La Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy) presentó este miércoles en horas de la mañana una nota dirigida al ministro del Interior, Lorenzo Lezcano. El escrito expresa la preocupación de la organización ante los métodos restrictivos utilizados por la Policía Nacional en lo que respecta a la movilización de pequeños productores campesinos, que hace ya un mes vienen exigiendo al gobierno la condonación de sus deudas.
"Si bien, las movilizaciones generaron caos vehicular en el microcentro de la ciudad capital, se han caracterizado por ser pacíficas, ya que hasta el momento no se registraron enfrentamiento violentos con Policías o civiles, salvo algunas discusiones verbales, hechos que podrían considerarse aislados y que no deslegitiman las reivindicaciones de un sector históricamente marginado de la sociedad paraguaya", señala parte de la nota entregada a Lezcano.
Luego de que representantes del sector campesino hayan anunciado la intensificación de marchas y protestas tras el veto del presidente de la República, Horacio Cartes a la ley que pretende dar una solución a la problemática – y aprobada por ambas cámaras del Congreso Nacional -, la Policía Nacional incurrió en prácticas que desde Codehupy se consideran lesivas al derecho a la protesta social como limitar el horario de marchas y el uso de un elemento simbólico de la lucha campesina por la tierra.
"Por lo tanto, desde la Codehupy pedimos al titular de la cartera del Interior y a las autoridades correspondientes que garanticen el libre y pleno ejercicio del derecho a manifestación de los campesinos y campesinas reunidos en la ciudad de Asunción, evitando los hechos mencionados anteriormente", menciona otra parte del documento.
Esta organización reafirma que el veto del primer mandatario al subsidio a los agricultores, pone en serio riesgo la soberanía alimentaria de nuestro país y espera que el gobierno articule una alternativa viable que se constituya en una solución de fondo a un problema social de larga data en el Paraguay y como tal merece ser debatido a profundidad.
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Argentinos marchan contra recortes a las universidades públicas
Profesores y estudiantes universitarios argentinos marchan este martes en contra de los recortes presupuestarios a la educación superior y para exigir la aplicación de una ley de financiamiento, mientras el gobierno de Javier Milei anuncia nuevos ajustes al sector.
La marcha federal universitaria, la cuarta desde que asumió Milei en diciembre de 2023, se produce tras la publicación el lunes de una modificación del presupuesto con nuevos recortes en el área de educación y salud en aras de su política de equilibrio fiscal.
Los universitarios reclaman la aplicación de una ley que obliga al gobierno a garantizar fondos para el sistema universitario y actualizarlos por inflación.
Esa legislación fue aprobada por el Congreso, pero Milei la vetó. Posteriormente los parlamentarios ratificaron la norma, pero el gobierno consideró que va en contra su política de equilibrio fiscal y pidió la intervención de la Corte Suprema, que no tiene plazos para resolverlo.
Con manifestaciones en distintos puntos del país, la marcha tendrá su epicentro en la Plaza de Mayo, frente a la sede de la presidencia, a partir de las 17H00 hora local (20H00 GMT).
Sindicatos docentes denunciaron que en los últimos años los salarios han tenido una caída del 40 % y cientos de profesores han renunciado. Un profesor a dedicación exclusiva recibe una paga que ronda el millón de pesos (unos 710 dólares) mensuales.
“Estamos en una situación dramática de las universidades y de la ciencia argentina”, dijo este martes el rector de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Ricardo Gelpi. “Esperamos una convocatoria masiva”.
La facultad de Ciencias Exactas de la UBA está en huelga desde hace tres meses. Autoridades de los hospitales universitarios denunciaron que se encuentran al borde del colapso.
“La única ley que vamos a cumplir es la del presupuesto”, sostuvo el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, el lunes a la prensa.
El conflicto ocurre en medio de una caída de la recaudación fiscal, atribuida por analistas a la contracción del consumo y la actividad, que el gobierno busca compensar con nuevos ajustes por 2,5 billones de pesos (unos 1.700 millones de dólares) en educación, salud, subsidios y otras áreas.
- Fuente: AFP
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Aneaes pide intervención de más de 120 carreras de Derecho que operan sin acreditación
El presidente de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (Aneaes), José Duarte Penayo, informó que detectaron una brecha muy crítica entre las carreras universitarias habilitadas para funcionar y aquellas que efectivamente cuentan con acreditación de calidad. Indicó que desde el año pasado vienen evaluando varias carreras, y en el caso específico de Derecho, notaron que solo el 17 % de las carreras están acreditadas, una cifra considerada alarmantemente baja por las autoridades técnicas.
