EL PODER DE LA CONCIENCA

• Por Alex Noguera
• Periodista
• alex.noguera@nacionmedia.com

Es imposible contar la infinidad de películas y series en los que los policías fueron los protagonistas de la pantalla. Incluso antes de que tuviera sonido el cine, el icónico Chaplin ya era perseguido por algún representante de la ley. Luego, la televisión sumó otra gran variedad de uniformados que se convirtieron en clásicos como el pelado Kojak, Starsky y Hutch, Sonny Crockett y Ricardo Tubbs o Sledge Hammer hasta los investigadores de NCIS.

Todos tenían sus características especiales, pero la verdadera imagen que de niños aprendimos a confiar y respetar fue la que proyectaba el oficial Matute, el dolor de cabeza de don Gato y su pandilla. Era el policía fiable, honesto y de buen corazón. No necesitaba de pistolas ni violencia; le bastaba su cachiporra, que solo era un implemento decorativo. No servía más que para dar vueltas en su muñeca.

Matute enseñó a toda una generación que los ciudadanos podían recurrir a los policías cuando tuvieran problemas. Pero esa idea poco a poco comenzó a ser relegada al subconsciente cuando el mundo demostró que la realidad era muy distinta. La imagen romántica se marchitó con denuncias de corrupción, bien expuestos en programas como Los Intocables, de Elliot Ness, donde todos los uniformados cobraban de la nómina clandestina del hampa.

Dudar de una institución como la de la Policía desequilibra todos los cimientos de una sociedad, pero más grave es cuando esa duda se convierte en traición que no proviene de simples y codiciosos policías, sino de personajes que recibieron la confianza y el voto a través de las urnas.

Así como la imagen de un Matute es la de un policía que ofrece protección y justicia, la ilusión que tiene una nación de un presidente es que trabaje para que ese pueblo tenga una vida más fácil y digna, pero cada vez saltan más ejemplos de que el cargo solo es excusa para hartarse del dinero ajeno.

Hace apenas unos días, fuimos testigos de que la Justicia puede tardar. Un hombre al que todos creían íntegro y que incluso daba charlas sobre democracia, Álvaro Uribe, fue hallado culpable de dos delitos graves: fraude procesal y soborno en actuación penal, por lo que fue condenado a 12 años de prisión y una multa considerable. Y aunque su defensa tiene la posibilidad de apelar el fallo de la jueza Sandra Heredia, Uribe no es al único al que los colegas de Matute lograron atrapar.

Un mes antes, en junio, la Corte Suprema de Argentina confirmó la condena de 6 años de cárcel y la inhabilitación de por vida de ocupar cargos públicos para Cristina Kirchner. Antes que ella, Carlos Saúl Menem también fue condenado por venta ilegal de armas a Croacia y a Ecuador y también por pago de sobresueldos a funcionarios.

En Brasil, por Lava Jato Lula da Silva también fue preso 580 días en una cárcel de Curitiba hasta que el Supremo Tribunal Federal revocó la condena. En Ecuador, el expresidente Rafael Correa fue condenado a 8 años e inhabilitado por 25 años de cargos políticos. No cumple la sentencia porque obtuvo asilo en Bélgica. En Perú, otro exmandatario como Alberto Fujimori también fue declarado culpable y pasó varios años en la cárcel.

Hace poco más de una semana a Paraguay llegó una publicación acerca de una investigación de un periodista argentino que exponía que el expresidente Mario Abdo tendría dos cuentas secretas en Seychelles con nada menos que 21 millones de dólares.

A diferencia de los otros países, en los que los ciudadanos exigieron que sus exmandatarios paguen por sus actos ilícitos, acá toda la oposición en lugar de ser la voz de los oprimidos asumió un silencio cómplice al igual que dos grandes medios de comunicación, que hace tiempo perdieron la vergüenza.

Esa publicación argentina hizo que el Parlamento paraguayo instara a que se investiguen las presuntas cuentas de Abdo Benítez y que incluso lleguen al Departamento del Tesoro de EE. UU.; sin embargo, el Ministerio Público de Paraguay hace años que tiene elementos para investigar, pero no presenta ningún resultado convincente. Como la cachiporra de Matute, solo da vueltas como un implemento decorativo.

Con el objetivo de fortalecer la infraestructura institucional en el sur del país, el fiscal general del Estado, Dr. Emiliano Rolón Fernández, encabezó este jueves el acto de habilitación parcial del nuevo edificio del Ministerio Público en la ciudad de Encarnación.

