El acuerdo con familia de Leoz no extingue proceso por lavado.

La Confederación Sudameri­cana de Fútbol (Conmebol) se refirió sobre el acuerdo que fue firmado con los herederos de Nicolás Leoz y fue tajante al señalar que no tiene efectos sobre las responsabilidades penales de terceros en el pro­ceso penal por lavado de dinero que enfrenta el presidente del banco Atlas, Miguel Ángel Zal­dívar, y otros imputados. La pos­tura se dio a conocer a través del abogado Claudio Lovera, repre­sentante legal de la Conmebol, en respuesta al banco Atlas y el diario Abc Color, ambos del Grupo Zuccolillo.

Lovera fue claro al señalar que los acuerdos alcanzados con la sucesión de Leoz son de carácter personal y no pue­den extenderse a otros actores. Mencionó que delitos como el lavado de dinero no se extin­guen mediante acuerdos entre particulares, ya que implican conductas más amplias que incluyen el manejo de fondos derivados y su circulación en el sistema financiero.

“El lavado no solo abarca el objeto original, sino también los bienes sustitutos genera­dos a partir de esos fondos”, explicó Lovera. Acotó que cualquier persona o entidad que haya participado en ese circuito, incluso obteniendo beneficios propios o para terceros, no queda alcanzada por esos acuerdos.

Fiel a su estilo, el Grupo Zucco­lillo inició su ofensiva mediá­tica y judicial exponiendo el acuerdo firmado por la Con­mebol con los herederos de Leoz para sostener que el caso contra su banco debería extin­guirse. Dicho acuerdo, firmado en 2020, contempló el desis­timiento de acciones contra la sucesión de Leoz a cambio de un resarcimiento de al menos 51,2 millones de dólares.

El abogado Rodrigo Yódice, representante del banco, plan­teó a radio 730 AM (Grupo Zuccolillo) que esa repara­ción integral del daño debe­ría implicar la extinción de la acción penal, incluso en lo referente al supuesto lavado. También dijo que le sorprendió conocer el acuerdo y aseguró que fue ocultado para iniciar la acción contra el banco.

Sin embargo, el abogado Lovera le respondió que los acuerdos fueron públicos y comunicados en su momento, incluso en con­gresos del organismo. Señaló que el propio presidente Ale­jandro Domínguez hizo refe­rencia a estos entendimientos en distintas ocasiones, por lo que rechazó cualquier insinua­ción de ocultamiento.

Este manotazo de ahogado del diario Abc Color se da en “coincidencia” con el plazo que tiene la Fiscalía para presentar su requerimiento conclusivo en el caso de lavado de dinero en Atlas. Este jueves, la Fisca­lía deberá definir si acusa for­malmente y eleva la causa a jui­cio oral o si adopta otra salida procesal. La investigación se originó tras una denuncia de la propia Conmebol por pre­suntas operaciones con fondos desviados durante la gestión de Leoz, que habrían sido canali­zados mediante contratos por más de G. 23.000 millones y USD 2,16 millones en Atlas.

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) se refirió sobre el acuerdo que fue firmado con los herederos de Nicolás Leoz y fue tajante al señalar que no tiene efectos sobre las responsabilidades penales de terceros en el proceso penal por lavado de dinero que enfrenta el presidente del Banco Atlas, Miguel Ángel Zaldívar, y otros imputados. La postura se dio a conocer a través del abogado Claudio Lovera, representante legal de la Conmebol, en respuesta al Banco Atlas y el diario ABC Color, ambos del Grupo Zuccolillo.

Lovera fue claro al señalar que los acuerdos alcanzados con la sucesión de Leoz son de carácter personal y no pueden extenderse a otros actores. Mencionó que delitos como el lavado de dinero no se extinguen mediante acuerdos entre particulares, ya que implican conductas más amplias que incluyen el manejo de fondos derivados y su circulación en el sistema financiero.

“El lavado no solo abarca el objeto original, sino también los bienes sustitutos generados a partir de esos fondos”, explicó Lovera. Acotó que cualquier persona o entidad que haya participado en ese circuito, incluso obteniendo beneficios propios o para terceros, no queda alcanzada por esos acuerdos.

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Fiel a su estilo, el Grupo Zuccolillo inició su ofensiva mediática y judicial exponiendo el acuerdo firmado por la Conmebol con los herederos de Leoz para sostener que el caso contra su banco debería extinguirse. Dicho acuerdo, firmado en 2020, contempló el desistimiento de acciones contra la sucesión de Leoz a cambio de un resarcimiento de al menos 51,2 millones de dólares.

El abogado Rodrigo Yódice, representante del banco, planteó a radio 730 AM (Grupo Zuccolillo) que esa reparación integral del daño debería implicar la extinción de la acción penal, incluso en lo referente al supuesto lavado. También dijo que le sorprendió conocer el acuerdo y aseguró que fue ocultado para iniciar la acción contra el banco.

