El contralor general de la República, Camilo Benítez, acudió ayer jueves a la convocatoria de la Comisión de Intervención de la Municipalidad de Asunción, bajo la administración del intendente Óscar Rodríguez; para exponer las argumentaciones del informe que derivó en la solicitud remitida por el Poder Ejecutivo a la Cámara de Diputados.

“Ojalá que podamos tener la oportunidad de poder arrojar todos los datos que hemos hecho en los últimos años acerca de las más de 9 denuncias penales, que hemos realizado contra el intendente de Asunción, que se pueda dar un poco de luz acerca del desfalco financiero que tenemos en Asunción”, expresó el titular del ente contralor ante los legisladores.

El contralor argumentó que este “desfalco” se dio a causa de una falta de seguimiento o falta de cambios en la política institucional que fueron recomendadas en su momento por la Contraloría. “Muy en especial con lo que tiene que ver con el uso de bonos cuyas documentaciones respaldatorias no nos dan. En Asunción es por casi 500.000 millones de guaraníes que el intendente no pudo arrimar documentos que puedan respaldar”, dijo.

Detalló que esos documentos fueron enviados al Tribunal de Cuentas, que se declaró competente sobre ejecuciones presupuestarias, y esas documentaciones no serán entregadas a la Contraloría.

“Ustedes saben la problemática que tiene la Contraloría con el Tribunal de Cuentas, es algo histórico que es nuestro cuestionamiento, y encima el Tribunal de Cuentas no nos da esas documentaciones”, expresó.

Benítez sostuvo que en el caso de la Municipalidad de Asunción, más que en otros casos, amerita realizar la intervención. “Estamos en una situación que, yo creo que la intervención corresponde en la Municipalidad de Asunción, con todos estos reportes que hemos hecho, con todas estas documentaciones que hemos arrimado, y por sobre todo con esta imposibilidad (del Tribunal de Cuentas), sin material para poder llevar adelante más investigaciones”, apuntó.

El diputado Alejandro Aguilera cuestionó la presentación del intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, ante la Comisión Especial. A su criterio, el jefe comunal no ofreció respuestas técnicas a las denuncias, sino que optó por una defensa política que no logró despejar las numerosas irregularidades detectadas por la Contraloría General de la República.

“El contralor estuvo muy sólido, fue muy concreto en el desarrollo del dictamen. En cambio, el intendente de Ciudad del Este habló con muchas evasivas, haciendo más bien una defensa política antes que una defensa técnica, que es lo que debía haber hecho”, señaló Aguilera.

El legislador calificó de “gravísimas” las irregularidades detectadas por la Contraloría, entre ellas, la admisión pública de nepotismo por parte de Prieto. “Es un corrupto confeso al admitir que cometió actos de nepotismo. Lo dijo en televisión y ayer ante la comisión lo volvió a ratificar”, afirmó ante la 650 AM.

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Aguilera también denunció un faltante de documentos respaldatorios en el uso de más de 42.000 millones de guaraníes y el incumplimiento reiterado de la Ley Orgánica Municipal, específicamente en lo referente a los límites de inversión de capital y gastos corrientes. “Él infringió la ley todos los años, y su excusa fue: ‘infringí esta ley para solucionar un problema’. Pero el camino de la ilegalidad nunca puede ser una justificación”, enfatizó.

El diputado recordó que la Contraloría basa su pedido de intervención en auditorías correspondientes a los ejercicios fiscales 2019, 2020, 2021 y 2022. Según indicó, a partir del 2023 el órgano contralor ya no pudo acceder a la documentación, debido a que la Municipalidad argumentó que los documentos se encontraban en el Tribunal de Cuentas.

“En el informe de la Contraloría se indica que encontraron indicios de hechos punibles en más de 239 casos. Fueron reportados al Ministerio Público, pero muchos están retrasados, otros no fueron investigados y algunos ya fueron sobreseídos”, denunció Aguilera, cuestionando la pasividad de la Fiscalía.

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Por todo ello, consideró legítimo el pedido de intervención promovido por la Contraloría. “El contralor creyó conveniente que entre un interventor y pueda controlar absolutamente todo”, explicó. El diputado recordó que la función de la Comisión Especial no es probar culpabilidad, sino determinar si existen indicios suficientes que ameriten una intervención.