En conversación con La Nación/Nación Media, el Dr. Duarte señaló que la institución a su cargo remitió un informe técnico al Consejo Nacional de Educación Superior (Cones) en el que sugiere la intervención de entre 124 y 126 carreras de Derecho, distribuidas en todo el país.
“Este año actualizamos nuestro informe sobre la carrera de Derecho, donde tenemos una tasa de 17 % de acreditación. Es decir, una tasa muy baja de nivel nivel de acreditación, siendo que la carrera de Derecho, conforme a la Ley 2072/03 es una carrera taxativamente mencionada como de acreditación obligatoria”, explicó.
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Mencionó que las carreras que no están en proceso de evaluación con fines de acreditación o que nunca se presentaron a esta instancia, no solo están funcionando de manera informal, sino que además están violando la Ley 2072/03 de creación de la Aneaes y también la Ley 4995/13, que es la ley de Educación Superior.
Indicó que en el capítulo de registro de titulación se establece con claridad que un título se registrará cuando se cumplan todas las condiciones legales y para Derecho una condición legal es la acreditación.
Cones debe intervenir
Por tanto, Duarte señaló que la institución a su cargo comunicó al Cones, que es la instancia que tiene la potestad de intervención por medio de sus resoluciones que le facultan y entre las cuales figuran como causal de intervención estas faltas administrativas.
Indicó que remitieron este listado, según sus propios registros de las carreras que nunca fueron acreditadas para los procesos de evaluación con fines de habilitación por la Aneaes.
Aclaró que desde la Aneaes solo pueden sugerir la intervenir, ya que es una institución que tiene la función simple de evaluar, pero que sí tiene atribuciones para formular pareceres técnicos según la propia ley que les rige.
“Le sugerimos al Cones la intervención de todas aquellas carreras de Derecho que están funcionando sin haberse presentado, incumpliendo la normativa legal que les obliga a pasar por evaluación con fines de acreditación en la carrera de Derecho”, acotó.
Carreras de evaluación obligatoria
Duarte Peñayo explicó que conforme a la Ley 2072/03, la acreditación no es opcional para Derecho ya que se trata de una carrera que afecta el patrimonio y la integridad de las personas, por lo cual su evaluación es taxativa y obligatoria.
“Consideramos que más de 100 carreras de Derecho deben ser intervenidas, e incluso podrían ser más debido a deficiencias en el catastro del Cones, las cuales debe solucionar. Además el MEC debe considerar mejor el registro de títulos de carreras no acreditadas. Desde la Aneaes emitimos un parecer técnico y expresamos preocupación por carreras que operan sin cumplir con la acreditación obligatoria”, explicó.
Próximas revisiones, sector Salud
El titular de la Aneaes anunció que la próxima semana entregará un informe similar —y exhaustivo— sobre las carreras de Salud (Medicina, Enfermería, Kinesiología, etc.), en las que se anticipan medidas y recomendaciones igual de severas debido al riesgo que implica la falta de acreditación en estas áreas.
“Estamos preparando un informe exhaustivo sobre el área de la salud que estaremos remitiendo la próxima semana a más tardar con las mismas recomendaciones. Y así iremos iremos remitiendo informes por diferentes áreas haciendo el cruce con los datos abiertos del Registro Nacional de Títulos del MEC”, adelantó.
Finalmente, resaltó la necesidad de ir cerrando la brecha entre carreras habilitadas y carreras acreditadas, combatiendo con mucha dureza y medidas concretas la informalidad.
“Debemos pasar de los discursos a las acciones concretas en favor de la educación superior y el fortalecimiento del capital humano. No podemos seguir permitiendo la informalidad en un sistema en el que muchas universidades sí invierten en investigación, infraestructura y docentes de calidad, esfuerzo que merece respeto y respaldo”, concluyó.
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Multas por incumplimiento laboral superaron G. 20.000 millones en los últimos dos años
En el marco del Día de Trabajador, celebrado ayer, el viceministro de Trabajo, César Segovia, informó que en los últimos dos años se aplicaron multas que superaron los 20.000 millones de guaraníes, a través de fiscalizaciones y verificaciones a diferentes empresas para dar cumplimiento a los derechos de los trabajadores.
