El fiscal antidrogas, Hugo Volpe, aseguró este viernes que seguirá trabajando y continuará con sus investigaciones pero "tomando precauciones" tras las amenazas de supuestos integrantes del Primer Comando Capital (PCC).
"Pese a estas amenazas seguiré cumpliendo mi labor investigativa, pues me debo a la ciudadanía", manifestó el agente fiscal, en comunicación con la 780 AM.
Indicó que tomará las medidas de seguridad correspondientes para continuar realizando sus investigaciones y agradeció a los demás representantes del Ministerio Público por la solidaridad manifestada con él.
El fiscal antidrogas fue amenazado este jueves mediante un llamado telefónico a la Radio Amambay 570 AM de la ciudad de Pedro Juan Caballero. El "oyente" dijo que "hay una .50 con la mira puesta" en la cabeza del agente.
Además, exigió al fiscal que deje de perseguir a los integrantes del PCC, de lo contrario "actuarían" contra su persona.
Tras conocerse el hecho, el fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón, pidió al comandante a las autoridades de la Policía Nacional que refuercen la seguridad del agente amenazado y que se les dé todas las garantías necesarias.
Volpe viene realizando una serie de investigaciones y allanamientos en la zona de Pedro Juan Caballero contra presuntos integrantes del PCC, hecho que habría molestado a los criminales y posteriormente lo amenazaron.
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Expo Amambay 2026: “Refleja la fuerza productiva de la región”, destaca Peña
El presidente de la República, Santiago Peña, y el vicepresidente Pedro Alliana, participaron este sábado de la inauguración oficial de la XXIX Expo Amambay, en Pedro Juan Caballero. El mandatario destacó la actividad productiva como una fuerza para toda la región.
“La XXIX Expo Amambay refleja el empuje y la fuerza productiva de toda una región. El potencial de este departamento es innegable, la agricultura y la manufactura ya representan el 34 % de su economía”, resaltó a través de sus redes sociales.
Peña también destacó el crecimiento del área productiva, posicionando al Paraguay en la región. En este sentido, señaló que las exportaciones de las empresas maquiladoras del departamento superaron los USD 60 millones entre los años 2023 y 2026, lo que permitió que los regímenes de incentivos canalicen más de USD 13 millones en inversiones, con una proyección de más de 350 empleos.
“Este esfuerzo se suma al gran momento de nuestro país, que proyecta un crecimiento del 5 % para este año, colocando a Paraguay como el segundo país de mayor crecimiento en toda América Latina”, apuntó el presidente.
Igualmente, señaló que desde el Gobierno nacional se está trabajando en obras de infraestructura para dar un gran impulso al movimiento de la producción y para que desde Amambay puedan salir estos productos a otras zonas del país e incluso pasar las fronteras.
“Para seguir impulsando este progreso, apostamos por obras históricas como la nueva Ruta PY17. Con 221 kilómetros de extensión, conectaremos estratégicamente a Amambay con Canindeyú, facilitando el transporte de la producción y abriendo nuevos mercados”, sentenció.
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Ruta PY17 avanza en cuatro lotes y apunta a mejorar la conectividad fronteriza
La construcción de la ruta PY17 “Niños Mártires de Acosta Ñu” continúa en sus cuatro lotes, con una extensión aproximada de 221 kilómetros y el objetivo de mejorar la conectividad de unos 150.000 habitantes de la frontera con Brasil.
La obra busca facilitar el traslado de la producción y fortalecer las actividades económicas de las comunidades ubicadas en el área de influencia del proyecto.
Los avances fueron verificados durante una misión de supervisión del Banco de Desarrollo FONPLATA, junto con el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC). La inspección abarcó los frentes de trabajo, las gestiones catastrales y ambientales, además de la disponibilidad de materiales para continuar con la ejecución.
El trazado comprende los distritos de Pedro Juan Caballero, Zanja Pytã, Capitán Bado, Itanará e Ypejhú, siguiendo gran parte de la línea fronteriza con Brasil. La infraestructura forma parte de la ruta nacional PY17, que conecta Pedro Juan Caballero con Salto del Guairá, y apunta a mejorar las condiciones de circulación en una zona de importante actividad productiva.
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Durante el recorrido, la comitiva también inspeccionó las canteras que proveen los agregados para la obra y verificó el estado de los trámites catastrales correspondientes a los cuatro lotes.
En el componente ambiental, se constató la obtención de las licencias necesarias ante el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades).
Asimismo, se evaluó la incorporación de equipos y tecnología para los laboratorios de control de calidad, con el fin de fortalecer los ensayos técnicos y verificar que los materiales y procesos constructivos cumplan con las exigencias establecidas.
Actualmente, los trabajos incluyen movimiento de suelos, desbroce, limpieza, conformación de terraplenes, instalación de alcantarillas y construcción de alambrados, entre otras intervenciones complementarias.
El proyecto se financia mediante el contrato de préstamo PAR-27/2019 de Fonplata, aprobado por la Ley N.º 7119/23, y busca fortalecer la infraestructura de transporte y la integración de las comunidades de la frontera paraguayo-brasileña.