El evento contó con la presencia de autoridades del sistema judicial y de entes del Estado, entre ellos, las fiscales adjuntas Fabiola Molas (Área V) y Matilde Moreno, el secretario general de la Entidad Binacional Yacyretá, Dr. Mario Cáceres, y el vicepresidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, Gustavo Miranda. También participaron agentes fiscales, directores y funcionarios del área.

La sede, ubicada en el barrio La Paz, marca un paso importante en el proceso de descentralización y modernización de la justicia en Paraguay. En esta primera etapa se habilitaron el área de denuncias, el departamento de Psicología Forense, la sala de reuniones y la Fiscalía Adjunta.

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“Estamos iniciando el uso gradual del edificio, que cuenta con 11 pisos. En esta fase inicial priorizamos los espacios esenciales para la atención ciudadana y la gestión interna”, explicó el fiscal general Rolón Fernández, quien también anunció que para el año 2026 se prevé el funcionamiento completo del edificio.

Durante su intervención, el titular del Ministerio Público adelantó que en los próximos meses continuarán las obras de adecuación, incluyendo la incorporación de un Laboratorio Forense con tecnología de última generación.

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“La construcción del nuevo edificio representa una inversión significativa en infraestructura pública, orientada al fortalecimiento institucional del Ministerio Público en el sur del país”, destacó Rolón. Asimismo, recalcó que la nueva sede permitirá mejorar el acceso a la justicia, optimizar trámites, reforzar investigaciones y ofrecer una atención más eficiente a la ciudadanía.

Una vez culminado, el complejo se convertirá en una de las instalaciones más modernas del Ministerio Público a nivel nacional, contribuyendo directamente al fortalecimiento del sistema judicial y al bienestar de la población.

Este miércoles 30 de julio dio comienzo al juicio oral y público para el agente policial Oliver Lezcano y su pareja, Ada Ruiz Díaz, quienes están acusados por el homicidio doloso del militar Líder Javier Ríos, ocurrido en enero del 2023. El tribunal de sentencia que tiene a su cargo juzgar a los acusados está integrado por los jueces Fabián Weisensee, Cándida Fleitas y Laura Ocampo.

Desde el Ministerio Público valoran el trabajo técnico policial sobre el cual se basa la acusación y que ha sido atacado por las defensas a través de numerosos incidentes, todos ellos rechazados en etapa preliminar como también al inicio del juicio oral.

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Al inicio del juicio oral se presentaron más de 24 incidentes por parte de los acusados, numerosos de ellos relacionados a las actuaciones policiales en el marco de la investigación del asesinato del efectivo militar, quien además trabajaba de manera independiente como chofer de plataforma de transporte.

El agente policial Oliver Lezcano se fugó de la Penitenciaría Nacional de Tacumbú el 28 de setiembre del año pasado, donde cumplía prisión preventiva desde el 26 de enero de 2023. Su fuga fue motivo de polémica debido a que el propio ministro de Justicia, Ángel Barchini, había asegurado a pesar de no contar con pruebas que el mismo fue asesinado y desmembrado dentro de la cárcel, versión que posteriormente fue desmentida con un video por parte del procesado agente policial.

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El exsenador argentino Edgardo Darío Kueider y su secretaria Iara Magdalena Guinsel Costa enfrentarán juicio oral por supuesto contrabando. Así resolvió el juez de Delitos Económicos Humberto Otazú. La resolución judicial se dio a conocer luego de la audiencia preliminar llevada a cabo en Palacio de Justicia.

El fiscal del caso Ysrael Villalba, se ratificó en su acusación debido a que ambos procesados habrían intentado ingresar en diciembre del 2024 más de USD 211.000, así 3.900.000 pesos y G. 640.000, sin declarar el dinero ante la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT).

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Ahora se deberá sortear al tribunal de sentencia que tendrá a su cargo juzgar al exparlamentario del vecino país así como a su secretaria por el hecho punible de contrabando.

El juez penal de garantía Rolando Duarte decretó el arresto domiciliario con el uso de tobillera electrónica al exsenador Argentino Edgardo Kueider y de su secretaria Iara Guinsel, quienes son requeridos por la justicia Argentina por lavado de dinero. La resolución judicial se dio a conocer luego de la audiencia de identificación llevada a cabo en Palacio de Justicia.

El pedido de extradición fue pedido del juzgado Federal en lo Criminal y Correccional Nº 1 de San Isidro, cuya magistrada es Sandra Arroyo Salgado, quien sostiene que Kueider, exsecretario general de la Gobernación de Entre Ríos y actual exsenador nacional, utilizó su cargo público para beneficiar a empresas privadas a cambio de sobornos y blanquear millonarios fondos ilícitos mediante operaciones inmobiliarias, vehículos de alta gama y cuentas bancarias en el sistema financiero local e internacional.

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