Agentes policiales de la comisaría 3ra detuvieron a dos hombres que simulaban ser veterinarios en viviendas de Luque para estafar a los pobladores.
Se trata de Pedro Mazacotte Bobadilla (29) y Santiago Zalazar (49), ambos acusados por el hecho punible de "usurpación de profesión, supuesto veterinario". El primero cuenta con antecedentes por robo agravado.
"Teníamos la información de que estos dos sujetos recorrían las calles, fingiendo ser veterinarios. Estos supuestos veterinarios cobraban Gs. 30.000 por el servicio que hacían", expresó el comisario Víctor Vera, en contacto con la 970 AM.
Los dos sujetos se presentaban como supuestos veterinarios y no contaban con matrícula. En su poder se incautaron medicamentos, jeringas y otros equipos de uso veterinario y libretas de vacunación.
"Los medicamentos que aplicaban a los animales eran legales. Según los vecinos, estos sujetos llegaron a varias a casas", comentó Vera.
La fiscal del caso es Cinthia Espinola, quien les imputó por comercialización de medicamentos no autorizados, producción de certificados y tentativa de estafa.
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Detenidos dos individuos que solicitaban electrodomésticos, ingresaban para probarlos y ya no regresaban
La Policía Nacional logró detener a dos personas que hacían pedidos de electrodomésticos vía redes sociales. Pedían que estos fueran entregados en cierta dirección y, al momento de probarlos, huían del sitio. Uno de estos hombres, antes de ser capturado, tragó varias dosis de drogas y fue llevado a un centro asistencial.
Según el reporte dado por los intervinientes, uno de estos hombres ya contaba con varias denuncias en su contra. Se hacía pasar por guardia de seguridad y escribía a los locales para pedir que le envíen los productos, pero pasaba ubicaciones de casas abandonadas para no ser detectado.
Pedía al delívery que los esperara mientras entraba a probar si funcionaba bien su pedido, ingresaba a la vivienda y terminaba huyendo por la parte trasera. Este mismo modus operandi utilizó para engañar a unos seis trabajadores. La detención de estas personas se logró en la ciudad de Asunción.
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Tras un trabajo de inteligencia y gracias a las características proporcionadas por las víctimas, la Policía Nacional logró detener a Orlando Ignacio Silo Arrua, de 26 años, en el barrio San Pablo, sobre la calle Defensores del Chaco. También, se capturó a Óscar Israel Marecos, de 33 años.
Antes de su detención, Marecos se tragó 20 moñitos de crack y confesó esto a los intervinientes, por lo que fue llevado a un centro asistencial. “Lo llevamos a la comisaría y cuando llegamos nos dijo que se sentía mal. Lo llevamos al Hospital de Trauma en el área de toxicología”, dijo Robert Domínguez en entrevista con Telefuturo.
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Organizadora de eventos dio su versión: “No son 70, 80 estafas, como se está diciendo”
La organizadora de eventos, detenida tras fingir su desaparición, negó que sea responsable de una estafa masiva y aseguró estar dispuesta a resarcir a los clientes afectados tras su detención.
Patricia Jara Meza, organizadora con cinco años de trayectoria, afirmó que su desaparición supuestamente se debió a un cuadro de psicosis y miedo, asumiendo el error de haber huido en un momento de crisis.
“Estaba pasando por unos días muy difíciles, con psicosis, con miedo. Cometí el error, yo asumo, de querer huir, por la psicosis que tenía por todo. Pero también tuve la valentía de volver”, manifestó en declaraciones a la 1080.
En ese sentido, mencionó que ella tomó la iniciativa de llamar a las autoridades para responder con los afectados. “Yo fui la que llamó y di la ubicación de donde estaba para que me vayan a buscar, porque quiero enfrentar, dar la cara”, expresó.
Al respecto, dijo que se comunicó con los clientes para buscar una solución y descartó que sea responsable de estafas masivas. “No son 70, 80 estafas, como se está diciendo. Son eventos de agosto, de diciembre, de distintas fechas”, indicó.
Y aseguró que hará frente a las respectivas denuncias. “Yo estoy al pie del cañón para enfrentar todo, mi casa está disponible, está mi abogado. Pueden llegar los clientes para llegar a una solución”, insistió.
Atribuyó su actitud a una debilidad humana. “Cuando no sabía más que hacer, me fui. Pero, volví”, acotó.
Finalmente, pidió disculpas a las víctimas. “Pido públicamente disculpas a toda la gente afectada. Yo no estoy ajena a llegar a una solución con los clientes”, apuntó.