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Ypyta: jueza debe fijar fecha para constituirse en la UASS y otros inmuebles en PJC
La jueza de Paz de Pedro Juan Caballero, Ángela Agüero, deberá fijar la fecha para constituirse en la Universidad Autónoma San Sebastián de la citada ciudad (ligada a Ángela Toumani, esposa del capo mafioso fallecido Jorge Rafaat Toumani). Esto, con el fin de dar cumplimiento a la orden del juez en lo civil y comercial de Asunción, Édgar Rivas, quien autorizó la realización de dicha diligencia judicial en el marco del juicio civil caratulado “Ypytá Inmobiliaria, Ganadera y Comercial sobre convocatoria de acreedores”.
El objetivo de la constitución judicial en la mencionada universidad, así como en otras fincas pertenecientes a la empresa Ypytá, es verificar el estado de los inmuebles, dejar constancia de sus ocupantes y labrar acta de todo lo actuado por la jueza de Paz quien tendrá que informar de todo al juez de Asunción Rivas Laguardia.
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Acción en la Corte
Será la sala constitucional de la Corte Suprema de Justicia la que tendrá que definir si Ypytá recupera el valioso inmueble, el cual fue vendido de forma irregular por el condenado exsíndico de quiebras, Blas Velázquez.
El inmueble fue adquirido en su momento por Ronaldo Braga Diniz, quien presumiblemente posee vínculos con Ángela Toumani.
Braga Diniz recurrió a la sala constitucional en un intento por dejar sin efecto la resolución del Tribunal de Apelación en lo Civil.
Dicho tribunal había revocado el fallo de primera instancia que autorizaba la venta irregular, devolviendo la propiedad a Ypytá. Ahora, los tres altos magistrados deberán resolver si ratifican la postura de la firma Ypytá S.A., tal como lo determinó de manera clara el fallo de segunda instancia.
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Violencia familiar, lesiones y amenazas, entre las principales denuncias que involucra a pueblos originarios
Entre 2023 y 2026 se analizaron más de 3,100 hechos punibles relacionados con personas indígenas. El estudio abarcó 2,746 causas penales y permitió identificar las principales denuncias, su distribución territorial y las situaciones que involucran a la población nativa como presuntas víctimas o presuntos responsables.
El Ministerio Público, a través de la Dirección de Planificación y su Departamento de Estadística, procesó información correspondiente a 3.119 hechos punibles denunciados en 2.746 causas penales, cuyos relatos iniciales mencionan situaciones vinculadas a personas o comunidades indígenas. El estudio comprende el periodo de enero de 2023 a agosto de 2026. A partir de estos registros, la Dirección de Comunicación y Prensa realizó un análisis periodístico e institucional para identificar los principales hallazgos y contribuir a su comprensión desde una perspectiva informativa y de derechos.
De los hechos examinados, 2.415 registraron al menos una presunta víctima indígena, mientras que en 2.076 se identificó al menos una persona indígena como presunta responsable. Ambas categorías pueden coincidir en un mismo hecho, por lo que no deben sumarse.
Principales denuncias
Entre los hechos que involucran a presuntas víctimas indígenas:
- la violencia familiar registró 246 casos
- 199 lesiones
- 169 amenazas
- 152 registros de homicidio doloso
- y 118 de abuso sexual en niños
Estos resultados permiten observar la diversidad de situaciones denunciadas que afectan a integrantes de pueblos indígenas, incluidos hechos relacionados con la integridad física, la seguridad y la protección de niños, niñas y adolescentes.
Registro aumenta entre 2023 y 2025
El análisis muestra que los hechos punibles registrados pasaron de 665 en 2023 a 768 en 2024, y a 1.010 en 2025, lo que representa un incremento del 51,9 % entre el primero y el último de esos años.
Entre enero y agosto de 2026 se contabilizaron 676 hechos, cifra correspondiente a un periodo parcial. Cabe destacar que el aumento de los registros no implica necesariamente un incremento equivalente en la ocurrencia real de los delitos, ya que los datos corresponden a denuncias y no permiten determinar las causas exactas de esa variación.
Canindeyú, Caaguazú y Amambay
En la distribución territorial, Canindeyú encabezó los registros con 781 hechos punibles, seguido de Caaguazú con 539 y Amambay con 476. Estos tres departamentos concentraron el 57,6 % del total de los casos analizados. Estas cantidades reflejan los registros del Ministerio Público y no constituyen tasas de criminalidad, ni permiten establecer qué departamentos presentan un mayor riesgo para la población indígena.
Derechos y acceso a la Justicia
El análisis aporta información clave sobre las denuncias que involucran a personas indígenas y contribuye a conocer las situaciones que llegan al sistema penal.
La Constitución Nacional reconoce la identidad étnica, las formas de organización y los derechos de los pueblos indígenas. En este contexto, el acceso a la Justicia requiere considerar las particularidades culturales y lingüísticas de las personas involucradas, con pleno respeto a sus garantías y derechos.
Los resultados corresponden estrictamente a la información registrada al momento de la denuncia; por lo tanto, no representan hechos judicialmente comprobados ni permiten determinar responsabilidades penales de forma anticipada.
Con este estudio, el Ministerio Público pone a disposición información estadística que contribuye a visibilizar las situaciones denunciadas y a profundizar el conocimiento sobre los derechos y el acceso a la Justicia de los pueblos indígenas.
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