Los diputados aprobaron un pedido de informes al Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) sobre nombramientos docentes en Asunción. Específicamente solicitan datos sobre los nombramientos docentes realizados en instituciones educativas de la capital del país, durante los meses de febrero, marzo y abril del año escolar 2026.

Se busca esclarecer por qué se procedió a designar profesionales en calidad de interinos en el mismo período en que se desarrollaban concursos para cubrir esos cargos.

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Según el proyectista, no se consideró a quienes ya figuran como ganadores en el Banco de Datos Elegibles del MEC. De confirmarse esta situación, docentes que superaron procesos de selección formal habrían sido postergados en favor de designaciones interinas, lo que generaría serios interrogantes sobre la transparencia y la legalidad del proceso, según el diputado Roberto González, promotor de la iniciativa aprobada por el pleno durante la última sesión ordinaria.

Entre los puntos requeridos por el proyecto de resolución, el Ministerio deberá informar las fechas exactas en que se realizaron los nombramientos, las categorías y denominaciones de los cargos ejecutados.

Se pide también el nombre y apellido de cada uno de los asignados, sus perfiles profesionales, las instituciones a las que fueron adjudicados y los turnos correspondientes.

Asimismo, se solicita copia de las certificaciones pertinentes y la nómina completa de los funcionarios responsables de la ejecución de dichos nombramientos. El MEC deberá responder a estos requerimientos en un lapso de 15 días.

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El Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) confirmó que en lo que va de esta semana recibieron 13 amenazas de tiroteo en distintas instituciones educativas.

Recordaron que existe responsabilidad penal desde los 14 años de edad, por lo que los menores pueden ser imputados por este tipo de actos.

Según Sonia Escauriza, directora de protección a la niñez de la cartera educativa, esta semana hubo una seguidillas de amenazas de que habría supuestos tiroteos en escuelas y colegios de varios puntos del país. Esto hace que las clases tengan que ser suspendidas, ante la activación de un protocolo, pese a que sean bromas.

“Es preocupante, desde el lunes que estamos recibiendo todas con las mismas características, escritos en el sanitario, tiran papeletas en lugares estratégicos. Entre ayer y hoy se sumaron unos 13 casos”, expresó Escauriza, en entrevista con el programa “Tarde de Perros” de canal GEN y Universo 970/Nación Media.

Refirió que hasta el momento ya llegaron a uno de los presuntos autores y que este fue detenido, en este caso fue un adulto que amenazó al colegio Cristo Rey. En tanto que, a los demás aún no lograron individualizar, pero que cada caso está siendo investigado por lo que no tardará en llegar a los responsables.

“En ese sentido, ante estas alertas debemos activar el protocolo para salvaguardar la integridad de los estudiantes. Ya llegamos a uno de los autores de estas denuncias y los demás casos están siendo investigados”, aseguró.

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Escauriza indicó que lamentablemente en la mayoría de los casos son los propios estudiantes quienes hacen este tipo de amenazas, motivados por actos similares o siguiendo retos que se lanzan en redes sociales. En otros casos lo hacen para no ir a clases en la fecha estipulada en el mensaje.

“Primero hablábamos con los padres, quienes generalmente afirman que es una broma pero más allá de eso tenemos que tomarlo con seriedad. Insto a los padres de familia que conversen con niños y adolescentes de que si éste ya cumple los 14 años para arriba, ya son imputables, pueden estar pegados a un proceso judicial”, refirió.

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La profesional agregó que este tipo de amenazas representa no solo una molestia sino que genera miedo en los alumnos más pequeños y los padres. Esto, porque se moviliza a varias instituciones desde la Policía hasta a los bomberos, que están apegados a los protocolos de seguridad.

“Llamamos a la cordura, a todos nuestros padres de familia que le dediquen un tiempito para conversar de la gravedad de estas denuncias. Cada caso se comunica a la comisaría más cercana, los agentes van y verifican el lugar donde se recibe la amenaza”, concluyó.

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Miembros de la Comisión de Ciencias del Senado realizaron este jueves una audiencia pública para analizar el proyecto de ley que busca regular la actividad y fortalecer la seguridad de prestadores y usuarios de plataformas digitales de movilidad y de reparto.

De la actividad participaron los senadores Patrick Kemper, José Oviedo y Walter Kobylanski, además de representantes del sector público, privado y de la sociedad civil.

En su intervención, el senador Kemper afirmó que la propuesta legislativa tiene como eje central la seguridad, tanto de los usuarios como de los trabajadores de las plataformas digitales.

