"Para ir a juicio oral tuve que hacer huelga de hambre durante 53 días, porque eran casi 5 años y no tenía condena. Tuve que decidir entre la vida o la muerte. Tenía conmigo un cartel que decía 'Libertad o tumba'. Mi decisión era salir vivo o morir", confiesa Andrés López.

  • Por Roque Martínez (roque.martinez@gruponacion.com.py)

Andrés López es un dedicado trabajador cuya vida cambia drásticamente la calurosa siesta del 3 de marzo del 2009, mientras espera el colectivo en una parada ubicada en Piquete Cué.

El sol veraniego arde en el cielo. En el momento en que vislumbra el micro, agentes de la Senad irrumpen en la ruta Transchaco. El hombre no imagina que ése es su último aliento de libertad antes de pasar 4 años y 6 meses en la cárcel.

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Andrés López es un trabajador que permaneció 4 años y medio en la cárcel sin condena y que fue absuelto totalmente de culpa y pena. Foto: Gentileza.

"Ese día me tocó salir a cobrar a Limpio. Esperaba el colectivo y de repente se acercaron 3 a 4 personas en una camioneta. Me altearon, me pusieron boca abajo y me revisaron todo", expresa López, en contacto con La Nación.

A los gritos, los policías le preguntan "¿Dónde estaba el paquete?". Sin embargo, Andrés no tiene idea. El paquete es 94 gramos de presunta cocaína. Él desconoce su origen.

Un muchacho se encuentra su lado. El joven ni bien observa la llegada de los agentes y logra huir.

Andrés cree que el triste episodio que le cuesta años de encierro se debe a que los agentes se equivocaron de persona."No le conocía al muchacho, nunca le vi hasta que corrió de mi lado. Me agarraron a mí los agentes de la Senad. No sé de dónde sacaron un paquete y me preguntaron si era mío. Les contesté que no", manifiesta.

Luego, los uniformados quieren tomarle una fotografía con la supuesta carga como evidencia. En todo momento, López se niega hasta que es trasladado a la sede de la Senad, donde permanece durante tres días. Finalmente es llevado al penal de Tacumbú, donde es encerrado durante 4 años y 6 meses.

“ERA COMO SI UNO ESTÉ MUERTO”

Andrés López en prisión. Foto: Gentileza.

Hasta el día de hoy, a Andrés le cuesta recordar ese episodio de su vida. Sin embargo, lo hace para que a otras personas no les suceda lo mismo. "Era como si uno esté muerto. Mis familiares estaban lejos, porque viven en Curuguaty. En ese momento mi mujer estaba embarazada de tres meses", comenta.

El primer día en el penal es enviado directamente al Pabellón 1, donde convive con delincuentes de toda clase.

"En la celda donde estuve eran todos asesinos. Había tráfico y droga. Suerte que no consumo nada ni soy viciante"(sic), menciona López.

Los días transcurren pesados y lentos, pero el hombre nunca agacha la cabeza. Durante aquellos primeros días, impaciente aguarda la visita de su mujer. Cada fin de semana la pareja mantiene conversaciones durante contados minutos.

Antes de esto, Andrés se dedicaba a trabajar. Era albañil, electricista y comerciante. Tenía una vida tranquila mientras esperaba ser padre. De un día para otro sus días se vuelven un infierno. En la cárcel incluso padece torturas por parte de los guardias cárceles.

"Cuando cometés cualquier falta los guardias te pegan. Sufrí en carne propia eso. Si los guardias estaban de mal humor te daban garrote. Para ellos todos son delincuentes. Nadie es inocente", expresa.

De igual manera, Andrés aprende a defenderse de otros internos en los días de tensión. Luego de tres meses es trasladado del Pabellón 1 al Pabellón Libertad, donde se encuentran los internos más tranquilos. Allí aprende y enseña diversos oficios a otros reclusos.

El fiscal del caso es el ex ministro del Interior, Francisco De Vargas, quien propone un juicio abreviado para López. Sin embargo, Andrés se niega en todo momento.

"De Vargas me dijo 'aceptá 5 años en juicio abreviado, sino te llevó a juicio oral y ahí te van a dar 10 años'. No le acepté el juicio abreviado", asegura .