“Hay cuestiones demasiado graves que afectan al patrimonio de Ciudad del Este. Que existan 239 indicios de hechos punibles es gravísimo, y que el Ministerio Público no haya hecho su trabajo, es aún más grave”, concluyó.

Este jueves, en el Hospital Regional de Pedro Juan Caballero tuvieron que operar de urgencias a un hombre de 30 años que llegó con una lesión grave en sus partes íntimas. El diagnóstico médico indica que tuvo una fractura o rompimiento del pene, pero los médicos lograron salvar el miembro viril.

Según el doctor Pablo Ayala, del hospital de Pedro Juan Caballero, el hecho se reportó durante la madrugada de hoy cuando el paciente llegó hasta la urgencia del centro asistencial y refirió que presentaba una hinchazón en sus partes íntimas.

“Manifestó que tuvo un accidente doméstico, una fractura en el pene, específicamente en el cuerpo cabernoso, eso hizo que haya un edema bastante importante. Se empezó a notar una cianosis que podía evolucionar bastante mal”, detalló Ayala en entrevista con la 1080 AM.

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Indicó que el hombre manifestó que se cayó en el baño y fue ahí cuando ocurrió el incidente.

“El paciente salió bien de la cirugía y actualmente se encuentra estable, pasadas las horas vamos a ver cómo va evolucionando. Es muy temprano para saber si volverá a la normalidad o si presentará alguna secuela”, puntualizó.

Una fractura de pene, aunque suena terrible, es una lesión relativamente poco común que ocurre cuando el pene está erecto y sufre un traumatismo que causa la ruptura de la túnica albugínea, la capa externa que lo cubre.

El traumatismo suele ocurrir durante las relaciones sexuales, pero también puede ocurrir durante la masturbación agresiva o debido a otros accidentes.

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El intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto Vallejos, tomó la decisión de destituir a su prima Meribeb Alonzo Vallejos del cargo de directora de Impuestos Tributarios, al verse acorralado por las denuncias de nepotismo en su contra, que admitió públicamente en una entrevista televisiva y que intentó defender sin sustento legal al acudir ayer en el Congreso Nacional.

En busca de su salvataje, el líder del movimiento Yo Creo argumentó que no violó la Ley 7445/2025 de la Función Pública y la Carrera del Servicio Civil, al indicar que la misma aún no entró en vigencia, pero olvidó la anterior normativa 5295/2014, que prohíbe el nepotismo en la función pública.

“Esa ley de nepotismo todavía no entró en vigencia, es una ley nueva. Esta semana resolví con ella (su prima) desvincularla para cumplir con la ley. Hoy pueden ir a ver si tengo algún pariente; no existe ninguno. La ley entrará en vigencia desde este mes. Me seguirán atacando por este caso moralmente, pero legalmente por este caso lo veo inviable”, dijo Prieto, ayer ante la prensa del Congreso, al pretender escudarse en que la ley no es retroactiva.

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Sin embargo, la denuncia presentada en mayo pasado ante el Ministerio Público, por miembros de la Contraloría Ciudadana de Ciudad del Este, refiere que también ingresaron a la comuna por contratación directa sus primos Martín Vallejos Ferreira, auxiliar en la Dirección Planta Asfáltica; Carlos Raúl Vallejos Balbuena, herrero en Obras Municipales y Sergio David Prieto Figueredo, fiscal de obras particulares.

Las afirmaciones de Prieto surgieron tras acudir ante la comisión especial de intervención de la Municipalidad de Ciudad del Este, con la finalidad de brindad su descargo sobre los reportes de hechos punibles que pesan en su contra y que fueron denunciados por la Contraloría General de la República.

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“Ella (Meribeb Vallejos) está en el cargo desde hace un año. Tuvo muchos problemas. Tuve muchas quejas de mi propio equipo de que era demasiado honesta para estar ahí. Capaz que ese fue su pecado. No voy a poder negar que es mi prima. Queriendo disminuir los hechos de corrupción, ella estuvo al frente de Impuestos Inmobiliarios. Aumentó la recaudación en un 40 % con un salario de jefa de G. 6 millones”, dijo.

Asimismo, para justificar que violó la normativa como ordenador de gastos, el dirigente opositor siguió alegando ante los medios de comunicación que “hay un costo-beneficio. Disminuimos o eliminamos la corrupción en esa área, comenzamos a recaudar mil veces más. Nosotros vamos por resultados, yo creo que no existe otra administración que tenga estos resultados”.