Un total de 148.047 muebles escolares ya fueron distribuidos en 441 instituciones educativas de 19 distritos del departamento Central, en el marco del programa de dotación de mobiliario escolar impulsado por la Itaipú Binacional, en coordinación con el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC).

Esta cifra representa el 67,4 % del total de 219.645 mesas y sillas pedagógicas entregadas hasta la fecha en nueve departamentos y la capital del país, según datos actualizados por la Asesoría de Responsabilidad Social de la entidad. La binacional tiene prevista la entrega de 330.000 pupitres en todo el país.

Las comunidades beneficiadas en Central abarcan las zonas de mayor densidad poblacional, incluyendo: Luque, Capiatá, Limpio, Ñemby, San Antonio, Itá, San Lorenzo, Fernando de la Mora, Guarambaré, Nueva Italia, Itauguá, Areguá, Mariano Roque Alonso, Ypacaraí, Ypané, J. Augusto Saldívar, Villa Elisa, Villeta y Lambaré.

Las entregas continuaron este martes 24 de junio con 4.161 muebles escolares en instituciones educativas de San Lorenzo, priorizadas por el MEC en función de sus necesidades.

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En total, 803 escuelas y colegios públicos de 57 localidades ya cuentan con el nuevo mobiliario escolar, promoviendo así una mejora en el entorno de aprendizaje de miles de estudiantes a nivel país. Las entregas abarcan los departamentos de Alto Paraná, Caaguazú, Caazapá, Ñeembucú, Itapúa, San Pedro, Central, Paraguarí, Cordillera y Asunción.

Entre las principales cifras destacan: Alto Paraná; 3.183 muebles para 18 instituciones de Itakyry y Juan E. O’Leary, Caaguazú; 2.641 muebles en 25 escuelas de R.I. 3 Corrales, Yhú y Tembiaporá, Caazapá; 2.492 conjuntos en 20 instituciones de Gral. Higinio Morínigo y San Juan Nepomuceno, Ñeembucú; 2.317 muebles en 9 centros educativos de Alberdi, Pilar, Villa Franca y Villa Oliva.

La lista sigue con Itapúa; 1.969 muebles para 15 instituciones de Alto Verá y San Pedro del Paraná, San Pedro; 8.354 muebles en 51 centros de Santa Rosa del Aguaray, Yrybucuá y Capiibary, Paraguarí; 7.325 muebles entregados a 62 instituciones de 17 distritos, Cordillera; 14.109 muebles escolares distribuidos en 76 instituciones de Caacupé, Arroyos y Esteros y Tobatí.

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El Departamento de Estado de los EE. UU. anunció este sábado que obligará a los extranjeros a que soliciten un visado por estudios y a que hagan públicos todos sus perfiles en redes sociales, como parte de una “ampliación del protocolo de investigación de antecedentes”.

“Un visado estadounidense es un privilegio, no un derecho”, avisa el Departamento de Estado antes de asegurar que usará “toda la información disponible para evaluar a los solicitantes”, en una revisión de la directiva actual y en medio de la presión desatada por la Administración Trump contra los estudiantes extranjeros y las universidades estadounidenses, a quienes acusa de ser un pozo de antisemitismo.

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“Bajo las nuevas directrices, realizaremos una evaluación exhaustiva, incluida su presencia en Internet, de todos los solicitantes de visas de estudiantes y visitantes de intercambio” en las clasificaciones de no inmigrantes del tipo F, M y J, que se refieren a las peticiones para participar en programas académicos tradicionales, vocacionales o de formación profesional, y por último simples intercambios culturales.

Así pues, “para facilitar esta verificación, se indicará a todos los solicitantes que configuren la privacidad de sus perfiles en redes sociales como “pública”, según el comunicado aparecido en la cuenta del Departamento de Estado en la red X.

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“La adjudicación de cada visado es una decisión de seguridad nacional. Estados Unidos debe asegurarse que quienes soliciten admisión no tengan la intención de perjudicar a los estadounidenses ni a nuestros intereses nacionales, y que todos los solicitantes demuestren de forma creíble que cumplen con los requisitos”, concluye el comunicado.

Fuente: Europa Press.

Tras la media sanción del Senado al pro­yecto que propone el aumento de penas para ado­lescentes que cometan delitos graves, el titular del Ministe­rio de Educación y Ciencias (MEC), Luis Ramírez, instó a la sociedad a mirar más allá del castigo y apostar por un modelo educativo sólido que actúe desde la prevención.

“Estamos en la etapa puni­tiva, en donde pensamos que la punición es una medida efi­caz, y en algunos casos lo es, pero desprovista del modelo educativo, del desarrollo social, de generar comunidad y contención, no será sufi­ciente”, advirtió Ramírez, subrayando que el aumento de penas no puede ser visto como la única solución.

El ministro valoró el avance legislativo como un paso den­tro de un camino más amplio, pero insistió en que es funda­mental trabajar en la preven­ción desde las escuelas y los hogares. “El arte, la música, el deporte influyen en los chi­cos en una dimensión dis­tinta, les ofrece una salida y el cobijo de un sistema que no los margina”, explicó.