Sin embargo, el abogado Lovera le respondió que los acuerdos fueron públicos y comunicados en su momento, incluso en congresos del organismo. Señaló que el propio presidente Alejandro Domínguez hizo referencia a estos entendimientos en distintas ocasiones, por lo que rechazó cualquier insinuación de ocultamiento.

Este manotazo de ahogado del diario ABC se da en “coincidencia” con el plazo que tiene la Fiscalía para presentar su requerimiento conclusivo en el caso de lavado de dinero en Atlas. Este jueves, la Fiscalía deberá definir si acusa formalmente y eleva la causa a juicio oral o si adopta otra salida procesal.

La investigación se originó tras una denuncia de la propia Conmebol por presuntas operaciones con fondos desviados durante la gestión de Leoz, que habrían sido canalizados mediante contratos por más de G. 23.000 millones y USD 2,16 millones en Atlas.

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Fue multado con 3 mil dólares en virtud del Código Disciplinario de Conmebol.

Como si no faltaran problemas en Cerro Porteño, ayer el club recibió la notificación de la sanción oficial que recibió Cecilio Domínguez por su insólita expulsión ante Spor­ting Cristal por la primera fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores, que el Ciclón lo perdió (1-0) en con­dición de visitante.

El 10 azulgrana recibió un castigo de dos partidos, por lo que no podrá estar en el crucial juego ante Palmei­ras que se disputara el miér­coles 29 de abril, a las 20:30, en La Nueva Olla, por lo que recién podrá volver a alis­tarse desde la cuarta fecha. El primer partido ya lo cum­plió ante el Junior de Barran­quilla, que el Ciclón lo ganó, también de local, 1-0.

Fuera de lo deportivo, tam­bién recibió una multa de 3 mil dólares conforme a lo establecido en el Código Dis­ciplinario, en su Artículo 14, inciso 6 (Si un jugador es expulsado del terreno de juego mediante tarjeta roja directa por ser culpable de conducta antideportiva san­cionable con expulsión…). La matriz del fútbol sudameri­cano debitará directamente este monto de los ingresos del club. La expulsión de Cecilio fue duramente criticada por todo el entorno cerrista.

Más allá de estos aspec­tos, Ariel Holan ya prepara su equipo para el enfrenta­miento de mañana ante Ame­liano, con la posible vuelta de Juan Iturbe en el onceno base. Por de pronto, sería la única variante. El Ciclón necesita seguir sumando de a tres para tener chances de campeo­nar, más allá de lo que decida el Tribunal Disciplinario en relación al superclásico sus­pendido.

El abogado Claudio Lovera, representante legal de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), calificó como “bastante predecibles” las estrategias que son adoptadas por la defensa del titular del banco Atlas, Miguel Ángel Zaldívar y los 8 imputados por lavado de dinero para frenar la investigación fiscal y evitar un juicio oral y público.

“Ahora comenzaron con recusaciones en sede fiscal y judicial. Yo creo que van a proseguir con esa estrategia que es bastante predecible, la defensa afirma que es un caso prescripto, ellos en realidad quieren extender lo más que puedan los plazos de la investigación para que en algún momento se sientan habilitados a plantear algo así“, afirmó Lovera a la 1330 AM.

Las afirmaciones de Lovera surgieron tras la paralización de la audiencia de imposición de medidas para Zaldívar, que debió ser desarrollada el pasado 15 de abril ante el juez de Delitos Económicos, Humberto Otazú.

“La estrategia es netamente tratar de descabezar la investigación y ver que pueden pescar en ese contexto. Ellos se presentan como víctimas del sistema judicial y acto seguido realizan recusaciones”, dijo Lovera al argumentar que la defensa a la vez emplea una cobertura mediática en un intento de apartar a los acusadores para anular el proceso.

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La audiencia quedó trabada luego de que la defensa de uno de los imputados Celio Tunholi haya recusado a los camaristas Mario Camilo Torres, Paublino Escobar y Silvana Luraghi, miembros del Tribunal de Apelación en lo Penal Especializado en Delitos Económicos, Corrupción y Crimen Organizado.

Esta situación obliga a la Sala Penal de la máxima instancia judicial a pronunciarse antes de continuar con las diligencias. La Fiscalía tiene plazo hasta el 30 de abril para presentar su requerimiento conclusivo, que puede derivar en acusación o sobreseimiento.

Hasta que no haya una resolución de la Corte, el avance del proceso seguirá suspendido por los recursos planteados por las defensas. En la causa también se encuentran imputados Jorge Vera Trinidad, Eleno Martínez Duarte, Eduardo Queiroz, José Miguel Páez Corvalán, Nora Cecilia de Cardozo, María Clemencia Pérez y María Celeste Leoz de Ribeiro.

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