A efectos de contradecir sin argu­mentos al Poder Ejecutivo, algunos medios y sectores con “analistas” claramente estatis­tas, vienen insistiendo sobre la necesidad de aumentar el déficit fiscal e incluso subir los impuestos, sin tomar en cuenta lo que ello significa. Sin el adecuado análisis acerca de las consecuencias que acarrearía tal decisión apelan a una trampa que significará la caída no solo de las finanzas publicas, sino que tam­bién afectará a la política, sumado a un golpe mortal a la economía del país.

El gobierno del presidente Santiago Peña es claro con referencia a esta situación. Es pre­ciso seguir reduciendo el déficit fiscal dada su importancia para el presente y el futuro del país. Pero, y como dijimos, existen sectores que desean pan para hoy y hambre para mañana. No les interesa mantener el equilibrio finan­ciero ni monetario Para ellos, hay que subir el déficit fiscal sin correspondencia alguna con la realidad económica y si hay que aumentar los impuestos habría que hacerlo sin titubear.

Si fuera por ellos, subirán el déficit fiscal al punto de salir de la la Ley de Responsabili­dad Fiscal para llegar a más del 3 por ciento mediante una ley especial que le daría carta blanca al Estado para elevar los topes de gastos establecidos durante el presente gobierno.

Esta es una trampa. Al respecto, estamos segu­ros que el Gobierno no pisará el palito como se dice coloquialmente. La expresión trampa tiene absoluto sentido. Ninguna persona de bien con conocimientos básicos de finanzas y economía estaría de acuerdo con elevar el déficit fiscal porque se sabe que termina en el más absoluto desquicio de las finanzas y en la inestabilidad monetaria. Más allá de lo que establece la ley respectiva, en el corto plazo no se podrán soportar los nuevos egresos, lo que supone un escenario dantesco del que ningún país desearía encontrarse y sucederá en este gobierno, situación que algunos desean ocurra.

Gastar más de lo que se recauda como pro­puesta y, peor aún, llevarla a la práctica desde el poder público es un acto antipatriótico. Es iniciar un camino hacia el infierno por el cual se podrá saber cuándo empieza pero nunca cuándo termina, como en efecto la experien­cia muestra en otros países que han padecido largas décadas soportando los alucinantes des­varíos populistas del estatismo. Habiéndose ingresado en aquel escenario, se exacerbarán los ánimos políticos. En cualquier momento podrían formarse nuevas mayorías en el Con­greso que tendrán la llave de aumentar los ingresos sin que el poder Ejecutivo pueda hacer algo, excepto vetar esas nuevas leyes, lo que supondría agotar la confianza entre ambos poderes, precisamente la ante sala de situaciones que los adversarios del Gobierno desean que suceda.

El Presupuesto de Gastos es una herra­mienta que no está disponible para su uso únicamente por el Poder Ejecutivo. El Con­greso es el que decide finalmente con su aprobación los gastos estatales y se ha visto que Ejecutivo tuvo que poner frenos a esas multimillonarias erogaciones mediante la fijación de topes presupuestarios con la revi­sión de la debida disponibilidad financiera, el monitoreo del flujo de caja y otros mecanis­mos buscando equilibrar ingresos y egresos.

Ese equilibrio que en este momento le per­mite al país su crecimiento y haber obtenido sus dos grados de inversión, ocurre porque el Ejecutivo lleva a cabo bien su tarea, acom­pañado por el Congreso, especialmente con el bloque afín al Gobierno. Pero no siempre puede darse de ese modo. Es más, hasta puede ocurrir una diferencia entre los miembros de un mismo sector, como en efecto sucedió con el tratamiento de las cajas fiscales, donde el Ejecutivo propuso un proyecto y luego fue modificado en el Senado. Los escenarios son cambiantes en la política, como sabemos ocu­rre en todas partes.

En relación al déficit fiscal y los gastos, en este momento el Ejecutivo ha dicho dos cosas que no pueden pasar desapercibidas. Lo primero es que ante el escenario en que se encuen­tran las finanzas públicas debido a la merma en la recaudación se hace imperativo reducir los gastos para cumplir con el déficit progra­mado, esto es, volver cuanto antes a no más del 2,5 por ciento del déficit con relación al producto interno bruto (PIB). Y segundo, que ante esta situación, el Gobierno no está dispuesto a elevar los impuestos aunque ello implique soportar el asedio populista de algunos sectores y “analistas” que desean se incremente el déficit para luego ver qué hacer con la economía. Insistimos, esta es una trampa. Hay que evitarla y ni siguiera consi­derarla. De ocurrir significaría ingresar a una espiral inflacionaria junto con el exponen­cial aumento del endeudamiento y más gastos que terminará por debilitar al gobierno hasta dirigirlo a su fracaso, como precisamente algunos desean y demasiado. Aumentar el déficit fiscal y los impuestos es una trampa económica y política.

Paraguay intenta posicionarse como el “Texas de Sudamérica”, dice un análisis realizado por Bloomberg. Afirman que el país posee un clima exigente, pero cada vez más atractivo para personas e inversores por sus bajos impuestos, reglas simples y costos competitivos, y lo describen cómo una economía históricamente ignorada que empieza a ganar protagonismo en la región.

“Ubicado entre gigantes como Brasil y Argentina, Paraguay fue durante años visto como un país pequeño, sin salida al mar y con escasa relevancia internacional. Sin embargo, ese escenario comenzó a cambiar. Hoy, con apenas 6,1 millones de habitantes, el país vive un momento distinto, marcado por una mayor atención de inversores y empresarios”, manifiesta el artículo.

