Por: Víctor Pavón

Presidente del Centro de Estudios Sociales (CES)

Aparecen cada vez más y se van uniendo voces de diferentes sectores para subir los impuestos. Consideran sus promotores que subir los tributos permitirá al país contar con más recursos porque ahora con lo recaudado es insuficiente. Y agregan, con más tributos se podrán políticas de redistribución de riqueza. Se equivocan y grande.

Aumentar los impuestos o crear nuevos no solo es innecesario, sino también traerá quebrantos para la población. Un aumento de los impuestos implicará cambiar la regla del 10, 10, 10 del Impuesto al Valor Agregado, a la renta personal y empresarial, esto es, será una estocada mortal a uno de los elementos de competitividad que contamos como país.

Instalada la suba de los impuestos, la tendencia será que los políticos y burócratas se verán tentados a subirlos todavía más, dejando de lado la calidad del gasto y el principio de contra prestación en favor del pagador de impuestos.

Los propiciadores de esta medida tienen el objetivo de llevar a cabo hacer la justicia social tributaria, una expresión laxa, ambigua, propia del estatismo para que paguen más los que más ganan, un error de visión económica que termina dañando a los más pobres.

Es una forma de resentimiento y envidia hacia los emprendedores y la función empresarial.

Más cargas fiscales desincentivan el ahorro, el capital, el trabajo, la creatividad y la iniciativa, al punto que en vez de expandirse el sector privado ocurre lo contrario. Y la consecuencia del aumento de los impuestos, pronto será el aumento inusitado del déficit fiscal y así nuevamente se vendrá otro aumento tributario, una carrera sin fin donde ganan pocos y pierde la mayoría.

Al respecto, la experiencia internacional debería servir como análisis para la toma de decisiones. En todos los países donde se empezaron a subir los tributos, el aumento del gasto público, así como el déficit se disparan hacia arriba. Nunca hay dinero para todo, nunca habrá lo suficiente, motivos por los cuales se aumenta la discrecionalidad en la administración pública y se produce el efecto crowding out, el desplazamiento del capital privado hacia el Estado, cualquiera sea el gobierno de turno.

El crowding out, igualmente, implica inexorablemente menos inversiones en el sector privado. Se afecta la creación de nuevos puestos de trabajo e igualmente implica la suba de las tasas de interés, lo que termina en la ralentización de la economía hasta su recesión.

Este es el escenario básico, luego vendrán más problemas con quebrantos sociales por todos lados. Afortunadamente el mismo presidente de la República, Santiago Peña, viene diciendo que no habrá aumento alguno de impuestos durante su gobierno.

Los ingresos tributarios presentaron una satisfactoria recuperación en el mes de marzo y se espera una similar situación en el cierre de abril, confirmó el ministro de Economía y Finanzas, Óscar Lovera. Recordó que en los meses de enero y febrero las alarmas se encendieron debido al desplome del dólar, factor que impactó directamente en la recaudación.

“Complicados los últimos meses, en donde los ingresos tributarios se vieron disminuidos por una situación coyuntural que fue el tipo de cambio, la caída. Los ingresos provenientes de lo que es la gerencia aduanera se vieron comprometidos, donde se vio primero una ralentización y luego ya una caída en el mes de febrero. Condicionó un poco los márgenes que tiene el Tesoro para poder responder a todas las demandas”, explicó el secretario de Estado en conversación con la 650 AM.

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Según la explicación del ministro, en febrero 2025 una “liquidación de una factura aduanera de USD 100 estaba siendo liquidada a G. 780.000 y sobre eso se aplicaba el impuesto y eso al mes de febrero de 2026 ya se estaba liquidando a G. 650.000, misma factura, pero ingresando menor cantidad de guaraníes para disponibilizar”. En términos de volúmenes, indicó que en las cantidades no hay mayores variaciones entre año y año, indicó.

Al parecer, la situación está controlada, ya que, al decir de Lovera, la recaudación mejoró en el mes de marzo y se auguran buenos números en abril. “Estamos nosotros en un proceso ahora con el mes de marzo, una recuperación de los ingresos; ya tenemos números positivos y estamos haciendo seguimiento del mes de abril, en el día a día también con resultados muy optimistas, que nos pueden decir que vamos a cerrar nuevamente con números positivos este mes”, destacó.

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La Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) recordó a los contribuyentes la vigencia del Impuesto a los Dividendos y Utilidades (IDU), que grava la distribución de ganancias a socios, accionistas o propietarios de empresas, en el marco del fortalecimiento del sistema fiscal.

Según explicó la DNIT, el tributo aplica a personas físicas, jurídicas y otras entidades, tanto residentes como no residentes, que perciban dividendos, utilidades o rendimientos. La tasa es del 8 % para residentes y del 15 % para no residentes.

El impuesto fue establecido por la Ley N.° 6380/2019, como parte de la reforma de modernización tributaria, y su aplicación varía según el tipo de contribuyente. En las sociedades anónimas, la obligación surge conforme a lo resuelto en asamblea; en las sociedades de responsabilidad limitada, según sus estatutos o en el cuarto mes posterior al cierre del ejercicio; mientras que en empresas unipersonales se genera en ese mismo plazo, salvo reinversión de utilidades.

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Para garantizar el cumplimiento, la normativa establece que las Entidades Generadoras de Dividendos, Utilidades y Rendimientos (Egdur) actúen como agentes de retención. Estas incluyen empresas unipersonales bajo el régimen general, sociedades, consorcios de obras públicas y entidades extranjeras con presencia en el país.