Mientras el proceso legal continúa, sus familiares y su abogado se encuentran disponibles para dialogar con los damnificados y gestionar las soluciones correspondientes, expresó.
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De desaparecida a imputada: víctimas de decoradora suman denuncias
La fiscal Carolina Ramírez imputó ayer martes por simulación de hecho punible y estafa a la decoradora Patricia Analí Jara Meza (38), quien fue detenida el lunes, tres días después de reportarse su supuesta desaparición. Durante el fin de semana se formalizaron dos denuncias por estafa en su contra, y ahora más de una decena de presuntas víctimas conformaron un grupo para organizar acciones penales por incumplir con la organización de diversos eventos, cuyos pagos anticipados no fueron reembolsados.
El hermano de la organizadora de eventos denunció su desaparición, hacia las 11:00 horas del viernes 28 de febrero sobre la calle Anselmo Adorno del barrio Loma Barrero de Capiatá, tras recibir un mensaje de WhatsApp en que refería una supuesta situación intimidatoria, indicando que fue llevada contra su voluntad.
“Tengo una amenaza de muerte. Desde hace días me quitan plata. Ya no doy más. […] Debo huir. Me quitaron tanta plata que no podré cubrir el evento. Cuídense por favor. Es alguien de la competencia. No puedo decir más... cualquier cosa me comunico con ustedes. Me prohibieron hacer eventos”, fue el texto de la mujer que motivó la denuncia por su supuesta desaparición.
Escondida en hoteles
Sin embargo, tras contactar con sus familiares, la mujer fue localizada el lunes 2 de marzo, al mediodía, en Carapeguá y trasladada a la comisaría 32 Posta Yvycuá de Capiatá, donde quedó a disposición del Ministerio Público, cuya investigación indica que la presunta víctima había retirado unos 5 millones de su cuenta y se alojó en un hotel de Quiindy y luego en otro de Carapeguá.
La fiscal Ramírez refirió a NPY que Patricia Jara se movilizó sola y que habría fingido las amenazas para justificar la cancelación de contratos que debía cumplir el sábado. Al momento en que fue detenida cayó en contradicciones, pero se abstuvo de declarar ante la Fiscalía. La representante del Ministerio Público solicitó su prisión preventiva y este miércoles estaba prevista la imposición de medidas del juzgado.
Jara se dedicaba a la organización integral de eventos sociales, principalmente fiestas de 15 años y casamientos. Luego de conocerse esta simulación, al menos una veintena de presuntas víctimas denunciaron haber entregado entre 10 y 20 millones de guaraníes por servicios no realizados. El martes, un grupo de estafados realizó un escrache frente a la vivienda de la mujer y en la comisaría donde se encontraba recluida. El abogado Miguel Godoy, representante de los denunciantes, informó que más personas se unirán al grupo conformado.
“Es una estafadora. Nuestra experiencia fue profundamente lamentable. Tras recaudar dinero de varias personas, desapareció sin dar respuestas. Lo más inquietante es que, lejos de asumir responsabilidades, intenta presentarse como víctima”, manifestó Juliana Acevedo, una de las presuntas víctimas, a través de redes sociales. Por su parte, otra afectada, Patricia Larrea, escribió en plataformas digitales: “Yo le estoy pagando por el 15 de mi hijo. El jueves y el viernes me escribió pidiendo más dinero por sus promociones”.
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Investigan una estafa en Ypané
En el marco de una denuncia por presunta estafa presentada por una comisión vecinal de la ciudad de Ypané, cuyas víctimas serían más de 300 familias, el agente fiscal Silvio Alegre, de la Unidad n.º 1 de la Sede 1 de Asunción, encabezó un allanamiento en una oficina de la capital, con funcionarios fiscales y personal policial del Departamento contra Delitos Económicos y Financieros.
En el procedimiento fueron hallados e incautados diversos documentos y objetos vinculados con el hecho investigado. Según los antecedentes de la causa, la denuncia fue formulada por la Comisión Vecinal Óga Porã Rekávo, de Ypané, contra un grupo de personas que habría ofrecido y prometido realizar gestiones ante el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH) para el acceso a viviendas sociales.
Para tal efecto, supuestamente habrían solicitado a los interesados asociarse a la cooperativa Yvyrusu Ltda., recibiendo el pago de aportes. No obstante, autoridades de dicha cooperativa desconocen las operaciones realizadas en su nombre y, además, el proyecto en cuestión no se habría concretado. Se estima que más de 300 familias fueron víctimas del hecho y que el monto del perjuicio sería millonario.