Ramírez también hizo hin­capié en el papel clave de la familia, alertando sobre una creciente descomposición del tejido social básico, que no solo afecta a la clase vulnerable. “La ausencia de los padres a veces se intenta compensar con dinero o comodidades, cuando lo que realmente falta es la parte humana”, señaló a la 1020 AM.

El ministro de la Niñez y la Adolescencia, Walter Gutié­rrez, también opinó sobre el tema y dijo que aguarda que en Diputados sea modi­ficado el proyecto de ley que aumenta de 8 a 15 años la pena máxima para adolescentes que cometan delitos graves.

“Este es un tema bastante polé­mico, pero que tiene que ser tra­tado de forma muy detenida, con pinzas, por cuestiones que deben cumplir con el propósito de la legislación penal, en este caso la justicia juvenil restau­rativa. Si la ciudadanía espera que esto solucione el problema, no lo hará”, indicó.

“Acá se necesita otro tipo de abordajes, seguir traba­jando con más fuerza en la política pública y preven­ción, pero evidentemente existe una necesidad que se realice justicia ante casos tan extremos. Nosotros no estamos en contra de que se realice un ajuste, pero plan­teamos hacer un incremento más leve”, dijo.

Se perdió la autoridad sobre los jóvenes, desde el seno familiar.

El diputado Hugo Meza señaló que ante los últimos casos que conmocionaron a la sociedad por hechos delic­tivos cometidos por meno­res de edad, debe haber un abordaje mucho más profundo que solo aumentar las penas. El legislador se refirió al proyecto de ley que aumenta las penas pri­vativas a menores, que ya cuenta con media sanción del Senado.

“En principio me gustaría analizar, estudiar los alcan­ces del proyecto de ley que tiene media sanción, estoy convencido de que la sola penalización de los delitos de los menores de edad o de lo que comenten los menores de edad no va a solucionar el problema de fondo. Noso­tros tenemos un problema raíz que significa que el tejido social está descom­puesto”, manifestó en con­versación con la 1020 AM.

Refirió que existe un grave problema en la sociedad, se perdió la autoridad sobre los jóvenes, desde el seno familiar y eso se está tras­ladando hacia las autori­dades. “Nosotros tenemos una generación de cristal con pocos valores, entonces yo creo que tiene que haber un abordaje completo para poder recuperar devuelta el tejido social, no creo que 15, 20 o 30 años, o una cadena perpetua que me parece mucho más extremo aún, sea la solución que necesita nuestro país. Es uno de los factores que puede ayudar a disuadir, claro que sí, pero no es todo”, cuestionó.

Mientras tanto, indicó que hay que mirar y bus­car otras alternativas que dé una solución en la que la sociedad también esté invo­lucrada, teniendo en cuenta que el sistema penitencia­rio también debe ser mejo­rado, y no puede ser conside­rado como una de las únicas opciones.

“Tenemos un sistema carce­lario que no significa abso­lutamente una reinserción social. Nosotros necesita­mos una reforma profunda del sistema penitenciario, de la educación misma de nues­tros niños y de nuestros jóve­nes, y tener devuelta esa con­tención social, de los tejidos sociales que están perdidos en nuestro país”, mencionó.

Tras la media sanción del Senado al proyecto que propone el aumento de penas para adolescentes que cometan delitos graves, el titular del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), Luis Ramírez, instó a la sociedad a mirar más allá del castigo y apostar por un modelo educativo sólido que actúe desde la prevención.

El secretario de Estado expresó que como sociedad “todavía recurrimos como primera instancia a recrudecer penas” ante situaciones de alto impacto social, una reacción que, si bien puede tener efectos inmediatos, resulta insuficiente sin el acompañamiento de políticas educativas y sociales integrales.

“Estamos en la etapa punitiva, en donde pensamos que la punición es una medida eficaz, y en algunos casos lo es, pero desprovista del modelo educativo, del desarrollo social, de generar comunidad y contención, no será suficiente”, advirtió Ramírez, subrayando que el aumento de penas no puede ser visto como la única solución.

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El ministro valoró el avance legislativo como un paso dentro de un camino más amplio, pero insistió en que es fundamental trabajar en la prevención desde las escuelas y los hogares. “El arte, la música, el deporte influyen en los chicos en una dimensión distinta, les ofrece una salida y el cobijo de un sistema que no los margina”, explicó.

Ramírez también hizo hincapié en el papel clave de la familia, alertando sobre una creciente descomposición del tejido social básico, que no solo afecta a la clase vulnerable. “La ausencia de los padres a veces se intenta compensar con dinero o comodidades, cuando lo que realmente falta es la parte humana”, señaló a la 1020 AM.

El ministro de Educación hizo un llamado para fortalecer el sistema educativo como herramienta de transformación social y prevención. En palabras de Ramírez: “Debemos dar un salto como sociedad y trabajar más en la prevención. Esto no se soluciona con una sola medida, sino con un conjunto de acciones coordinadas que generen oportunidades reales para nuestros jóvenes”.

Hay que señalar que el tema es discutido en las últimas semanas tras el caso de María Fernanda Benítez, una joven de 17 años asesinada en Coronel Oviedo por un adolescente de también 17 años.

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