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Como presidente de la Comisión de Ciencias, el parlamentario habló de la importancia de estos espacios participativos para fomentar el debate ciudadano, recoger aportes y fortalecer la iniciativa con contribuciones de la sociedad civil y de las instituciones del Estado.

A su vez, el senador Oviedo expresó que se trata de un tema de gran interés, referido a tecnologías emergentes que ya están ampliamente insertas en la sociedad y que pueden constituir soluciones en materia económica, de transporte y logística.

En tanto, el senador Walter Kobylanski señaló que, en la búsqueda de un equilibrio, corresponde legislar considerando especialmente a los sectores más vulnerables.

Así también, la señora Paola Argüello, en representación del Ministerio de Industria y Comercio (MIC), destacó la importancia de armonizar la propuesta con la normativa vigente en materia de servicios de confianza.

Expresó la necesidad de respetar el principio de neutralidad tecnológica en lo referente a la identificación electrónica de los prestadores, considerando que dicha cartera de Estado es la autoridad de aplicación en esta materia.

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El presidente del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) Francisco Ruiz Díaz, anunció esta tarde que el Gobierno presentó el proyecto de ley que plantea la eliminación del pago del 3 % por trámites de titulación de tierras para las familias campesinas. La propuesta apunta a lograr alcanzar la entrega de 50.000 títulos de propiedad durante este periodo.

A través de una conferencia de prensa en Mburuvicha Róga, el titular del ente agrario destacó como día histórico la firma del documento por parte del presidente de la República, Santiago Peña, el cual fue entregado en propias manos al titular del Congreso nacional y senador Basilio Núñez, quien estuvo acompañado por el titular de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre.

Mencionó que por parte del Poder Ejecutivo, además del Indert, estuvo el ministro de Agricultura y Ganadería, Carlos Giménez, al igual que algunos líderes campesinos.

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Ruiz Díaz explicó que lo que se busca con esta iniciativa es impulsar el acceso a los títulos de propiedad en favor de las familias rurales, que por muchos años fue considerado como “la tranca” en el aspecto jurídico, que impedía que el campesinado pudiera acceder a su título de propiedad.

Señaló que en la regulación vigente se le exige al campesino pagar primeramente ese monto, antes de acceder al título, que en algunos casos llegaba a ser sumas importantes.

Mencionó que cuando comenzaron a realizar el levantamiento de datos a través del sistema de Barrido Predial Masivo, notaron que muchos campesinos no podían acceder a ese título de propiedad porque la ley exigía que primeramente debía pagar montos muy elevados.

“Este proyecto de ley toma medidas, en primer lugar entregar el título de propiedad al campesino, en lugar que haga el pago previo de 8 o 9 millones de guaraníes, y ahora se establece que ese pago lo realice a los 12 meses después de recibir el título de propiedad, dándoles tiempo que puedan acceder a algún tipo de préstamo, invertir en su finca y al obtener mejores rendimientos comenzar a pagar”, explicó Ruiz Díaz.

Otro de los aspectos que plantea el proyecto de ley, es alargar los plazos de financiación. Indicó que actualmente rige 10 años de plazo para los hombres y la modificación plantea extender a 20 años de plazo. Mientras que en el caso de las mujeres campesinas, la ley actual contempla 15 años de plazo, y se propone extender ahora a 30 años de financiación.

“Esto teniendo en cuenta que la Constitución habla de que se tiene que dar facilidades a las mujeres campesinas para acceder a su título de propiedad. Entonces estamos cumpliendo con el artículo 115 de la Constitución Nacional y del Estatuto Agrario”, remarcó.

A su turno, el ministro de Agricultura, Carlos Giménez remarcó que la firma de este proyecto de ley por parte del jefe de Estado marca una fecha histórica para lo que es la revolución del sector agrario del Paraguay.

“Esta legislación será una herramienta fundamental para el desarrollo del sector agrario. Es imporntante destacar que esto se logró gracias al diálogo que hemos mantenido con el campesino que trabaja su tierra sea propietario de la misma. A la vez le permita acceder a créditos bancarios y de esa forma salir adelante”, expresó el ministro.

Agregó que este es un componente muy necesario para el desarrollo que viene pregonando desde el Gobierno, con asistencia técnia y la orientación para una agricultura que necesita el país. Indicó que se logra solamente buscando aspectos que forman parte del “cuello de botella” para el desarrollo.

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