Señalan que el atractivo principal está en su modelo económico: baja carga impositiva, estabilidad macroeconómica, energía barata y menor burocracia. Este combo ha convertido al país en un destino cada vez más interesante, especialmente para inversores de países vecinos que buscan mejores condiciones para operar.

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Según Bloomberg, Paraguay logró construir credibilidad en los mercados a partir de dos décadas de disciplina fiscal, inflación controlada y crecimiento sostenido cercano al 4 % anual. Estos factores permitieron alcanzar el grado de inversión y atraer capital internacional, incluyendo fondos que hoy miran al país como una alternativa dentro de la región.

El dinamismo también se refleja en la economía real, con mayor actividad, desarrollo inmobiliario y consumo. A esto se suma una estrategia del Gobierno para posicionar al país en el escenario global y atraer nuevas inversiones.

Sin embargo, el análisis también señala desafíos. La misma baja presión tributaria que atrae capital limita la capacidad del Estado para invertir en infraestructura, salud y educación. Persisten además niveles de desigualdad y necesidades sociales que todavía no han sido completamente resueltas.

Así, Paraguay aparece ante el mundo como una economía que pasó de ser ignorada a convertirse en un imán para los inversionistas. El reto ahora será sostener ese atractivo y lograr que el crecimiento se traduzca en beneficios más amplios para toda la población.

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El uso de las llamadas reservas facultativas por parte de algunas empresas está bajo análisis del gobierno, ante indicios de que esta figura podría estar siendo utilizada para reducir el pago de impuestos. Así explicó en Universo 970 AM/Nación Media, el director de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), Óscar Orué, quien adelantó que se trabaja en una reglamentación para ordenar su aplicación.

El director de Ingresos Tributarios indicó que las reservas facultativas son utilidades que las empresas deciden no distribuir entre sus accionistas ni capitalizar formalmente, sino mantener dentro de la firma. Esta práctica es legal y, en muchos casos, permite fortalecer la empresa o prepararse para futuras inversiones.

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Sin embargo, el problema detectado por la DNIT es que algunas compañías estarían utilizando este mecanismo de forma prolongada, sin justificar el destino de esos recursos. Al no distribuir las ganancias, evitan pagar el impuesto a los dividendos, lo que impacta en la recaudación del Estado.

“Si una empresa decide capitalizar, debe emitir acciones y registrar ese movimiento. Si distribuye, paga impuestos. Pero cuando deja las utilidades en reservas facultativas por mucho tiempo sin explicación, se genera una laguna”, precisó Orué.

Según indicó, existe la presunción de que en algunos casos las utilidades sí están siendo utilizadas, pero permanecen registradas como reservas, lo que permitiría postergar o evitar el pago de impuestos.

Por ello, la DNIT, junto con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), trabaja en una reglamentación que será presentada al Congreso, con el objetivo de dar mayor claridad y evitar posibles abusos.

Este análisis se da en un contexto de menor recaudación tributaria, que responde tanto a factores internos como externos. Entre estos últimos, Orué destacó la caída del dólar, que afecta directamente los ingresos fiscales.

Esto ocurre, señaló, porque muchas operaciones, especialmente las importaciones, se realizan en dólares, pero los impuestos se pagan en guaraníes. Cuando el tipo de cambio baja, el valor en moneda local también disminuye, lo que reduce la base imponible y, en consecuencia, la recaudación, especialmente en Aduanas.

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La Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) informó que habilitó nuevos canales de comunicación dirigidos a las municipalidades de todo el país, con el objetivo de facilitar consultas y coordinar técnicamente temas relacionados con el avalúo fiscal de inmuebles para la liquidación del impuesto inmobiliario.

Según detalló la institución, los gobiernos municipales podrán comunicarse directamente con el Departamento de Fiscalidad Inmobiliaria, dependiente de la Gerencia General de Impuestos Internos, a través del teléfono (021) 417 7745 o del correo electrónico dfi@dnit.gov.py. Estos canales estarán disponibles para atender consultas vinculadas a la determinación del valor fiscal de los inmuebles y otros aspectos técnicos de la fiscalidad inmobiliaria.

La DNIT recordó que el valor fiscal determinado por la institución constituye la base imponible del impuesto inmobiliario, el cual posteriormente es remitido a los gobiernos municipales para su correspondiente recaudación, conforme a lo establecido en el artículo 21 del Decreto Reglamentario N.º 5305/2026.

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La entidad también reiteró que es la autoridad competente para realizar el avalúo inmobiliario y determinar el valor fiscal de los inmuebles en todo el país, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley N.º 7.424/2025, que crea el Sistema Nacional Unificado Registral y Catastral y el Registro Unificado Nacional (RUN), así como en su Decreto Reglamentario N.º 5305/2026.

Asimismo, recordó que el artículo 60 de la Ley N.º 125/1991, modificado por la Ley N.º 7.424/2025, establece que la DNIT tiene a su cargo la determinación del valor fiscal de los inmuebles, además de la definición del sistema de avaluación y del procedimiento para su cálculo.

En ese contexto, la institución reafirmó su compromiso con la uniformidad técnica, la seguridad jurídica y la transparencia en la determinación de la base imponible del impuesto inmobiliario en todo el país, mediante la coordinación permanente con los gobiernos municipales.

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