El asesor político de la Presidencia de la República, Daniel Centurión, estuvo como invitado del programa “Fuego Cruzado”, emitido por el canal GEN bajo la conducción de Augusto dos Santos y Benjamín Livieres.

El tema abordado se basó en los diferentes hechos de corrupción ocurridos durante esta pandemia y la poca o nula respuesta del Gobierno central ante esta situación.

La corrupción es, hasta si se quiere, una cuestión cultural, pero existe corrupción porque existe impunidad. Pero no escucho un generador de opinión que hable sobre el sistema de justicia, porque siempre se pretende cargar toda la responsabilidad al Gobierno central, pero olvidamos a una parte muy importante y sustancial que es la justicia.

El Ministerio Público, que tiene el monopolio de la persecución penal, y el Poder Judicial para condenar de manera ejemplar. Entonces tiene que existir una correlación entre la voluntad política, entre la administración central y la administración de la justicia, de asumir los casos y no ser sometidos por poderes políticos, económicos o fácticos para que siga existiendo la impunidad.

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Estamos decididos a combatirla, no tengo ningún problema en que desentrañemos caso por caso en este Gobierno y no voy a trasladar la mirada hacia gobiernos anteriores porque algunas administraciones anteriores tuvieron récords de procesos y condenas de personas y funcionarios que ejercieron altos cargos en su administración, pero quiero reafirmar el compromiso del presidente de la República.

Reconocemos que hay una percepción en la ciudadanía en general de que no se toman las decisiones, pero hoy estoy aquí para debatir y asumir posiciones.

Hoy, con la tecnología en la inmediatez de la información y con lo que hizo este Gobierno dentro del proceso de transparencia que se inició en el gobierno anterior, de hecho fue una de las banderas del gobierno de Cartes la apertura de la información pública, nosotros tuvimos una herramienta que en la región fue reconocida y que en este periodo de pandemia permite a cada ciudadano saber el destino de cada guaraní utilizado.

Reconocemos y se lo dije al presidente de la República, estamos aplazados en cuestión comunicacional. Tenemos un ministerio que, lastimosamente, no es soporte de comunicación y donde lo pequeño, lo falseado o lo contaminado, generalmente se instala como una verdad y no existe poder de reacción desde el Gobierno central.

Evidentemente algo está mal y yo lo digo de manera privada y pública, estamos absolutamente aplazados en materia de comunicación. Nosotros podemos desarrollar todos los grandes objetivos que tuvimos en este Gobierno, todos objetivos auditables, que podemos sentarnos en cada institución y ver los números.

Lo que se refiere a obras públicas, lo que se refiere a incautación de estupefacientes, viviendas sociales, en cuanto a la inversión en materia de electrificación, la infraestructura de la Ande, que va a permitir que en el 2023, cuando se inicie la revisión, nosotros podamos disponer del 100 por ciento de nuestra energía eléctrica, pero todo lo negativo es lo que está instalado y no lo positivo.

Entonces reconociendo algunas debilidades que tenemos que corregir, también tenemos que poner sobre la mesa la absoluta incapacidad comunicacional y de instalación comunicacional de todos los objetivos que hizo este Gobierno en estos dos años.

No comparto tus ideas, pero defenderé con mi vida tu derecho a expresarlas. Podemos desarrollar caso por caso. Hablemos de los insumos y fue un desgaste tremendo para el Gobierno la incapacidad administrativa del Ministerio de Salud, pero primeramente no hubo daño patrimonial. Se realizó la devolución del anticipo de G. 17 mil millones más una multa de G. 8 mil millones que pasó al patrimonio del Ministerio de Salud. No perdimos, sino ganamos G. 8 mil millones de multa.

Dirán, sí, pero estábamos en un momento de crisis sanitaria. Esa era solo una de las tantas compras que se estaba desarrollando en ese momento. El mundo estaba convulsionado en materia comercial y uno no sabía a dónde recurrir, pues donde se recurría se encontraban las puertas cerradas.

Las especificaciones técnicas que no cumplían los insumos hicieron que fueran rechazados. Finalmente el organismo de control interno rechaza luego de la corroboración de que esos insumos no reunían las condiciones ni las especificaciones técnicas.

Eso se da en cualquier UOC, no solamente en la administración pública, sino también en la privada. Puede caer bien o puede caer, pero se instaló una comisión porque necesitábamos reaccionar a todo el circuito de control porque hablamos de una cuestión extraordinaria, después de 120 años, una pandemia que nadie esperaba.

Fíjense en países de la región y en países desarrollados, donde inclusive varias autoridades sanitarias fueron apartadas de su cargo. Es lo que este proceso provocó y yo acepto, que aunque dentro de la administración pública exista mucha buena gente, buenos profesionales y buenos funcionarios, pero también existen personas que toda la vida vivieron del Estado y miraron al Estado como la posibilidad de hacerse ricos rápidamente.

