El esquema paralelo que funcionaba dentro de la Seprelad para fraguar y filtrar informes de inteligencia financiera fue advertido por la propia organización encargada de la evaluación del cumplimiento de las normas antilavado, el Gafilat. Sin embargo, la administración de Carlos Arregui hizo caso omiso a las advertencias y recomendaciones exponiendo al país a eventuales sanciones.

• Por Cinthia Mora

Los actos cometidos durante el gobierno de Mario Abdo Benítez al montar un esquema para­lelo de investigación dentro de Seprelad para investigar a enemigos políticos y filtrar información expusieron al país a eventuales sanciones por no aplicar las recomen­daciones del Grupo de Acción Financiera de Latinoamé­rica (Gafilat). Esta institu­ción advirtió de la situación y exigió aplicar acciones para corregir los malos mane­jos. Estas recomendaciones fueron ignoradas durante el gobierno anterior.

La conducta desplegada por cada uno de los investigados en esta causa penal repercutió no solo en el plano nacional, sino también en el internacional, ya que la propia organización encargada de la evaluación del cumplimiento de las norma­tivas antilavado atribuyó a la Seprelad (dirigida por Carlos Arregui) la filtración de infor­mes de inteligencia a la prensa.

Las recomendaciones dadas por el organismo especiali­zado fueron ignoradas por la administración anterior, ya que no existe registro alguno de sumario aplicado ni tam­poco constancia de imple­mentación de protocolos sugeridos por la organización antilavado.

En su informe de evaluación mutua a Paraguay del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica, en el mes de setiembre de 2022, año en el que se registró la mayor can­tidad de filtraciones de infor­mes confidenciales desde la Seprelad, se consignó lo siguiente: “Respecto del uso de la información por parte de las autoridades des­tinatarias, (…) preocupa al equipo evaluador la filtra­ción de reportes de inteligen­cia financiera diseminados por la Unidad de Inteligen­cia Financiera - UIF, en los cuales se han llegado a publi­car en portales de internet, incluyendo páginas com­pletas del informe de inte­ligencia, y algunos medios han enunciado haber tenido acceso a estos informes, lle­gando incluso a transcribir parte de ellos”, concluyó el equipo que evaluó al Paraguay.

Al respecto, recomendaron que la Seprelad robustezca e implemente los mecanismos utilizados para hacer segui­miento a la divulgación no autorizada de información diseminada de acuerdo con las guías y buenas prácticas emitidas por organismos en la materia.

El informe de evaluación mutua instaba además a Para­guay a implementar protoco­los para el reporte de inciden­tes y rendición de cuentas por parte de terceros en los episo­dios de fugas o filtraciones de información. Nada de esto se aplicó en la administración anterior.

La Seprelad había aprobado en el año 2021 el Protocolo de Difusión de Informes de Inte­ligencia, del cual se desprende que la institución debió abrir dentro de las 48 horas de las filtraciones el procedimiento establecido para casos de difu­sión indebida de información. Pese a los múltiples episo­dios de filtraciones registra­dos desde enero de 2022 y a la recomendación de la eva­luación de Gafilat, este pro­tocolo nunca se aplicó. Todos las filtraciones y los funcio­narios responsables queda­ron impunes hasta agosto de 2023.

Recién con la llegada de la nueva administración se pudo detectar tal situación y se comenzó a poner en orden la casa. La actual titular de Seprelad, Liliana Alcaraz, reveló que a su llegada pudo constatar que nunca se abrie­ron los sumarios respectivos contra los funcionarios res­ponsables de las filtraciones y tampoco se pudo encon­trar rastro alguno de aplica­ción de protocolos tal como lo recomendó Gafilat en su evaluación.

En el año 2022 iniciaron los sistemáticos ataques políti­co-mediáticos que socava­ron la institucionalidad de la Seprelad y otros organis­mos del Estado. Una inves­tigación periodística reveló en julio de 2023 documen­tos y correos electrónicos que dejaron al descubierto el esquema montado desde la Unidad de Inteligencia Financiera de la Seprelad para dirigir investigaciones con fines políticos y filtrar información confidencial.

El Instituto de Pre­visión Social (IPS) está promoviendo acciones de ejecución contra empresas que adeudan a la previsional por aporte obrero patronal, millonarias deudas que la previsional quiere recu­perar en esta nueva adminis­tración. Entre las firmas que adeudan se encuentra un con­sorcio hotelero que pertenece a la familia de la esposa del expresidente de la República Mario Abdo Benítez, Silvana López Moreira.

El miércoles 17 de abril el Juzgado de Primera Instan­cia en lo Civil y Comercial ordenó el embargo de bienes de la empresa hasta cubrir el monto reclamado por la pre­visional, que asciende a G. 10.781 millones. “Tenemos la imperante necesidad de ir recuperando el dinero que el IPS tiene por cobrar. Tene­mos mucho por pagar, pero también tenemos muchos por cobrar”, remarcó Jorge Brítez en comunicación con el pro­grama “Arriba hoy”, del canal GEN y Universo 970 AM.

Llamativamente, durante la administración ante­rior, en el gobierno de Mario Abdo, el IPS trancó una acción judicial para llegar al cobro de la deuda del con­sorcio hotelero de la familia Bó que llega a los G. 10.781 millones. Jorge González, director Jurídico del IPS, explicó que en 2017 se logró una sentencia firme para el cobro de la deuda obrero patronal; sin embargo, lla­mativamente el IPS y el con­sorcio firmaron un acuerdo extrajudicial.

“Un juicio que inició en el 2014, el consorcio hotelero había planteado una excep­ción de inconstitucionalidad que fue a la Corte. En el 2017 quedó firme, en ese enton­ces, cuando inició recién la demanda era 5.300 millo­nes aproximadamente lo que debía”, señaló Gonzá­lez en entrevista con GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Siguió explicando que “al 2017 al quedar firme el fallo de la Corte no teniendo más recursos ni incidentes que plantear este consorcio, la deuda subió a G. 10.300 millones al día de hoy, según el reporte de la Dirección Obrero Patronal, G. 31.500 millones aproximadamente está debiendo ese consorcio hotelero”.

La previsional ganó el jui­cio en todas las instancias; sin embargo, en el 2018 “sor­prendentemente” el Con­sejo Administrativo del IPS aceptó un acuerdo extraju­dicial habiendo ya ganado en todas las instancias. “En ese acuerdo extrajudicial se acepta cuatro inmuebles que ofrecen ellos en ese momento, en el cual se comprometen a hacer pagos parciales y que si en 60 días no se cumple ese acuerdo se tendrá por rescin­dido ese acuerdo extrajudi­cial y se tendrá que ejecutar la resolución”, dijo el direc­tor jurídico.

Tras ese acuerdo extrajudi­cial, pasaron diez meses. Ocho meses más que lo establecido en el acuerdo extrajudicial se presenta misteriosamente ante el juzgado una homolo­gación del acuerdo, se lleva a cabo, y “en ese momento ya no se podía celebrar el acuerdo porque ya estaba 10 meses atrasado y con esa homolo­gación mataron todo el jui­cio”, según las explicaciones del director jurídico.

“Revisando los anteceden­tes del caso vimos que no se tomó ninguna medida más y, al asumir, lo primero que hicimos fue la ejecución del fallo de 2017 porque creemos que tenemos que reclamar, no podemos seguir permi­tiendo este tipo de conducta. La administración anterior dejó de emitir los títulos de créditos que la empresa tiene que abonar al IPS”, sentenció.

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