El ministro de Educación, Luis Ramírez, explicó el alcance de las medidas recomendadas a las instituciones educativas para proteger a los niños en estos días de intenso frío. Dijo que cada escuela puede definir la organización que le va mejor para flexibilizar el horario de entrada y, como los escolares están en etapa de evaluación, se puede incluso mover el calendario y recuperar las clases.

“Realmente es muy variado el espectro porque por zona también varía mucho la actividad. Hay que decir primero que cada consejo departamental debe definir la suerte y la organización que le va mejor de acuerdo a las zonas”, señaló a la 1080 AM.

Dijo que las escuelas pueden tener su ritmo y pueden tomar sus decisiones y definiciones, de acuerdo a las circunstancias del contexto, siempre y cuando haya un acuerdo total de la comunidad.

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Agregó que las escuelas pueden tener su ritmo y pueden tomar sus decisiones y definiciones, de acuerdo a las circunstancias del contexto, siempre y cuando haya un acuerdo total de la comunidad.

“Eso está independientemente a lo que ya dimos nosotros como elementos de cuidado que hay que tener. Y yo creo que con esas coordenadas estamos funcionando muy bien”, refirió.

En cuanto a los resguardos a considerar al momento de tomarlas decisiones por las bajas temperaturas y considerando las características de cada zona, el ministro dijo que inclusive se puede articular un plan de recuperación de clases.

“En realidad, este último tramo generalmente es de evaluación, por eso es que a veces es complicado. Pero de todas formas, también se puede ir recuperando en otra dinámica. Entonces, yo creo que el calendario se puede mover y también se puede recuperar”, subrayó.

Las escuelas tienen esa posibilidad de fijar, por ejemplo, un sábado para la recuperación de las actividades pedagógicas, conforme expresó.

“Tienen que presentar un proyecto nada más a la supervisión correspondiente y, tranquilamente, con eso pueden tomar la decisión que sea mejor para esa comunidad”, aseveró.

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El martes 1 de julio será la presentación del informe de gestión del presidente Santiago Peña ante el Congreso. En este contexto, el ministro del Interior, Enrique Riera, dio detalles sobre las acciones de su cartera en pos de mejorar la seguridad, una de las aristas más importantes para este gobierno, según el propio mandatario.

En conversación con La Nación/Nación Media, Riera destacó la implementación del plan estratégico institucional de la cartera, previsto hasta el año 2028. Según explicó, este plan se articula en tres ejes: el fortalecimiento de la Policía, la mejora de la seguridad ciudadana y el afianzamiento de la gobernabilidad democrática mediante la coordinación con instituciones públicas, especialmente con las 17 gobernaciones y 263 intendencias del país.

Uno de los pilares señalados por Riera fue la implementación de la ley n.° 7280 de Reforma y Modernización de la Policía Nacional, con una inversión de alrededor de USD 100 millones destinados a demandas sociales históricas dentro de la institución. A esta medida se sumó una inversión de más de USD 90 millones, proveniente de la Itaipú Binacional, para equipamiento y fortalecimiento operativo.

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La modernización se estructuró en dos etapas: la primera enfocada en el bienestar policial y la segunda en la operatividad. Entre las acciones realizadas, el ministro mencionó la incorporación anual de 5.000 nuevos aspirantes con capacitación orientada al servicio efectivo, así como mejoras tecnológicas, equipamiento logístico y procesos de depuración interna.

Se destacó la exigencia legal del test de integridad (polígrafo) para los ascensos, aplicada actualmente a toda la cúpula del Comando institucional, y la elevación jerárquica de la Dirección General de Asuntos Internos.

En cuanto a recursos, Riera detalló la incorporación de 1.000 motocicletas, más de 600 camionetas, 2.800 radios con GPS, 1.500 chalecos balísticos (con previsión de compra de 8.000 más), así como el egreso de cerca de 5.000 nuevos agentes, entre ellos 224 Linces.

Además, se instalaron 1.200 computadoras, se integró el sistema de inteligencia Bravo, se actualizó el sistema Guardián y se proyectó la entrega de 1.971 teléfonos móviles para 600 comisarías, 300 subcomisarías y 150 puestos policiales.

El ministro también mencionó la incorporación de tobilleras electrónicas para el monitoreo de casos de violencia intrafamiliar, bajo un decreto firmado en 2023. Además, se amplió el sistema de videovigilancia del 911 con más de 931 cámaras operativas, 15 instaladas en hospitales del Instituto de Previsión Social (IPS) y otras 150 en puntos semafóricos de Asunción.

En el área operativa, la institución apunta a alcanzar 57.000 efectivos policiales, acercándose al estándar internacional de 300 policías por cada 100.000 habitantes en turnos de ocho horas, conforme a criterios de la ONU.

En total, desde 2023 se detuvieron a más de 34.000 personas, aunque solo 8.000 fueron procesadas, lo cual, según Riera, revela la necesidad de una mayor articulación con el sistema judicial.