Se instaló la comisión encabezada por Arnaldo Giuzzio, recomendó la suspensión del proceso y la denuncia ante la Fiscalía General del Estado. Ahora, yo me pregunto ¿qué pasó con esa investigación? Y si se identifican irregularidades porque administrativamente muchos de ellos fueron desafectados de su cargo y tuvieron una sanción, liviana para mi gusto, pero fue una decisión administrativa.

Hoy nosotros esperamos que quien tiene el monopolio de la persecución judicial llegue a una condena ejemplar porque va a ser la única forma de desalentar a los corruptos que están en la función pública.

Yo creo que eso que puede seguir ocurriendo y ¿qué responsabilidad tiene el presidente de la República? Cada uno es responsable por sus actos. Imagínense que un tiempo atrás que un funcionario que estaba en una foto ocasionó un accidente y quisieron trasladar esa responsabilidad. Las responsabilidades son individuales y lo que hoy sí tienen que funcionar son las instituciones y nosotros como administración central fortalecimos la Secretaría Anticorrupción (Senac).

El presidente fue tremendamente criticado por nuestro propio partido por haber incorporado a una persona por su prestigio, un exfiscal de delitos económicos, quien no tiene ninguna relación política ni mucho menos un vínculo social y hoy está al frente de la Senac, que es el doctor René Fernández, en un órgano de control.

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La figura constitucional de la interpelación es la oportunidad que tiene un funcionario de ir a evacuar cualquier tipo de consulta o cuestionamiento en el ejercicio de su función. Para nosotros es una oportunidad brillante para que vaya Juan Ernesto a dar detalles y desentrañar todo el proceso del preacuerdo.

Allí pueden existir interpretaciones. Yo no fui parte de eso, no conozco todos los detalles. El mandato del presidente ante un pedido del gobierno interino encabezado por Juan Guaidó, que designa un representante que se encarga de la recuperación de los activos que están fuera de Venezuela, que creo que orilla los 40 mil millones de dólares.

La deuda de Petropar con PDVSA creo que es un pequeño ítem dentro de todo el Universo que existe fuera de Venezuela. Lo que Juan Ernesto desarrolla es un preacuerdo que, si uno mira la cuestión de fondo, se inicia ya en el gobierno de Nicanor Duarte Frutos y yo no creo que exista un preacuerdo con más ventajas de lo que se pretendía construir.

Por eso es que nosotros hablamos cuando señalamos por qué. Imagínense el 50% del capital del total de la deuda y ninguna carga de interés.

Por eso nosotros señalamos que la cuestión de fondo, si se daba como el presidente de la República dio como mandato la llave de la posibilidad de hacer caer la demanda arbitral en París y que tenga la representación y la legítima acción del gobierno interino.

Eso no ocurrió y cayó ese preacuerdo. Lo que personalmente puedo cuestionar, no como una cuestión delictiva, pero a lo que será la interpelación sí como un error de Juan Ernesto a pesar de ser un preacuerdo e instalar en el colectivo.

No íbamos a estar hablando de esto, quizás hasta íbamos a tener barras bravas que nos iban a impulsar a poder conseguir el objetivo que estaba trazado.

El liderazgo del presidente de la República es un liderazgo particular. No conocí un liderazgo así, pero respeto mucho. Él tiene una vocación democrática tremenda y respeto institucional y él siempre trata de que los resortes institucionales y me refiero a que cuando existe una duda la gestión de algún funcionario público se pueda dar la investigación, se pueda trazar todo el circuito investigativo y con elementos objetivos tomar la decisión.

No todos los funcionarios que renunciaron lo hicieron por voluntad propia. El presidente de la República les pidió la renuncia sobre la mesa. Quiero que miremos el gabinete, el 50 por ciento de los ministerios fue cambiado y aproximadamente entre secretarías e instituciones autárquicas. Imagínense esa cantidad en dos años de instituciones que fueron renovando su plantel dirigencial.

Podemos buscar algunos elementos. No existe otro Gobierno que haya realizado mayores ajustes en dos años como lo realizó este. Yo sé que de repente la ciudadanía, los medios, quizás esperan un recambio del 100 por ciento, pero muchas veces esto también dentro de lo que representa la gestión es imposible.

La cabeza administrativa financiera fue desafectada en el Ministerio de Salud.

Ojalá sea convocado por la Fiscalía y vaya, declare e identifique.

A nosotros nos preocupa que dentro de nuestro plantel existan corruptos y tenemos que extirpar ese cáncer y a esos corruptos del Gobierno, pero no podemos basar nuestras decisiones simplemente en sensaciones.