“Nosotros el año pasado hemos realizado 1.857 intervenciones en diferentes empresas a nivel país que ha provocado que se hayan aplicado más de 20.000 millones de guaraníes en multas. El ministerio no puede renunciar a su rol de policía laboral y lastimosamente la comunicación y las facilidades que se da por la cultura de la informalidad no es suficiente”, indicó Segovia a la 780 AM.
El viceministro señaló que con el objetivo de fortalecer la presencia en el terreno y mejorar los controles laborales, se está invirtiendo en el refuerzo de las tareas de fiscalización. En ese sentido, explicó que tras un acuerdo con el Equipo Económico Nacional, se dispuso el aumento de la dotación de verificadores para intensificar el trabajo de inspección en empresas a nivel país.
Reducir la informalidad
Segovia detalló que desde la cartera se encuentran trabajando en lograr reducir la informalidad con un avance estimado del 15,9 % y un crecimiento destacado del empleo formal en 2025, aunque aún el país mantiene niveles de informalidad elevados en comparación con la región.
“Nosotros por mucho tiempo estuvimos estancados en un 67 % de informalidad, de hecho al inicio del gobierno del presidente Peña la informalidad estaba en un 62 %, y en base a los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística e inclusive la Organización Internacional del Trabajo mencionó que Paraguay fue el que más creció en empleo formal en el 2025”, aseguró.
Esto hizo que la informalidad baje hasta el 58 %, pero aún sigue siendo alta en cuanto a la media regional. “Cuando hablamos de informalidad laboral estamos hablando de la falta de pagos del salario mínimo, falta de seguridad social y que muchos derechos como aguinaldo, horas extras, vacaciones, no se cumplen a cabalidad”, subrayó.
De acuerdo al Observatorio Laboral de la cartera, basado en datos de la Encuesta Permanente de Hogares Continua, al primer trimestre del 2026 contabilizaron a 3.204.472 personas ocupadas, de las cuales el 40 % trabajan en empleos formales (que cotizan al sistema de jubilación y pensión y trabajadores independientes inscriptos en el Registro Único del Contribuyente).
Los principales indicadores que caracterizan al mercado laboral señalan que el 65 % tiene menos de 45 años, con un promedio de 43 horas trabajadas en la semana, liderando sectores como el de servicios, oficiales operarios, artesanos y trabajadores no calificados.
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Trabajadores lanzan movilización conmemorativa del 1° de mayo
El Frente Sindical y Social, que nuclea a varias organizaciones obreras, realizó este lunes el lanzamiento oficial de la movilización conmemorativa del 1° de mayo, a llevarse a cabo el viernes bajo la consigna “Por la reorganización de la clase trabajadora”.
Los dirigentes dieron datos sobre los delineamientos de la acción unitaria y profundizaron en los detalles de la convocatoria, en conferencia de prensa, convocada esta mañana frente al Panteón de los Héroes.
Anunciaron que este año pretenden reunir tanto a trabajadores como a trabajadoras del campo y la ciudad, aparte de los demás sectores organizados de la sociedad.
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La concentración inicial el viernes, 1 de mayo, será en la Plaza Uruguaya a las 8:30 para luego marchar hasta la sede del Ministerio de Economía y Finanzas sobre la calle Chile.
Marcharán en defensa de los derechos laborales y en defensa de la seguridad social integral y solidaria. Por una vida digna y libertad sindical. Asimismo, exigirán el urgente aumento salarial. Según trabajadores sindicalizados, el salario mínimo debería ser de G. 7,6 millones.
En ese sentido, presentaron un estudio que fija el costo de vida en G. 7.614.000 y reclaman que ese monto sea considerado como salario mínimo en el país.
Por otro lado, manifestarán su rechazo a la narcopolítica y la supuesta promoción de un plan neoliberal desde el Gobierno. Igualmente, protestarán contra lo que ellos consideran un despojo de la Caja Fiscal.
Finalmente, harán un llamado a la unidad obrera, campesina y popular. “Es urgente reorganizar y reorientar la fuerza sindical para enfrentar y vencer la política de hambre y de saqueo en contra de la población, cumpliendo recetas de organismos internacionales”, manifestaron.
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