Vista del penal. Foto: Gentileza Andrés López

“SALIR VIVO O MUERTO”

Andrés se encuentra desesperado, ya que transcurrieron más de 4 años y su caso no se define. El hombre realiza medidas extremas para llamar la atención de las autoridades.

"Para ir a juicio oral tuve que hacer huelga de hambre durante 53 días, porque eran casi 5 años y no tenía condena. Tuve que decidir entre la vida o la muerte. Tenía conmigo un cartel que decía 'Libertad o tumba'. Mi decisión era salir vivo o morir", confiesa.

Luego de 4 años y 6 meses -el 3 de julio de 2013-finalmente se realiza el juicio oral.

"Nos acercamos y nos identificamos como agentes de la Senad queríamos hacerle un chequeo corporal, yo personalmente lo revisé, no le encontré nada en el cuerpo, cuando se paró detrás estaba un paquete envuelto con leu coplas". La transcripción textual corresponde al testimonio del antidrogas interviniente.

En plena audiencia el juez Javier Sapena Brugada solicita que se realice una prueba narcótica sobre el paquete que supuestamente pertenecía a López.

La muestra es una mezcla de lidocaína y cafeína, ambas sustancias no controladas, según el informe de la Dra. Natalia María Pedernera García, encargada del análisis hecho por la Dirección Forense Especializada.

"Resultó que no era cocaína lo que había dentro del paquete. Ahí mismo el juez pidió mi libertad, después de más de 4 años y después de que acabara mi mundo. Perdí todo, porque mi mujer se cansó y me abandonó", lamenta.

Andrés asegura que perdió gran parte de su vida dentro de la cárcel de Tacumbú. Dice que por ser pobre no pudo defender su caso ante el sistema judicial de nuestro país.

"No siento tanto odio por el fiscal. Ser pobre es un delito, porque si no tenés plata podés pasar años en la cárcel. Los agentes que me detuvieron están pagando, ya que tenían problemas porque robaron evidencia. Todo se paga en la vida", dice.

SIN CULPA, NI PENA

Finalmente, Andrés obtiene la libertad tras ser absuelto sin culpa ni pena el 15 de julio de 2013. El hombre asegura que no fue fácil comenzar su vida de nuevo. "La verdad es que cuando uno sale de la prisión, sale traumado. La mente ya no es normal", explica.

Andrés cuenta con varios oficios: es albañil, electricista y pintor de obra y no tuvo muchas dificultades para hacerse del sustento diario luego de salir de la cárcel. "Cuando salí fui a Curuguaty donde tenía una hermana espiritual que tenía un negocio de encomiendas. Me pidió hacer 200 termos forrados. De eso me mantenía".

"Tengo una hija que ahora tiene 7 años. Ella es la que me necesita más. Están lejos y me necesitan por eso quiero que el Estado me brinde un trabajo seguro para que pueda ser útil a mi familia", asegura.

En la actualidad, a través de su representante legal, Andrés pide al Estado un resarcimiento económico de Gs. 3.500 millones por los años que pasó al estar privado de su libertad sin culpa alguna. "Lo único que puedo pedir es que me recuperen lo perdido para vivir dignamente con mi familia. Tengo dos hijas por las que lucho y trabajo".

LO QUE DICEN LOS FISCALES

De Vargas -al ser consultado por La Nación- afirma que recuerda el nombre de Andrés López. "Recuerdo el nombre, pero no recuerdo los detalles del caso. Tenía miles de casos. Estoy seguro que no fui a juicio oral. No recuerdo en qué etapa fui trasladado de la Unidad 1", expresa el que fuera fiscal responsable.

Marcelo Pecci Albertini asume la unidad fiscal cuando De Vargas es nombrado como titular de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), por lo que la causa de López va a parar a sus manos.

"La lidocaína y la cafeína reaccionan de forma positiva en el análisis primario de campo que se realiza en el lugar del hecho. Es lo que suele ocurrir. Luego en el análisis laboratorial da negativo. Este análisis muchas veces se realiza muy posterior al procedimiento. Hubo un tiempo en que el laboratorio de la Senad no estaba funcionando, así que pudo haber sucedido", expresa De Vargas.