Necesitamos elementos fácticos, pruebas, elementos que puedan conducir fehacientemente a la responsabilidad de la deslealtad o corrupción de ese funcionario y se toman las decisiones de acuerdo a esos elementos. Por eso es que parece que es lento, pero les puedo asegurar que el presidente de la República tiene la absoluta voluntad de seguir ese circuito.

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El asesor político de la Presidencia, Daniel Centurión, señaló este viernes que siguió muy de cerca el caso de Petróleos de Venezuela SA (PDVSA) y el jefe de Gabinete Civil de la Presidencia, Juan Ernesto Villamayor. A su criterio, hubo error, pero no hay indicios de corrupción y destacó que la destitución del alto funcionario es responsabilidad del presidente de la República.

“Soy de asumir posiciones, yo condeno siempre los hechos irregulares, la corrupción y lo voy a seguir haciendo. Hubo error de forma, pero en la cuestión de fondo no veo irregularidad o reprochabilidad”, declaró el asesor en una entrevista con Universo 970 AM.

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Mencionó que lo sucedido con el acuerdo secreto en el caso PDVSA y Petropar provocó un tsunami a nivel de medios de comunicación, en la agenda política y está generando un desgaste de la figura del jefe de Gabinete Civil de la Presidencia, Juan Ernesto Villamayor.

Centurión insistió en que hay un error en la forma de proceder de Villamayor en el caso PDVSA, pero que no existe nada que reprochar. Destacó que si había indicios de corrupción, él mismo recomendaría al presidente de la República, Mario Abdo Benítez, la destitución del jefe de Gabinete.

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“De ninguna manera Horacio Cartes va a pedirle al presidente Mario Abdo Benítez la destitución de ningún funcionario. Esa no ha sido su conducta después de haber reconstruido la confianza al interior del partido (ANR) y no creo que esta sea la excepción ahora”, agregó.

Centurión indicó también que la salida de Villamayor es una decisión exclusiva del presidente de la República y en caso que reciba el voto de censura tras su interpelación en Diputados, al no ser vinculante, la determinación recae nuevamente en el mandatario, pero va a requerir de un análisis más “riguroso”, haciendo referencia a la continuidad o no en el cargo del actual jefe de Gabinete.

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La Cámara de Diputados aprobó la interpelación al jefe de Gabinete de la Presidencia, Juan Ernesto Villamayor, por el acuerdo secreto fallido en el caso Petróleos de Venezuela SA (PDVSA). Será el jueves 21 a las 10:00 y el alto funcionario deberá responder una serie de cuestionamientos.

El asesor político del presidente Mario Abdo, Daniel Centurión, se manifestó de motu proprio, es decir por iniciativa propia, sobre la pertinencia de la interpelación del Juan Ernesto Villamayor, aprobada por la Comisión Permanente del Congreso y que debe ser votada en la Cámara de Diputados, en la sesión extraordinaria que debe tratar este punto en su orden del día de hoy miércoles.

“La interpelación no representa culpabilidad y mucho menos condena, es una herramienta constitucional que otorga la oportunidad de que el funcionario público informe o aclare ante el parlamento alguna duda o cuestionamiento en el ejercicio de sus funciones”, expresó el alto funcionario de Gobierno y asesor directo de política del presidente. Villamayor cumple la función de jefe de Gabinete Civil de la Presidencia.

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Los Diputados fueron los que solicitaron la interpelación del jefe de Gabinete, esto tras el escándalo desatado por la investigación realizada por el periódico The Washington Post en la que incluyen un contrato prospectivo con el gobierno de Paraguay por la deuda con la empresa estatal venezolana PDVSA, con una comisión de US$ 26 millones a pagar a terceros, que generó alarmas dentro del propio equipo legal del diputado venezolano Juan Guaidó, quien funge como presidente interino de Venezuela, en oposición a Nicolás Maduro. Involucran de manera directa al jefe de Gabinete Juan Ernesto Villamayor en la negociación.

La Constitución Nacional prevé la figura de “interpelación” que puede disponer un “voto de censura” que recomendaría la remoción del cargo. “Las preguntas deben comunicarse al citado con una antelación mínima de cinco días. Salvo justa causa, será obligatorio para los citados concurrir a los requerimientos, responder a las preguntas y brindar toda la información que les fuese solicitada”, estipula el artículo 193 de la Constitución.

“Si el citado no concurriere a la Cámara respectiva, o ella considerara insatisfactorias sus declaraciones, ambas Cámaras, por mayoría absoluta de dos tercios, podrá emitir un voto de censura en su contra y recomendar su remoción del cargo al Presidente de la República o al superior jerárquico”, indica el artículo 194. “Si la moción de censura no fuese aprobada, no se presentará otra sobre el mismo tema respecto al mismo Ministro o funcionario citados, en ese período de sesiones”, expresa taxativamente la Constitución.

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