Solicitan mayor austeridad en el gasto público y medidas concretas para recuperar los recursos comprometidos por la crisis de Ueno Bank.

Los principales gre­mios empresariales y organizaciones de la sociedad civil dirigieron una carta al presidente de la Repú­blica, Pedro Alliana para exi­gir una reformulación inte­gral del Presupuesto General de la Nación (PGN) 2027, mayor austeridad en el gasto público y medidas concretas para recuperar los recursos comprometidos por la crisis de Ueno Bank. El documento, fechado el 10 de noviembre de 2026, cuenta con la adhesión de numerosas organizaciones, entre ellas la Unión Industrial Paraguaya (UIP), la Federa­ción de la Producción, la Indus­tria y el Comercio (Feprinco) y el Centro de Importadores del Paraguay (CIP).

En la misiva, los sectores fir­mantes advierten que la cri­sis política y financiera exige respuestas inmediatas del Gobierno para preservar el grado de inversión, recupe­rar la confianza de los mer­cados y proteger el empleo. “Paraguay no tiene más margen de error”, expre­san en el documento.

Asimismo, reclaman inves­tigar las fallas de supervi­sión y las eventuales res­ponsabilidades de quienes debían controlar las ope­raciones de la entidad ban­caria. Uno de los principa­les cuestionamientos de los gremios apunta al proyecto de PGN 2027, actualmente sometido a consideración del Congreso Nacional. Según los firmantes, la propuesta presupuestaria no contem­pla adecuadamente las con­secuencias económicas de la crisis de Ueno Bank y con­tiene previsiones que con­sideran alejadas de la reali­dad. En ese contexto, estiman que el perjuicio para las arcas públicas podría representar entre el 1,5 % y el 2 % del pro­ducto interno bruto (PIB).

También mencionan los ahorros comprometidos de casi tres millones de para­guayos, la disminución de la actividad comercial y la pér­dida de más de 5.000 puestos de trabajo, cifra que, según advierten, podría continuar aumentando. A ello suman el deterioro de las condiciones para emitir deuda soberana y el riesgo de cierre o reduc­ción de numerosas pequeñas y medianas empresas. Estas cifras corresponden a esti­maciones y afirmaciones de los gremios expresadas en la carta. “No se puede aprobar un presupuesto como si una crisis no hubiera ocurrido”, sostienen.

Los gremios proponen revi­sar integralmente el PGN 2027, utilizando proyeccio­nes realistas de ingresos y gastos, además de garantizar el cumplimiento de la Ley de Responsabilidad Fiscal y la convergencia hacia un défi­cit del 1,5 % del PIB. Entre sus principales planteamientos figuran la reducción del gasto corriente improductivo, la eliminación de aumentos salariales injustificados y el recorte de gastos considera­dos superfluos.

Manifestaron su disposición de colaborar técnicamente con el Gobierno en la reformulación del presupuesto y las medidas necesarias para recuperar la confianza económica.

La carta también incluye pro­puestas para reorganizar dis­tintas áreas del Estado. Entre ellas, los gremios plantean integrar la Secretaría Nacio­nal de Turismo (Senatur) al Ministerio de Industria y Comercio (MIC), mediante las modificaciones legales correspondientes. Además, solicitan fortalecer la recau­dación de peajes con partici­pación de la Dirección Nacio­nal de Ingresos Tributarios (DNIT), impulsar controles contra el contrabando y revi­sar determinados regímenes laborales del sector público. Otro de los puntos es dotar de presupuesto al Consejo de Seguridad Social, para asegu­rar el funcionamiento de la Superintendencia de Jubila­ciones y Pensiones.

Además de los reclamos, las organizaciones empresa­riales manifestaron su dis­posición de colaborar técni­camente con el Gobierno en la reformulación del presu­puesto y las medidas nece­sarias para recuperar la con­fianza económica.

Entre sus compromisos men­cionan impulsar inversiones productivas, generar empleo formal, fortalecer los estánda­res de transparencia empresa­rial y ejercer vigilancia sobre las contrataciones y el uso de los recursos públicos.

Los firmantes sostienen que la exigencia de integridad debe alcanzar tanto al sec­tor público como al privado, sin distinciones por víncu­los políticos o económicos. “Ningún cargo, vínculo polí­tico o poder económico debe proteger a los responsables”, remarcan.