Igualmente, una vez explicado el caso, De Vargas refiere que la defensa de López debió insistir en realizar el análisis del paquete que supuestamente pertenecía al acusado. "Sin recordar los detalles del caso. ¿Cómo es que teniendo abogado no impulsaron el análisis laboratorial de forma previa? ¿Porqué esperaron hasta el juicio oral?", expresa el ex fiscal.

De Vargas aclara que la posibilidad de un juicio abreviado generalmente se habla en casos donde la carga de droga no es mayor. "Se habla con la defensa. El artículo 30 de la Ley 1340 establece que aquellas personas que portan una cantidad menor y son adictas pueden ser consideradas con una pena de 2 a 4 años. Y eso posibilita el juicio abreviado", explica De Vargas.
Por su parte, el fiscal Pecci afirma que asumió el caso en el juicio oral. "Asumí la causa con posterioridad a la acusación que estaba formulada. Eso eleva a juicio, que es donde se producen las pruebas. Ahí se tiene el análisis laboratorial definitivo que da negativo a cocaína. Por tanto, corresponde la absolución de la persona", expresa Pecci.

La acusación la formuló el por aquél entonces fiscal Francisco De Vargas. "Entiendo que fue mi antecesor en la Unidad 1 Antidrogas luego de revisar con mis asistentes el caso. Puedo hablar de mi gestión en la causa que fue posterior a la acusación", manifiesta Pecci.

Al quedar en evidencia que no se trataba una sustancia ilícita, lo que corresponde al Ministerio Público es requerir al Tribunal de Sentencia la absolución de la persona. "Según la tesis acusatoria estaba bajo su dominio la sustancia incautada. El proceso tiene sus reglas. Simplemente a mí como funcionario estatal me corresponde cumplir con las mismas. Yo he cumplido", finaliza Pecci.

NÚMEROS QUE SON PERSONAS

El Instituto de Investigación en Política Criminal de la Universidad de Londres ubica a Paraguay en la cuarta posición a nivel mundial y primero en América Latina en proporción de presos sin condena.

Para el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) este dato representa una señal de alarma sobre uso abusivo de la presión preventiva.

Paraguay asciende del décimo lugar, de acuerdo al anterior informe del año 2012, al cuarto lugar, lo que significa que pasa de una tasa de 72,5% a 78% de personas privadas de libertad sin condena, según la última edición de la publicación de esta entidad de referencia internacional en estudios sobre población privada de libertad en el mundo.

Al respecto, el organismo local recomienda a las autoridades paraguayas en diversas oportunidades, la adopción de medidas que ayudarían a reducir el uso abusivo de la prisión preventiva y demuestra las consecuencias negativas de una política criminal y a prácticas estimuladas desde el Estado.

El estudio refiere que esta situación se debe a la aplicación abusiva de la prisión preventiva por parte del sistema judicial.

El crecimiento desmedido de la población privada de libertad en nuestro país se encuentra muy por encima de la capacidad de alojamiento de los establecimientos penitenciarios en el país, según el informe.

PRISIÓN PREVENTIVA Y SUS PROBLEMAS

Entre las recomendaciones del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura se encuentra derogar la Ley N° 4431/2011 y las que impiden la aplicación del libre criterio de los juzgados penales en la aplicación de medidas sustitutivas de la prisión preventiva.

Igualmente se solicita establecer un programa entre la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía General del Estado de revisión sistemática de las órdenes de prisión preventiva que puedan ser revocadas conforme a la Ley.

También se llama a establecer un sistema de comunicación entre los juzgados penales de garantía, la Dirección de los Establecimientos penales y los juzgados de Ejecución Penal para controlar el tiempo de duración de la prisión preventiva.

La organización refiere que de diciembre de 2016 a agosto de 2017 la población privada de libertad registra aumento en 16 mujeres y 449 varones. En total son 841 mujeres que se encuentran en situación de encierro hasta agosto de este año. Mientras que los varones totalizan 12.870 en los 15 centros penitenciarios del país.

SOBREPOBLACIÓN Y PROCESOS SIN CONDENA

En Paraguay existen alrededor de 4.200 reclusos que cuentan con condena firme hasta la actualidad, de acuerdo a Julio Agüero, Director de Institutos Penales y Establecimientos Penitenciarios.