El pago del impuesto se realiza mediante retención a través del sistema Marangatu, y las entidades deben emitir el comprobante correspondiente dentro del plazo que se extiende hasta el último día del mes en que se genera la obligación o se realiza el pago.

La DNIT también recordó que las empresas deben actualizar sus datos en el Registro Único de Contribuyentes (RUC) e incorporar la obligación “Retención del IDU” (código 726), además de gestionar el timbrado de comprobantes.

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A efectos de contradecir sin argu­mentos al Poder Ejecutivo, algunos medios y sectores con “analistas” claramente estatis­tas, vienen insistiendo sobre la necesidad de aumentar el déficit fiscal e incluso subir los impuestos, sin tomar en cuenta lo que ello significa. Sin el adecuado análisis acerca de las consecuencias que acarrearía tal decisión apelan a una trampa que significará la caída no solo de las finanzas publicas, sino que tam­bién afectará a la política, sumado a un golpe mortal a la economía del país.

El gobierno del presidente Santiago Peña es claro con referencia a esta situación. Es pre­ciso seguir reduciendo el déficit fiscal dada su importancia para el presente y el futuro del país. Pero, y como dijimos, existen sectores que desean pan para hoy y hambre para mañana. No les interesa mantener el equilibrio finan­ciero ni monetario Para ellos, hay que subir el déficit fiscal sin correspondencia alguna con la realidad económica y si hay que aumentar los impuestos habría que hacerlo sin titubear.

Si fuera por ellos, subirán el déficit fiscal al punto de salir de la la Ley de Responsabili­dad Fiscal para llegar a más del 3 por ciento mediante una ley especial que le daría carta blanca al Estado para elevar los topes de gastos establecidos durante el presente gobierno.

Esta es una trampa. Al respecto, estamos segu­ros que el Gobierno no pisará el palito como se dice coloquialmente. La expresión trampa tiene absoluto sentido. Ninguna persona de bien con conocimientos básicos de finanzas y economía estaría de acuerdo con elevar el déficit fiscal porque se sabe que termina en el más absoluto desquicio de las finanzas y en la inestabilidad monetaria. Más allá de lo que establece la ley respectiva, en el corto plazo no se podrán soportar los nuevos egresos, lo que supone un escenario dantesco del que ningún país desearía encontrarse y sucederá en este gobierno, situación que algunos desean ocurra.

Gastar más de lo que se recauda como pro­puesta y, peor aún, llevarla a la práctica desde el poder público es un acto antipatriótico. Es iniciar un camino hacia el infierno por el cual se podrá saber cuándo empieza pero nunca cuándo termina, como en efecto la experien­cia muestra en otros países que han padecido largas décadas soportando los alucinantes des­varíos populistas del estatismo. Habiéndose ingresado en aquel escenario, se exacerbarán los ánimos políticos. En cualquier momento podrían formarse nuevas mayorías en el Con­greso que tendrán la llave de aumentar los ingresos sin que el poder Ejecutivo pueda hacer algo, excepto vetar esas nuevas leyes, lo que supondría agotar la confianza entre ambos poderes, precisamente la ante sala de situaciones que los adversarios del Gobierno desean que suceda.

El Presupuesto de Gastos es una herra­mienta que no está disponible para su uso únicamente por el Poder Ejecutivo. El Con­greso es el que decide finalmente con su aprobación los gastos estatales y se ha visto que Ejecutivo tuvo que poner frenos a esas multimillonarias erogaciones mediante la fijación de topes presupuestarios con la revi­sión de la debida disponibilidad financiera, el monitoreo del flujo de caja y otros mecanis­mos buscando equilibrar ingresos y egresos.

Ese equilibrio que en este momento le per­mite al país su crecimiento y haber obtenido sus dos grados de inversión, ocurre porque el Ejecutivo lleva a cabo bien su tarea, acom­pañado por el Congreso, especialmente con el bloque afín al Gobierno. Pero no siempre puede darse de ese modo. Es más, hasta puede ocurrir una diferencia entre los miembros de un mismo sector, como en efecto sucedió con el tratamiento de las cajas fiscales, donde el Ejecutivo propuso un proyecto y luego fue modificado en el Senado. Los escenarios son cambiantes en la política, como sabemos ocu­rre en todas partes.

En relación al déficit fiscal y los gastos, en este momento el Ejecutivo ha dicho dos cosas que no pueden pasar desapercibidas. Lo primero es que ante el escenario en que se encuen­tran las finanzas públicas debido a la merma en la recaudación se hace imperativo reducir los gastos para cumplir con el déficit progra­mado, esto es, volver cuanto antes a no más del 2,5 por ciento del déficit con relación al producto interno bruto (PIB). Y segundo, que ante esta situación, el Gobierno no está dispuesto a elevar los impuestos aunque ello implique soportar el asedio populista de algunos sectores y “analistas” que desean se incremente el déficit para luego ver qué hacer con la economía. Insistimos, esta es una trampa. Hay que evitarla y ni siguiera consi­derarla. De ocurrir significaría ingresar a una espiral inflacionaria junto con el exponen­cial aumento del endeudamiento y más gastos que terminará por debilitar al gobierno hasta dirigirlo a su fracaso, como precisamente algunos desean y demasiado. Aumentar el déficit fiscal y los impuestos es una trampa económica y política.