la fiscalía no tuvieron una atención cordial con nosotros, pero bueno, vamos a seguir insistiendo para que este caso no quede así”, dice la abogada Fernández.

La abogada solicitó además, a principios de febrero, que se anexe a la carpeta fiscal los extractos de mensajes de textos del teléfono de María Concepción en donde se puede leer las amenazas y agresiones verbales de que recibía por parte de su expareja. “Esos mensajes muestran una conducta agresiva del hombre contra ella, todo, la forma, el trato, pero absolutamente todo fue rechazado por el Juzgado”. El magistrado que atiende este caso es el juez penal de garantías de Caacupé, Juan Carlos Rocholl. A pesar de las pruebas y pedidos, Rocholl no dio la oportunidad para que María Concepción pueda tener, al menos, prisión domiciliaria.

Existen versiones de vecinos que contradicen totalmente la historia de que Ángel López, la ex pareja de María Concepción, quedó herido después del altercado que tuvieron. Mónica Fernández es la dueña de la vivienda que alquilaba María Concepción. En charla con La Nación, Fernández se preguntaba cómo es que nunca nadie de la fiscalía o del Juzgado comprobó realmente las lesiones del hombre como para iniciarle este proceso a la mujer.

María Concepción es huérfana. No tiene hermanos ni otros parientes a quienes recurrir. “Yo muchas veces le defendí a él (por su expareja) porque no quería que mis hijos se queden sin papá. Siempre pensé en eso, no quería que pasen eso de crecer sin tener un papá o una mamá, como me pasó a mí. Yo no entiendo cómo o porqué se tomaron tanto conmigo para hacerme algo así”, dice la mujer.

La violencia contra la mujer es un lenguaje común en la sociedad paraguaya. Solamente en el 2017, se registró un total de 53 feminicidios. Pero no solamente se trata de asesinatos de mujeres. Según datos del Ministerio de la Mujer – a través de su sistema de ayuda a protección de mujeres en riesgos- y de la Policía Nacional, el año pasado hubo 100 casos de mujeres violadas sexualmente. Si este dato es triste y preocupante, lo siguiente es de terror: De todas las violaciones, el 31% de los casos fueron niñas de hasta 11 años. Que de hecho, es el rango de edad con mayor porcentaje.

Pero los casos de violencia contra la mujer encuentran un “aliado” muy importante en todo el sistema judicial paraguayo; la impunidad. De los 43 casos de feminicidios del 2016, apenas en un asesinato se llegó hasta los culpables materiales y con una condena. Gran parte de estos asesinatos quedaron sin avanzar en las investigaciones fiscales. Mucho tiene que ver los constantes cambios de jurisdicción a los que son sometidos los fiscales, pero el denominador común es que casi todas las víctimas son pobres. Entonces, resulta difícil para la justicia seguir con las investigaciones.

Desde 2014 hasta el 2017, un total de 137 mujeres fueron asesinadas. Todos los casos por sus parejas o exparejas hombres. En lo que va de este año, ya suman 10 las víctimas de feminicidios.

Un ejemplo del abandono de las instituciones de DDHH

Desde que está recluida en el Buen Pastor, María Concepción apenas pudo ver un par de veces a sus hijos. A mediados de febrero, los niños quedaron bajo custodio del papá. Desde entonces, directamente ya nunca tuvo contacto con ellos. Tiene una amiga que averigua cosas de sus hijos y le avisa cada tanto. Pero no es lo mismo. “Yo no pude ni defenderme. Lo único que quiero es que se investigue bien mi caso y que se compruebe y demuestre mi inocencia. Me están matando acá”, dice María Concepción.

La abogada Fernández ya no sabe a quién recurrir. “Aquí están violentando un derecho consagrado en la Constitución Nacional, que es el debido proceso. Cómo puede ser que todavía se pueda permitir algo así? ¿Quién le quita el trauma que están sufriendo los hijos de María, ahora que no están con su madre, quiénes se hacen responsables de ellos?. ¿Quién le quita el trauma a María Concepción con estos tres meses de encierro injusto?”, exclama la abogada Fernández, casi con desahogo.

El caso María Concepción, a pesar de las publicaciones en La Nación, algunos otros medios y redes sociales, no ha llamado la atención de instituciones que deben velar por los derechos humanos. Ni siquiera de organizaciones civiles o no gubernamentales, que rápido suelen estar para cuando la aparición signifique, además de lo mediático, alguna figuración o mensaje político.

Quizás el motivo sea que el caso de María Concepción no trae detrás una proyección política.

O quizás sea porque el caso involucra a una mujer. O Quizás sea que, además de involucrar a una mujer, María Concepción es también pobre.