La jueza penal de la Adolescencia, Edith Coronel, resolvió esta mañana otorgar el criterio de oportunidad al adolescente que intentó hurtar mandarinas de la residencia del senador Mario Abdo Benítez, el pasado 14 de mayo.
La fiscala Mercedes Cañiza pidió la aplicación del criterio debido a la insignificancia del hecho. Tampoco hubo denuncia en contra del adolescente, que además no tiene antecedentes, por lo que el Ministerio Público prescinde de la persecución penal.
En su momento, la magistrada repudió la forma en la que el personal policial expuso al menor de edad ante los medios de comunicación, a los que se les permitió tomar fotos.
Además, se les proporcionó su identidad, en lo que se convirtió en violación a lo que establece el artículo 29 del Código de la Niñez y la Adolescencia, acerca de la prohibición de publicar imágenes o cualquier dato relacionado al menor sospechado de cometer un delito.
El menor incluso fue esposado y expuesto por agentes policiales. El accionar policial ante el hecho generó indignación y burlas por parte de internautas y ciudadanía en general.
El adolescente fue detenido luego de intentar ingresar en el interior de la vivienda del senador colorado Mario Abdo Benitez en Asunción. El legislador no se encontraba presente al momento del hecho.
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Exsuperintendente de Bancos estará recluido por 15 días en la Agrupación Especializada
El juez penal de garantías de Delitos Económicos, Humberto Otazú, resolvió que el exsuperintendente de Bancos del Banco Central del Paraguay (BCP), Holger Insfrán, guarde prisión por 15 días en la Agrupación Especializada, en el marco de la causa judicial Ueno Bank.
Holger se encuentra imputado por el supuesto hecho punible de lesión de confianza, en calidad de autor. “Pasará a guardar reclusión primariamente en la Agrupación Especializada y este juzgado vía oficio recabará informes sobre alguna institución dependiente del Ministerio de Justicia en donde pueda guardar posteriormente reclusión definitiva”, comentó Otazú a los medios de comunicación.
El magistrado agregó que “la defensa solicitó una medida menos gravosa, pero el juzgado entiende que los hechos revisten gravedad, entonces entendemos que, por una cuestión de saber sobrellevar y dar el respaldo necesario al Ministerio Público para que pueda seguir llevando adelante sus investigaciones, consideramos que es la medida más acertada en este momento”.
De acuerdo al acta de imputación, el funcionario habría tomado conocimiento formal, el pasado 29 de abril, de excesos en los límites de crédito otorgados a empresas vinculadas a Ueno, entre ellas Mowi SA, Grupo Hendy SA y Grupo M SA. Las obligaciones conjuntas de estas firmas habrían alcanzado aproximadamente G. 743.784 millones, equivalentes al 31,9 % del patrimonio efectivo de la entidad bancaria, por encima del límite regulatorio del 20 %.
La Fiscalía sostiene que, pese a las advertencias técnicas y al tiempo transcurrido desde la detección de las presuntas irregularidades, el imputado no habría exigido la presentación del plan de regularización previsto en la legislación bancaria.
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Asimismo, la investigación señala que el 16 de junio de 2026 se habría considerado regularizada la situación de Ueno Bank tras una operación de venta de cartera crediticia a Vinanzas S.A. por aproximadamente USD 74,4 millones. Sin embargo, de acuerdo con la hipótesis fiscal, dicha operación habría sido financiada indirectamente con recursos del propio banco, mediante préstamos y operaciones con sociedades relacionadas.
Otro de los hechos atribuidos se refiere al tratamiento de un informe técnico, remitido el 10 de julio de 2026 por un exgerente de Supervisión, que advertía sobre posibles irregularidades en la operación de transferencia de cartera. Según el acta de imputación, el documento habría sido comunicado al entonces presidente del BCP recién el 24 de julio, sin haber sido elevado formalmente al Directorio de la institución.
La Fiscalía también atribuye al imputado la presunta falta de impulso de medidas correctivas y el no haber comunicado oportunamente al Directorio del BCP la necesidad de adoptar disposiciones ante las observaciones detectadas, mientras la entidad bancaria continuaba desarrollando operaciones financieras.
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Juez ordenó prisión para extitular de itti y exmano derecha de Miguel Vázquez
El juez interino Osmar Legal decretó la prisión preventiva de César Manuel Astigarraga Lambaré, extitular de itti S.A.E.C.A. y presidente de Grupo M S.A., imputado por las presuntas operaciones irregulares que derivaron en el colapso de Ueno Bank, en la misma causa que el exCEO de la entidad, Miguel Vázquez.
Legal resolvió que el imputado guarde reclusión donde la Dirección General de Establecimientos Penitenciarios (Institutos Penales) decida y ordenó que no comparta sector ni alojamiento con los demás coimputados.
La defensa había ofrecido dos inmuebles como garantía para solicitar el arresto domiciliario con tobillera electrónica. Sin embargo, el juzgado consideró que la caución era insuficiente debido a que no se presentaron documentos que acreditaran la titularidad de los bienes ni la inexistencia de gravámenes o restricciones.