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El informe también hizo énfasis en el Plan Sumar, que ahora entra en una segunda fase denominada “Sumar en tu barrio”. Esta etapa implica acciones conjuntas con los ministerios de Educación y Salud, así como visitas semanales a los 19 distritos de Central y todos los barrios de Asunción. El objetivo es abordar integralmente la problemática del consumo de drogas entre jóvenes, que según cifras oficiales afecta a unos 90.000 menores de 25 años en la zona.

El enfoque del plan es ofrecer atención primaria en salud, fortalecer la comunidad educativa e intervenir directamente con organizaciones civiles y comités barriales, para lo cual se han conformado comisiones de seguridad comunitarias en coordinación con autoridades locales.

En materia de estadísticas, el Ministerio del Interior reporta que Paraguay se ubica entre los países con tasas de homicidio más bajas de la región, con una tendencia decreciente en los hechos punibles desde 2022. Entre 2023 y 2024 se registraron 4.000 denuncias menos y se incrementó el porcentaje de delitos esclarecidos.

Por último, el perjuicio económico ocasionado al narcotráfico por incautaciones de cocaína, crack y marihuana, entre julio de 2024 y mayo de 2025, fue estimado en más de USD 60 millones.

El ministro del Interior, Enrique Riera, reconoció que el Estado paraguayo ha tenido serias falencias históricas en el abordaje del consumo de drogas y el narcotráfico, al tiempo de advertir sobre una “progresión preocupante” en los índices relacionados a esta problemática.

“Durante muchos años, el Estado no tomó esto con la seriedad debida”, afirmó, aludiendo a una mezcla de instituciones débiles, funcionarios corruptos, un sistema de Justicia ineficaz y enfoques estratégicos erróneos. Según el ministro, hasta hace poco el consumo de drogas era interpretado como una simple “molestia social”.

Esto, añadido a la estigmatización, llevó al propio presidente Santiago Peña a lanzar la campaña Chau Chespi de manera inicial. No obstante, luego de las investigaciones pertinentes, se concluyó que la problemática era mucho más amplia, por lo que luego se dio lugar al Plan Sumar.

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Riera explicó a través de este plan se adoptó una estrategia más integral y coordinada entre tres ministerios: el de Salud, encargado de la recuperación de las personas afectadas; el de Educación, responsable de la prevención en las escuelas; y el Ministerio del Interior, abocado a los operativos contra traficantes y vendedores.

Si bien admitió que los resultados del primer año “fueron insatisfactorios”, defendió el relanzamiento de la iniciativa con el programa “Sumar en tu barrio”, que busca un enfoque más territorial y participativo.

“Tuvimos que aterrizar en terreno, hablar con directores de escuelas, de centros de salud, comisarios, intendentes y la sociedad civil”, dijo a la 780 AM y señaló que estas son las personas que pueden ayudar a reconstruir el tejido social dañado.

Entre los desafíos, el ministro indicó que existe una “insuficiencia en capacidad de respuesta y en profesionales”. En ese sentido, habló de la necesidad de generar “anticuerpos sociales” para enfrentar el problema desde las comunidades, con soluciones que incluyan tratamientos ambulatorios, acompañamiento, restauración familiar y reinserción de las personas afectadas por adicciones. “De lo contrario, no tienen futuro”, advirtió.

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El ministro de Educación y Ciencias (MEC), Luis Ramírez, afirmó que las vacaciones de invierno no se adelantarán y que la fecha prevista para el inicio es el 14 de julio. Hasta la institución aún no llegó un pedido oficial para adelantar la fecha, por lo que no existen motivos para realizar el cambio.

Ramírez manifestó que ayer jueves, mantuvo una reunión con la ministra de Salud, María Teresa Barán, y que le confirmó que a la fecha se tienen un descenso de caso de infecciones respiratorias, por lo que no existen razones para adelantar las vacaciones escolares.

“Los picos de contagios están bajando y no tenemos condiciones en el clima, salvo el jueves que viene que se espera un descenso importante de la temperatura. No existen elementos para tomar ese tipo de decisiones”, dijo el ministro, en entrevista con el programa “Arriba Hoy” de canal Gen y Universo 970/Nación Media.

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Resaltó que hasta el momento no se tiene un pedido oficial desde el Ministerio de Salud y que esta recomendación fue emitida por la Sociedad Paraguaya de Pediatría. “No tiene que ver con esa dinámica que tenemos dentro del Estado. No existe un pedido oficial”, puntualizó.

Agregó que si hay méritos para cambiar se realizará, pero que hasta la fecha no se analiza esa posibilidad. “Estamos haciendo un monitoreo constante dentro de las aulas”, refirió. Las vacaciones de inverno iniciarán el 14 de julio y se extenderá hasta el 25 del mismo mes.

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