Al menos 150 voluntarios rescatistas firmaron una nota de repudio y desconocimiento de la expulsión de varios de sus compañeros aprobada por el Directorio Nacional del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay (CBVP-amarillo).

La nota fue entregada al Directorio y rápidamente corrió entre los grupos de redes sociales de los bomberos. La mayoría de los que firman son miembros de la Tercera Compañía de Bomberos amarillos. “Los abajos firmantes expresamos: 1) nuestro total repudio a las resoluciones N.º 113/2017 – 118/2017 (periodo 2015-2016) – 16/2017 – 027/2017 (periodo 2017 – 2018) del Tribunal de Justicia del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay” dice el documento.

Se refiere a las resoluciones emitidas por el Tribunal mediante las se determinó varias medidas contra varios voluntarios, principalmente contra aquellos que se manifestaron exigiendo transparencia en la gestión del Directorio, tras las publicaciones de La Nación sobre los posibles casos de corrupción en la institución.

Además, la nota dice que los bomberos de la Tercera repudian dichas determinaciones del Tribunal y principalmente desconocen las sanciones impuestas contra los voluntarios que fueron sancionados por el Tribunal, con anuencia del directorio nacional. Incluso, la nota señala que los voluntarios estarían accionando judicialmente contra las sanciones que afectan a los bomberos de la Tercera Compañía.

Desde hace 12 años, el Directorio del CBVP-amarillo está bajo la presidencia de Rafael Valdéz Peralta. Su administración es muy cuestionada desde mediados del 2016, cuando La Nación publicó su serie “Bomberos en Llamas” en las que se comprobaron y se expusieron al público varias cuestiones, como por ejemplo, la compra de “equipos fantasma” que hizo el Directorio por valor de G. 963 millones. La empresa proveedora fue la firma “Circumpunto SRL”, que pertenece a Daniel Aquino Rivas, comandante de los bomberos amarillos y miembro del Directorio.

Tras esta primera publicación, decenas de bomberos arrimaron más denuncias. El caso finalmente obligó a la intervención de la fiscalía, que imputó en principio a todos los miembros del Directorio. Finalmente, el fiscal Ariel Martínez pidió elevar a juicio oral el caso, acusando al presidente Valdéz Peralta y al tesorero de la entidad, Mario Luis Gini. Hasta ahora el caso no avanza por chicanas jurídicas de los abogados de los acusados.

La persecución del Directorio contra los bomberos que empezaron a manifestarse inició poco después de la histórica manifestación de los voluntarios del 20 de setiembre de 2016. Desde entonces, suman 50 bomberos los que fueron sancionados -con expulsiones, baja o suspensiones temporales- por el Tribunal de Justicia del CBVP-amarillo, un organismo que responde absolutamente al Directorio.

Los fondos que maneja anualmente el CBVP-amarillo llega a los G. 14.000 millones. De esta cifra, cerca del 35% deriva del aporte que hace el Estado paraguayo, es decir, es dinero público, y el resto obtiene de donaciones y otros programas de recaudación, como los aportes mensuales, las colectas, etc. El dinero que es otorgado por el Estado al Directorio debe ser redistribuido a las compañías de bomberos.

Mañana habrá nueva audiencia pública convocada por organizaciones civiles para debatir sobre el manejo que tienen los fondos transferidos al Directorio Nacional. La primera audiencia, realizada el sábado pasado, tuvo una alta convocatoria. La de mañana se realizará en el Parque Carlos Antonio López, en Sajonia, a partir de las 16:30.