El magistrado también tuvo en cuenta que el procesado declaró percibir ingresos mensuales aproximados de G. 150 millones. Señaló que, por la complejidad de los hechos, la magnitud económica de las operaciones y los valores patrimoniales involucrados, se requiere información registral actualizada para verificar la disponibilidad efectiva de los inmuebles ofrecidos.
La resolución fundamenta la prisión preventiva en el peligro de fuga y en la necesidad de asegurar el sometimiento del imputado al proceso. Astigarraga se presentó este jueves ante la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, luego de que la Fiscalía ordenara su detención y modificara su requerimiento inicial de medidas alternativas para solicitar la prisión preventiva.
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Ypytá: acusan ante el JEM al juez Édgar Rivas por mal desempeño y piden su suspensión en el cargo
La abogada Analía Rebollo, representante legal de Marcos Miltos, directivo de la firma Ypytá S.A. Inmobiliaria, Ganadera y Comercial, presentó una acusación por mal desempeño en sus funciones contra el criticado juez en lo Civil y Comercial de Asunción, Édgar Rivas Laguardia. Asimismo, se solicita el enjuiciamiento y la suspensión en sus funciones del magistrado Rivas ante las irregularidades en el juicio civil mencionado.
La acusación contra Rivas se estructura en dos etapas principales. Primero, su actuación en el ámbito procesal al habilitar de forma injustificada la feria judicial a finales de 2025 en el expediente individualizado como N.° 530/2014, caratulado: “Ypytá S.A. Inmobiliaria, Ganadera y Comercial sobre convocatoria de acreedores, hoy quiebra”.
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La segunda actuación irregular fue la de haber intervenido y firmado la Escritura Pública N.° 2 del 31 de marzo de 2026, en la cual formalizó la transferencia de activos de la fallida en favor de un tercero, incurriendo en múltiples vicios de nulidad e irregularidades sustanciales. Finalmente, se cuestiona su comportamiento como director del proceso en relación con las actuaciones que afectan y vinculan específicamente a este tercero.
Ante las graves acusaciones presentadas formalmente ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), órgano juzgador de jueces, se espera que los mismos actúen de forma inmediata y estudien el caso, haciendo lugar al enjuiciamiento del cuestionado juez Rivas y solicitando su inmediata suspensión por desempeñarse de forma dudosa e irregular en el referido expediente civil.
Ahora, los integrantes del JEM —cuya presidenta es Alicia Pucheta y que integran César Garay, Manuel Ramírez Candia, Enrique Berni, Mario Varela, Pedro Díaz Verón, Alejandro Aguilera y Diego Candia— tendrán que evaluar la causa, admitir la acusación, enjuiciar al juez Rivas y solicitar la suspensión en sus funciones.
Corte define confirmación o no en el cargo
El pleno de la Corte Suprema de Justicia tendrá que definir la terna para el cargo de juez en lo Civil y Comercial del Séptimo Turno de la capital, cuyo titular es el criticado magistrado Édgar Rivas Laguardia, quien pretende seguir en el cargo a pesar de ser sumamente cuestionado por los profesionales del derecho. Además de Rivas, integran la terna Óscar Pedro Juan Sosa Domínguez y Giovana Monserrat Basualdo González.
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Caso ueno bank: incautan dos camionetas con documentos en allanamiento a casa de crédito
Este martes, una comitiva fiscal y policial se incautó de dos camionetas repletas de recibos, facturas, balances y órdenes de pago tras intervenir una casa de crédito en el Mercado 4. El comercio está vinculado al Grupo Vázquez y se convierte en una pieza clave para rastrear los activos en la causa Ueno Bank.
El operativo estuvo encabezado por los fiscales Luis Piñánez y Jorge Arce, quienes llegaron hasta la firma Electrolar S.A. ubicada en el Mercado 4 y que estaría vinculada con el Grupo Vázquez. Durante el procedimiento se incautaron de dos camionetas repletas de documentaciones con las que buscarán trazas la ruta del dinero.
La camioneta iba repleta de recibos, facturas y órdenes de pago del año 2024, además, de balances de la firma ligada al Grupo Vázquez, en el marco de la investigación a la entidad bancaria. Todas estas evidencias se convierten en una pieza clave en el marco de la investigación de la causa Ueno Bank.
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Los investigadores ingresaron al comercio con el fin de recabar documentos y elementos de prueba que resulten relevantes para la causa penal. El operativo forma parte de una serie de intervenciones simultáneas que se están desarrollado por la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA) tras el colapso e intervención de la entidad bancaria.
Electrolar S.A. es una firma paraguaya fundada en 1994 en el Mercado 4 de Asunción que, además de la venta de electrodomésticos y tecnología, está vinculada directamente al Grupo Vázquez, uno de los focos centrales de la investigación contable del caso.