"Nosotros tenemos 13.570 personas privadas de su libertad en el sistema con 15 penitenciarías y 3 regímenes semiabiertos que son personas que empiezan a recobrar su libertad. Dentro de 13.570 internos aproximadamente 4.200 internos son los que cuentan con condenas firmes. El resto son procesados y están con prisión preventiva", explica Agüero, en contacto con La Nación.

El sistema penitenciario paraguayo se encuentra sobrepasado en el doble de su capacidad poblacional en un total de 15 penitenciarías en todo el país. Tacumbú, la penitenciaría más representativa de todo el sistema carcelario del país, tiene capacidad para albergar a cerca de 1.700 reclusos, pero actualmente tiene entre sus paredes a 3.500 reos.

"Nosotros administrativamente abrimos el penal de Tacumbú hace poco más de un mes. El penal cuenta con 3.500 internos actualmente. En estos meses del año esperamos que muchos puedan recobrar su libertad lo que nos va a permitir ganar espacio", agrega.

Manifiesta que la tarea de custodiar a las personas privadas de su libertad es un trabajo complejo. Agrega que el trabajo jurídico compete única y exclusivamente al Poder Judicial. "Hay que establecer una mesa de diálogo y establecer políticas criminales concretas porque el trabajo como administrador de las personas privadas de su libertad", según Agüero.

También -según indica- existen organismos que facilitan el trabajo debido a que los privados de su libertad no cuentan con los medios apropiados para contar con un abogado defensor.

"La Defensoría Pública juega un aspecto importantísimo. Indudablemente el Ministerio Público al hacer la investigación pueden aportar y abreviar los casos para presentar ante el juez respectivo", declara.

DEFENSORES PÚBLICOS

Para César Martínez, el presidente de EXI con Dignidad (un programa que nuclea a unas 170 personas que alguna vez estuvieron privadas de su libertad) los defensores públicos juegan un papel fundamental, pero la mayoría no muestra interés ni preocupación por los internos.

"Ellos son designados por turno. El que te toca tiene que llevar tu caso. Generalmente te hace una visita para interiorizarse y después viene una vez al mes para hacerte firmar nomás que vino", expresa.

De acuerdo a lo que dice Martínez cada abogado público se encuentra "abarrotado" de causas, por lo que se torna difícil brindar una atención profunda a un caso particular. "Incluso en muchas veces se presentan en la audiencia preliminar sin tener ninguna respuestas a tu caso y se eleva generalmente a juicio oral", afirma.

Lo máximo que puede lograr un acusado es llegar a un acuerdo con la Fiscalía para lograr una condena menor de acuerdo a la gravedad del hecho, según Martínez.

La etapa de investigación de la Fiscalía en delitos menores consta de seis meses. Igualmente, la Ley faculta a los agentes fiscales a pedir una prórroga de seis meses más, en caso de que los agentes fiscales no cuenten con evidencias suficientes.

"Si no se presentan los defensores públicos en una audiencia, se suspende. Entonces uno vuelve a reclusión a esperar una nueva fecha que tarda mucho tiempo para definirse. Pasa lo mismo cuando la Fiscalía no se presenta y no sabés qué hacer", reclama.

Martínez afirma que cuando se están por cumplir los 4 años de encierro te condenan de cualquier forma debido a que la causa se puede extinguir. Caso contrario el acusado puede recuperar la libertad.

"Conozco casos que se han suspendido más de 18 veces de ir a comparecer y ya estas tres años y no podés solucionar tu caso. Por la lentitud de los procesos y también él juez tiene ciertos límites para atender", cuenta.

Se está gestando un proyecto que busca implementar el trabajo de los abogados privados para que se ocupen por lo menos de tres internos sin posibilidades de pagar su defensa. "Creo que es una buena idea", finaliza Martínez.

Tal vez esa medida logre evitar que se multipliquen casos como el que s convirtió en el expediente Nro. 0315-2012 "Andrés López Contreras S/ Tenencia sin autorización de sustancias estupefacientes". En la sentencia definitiva se deja "en claro que esta causa no dañará su buen nombre". Aunque la historia de los 4 años y medio en la cárcel sigue viva en la memoria de quien la padeció.

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